Editorial La Jornada
Ayer se consumó en Bolivia un golpe de Estado cívico, policial y militar que sumió a ese país sudamericano en la incertidumbre, el caos y la violencia. Tras la dimisión del presidente Evo Morales y de todos los funcionarios en la línea de sucesión (el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda), la vida institucional boliviana se colapsó y hasta el cierre de esta edición imperaba la violencia descontrolada de los golpistas, cuyas hordas vandalizaron residencias de funcionarios –incluidas la del propio mandatario en Cochabamba y la de su hermana, en La Paz– e incendiaron sedes de varias organizaciones campesinas, obreras y sociales afines al oficialismo y oficinas del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), todo ello ante la pasividad cómplice del ejército y la policía. La barbarie golpista se manifestó también en la destrucción de la embajada venezolana en la capital de Bolivia y en amenazas en contra de las representaciones diplomáticas de Cuba y México.
En cuanto a la suerte del presidente, quien fue forzado a renunciar ante la ilegítima presión de las fuerzas armadas y la abierta sublevación de los mandos policiales, corrían versiones contradictorias acerca de una orden de captura en su contra.
La mejor síntesis de lo ocurrido en Bolivia la formuló el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien apenas el viernes fue liberado de la cárcel en la que la oligarquía de su país lo tuvo preso 580 días por delitos fabricados:
es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sabe convivir con la democracia y con la inclusión social de los más pobres.
En efecto, el golpe en contra de Evo fue un producto característico de los grupos adinerados que no toleran gobiernos independientes de sus designios y ajenos a sus intereses y que controlan, además de porciones principales de la economía, la masa de medios informativos. En el caso boliviano, éstos se empeñaron en presentar el asalto al orden constitucional como expresión de una insatisfacción por los resultados de la elección presidencial del pasado 20 de octubre, en la que el mandatario depuesto ayer obtuvo una ventaja mayor a 10 por ciento sobre su más cercano competidor, el ex presidente Carlos Mesa, suficiente para evitar una segunda vuelta.
Ante los alegatos de fraude y la organización de disturbios por parte de la oposición, Morales pidió un dictamen sobre la calidad de los comicios a la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual aconsejó que se repitieran las elecciones. La idea fue aceptada por el mandatario, pero los golpistas no estaban interesados en procedimientos democráticos sino en acabar con el gobierno que colocó a la nación andina en una ruta de soberanía, desarrollo, reducción de las desigualdades y crecimiento económico excepcional. En cuanto a la OEA, quedó confirmado una vez más que sus intervenciones no están orientadas a preservar el orden constitucional y la armonía social ni a impedir el surgimiento de regímenes dictatoriales, sino dar cobertura diplomática a la desestabilización y los cuartelazos en las naciones gobernadas por proyectos políticos progresistas, soberanistas y populares.
En suma, lo ocurrido en Bolivia el pasado fin de semana constituye la aplicación de un modelo de sobra conocido en Latinoamérica y sus implicaciones políticas para la región son por demás alarmantes: las oligarquías delsubcontinente y el poder neocolonialista de Washington mantienen vigente entre sus recursos el golpe de Estado.
Los acontecimientos en la nación sudame-ricana se desarrollan con fluidez y en los próximos días será necesario sin duda reflexionar sobre las circunstancias que han hecho posible la destrucción de la institucionalidad boliviana y el arrasamiento de un proyecto político que abatió la pobreza y la miseria a mínimos históricos y logró tasas de crecimiento sin parangón en el continente. En lo inmediato, cabe exigir a los cabecillas golpistas que cesen la persecución y la barbarie, que respeten la vida y la integridad de todos los funcionarios del gobierno depuesto y que se abstengan de cometer nuevas agresiones en contra de las sedes diplomáticas que han recibido amenazas.
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