Mientras el jefe de Gobierno de esta capital, Miguel Ángel Mancera,
llama a las mujeres a denunciar la violencia sexual en el transporte
público, su Procuraduría General de Justicia (PGJDF) se niega a
investigar al secretario general del Sindicato de la Red de Transporte
de Pasajeros (RTP), por presunto abuso sexual y hostigamiento contra una
operaria.
La denuncia penal por abuso sexual que presentó ante la PGJDF desde el
31 de julio de 2015 la operaria Magdalena Sánchez Quintana, de 53 años,
es en contra de Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del
Sindicato de RTP.
Según el testimonio de Magdalena Sánchez, desde 2012 el líder gremial la
acosa sexualmente. Ese año, ella se convirtió en la primera mujer en
ocupar la Secretaría de Economía del sindicato.
No conforme con esa violencia, Bautista Martínez quiso presionar a la
mujer para que le diera dinero de la caja de las y los trabajadores,
pero ella se negó. Luego vino hostigamiento laboral y más acoso sexual
contra la trabajadora, lo que derivó finalmente en un abuso sexual,
relató.
La operaria, una de las 80 o 100 mujeres que integran la plantilla de 3
mil 250 personas que trabajan en la RTP, aseguró que por el contexto tan
masculinizado que permea al gremio, para ella fue muy difícil romper el
silencio, pero finalmente en 2015 –luego de más agresiones a su
persona– interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos
Sexuales de la PGJDF (averiguación previa 6/13/443/1508), y mandó una
copia a la Contraloría Interna de RTP y a la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Sin embargo, hasta ahora la PGJDF sólo ha realizado un peritaje
psicológico tras el que se determinó que ella no presenta afectaciones
psicológicas, “pero que las podía presentar después”, y se le recomendó
que recibiera atención especializada.
La mujer es atendida en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de
Violencia Sexual, de la PGJDF, pero luego del diagnóstico judicial la
autoridad se negó a seguir investigando el caso y lo mandó a “reserva”
bajo el argumento de que no había afectaciones, y que el agresor lo
había negado todo, dijo Sánchez Quintana.
Por su parte, la Contraloría Interna de RTP –que debería tener
protocolos para la atención del acoso sexual y el hostigamiento– le dijo
a la víctima que no tenía competencia en el caso, y la CDHDF emitió
recomendaciones que fueron ignoradas por el presunto agresor.
Mientras, Magdalena Sánchez fue destituida de su cargo como secretaria
de Economía del sindicato, no recibe bonos por “buen trabajo” (porque
antes tienen que ser firmados por el secretario general del gremio), y
está por perder sus derechos sindicales, sin contar las implicaciones
económicas y psicológicas que estos hechos le generan.
En 2015 algunos medios de comunicación informaron sobre otra trabajadora
de RTP que acusó a Bautista Martínez de haberla acosado sexualmente,
hecho que él negó y que no derivó en ninguna investigación judicial.
Este no es el primer caso en el que las autoridades capitalinas dejan de
lado las exigencias de las mujeres que trabajan para las instituciones
del Gobierno de la Ciudad de México.
Al contrario, se suma el caso de varias mujeres bomberas de esta
capital, que desde 2012 denunciaron al secretario general de su
sindicato, Ismael Figueroa Flores, por hostigamiento en el trabajo ante
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la CDHDF, pero las
autoridades no han hecho más que ofrecerles una compensación económica y
mantenerlas como “aviadoras” (recibir sueldo sin laborar) en lo que se
resuelve su reinstalación.
Otro caso es el de 39 trabajadoras de intendencia del Instituto de
Educación Media Superior del Distrito Federal, quienes fueron despedidas
injustificadamente por una empresa que subcontrata sus servicios, pero
que ni las autoridades ni la institución educativa han querido
intervenir hasta ahora para solucionar su caso.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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