Asa Cristina Laurell
En su artículo más reciente en la revista Nexos, Julio Frenk et al rechazan
que la reforma que impuso el Seguro Popular sea una (contra) reforma
neoliberal. Cuando el economista colombiano Londoño y Frenk lanzaron en
los años 90 el esquema de esta reforma la llamaron Pluralismo
Estructurado. La razón de nombrarlo así fue que impulsaría dos procesos:
la competencia entre los administradores de fondos/compradores de
servicios y los prestadores de servicios (pluralismo), cuyo resultado
serían mejores servicios y más baratos. Sería además especialmente
importante romper el
monopolio estatalsobre los servicios de salud para que la iniciativa privada floreciera. Competencia y promoción estatal de la privatización son, como se sabe, dos de las características de la economía neoclásica/neoliberal. El Seguro Popular fue la segunda fase de la (contra)reforma en salud que siguió al ajuste fiscal en 1983, cuando se redujo el gasto en salud por lo menos en 50 por ciento, tanto de los servicios de seguridad social como de los de la población abierta.
Hay que recordar que se intentó imponer el Pluralismo Estructurado no
sólo en estos últimos servicios sino también en la (contra)reforma del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1995/97. Los objetivos de
la reforma no se hicieron públicos por la gran resistencia popular que
enfrentó, pero en los documentos de evaluación del Banco Mundial se
constata que era una condición del préstamo a México que un número
creciente de administradores de fondos (aseguradoras privadas) deberían
introducirse en el IMSS, por lo que sus servicios de primer nivel
deberían estar sujetos a la libre elección del paciente en competencia
entre sí y con los privados. De la misma manera, los hospitales deberían
ser independientes y competir con los privados. Afortunadamente no
ocurrió así por la resistencia de amplios sectores de la población,
funcionarios constructores del IMSS y su sindicato. Este modelo de
reforma fue aprobado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (Issste) con Felipe Calderón, pero no se
impuso en la realidad.
Se vanagloria Frenk de un incremento en el presupuesto de salud
gracias al Seguro Popular como si fuera el único camino posible para
fortalecer las finanzas en el sector salud, como dan testimonio la
mayoría de los países desarrollados, con excepción de Estados Unidos.
Observe que aplica el mantra neoliberal
no hay otro camino que el mío, cuando en realidad es uno de varios mecanismos posibles, dado que los recursos provienen principalmente de la hacienda púbica federal y en una proporción mucho menor de los estados. Festeja además que el Seguro Popular ha logrado incrementar el
acceso a servicios de saluden la definición del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) de este parámetro. Sin embargo, esta misma institución ha demostrado en un extenso estudio que es un indicador malo, dado que no mide acceso efectivo, sino afiliación al Seguro Popular, lo cual no es garantía de acceso a lo requerido.
Causas importantes de la falta de acceso a los servicios de los
afiliados al Seguro Popular son diversas restricciones, entre las cuales
las más graves se refieren a los padecimientos de alto costo, los
llamados gastos catastróficos. La mayor parte de los cánceres de adultos
están excluidos, los traumatismos más graves, accidentes
cerebrovasculares e infartos después de los 60 años, etapa en la que son
más frecuentes. Aparte de las restricciones relacionadas con las
múltiples exclusiones está la mala calidad de los servicios, su escasez o
franca ausencia. Quien se ha tomado la molestia de visitar los
establecimientos que ofrecen Seguro Popular ha podido observar en qué
condiciones se encuentran. Hay estados con buenos servicios para la
población abierta, pero una proporción alta está en condiciones
lamentables, como ha constatado la Subsecretaría de Integración y
Desarrollo del Sector Salud en su censo estratégico y sus visitas de
campo. Desde luego esta catastrófica situación no se logra discernir
detrás de un escritorio.
Por último, es preciso señalar la extensa corrupción a la cual ha
dado lugar el Seguro Popular. La Auditoría Superior de la Federación la
ha demostrado en la mayoría de las investigaciones que ha realizado y no
pocos altos funcionarios de los servicios estatales de salud han sido
sancionados, incluso con penas corporales. Estos fraudes o desvíos de
recursos son particularmente cínicos, ya que la salud y la vida de las
personas están de por medio. El código de ética de la 4T es no mentir,
no robar y no fallar al pueblo, código que hacía mucha falta, pero que
muchos no han entendido y aún menos aplican.
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