Estamos en momentos
difíciles en el país que demandan no perder de vista lo importante. Qué más
importante que la definición de recursos para el próximo año. Cómo se
distribuyan esos recursos será el reflejo de la política del gobierno federal,
y la propuesta presupuestal de la presidencia pone en riesgo los avances
ganados en Derechos Humanos de las mujeres.
Desde que se dieron
los primeros pasos, hace 19 años, para los presupuestos etiquetados para
programas a favor de las mujeres, se dijo que la voluntad política se refleja
en el dinero.
Desde entonces, los
movimientos feministas han vigilado que los recursos destinados para erradicar
la desigualdad de las mujeres sean suficientes y susceptibles de fiscalización.
Así nace el anexo
13 del presupuesto de la Federación que aglutina los programas gubernamentales
enfocados a consolidar la igualdad entre mujeres y hombres.
Lo que ahí se
presupuesta refleja la prioridad política de un gobierno, ciertamente cada año
se ha tenido que presionar para incrementar el presupuesto a favor de los
Derechos Humanos de las mujeres ante la miopía gubernamental para dimensionar
el valor de la igualdad.
Desde septiembre,
Cimacnoticias alertó de la reducción presupuestal que se venía en el anexo 13.
Tras la revisión de la propuesta presidencial entregada al congreso, de los 83
programas que aglutina el anexo, 26 presentan recortes para el próximo año.
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Si una mira la
propuesta presupuestal del gobierno federal existe un aumento importante de
recursos en el anexo, al pasar de 64 mil millones que se destinaron para este
año a 100 mil millones de pesos para 2020.
El dato engaña,
pues parece que hay prioridad en la erradicación de la desigualdad entre
mujeres y hombres. Pero si se le rasca, encontraremos la triste realidad. Los
derechos de las mexicanas no son prioridad ya que el aumento se concentra en 12
programas dedicados a la entrega directa de dinero, los cuales suman 23 mil
millones de pesos de la partida.
Estamos hablando de
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida”, “Becas” para diferentes
niveles educativos, y hasta el programa de “Precios de Garantía”, que no están
diseñados para erradicar la desigualdad de género.
En cambio, los
programas dirigidos a construir igualdad entre mujeres y hombres enfrentan
recortes: 21 por ciento menos para salud materna, sexual y reproductiva,
recordemos que México no ha logrado disminuir las muertes maternas desde 1990 y
de acuerdo con el Observatorio de Muerte Materna para este año existe en
relación a 2018, incrementos importantes en por lo menos ocho entidades
federativas: Veracruz, Jalisco, CDMX, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí,
Tlaxcala y Tabasco.
La muerte materna
es considerada un indicador de la desigualdad y la violación de Derechos Humanos
de las mujeres, pues concentra múltiples violaciones a éstos al acceder a los
servicios de atención obstétrica y muestra la mala calidad de los mismos.
Cuando en México se
asesina a nueve mujeres cada día por el simple hecho de serlo, la vida de las
mujeres tendría que ser prioridad, pero no lo es para el gobierno.
Otro recorte es el
programa para “Promover la atención y prevención de la violencia contra las
mujeres”, al que el Ejecutivo propone darle 267 millones de pesos para operar
en 2020 cuando por lo menos requiere 417 millones de pesos.
De acuerdo con
estimaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (Conavim) se necesitan al menos 150 millones de pesos
adicionales para afrontar las Alertas por Violencia de Género, la operación de
los Centros de Justicia y para fortalecer la estructura de la Comisión de
Género de la Cámara de Diputados.
Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Recomendación
General 40/2019 “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las
mujeres a una vida violencia en México”, presentada la semana pasada, al
15 de octubre de 2019, precisan que en el país se habían solicitado 34
procedimientos de AVG en 28 estados de la República, de los cuales, 20
han resultado en declaratorias de Alerta de Género; en 10 entidades no
fue declarada; y cuatro entidades se encuentran en alguna fase del
procedimiento. Dos entidades tienen dos Alertas: Veracruz y el Estado de
México.
La voluntad
política se refleja en los dineros, recordaba yo al principio de este artículo,
por eso el Ejecutivo Federal está destinando el presupuesto a sus programas de
ayuda directa, a los ya existentes se suman 12 nuevos que estarán en la SEP y
en la Secretaria del Trabajo y del Bienestar.
No es nuevo que en
cada sexenio los presidentes busquen colocar su sello a través de los
programas, el problema se concentra cuando esa priorización es a costa de la
población, que en este caso son las mujeres.
Mantener la
desigualdad de la población femenina como asunto menor, es dejar de entender
que no habrá desarrollo posible excluyendo y manteniendo el status quo que
oprime a la mayoría de la población que son las mujeres.
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