Por segundo año, PPEF omite recursos a plan de atención
Por
segundo año consecutivo, y pese a la insistencia de grupos civiles para
que se destinen recursos específicos para atender a las mujeres
migrantes, de nuevo el Ejecutivo federal no asignó recursos etiquetados
con este fin en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para 2016 (PPEF), entregado a la Cámara de Diputados.
Al contrario, de acuerdo con el PPEF 2016 se desprende que el
presupuesto para la atención de personas solicitantes de refugio va a la
baja año con año, y que la Coordinación para la Atención Integral de la
Migración en la Frontera Sur –dependiente de la Secretaría de
Gobernación (Segob) y que aplica las políticas de control migratorio que
se endurecieron desde julio de 2014 con el Plan Frontera Sur– seguirá
teniendo recursos.
Según los datos del PPEF 2016, que este martes 8 de septiembre el
Ejecutivo federal entregó a la Cámara de Diputados, en el apartado de
“Atención a refugiados en el país” (correspondiente al Ramo 4) se
especifica un monto de 22 millones 529 mil 254 pesos para la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de la Segob.
Esa cifra representa 2 millones 778 mil 829 pesos menos que lo que se
destinó para el mismo fin en 2015, cuando el presupuesto también se
redujo por más de 300 mil pesos con respecto a 2014.
Igualmente, la Unidad de Política Migratoria (instancia de la Segob que
trabaja con organismos civiles para desarrollar estrategias de atención a
migrantes) presentó un recorte de más de 10 millones de pesos (mdp), al
pasar de 62 millones 876 mil 173 pesos a 51 millones 906 mil 180 pesos.
Se suma que el anexo presupuestal previsto desde el año pasado por
grupos civiles a fin de ejecutar el Programa Especial de Migración (PEM)
–que se implementó sin recursos etiquetados desde 2014– de nuevo no
aparece en el PPEF 2016.
Además, ninguna dependencia de gobierno encargada de operar las líneas
de acción del PEM –con estrategias puntuales para proteger los Derechos
Humanos (DH) de las mujeres migrantes–, como el Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Salud, contó con presupuesto
etiquetado para la atención exclusiva de personas migrantes en condición
de vulnerabilidad.
Destaca, por el contrario, que en el PPEF 2016 se etiquetaron 93
millones 906 mil 180 pesos para la Coordinación para la Atención
Integral de la Migración en la Frontera Sur, instancia que de acuerdo
con declaraciones de su titular, Humberto Mayans Canabal, dejaría de
existir este mes de septiembre.
Cabe recordar que esa Coordinación, que se creó en 2014 con un
presupuesto de 102 millones 11 mil 743 pesos, fue duramente criticada
por organizaciones civiles por su intención de evitar que las y los
migrantes viajen en el tren de carga conocido como “La Bestia” –que
viene desde la frontera sur en dirección hacia Estados Unidos–, al
argumentar una “modernización” de este sistema de transporte.
Los grupos civiles aseguraron que tal Coordinación estaba vinculada con
el Plan Frontera Sur –que Enrique Peña Nieto presentó en julio de 2014
sin ningún plan de trabajo específico conocido hasta ahora–, con el que
aumentaron los operativos migratorios, las violaciones a DH, y se
duplicó la deportación de mujeres.
SIN ATENCIÓN A VIOLENCIA SEXUAL
La falta de recursos etiquetados para atender a la población migrante
preocupa a las organizaciones ciudadanas, que exigen a las instituciones
de gobierno que garanticen que parte de sus recursos se ejerzan para la
atención integral de mujeres víctimas de violencia sexual.
Así lo expresaron integrantes de Sin Fronteras y del Instituto de
Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Y es que las y los expertos llevan más de cuatro años trabajando en un
Modelo de Atención para Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia Sexual
en México, que plantea diversas estrategias para que la población
migrante que es atacada sexualmente reciba de manera oportuna la
atención psicológica, médica y jurídica que requieren, pero de acuerdo
con su condición de tránsito irregular.
No obstante, a fin de que ese modelo no represente un gasto para los
albergues de la sociedad civil –que de por sí adolecen de personal y
recursos–, grupos como el Instituto para la Seguridad y la Democracia
(Insyde Social) planean que las víctimas sean canalizadas a los
diferentes centros de salud o de justicia, los cuales deben
suministrarles medicamentos sin restricción, prestarles atención
psicológica especializada, y brindarles orientación jurídica en caso de
que deseen iniciar un proceso penal.
Karla Silvia Meza Soto, subcoordinadora de Vinculación de Sin Fronteras,
criticó que el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión dar largas a
la definición de un presupuesto etiquetado al PEM; situación que se
vería aún más complicada para 2016, ya que el recorte presupuestal
anunciado de 200 mil mdp mermaría aún más el gasto público para atención
migratoria.
Mientras, las instituciones de gobierno –observó Meza Soto– tienen la
obligación de prestar toda la atención que requieran las personas
migrantes en tránsito, principalmente quienes estén en condición de
vulnerabilidad, sin ponerles trabas por la falta de documentos oficiales
o por su nacionalidad.
Genoveva Roldán Dávila, investigadora del IIE de la UNAM –con amplios
estudios sobre los efectos de las remesas en las comunidades–, recriminó
que el gobierno federal no cuente con un registro oportuno del número
de mujeres migrantes atacadas sexualmente en el país, y que los únicos
datos disponibles hasta ahora sean la estimación de Amnistía
Internacional de 2014, de que seis de cada 10 mujeres en condición de
migración son agredidas sexualmente durante su tránsito irregular.
Roldán Dávila lamentó que el endurecimiento de los controles migratorios
signifique un retroceso en el trabajo de las y los activistas que han
participado en la elaboración del Modelo de Atención a Víctimas, ya que
se mina la confianza de las migrantes en las instancias de gobierno,
inhibe la denuncia, y propicia que las mujeres tomen rutas más riesgosas
al evadir los albergues y esconderse aún más de la autoridad
migratoria.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
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