DESDE LA LUNA DE VALENCIA
Por: Teresa Mollá Castells*
Esta semana escuchábamos en la radio al veterano periodista Vicente
Romero decir que “hay cascos azules que pagan un euro para pasar una
noche con una niña”, y a algunas se nos quedaba helada el alma. Es algo
sabido. Dolorosamente sabido y ya recuerdo haber escrito alguna cosa
sobre esto, pero no por ello resulta menos doloroso.
Es sabido hasta el punto de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó
el pasado 11 de marzo una resolución en respuesta a las crecientes
denuncias de abusos sexuales cometidos por soldados o policías en
misiones de paz de esta alta institución.
Se trata de la Resolución 2272
que insta a repatriar unidades específicas “cuando haya pruebas
creíbles de la existencia de actos de explotación y abusos sexuales
generalizados o sistémicos”.
El informe que el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
presentó ante el Consejo de Seguridad, señala que Naciones Unidas
recibió en 2015 un total de 99 denuncias contra su personal por abusos
sexuales, 69 de ellas contra tropas de paz procedentes de 21 países. Las
otras 30 denuncias son contra funcionarios del organismo.
La mayor parte de los casos se concentraron en dos operaciones: las
desplegadas en la República Democrática del Congo (Monusco) y en la
República Centroafricana (Minusca), donde las repetidas acusaciones
llevaron a la ONU a forzar la dimisión del jefe de misión y a repatriar a
centenares de soldados congoleses.
Y eso sólo son los casos denunciados que seguramente serán sólo la
“punta del iceberg” de lo que está ocurriendo en los países con tropas
de la ONU desplegadas.
Al horror y dolor de ir conociendo este tipo de atrocidades se suma la
impotencia de saber que pese a las diferentes resoluciones también
aprobadas por la ONU para incorporar a mujeres en los procesos de paz,
se sigue sin soluciones a este grave problema que afecta las vidas de
tantas mujeres y niñas.
Estoy completamente convencida de que si las resoluciones ya aprobadas
se llegaran a ejecutar de forma adecuada, el mundo sería un lugar más
seguro para las mujeres y niñas, sobre todo en aquellos lugares donde
existen conflictos armados.
Si echamos la vista atrás hemos de recorrer muy pocos años para
encontrar la primera resolución de la ONU en la que se ponen las bases
para incluir la perspectiva de género en el mantenimiento de la paz.
Se trata de la Resolución 1325
del año 2000 en la que se trató el efecto desproporcionado y singular
que los conflictos armados tienen sobre las mujeres y niñas, y en la que
se subraya la importancia de que las mujeres participen en pie de
igualdad e intervengan plenamente en la prevención y solución de los
conflictos, la consolidación de la paz y el mantenimiento de la misma.
Como sabemos, la utilización de los cuerpos de las mujeres y niñas como
potente arma de guerra para humillar a los adversarios es algo que se
está haciendo en todos los conflictos armados.
No se trata sólo de placer o como ejercicio de poder, se trata también
de la utilización de sus cuerpos con el objetivo de limpiezas étnicas
forzadas y, por supuesto, como un ejercicio de autoridad masculina, como
un reto de virilidad mal entendida cuyas consecuencias sólo traen dolor
y desolación para esas mujeres y niñas que quedan estigmatizadas por
todo el mundo y para el resto de sus días.
Algunas han tenido la suerte de encontrar en sus caminos personas que
las han ayudado a salir de su estado de victimización, devolviéndoles su
dignidad y empoderándolas para recuperarse de sus infiernos personales e
incluso colectivos.
Tras la Resolución 1325 que marcó un antes y un después en el intento
por incorporar a las mujeres en los procesos de resoluciones de
conflictos y en el mantenimiento y consolidación de la paz, vinieron
otras como la Resolución 1820
de 2008, en la que se vincula explícitamente la violencia sexual como
táctica de guerra contra la mujer, la paz y la seguridad, y en ella se
destaca “que la violencia sexual en los conflictos constituye un crimen
de guerra y se exige que las partes en un conflicto armado adopten de
inmediato las medidas apropiadas para proteger a los civiles de todas
las formas de violencia sexual, incluso mediante el adiestramiento de
las tropas y la aplicación de medidas apropiadas de disciplina militar”.
Pese a ello y como hemos comprobado, los casos de violencia sexual
ejercida incluso por los cascos azules contra mujeres y niñas a las que
deberían proteger, siguen dándose.
A partir de este momento, al parecer los gobiernos comenzaron a tomar
consciencia de la necesidad de continuar complementando la Resolución
1325 dados los continuos incumplimientos de la misma.
De ese modo y casi cada año se han seguido aprobando resoluciones en ese
sentido para intentar un doble objetivo: por una parte reducir el
número de agresiones sexuales que como arma de guerra siguen sufriendo
mayoritariamente mujeres y niñas; y en segundo lugar lograr una mayor
incorporación de mujeres en los procesos de resoluciones de conflictos y
mantenimiento y consolidación de la paz, así como incorporar un mayor
número de mujeres en las operaciones que la ONU tiene en las zonas de
conflictos.
De ese deseo nace la Resolución 2242
aprobada en la reunión del Consejo de Seguridad del 13 de octubre de
2015. En ella se insta a los Estados a que implementen sus recursos
económicos para formar a un mayor número de mujeres y puedan participar
como mediadoras en los conflictos.
También “reitera su llamado a los Estados miembro para que velen por una
mayor representación de las mujeres en todos los niveles de decisión de
las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales
de prevención y solución de conflictos, y alienta a quienes apoyan los
procesos de paz a que faciliten la inclusión significativa de las
mujeres en las delegaciones de las partes negociadoras en las
conversaciones de paz”.
Sería injusto por mi parte afirmar que no se ha evidenciado preocupación
política por lo que está ocurriendo con las mujeres y niñas de las
zonas que viven conflictos armados y que el Consejo de Seguridad de la
ONU se ha manifestado reiteradamente como hemos visto en este sentido.
Pero mientras esas manifestaciones de preocupación política por parte de
los Estados miembro no vayan acompañadas de agenda política concreta, y
lo que es más importante por recursos económicos concretos, creo que se
seguirán aprobando resoluciones pero las mujeres y niñas seguirán
sufriendo en sus cuerpos y en sus vidas lo que significa dejar de tener
la condición de personas para convertirse, simple y llanamente, en otra
arma de guerra.
Y no podemos olvidar que las guerras siguen siendo negocios muy
lucrativos para las empresas armamentísticas, a quienes la vida de las
víctimas les importa un pimiento.
Y tampoco podemos olvidar que la ONU está financieramente en manos de
uno de los principales países productores y exportadores de armas como
lo es Estados Unidos.
Las declaraciones de intenciones y las manifestaciones de preocupación
política en forma de resoluciones están muy bien y marcan caminos
teóricos, pero una vez más creo que obras son amores y no buenas
razones.
Si realmente se buscan procesos de paz, en primer lugar dejen de
fabricar armas y en segundo lugar, cumplan con esas resoluciones que
manifiestan preocupación por la situación real de mujeres y niñas en
zonas de conflictos armados.
De lo contrario y como ya dije en alguna ocasión, todo quedará en una
bonita declaración de intenciones que de antemano se sabe que no se va a
cumplir.
Y, de nuevo, la hipocresía patriarcal en todo lo que se refiere a la
vida de mujeres y niñas, sobre todo las que sufren en sus carnes las
guerras que no han declarado, campará a sus anchas por los despachos
oficiales de la ONU y de los Estados miembro.
*Corresponsal en España. Comunicadora de Ontinyent.
Imagen retomada del sitio un.org
Por: Teresa Mollá Castells*
Cimacnoticias | España.-
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