La Jornada
Editorial
Estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron ayer una
marcha pacífica que partió del Parque de la Bombilla hacia la Torre de
Rectoría con la exigencia central de que cesen el acoso y la violencia
de género en la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la casa de
estudios. Después de que las alumnas y alumnos arribaran a la Rectoría,
una veintena de encapuchados prendió fuego a las puertas del edificio y a
una bandera nacional, arrojó bombas molotov, saqueó la librería
Henrique González Casanova, destrozó ventanas y realizó pintas en las
inmediaciones.
En un comunicado en redes sociales, la UNAM repudió los actos de violencia e informó que
proporcionará a las autoridades ministeriales todos los elementos a su alcancepara que proceda contra lo que calificó como
un comando de delincuentes embozados. Debe señalarse que horas antes la administración universitaria había exhortado a quienes participaran en la marcha a evitar que su acción de protesta se viera contaminada por provocadores profesionales.
Se debe reconocer que la reivindicación enarbolada durante la marcha
es absolutamente legítima, toda vez que la violencia de género es un
fenómeno intolerable que, si no ha tenido un incremento notorio en años
recientes, sí ha ganado visibilidad, en buena medida, gracias a la
persistencia de activistas y denunciantes. En este sentido, las propias
autoridades de la FFL admitieron el miércoles pasado que al encarar la
demanda más sentida de su comunidad estudiantil han tenido falencias tan
graves como la falta de empatía con las víctimas y una atención
deficiente de las denuncias.
Con todo, está igualmente claro que la destrucción de las
instalaciones universitarias de ninguna manera constituye una vía
adecuada para transitar hacia la solución de la problemática referida,
no sólo porque difícilmente abona a destrabar las lacras estructurales
que solapan la violencia contra las mujeres, sino porque existen
poderosos indicios de que resulta contraproducente. En efecto, en ésta
como en otras ocasiones, los actos vandálicos han propiciado que la
atención se desvíe de lo esencial, que es lograr un compromiso integral
de las autoridades de todos los niveles para poner fin a cualquier forma
de violencia de género.
Por último, si bien la máxima casa de estudios está en su derecho a
proceder contra quienes vandalizaron sus instalaciones, tiene asimismo
la obligación de convertir el reconocimiento autocrítico emitido el
miércoles en medidas eficaces para garantizar la integridad física y
emocional de todas las integrantes de su comunidad.
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