Entre el 80 y el 90 por ciento de los fondos que utilizan los candidatos es ilegal, aseguró el presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia.
(Foto: Karina Maciel)
“No puede surgir ninguna democracia en el planeta con los
flujos de dineros ilícitos o sucios que tiene en este momento México, no
puede surgir ningún tipo de sistema democrático electoral a través de
los vacíos institucionales que yo observo en el caso mexicano”, explicó Edgardo Buscaglia,
presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la
Democracia, en un análisis por las elecciones de este cinco de junio en
nuestro país.
“La corrupción y delincuencia organizada en México, nace de la corrupción político-electoral, punto”, enfatizó.
Insistió en que “faltan muchos elementos que hoy no
se están aplicando en los procesos electorales mexicanos, que hacen que
sea muy fácil entrar con dinero sucio, en los países que tienes el
dinero sucio prevaleciendo las actividades electorales, lo que sucede es
que la democracia no puede nacer. Hoy México no es ninguna transición
hacia ninguna democracia, es una mafiocracia que está en este proceso
dolorosísimo de intentar nacer esa democracia, en donde los partidos no
quieren dar el brazo a torcer”.
“Hoy están tratando de interpretar la novena sinfonía de Beethoven con un violín, sólo con un violín que es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)”, aseveró.
Dijo que “lo más triste es que México ya tiene los instrumentos aprobados, no tenemos que comenzar de cero”.
Además detalló que “lo que nosotros estamos haciendo, con el equipo
que me acompaña y con las asociaciones civiles, es que lo que se
monitorea principalmente es qué sucede con las causas penales
que se denuncian a través de Fepade, qué es lo que sucede, qué técnicas
de investigación se aplican, cuáles no se aplican, si hay causas
penales que deriven por lavado de dinero o por extinción de dominio, que
en México hablar de eso es ciencia ficción derivado del financiamiento
ilegal de campañas”.
“Si de todo ese rango de denuncias por delitos electorales, ya sea
compra de votos, desvío de fondos, o la utilización de programas
sociales para condicionar el voto, o coacción del voto, todo ese rengo
de delitos, a ver una vez que está la denuncia qué técnicas de
investigación aplica Fepade, cómo se protege al que denuncia,
en México no existe un programa nacional de protección de testigos de
corrupción electoral, cómo se tipifica la causa penal una vez que se
denuncia, y después cómo deriva en una sentencia final condenatoria o
no”.
Señaló que hay que “comenzar a monitorear los origenes del dinero
que se utiliza para desvío de fondos que van a parar a empresas
fantasmas, por ejemplo en la experiencia internacional, y que después se
traducen en compra de despensas, que se utiliza después para el voto
popular, toda esa situación involucra un moniotoreo patrimonial que en
México brilla por su ausencia, sin embargo en Brasil la sociedad civil
aplica para que después se puedan procesar a través de causas penales al
59 por ciento del Congreso federal de Brasil, el 59 po ciento de los
diputados en Brasil están procesados por delitos ligados a corrupción
electoral, ahí está la sociedad civil”.
Reveló que “cuando yo he revisado encuestas informales con candidatos de todos los partidos de México te están diciendo que entre el 80 y el 90 por ciento de los fondos que ellas y ellos
como individuos terminan gastando, es ilegal… es enorme, está en los
niveles de Colombia de los años 90, en los niveles de Brasil antes de la
reforma judicial, es un indicador que te permite detectar un caldo de
cultivo donde la delincuencia organizada tiene un parque de diversiones
en el proceso electoral”.
“Eso hay que investigarlo, y hoy en día eso no se está haciendo en México
ni a través de Fepade ni a través de ninguna otra entidad judicial
mexicana… demasiada carga de trabajo le llega a Fepade que termina
siendo la válvula de escape, poco pueden hacer en Fepade porque sus
presupuestos están premeditadamente bajos, para mantenerla ahogada, para
que no puedan desplegarse adecuadamente, eso no es casualidad”, acusó.
Aclaró que “es un problema de diseño, pero también de recursos,
porque para poder abrir una causa por lavado de dinero, necesitas tener
una cooperación de la Procuraduría General de la República, a la Unidad
de Inteligencia Financiera participando, necesitas tener al Instituto
Nacional Electoral realizando auditorías, necesitas tener al Tribunal de
Justicia con jurisprudencia que demande ese material probatorio para
pode fundamentar, motivar la sentencia”.
Por lo tanto “eso es ciencia a ficción en México,
pero en Brasil es la moneda coriiente que permite que el 59 por ciento
de los congresistas federales de todos los partidos estén siendo
procesados, por ejemplo, por el caso Petrobras”.
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