República Dominicana
En memoria de las
hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 por
su firme oposición a la dictadura de Trujillo, el 25 de noviembre fue
declarado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. Hoy, desde República Dominicana, es preciso llamar la atención
sobre el hecho de que la debilidad institucional afecta de manera
particular a las mujeres. Una fiscalizadora, Margarita Hernández
Morales, y dos abogados de un bufete, Ramón Leonardo Sánchez Reyes y
Alexis Chanel Almonte, son acusados de falsificar escrituras para lograr
la puesta en libertad de agresores machistas, acuerdos que, con o sin
la falsificación de documentos, son irregulares, improcedentes e
ilegales.
La investigación tiene su origen en dos hechos que consternaron a la población. No se conoce, sin embargo, el origen de la estructura de corrupción que se encargó de formar a los tres imputados, los utilizó y los había cobijado.
¿Con cuáles artificios, y más importante aún, con cuántos y cuáles cómplices, pudo la fiscal imprimir validez a acuerdos que legalmente están prohibidos? ¿Cómo un juez, en pleno uso de sus facultades, valida un acuerdo con un hombre que meses antes ha herido a cuchilladas a su pareja y propiciar con ello su salida de la cárcel para que concluya la tarea que había dejado inconclusa?
Anibel González fue asesinada por su exmarido Yasmil Oscar Fernández, quien luego se suicidó. Se afirma que era falsa la firma de la víctima, que figuraba en el acuerdo mediante el cual el victimario salió de la cárcel.
En el caso de Juana Domínguez, su victimario, Johan Ramírez, también fue puesto en libertad tras intentar asesinarla.
¿Cuántos crímenes han sido cometidos en circunstancias similares en San Pedro de Macorís y en otras jurisdicciones, aunque no hayan trascendido a la opinión pública como el asesinato de la abogada Anibel González y el de la joven Juana Domínguez?
Es preciso hacer la pregunta, dado que el Ministerio Público, y particularmente el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solo responde al escándalo mediático. Actúa contra la fiscal y los abogados porque han comprometido el nombre de la institución misma y han desacreditado incluso a una parte del Poder Judicial, porque es inexplicable que alguien sea puesto en libertad por una real o supuesta promesa si ha intentado cometer un asesinato.
El abuso en otra faceta
La podredumbre afecta particularmente a las mujeres. En el presente noviembre, es preciso sacar cuentas.
A mediados de año, hizo escándalo en los diarios el caso de una menor abusada por oficiales.
El estallido del escándalo hay que atribuirlo a las pugnas por los altos cargos en el interior de la Policía Nacional, pero es evidente que la situación de ilegalidad no movilizó a las altas instancias de la institución, que, como en el caso del Ministerio Público, actuó contra un coronel y un general (Ángel Antonio Bautista Piña y José Acosta Castellanos, el primero de los cuales fue enviado a juicio de fondo), porque el escándalo compromete el nombre de la institución misma.
Un programa social de acercamiento a la comunidad fue el marco en el cual ambos oficiales se vincularon a una menor cuyo nombre circuló a mediados de año por las redes sociales y muchos medios de comunicación ofrecieron detalles de la familia que conducen a la identificación.
Se dejó ver en el escándalo la predominancia de la cultura patriarcal, que culpabiliza a la víctima en los casos de abuso sexual. La culpabilización es más severa cuando la víctima es pobre y había iniciado su vida sexual a temprana edad.
En una sociedad donde no ha sido superada la visión de la domesticación sexual por parte del hombre, hay sectores proclives a presentar como atenuante y casi como justificación el hecho de que un masculino adulto tenga relaciones con una menor si esta lo “consiente” (hay que escribir la palabra entre comillas”) y si ya ha iniciado su vida sexual.
Por eso, antes de la denuncia, en una institución podrida y violenta como la Policía Nacional, la inconducta de ciertos oficiales en tal sentido no es motivo siquiera de comentario.
Los efectos nocivos que genera esta conducta son bien conocidos. En un estudio realizado en el año 2010, se determinó que, en el quintil más pobre de la población, el 33.2 por ciento de las adolescentes y mujeres pobres se habían embarazado antes de cumplir los 20 años, mientras en el quintil más rico era el 11.6 por ciento. Otro dato alarmante del mismo estudio es que el 42.7 por ciento de las adolescentes embarazadas en ese momento carecían de instrucción o habían alcanzado solo el nivel básico.
La marginación es una forma de violencia.
Del año 2016 es el dato de que, a nivel nacional, las adolescentes constituyeron el 26 por ciento de las parturientas atendidas en los hospitales.
La violencia en su marco
En el caso de la fiscalizadora Margarita Hernández, cabe preguntar cuántos acuerdos irregulares han beneficiado a victimarios ayudándolos a convertirse en feminicidas, y en el caso de los oficiales procesados hay que preguntar cuántos de sus colegas aprovechan para lo mismo los programas de acercamiento a las comunidades pobres.
Es algo que ocurre también en ciertos grupos del mundo empresarial, más de un escándalo ha ocurrido en el área de los deportes y del espectáculo, y, si son tratados como hechos aislados, es porque los propios medios controlados por ellos tienen el compromiso de tratarlos de ese modo.
En el marco de una violencia que solo es condenada ante el escándalo, el riesgo se integra a lo cotidiano, y lo peor es que parece normal
En días recientes, Fátima Guzmán Medrano fue asesinada por su pareja. Leónidas Mueses José (Yadira), de 39 años, también fue asesinada por quien había sido su compañero sentimental, Salvador Tapia. A mediados de año, Tapia la había apuñalado y ella había puesto una querella de la cual desistió. ¿Cómo se explica que cese la acción judicial por desistimiento cuando ha habido agresión de tal magnitud?
Las instituciones oficiales dan nombres y cifras, y se lavan las manos. Como si no pesara sobre ellas la culpa por no combatir, desde la educación (aunque tengan que enfrentar a los fanáticos que insisten en perpetuar el atraso y la discriminación sexista), el esquema patriarcal. Como si la podredumbre y la corrupción no estuvieran en la base del desconocimiento de los derechos de las víctimas actuales y potenciales… Y, peor aún, como si el privilegio de los poderosos no incluyera la licencia para al abuso sexual y la instrumentalización de la gente.
Las instituciones llamadas a proteger a la gente, son entes de violencia y cobijan la trampa. ¡Qué asco!
La investigación tiene su origen en dos hechos que consternaron a la población. No se conoce, sin embargo, el origen de la estructura de corrupción que se encargó de formar a los tres imputados, los utilizó y los había cobijado.
¿Con cuáles artificios, y más importante aún, con cuántos y cuáles cómplices, pudo la fiscal imprimir validez a acuerdos que legalmente están prohibidos? ¿Cómo un juez, en pleno uso de sus facultades, valida un acuerdo con un hombre que meses antes ha herido a cuchilladas a su pareja y propiciar con ello su salida de la cárcel para que concluya la tarea que había dejado inconclusa?
Anibel González fue asesinada por su exmarido Yasmil Oscar Fernández, quien luego se suicidó. Se afirma que era falsa la firma de la víctima, que figuraba en el acuerdo mediante el cual el victimario salió de la cárcel.
En el caso de Juana Domínguez, su victimario, Johan Ramírez, también fue puesto en libertad tras intentar asesinarla.
¿Cuántos crímenes han sido cometidos en circunstancias similares en San Pedro de Macorís y en otras jurisdicciones, aunque no hayan trascendido a la opinión pública como el asesinato de la abogada Anibel González y el de la joven Juana Domínguez?
Es preciso hacer la pregunta, dado que el Ministerio Público, y particularmente el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solo responde al escándalo mediático. Actúa contra la fiscal y los abogados porque han comprometido el nombre de la institución misma y han desacreditado incluso a una parte del Poder Judicial, porque es inexplicable que alguien sea puesto en libertad por una real o supuesta promesa si ha intentado cometer un asesinato.
El abuso en otra faceta
La podredumbre afecta particularmente a las mujeres. En el presente noviembre, es preciso sacar cuentas.
A mediados de año, hizo escándalo en los diarios el caso de una menor abusada por oficiales.
El estallido del escándalo hay que atribuirlo a las pugnas por los altos cargos en el interior de la Policía Nacional, pero es evidente que la situación de ilegalidad no movilizó a las altas instancias de la institución, que, como en el caso del Ministerio Público, actuó contra un coronel y un general (Ángel Antonio Bautista Piña y José Acosta Castellanos, el primero de los cuales fue enviado a juicio de fondo), porque el escándalo compromete el nombre de la institución misma.
Un programa social de acercamiento a la comunidad fue el marco en el cual ambos oficiales se vincularon a una menor cuyo nombre circuló a mediados de año por las redes sociales y muchos medios de comunicación ofrecieron detalles de la familia que conducen a la identificación.
Se dejó ver en el escándalo la predominancia de la cultura patriarcal, que culpabiliza a la víctima en los casos de abuso sexual. La culpabilización es más severa cuando la víctima es pobre y había iniciado su vida sexual a temprana edad.
En una sociedad donde no ha sido superada la visión de la domesticación sexual por parte del hombre, hay sectores proclives a presentar como atenuante y casi como justificación el hecho de que un masculino adulto tenga relaciones con una menor si esta lo “consiente” (hay que escribir la palabra entre comillas”) y si ya ha iniciado su vida sexual.
Por eso, antes de la denuncia, en una institución podrida y violenta como la Policía Nacional, la inconducta de ciertos oficiales en tal sentido no es motivo siquiera de comentario.
Los efectos nocivos que genera esta conducta son bien conocidos. En un estudio realizado en el año 2010, se determinó que, en el quintil más pobre de la población, el 33.2 por ciento de las adolescentes y mujeres pobres se habían embarazado antes de cumplir los 20 años, mientras en el quintil más rico era el 11.6 por ciento. Otro dato alarmante del mismo estudio es que el 42.7 por ciento de las adolescentes embarazadas en ese momento carecían de instrucción o habían alcanzado solo el nivel básico.
La marginación es una forma de violencia.
Del año 2016 es el dato de que, a nivel nacional, las adolescentes constituyeron el 26 por ciento de las parturientas atendidas en los hospitales.
La violencia en su marco
En el caso de la fiscalizadora Margarita Hernández, cabe preguntar cuántos acuerdos irregulares han beneficiado a victimarios ayudándolos a convertirse en feminicidas, y en el caso de los oficiales procesados hay que preguntar cuántos de sus colegas aprovechan para lo mismo los programas de acercamiento a las comunidades pobres.
Es algo que ocurre también en ciertos grupos del mundo empresarial, más de un escándalo ha ocurrido en el área de los deportes y del espectáculo, y, si son tratados como hechos aislados, es porque los propios medios controlados por ellos tienen el compromiso de tratarlos de ese modo.
En el marco de una violencia que solo es condenada ante el escándalo, el riesgo se integra a lo cotidiano, y lo peor es que parece normal
En días recientes, Fátima Guzmán Medrano fue asesinada por su pareja. Leónidas Mueses José (Yadira), de 39 años, también fue asesinada por quien había sido su compañero sentimental, Salvador Tapia. A mediados de año, Tapia la había apuñalado y ella había puesto una querella de la cual desistió. ¿Cómo se explica que cese la acción judicial por desistimiento cuando ha habido agresión de tal magnitud?
Las instituciones oficiales dan nombres y cifras, y se lavan las manos. Como si no pesara sobre ellas la culpa por no combatir, desde la educación (aunque tengan que enfrentar a los fanáticos que insisten en perpetuar el atraso y la discriminación sexista), el esquema patriarcal. Como si la podredumbre y la corrupción no estuvieran en la base del desconocimiento de los derechos de las víctimas actuales y potenciales… Y, peor aún, como si el privilegio de los poderosos no incluyera la licencia para al abuso sexual y la instrumentalización de la gente.
Las instituciones llamadas a proteger a la gente, son entes de violencia y cobijan la trampa. ¡Qué asco!
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