El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala

Carlos Fazio /IV y última parte

La Jornada

El 1º de junio venció el plazo otorgado a la procuradora general de la República, Arely Gómez, para que separara de su cargo a Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La petición para que el funcionario sea investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia, había sido formulada el 28 de abril por los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos/desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Pieza clave en la fabricación de la verdad histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam sobre el caso Iguala, desde su comparecencia pública el 27 de abril −cuando pretendió rebatir algunas revelaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes− Zerón es investigado por la visitaduría general de la Procuraduría General de la República, con el propósito de determinar si incurrió en algún delito, abuso o irregularidad durante la diligencia del 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde presumiblemente fue sembrado un resto óseo que se identificó como perteneciente al estudiante Alexander Mora. En dicha oportunidad Zerón exhibió un video editado que no obra en el expediente, lo que confirma −según el GIEI− que no cumplió con los protocolos que marca la ley en materia de investigación.

Antes de ser prácticamente expulsado del país por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco de una campaña de intoxicación mediática instrumentada desde los sótanos del poder, el GIEI dijo que Zerón incurrió en 17 irregularidades y solicitó una investigación independiente −sin que el funcionario se autoinvestigue−, como marcan las normas internacionales e incluso la propia ley orgánica de la PGR.

Según la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Zerón también es investigado por el Órgano Interno de Control de la institución. No obstante, para los familiares de los desaparecidos no se puede confiar en una investigación si Tomás Zerón continúa en su puesto, y han exigido que además de su separación de la AIC, un mecanismo externo revise la imparcialidad de la pesquisa contra el funcionario.

La salida del director de la AIC es una de las condiciones de los padres de los 43 para que opere el mecanismo de se­guimiento de las recomendaciones del GIEI, acordado a finales de mayo con el gobierno federal. El representante de los familiares, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dijo que si Arely Gómez no separa del cargo a Zerón, entenderemos que hay un solapamiento de las irregularidades cometidas por el jefe de la AIC y que ella las asume como propias.

Tomás Zerón se ha convertido en un lastre para el gobierno. Algunos observadores lo señalan como el mejor ejemplo de que su investigación criminal se tergiversó para engañar a la nación. Además, Zerón se encargó de enturbiar y tensar la relación con el GIEI y de empantanar el trabajo de los expertos hasta que abandonaron el país. El GIEI lo acusó de deformar y falsear declaraciones de autoinculpados torturados, y de filtrarlas a los medios de difusión masiva con propósitos diversionistas, así como de fragmentar, bloquear y ocultar averiguaciones previas relacionadas con el caso.

Protegido por el grupo político de Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República, y por un primo de éste, Alfredo Castillo, ex comisionado de Peña Nieto en Michoacán y ex procurador del estado de México cuando el actual mandatario era gobernador, Zerón ha sido señalado como un personaje de mano dura que hace el trabajo sucio del régimen. Ambos padrinos lograron mantener a Zerón en su cargo cuando el equipo de Murillo Karam colapsó.

La misma noche del 26 de septiembre de 2014, a través de su subalterno Vidal Díaz Leal Ochoa, titular de la Policía Federal Ministerial, Zerón desplegó agentes en Iguala y supuestamente operó después para ocultar la participación de la Policía Federal en el ataque y la desaparición de los normalistas.

Una versión indica que Zerón se ufanó ante su ex jefe Murillo Karam y los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y el director del Cisen, de haber resuelto el caso Iguala en 29 días (la trama expuesta por él sería vulgarizada después por Murillo Karam como la verdad histórica). Según testigos, Miguel Ángel Osorio Chong le dijo a Zerón: Se lo tienes que explicar al Presidente. En Los Pinos, el jefe de la AIC le repitió a Enrique Peña Nieto que tenían a los asesinos de los normalistas y sabían el lugar donde los habían matado, incinerado y tirados en bolsas.

No quiero pasar como el presidente que asesinó a los estudiantes, le habría dicho entonces el Presidente a Zerón. Veinte meses después de los crímenes de Iguala, Peña Nieto declaró a La Jornada: Nunca he logrado entender cuándo pasó el gobierno (federal) a ser señalado como implicado, culpable.

La respuesta a esa interrogante es de fácil comprensión; sólo tiene que leer los informes del GIEI. Siete corporaciones de seguridad del Estado (Ejército, Policía Federal, la policía estatal y ministerial de Guerrero y las municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco) llevaron a cabo un operativo coordinado centralmente y con un mando que dio órdenes, en aparente cohabitación con un grupo criminal. ¿Saldo? Seis ejecuciones extrajudiciales, un desollamiento y 43 desapariciones forzadas. Fue el Estado. La verdad histórica se construyó después con base en la tortura de presuntos autoinculpados, la manipulación de las escenas de los crímenes y la siembra de evidencias, prácticas a las que han recurrido de manera sistemática las fuerzas armadas y las distintas policías en casos como el de los niños Almanza, los dos estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey, el pelotón de la muerte de Ojinaga, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y un largo etcétera.