Ciudad de México. La mejor forma de evitar el desvío de recursos públicos destinados a asistir a víctimas y proteger a personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, cuyas vidas corren riesgo, es implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, no desaparecer los instrumentos por medio de los cuales se administra este presupuesto.
De acuerdo con la coordinadora de Documentación y Seguimiento de la organización Artículo 19, Itzia Miravete Veraza, y el investigador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, Ángel Ruiz Tovar, eliminar los fideicomisos de la ley no borra el problema de fondo porque el manejo del dinero público seguirá en la incertidumbre.
En declaraciones a esta agencia los defensores se refirieron al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, creados por ley hace ocho años gracias al empuje del movimiento de personas afectadas por la violencia, y los cuales corren el riesgo de desaparecer.
La mañana de ayer jueves, la Cámara de Diputados concluyó la aprobación de las reformas a diversa leyes para eliminar seis fideicomisos y 103 fondos, un debate que comenzó el jueves 1 de octubre y que se centró entre el bloque de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que apoyó la extensión de estos mecanismos, y los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que estuvieron en contra.
Los morenistas, entre ellos la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna Luna, aseguraron que a pesar de la reforma se entregarán recursos para que periodistas y defensores que viven con amenazas puedan acceder a medidas de protección como equipos de telefonía, de vigilancia o autos blindados. Sin embargo, explicaron que ahora los recursos se entregarán a la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Al respecto, Ángel Ruiz Tovar, expuso que una vez que el Senado reciba la minuta debe retomar la discusión que no se hizo en la Cámara de Diputados: revisar los objetivos de cada fideicomiso, sus reglas de operación y los problemas en su funcionamiento. Después de evaluarlos, dijo, podrá decidir si tiene sentido mantenerlos, si deben ser modificados o, en caso de determinar su extinción, prever una ruta para ejercer los recursos que aún quedan.
Uno los temas que se deben tomar en cuenta, explicó, es que hasta 2018 había 364 fideicomisos a nivel federal y los que tienen problemas de transparencia son aquellos que son administrados por instituciones bancarias privadas, los cuales se rigen por el secreto fiduciario; mientras que las bancas públicas tienen obligaciones en materia de transparencia; o bien, revisar la necesidad de tener reglas para contratar servicios y proveedores.
Fondo para atención a víctimas
El investigador señaló que actualmente los recursos para el fideicomiso para periodistas y personas defensoras son administrados por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), una banca pública, y se encuentran a disposición de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Segob, pero por reglas de operación no se pueden utilizar para otros asuntos que no sean las medidas de prevención y atención.
La Unidad hace uso de los recursos del fideicomiso sólo mediante resoluciones de la Junta de de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrado por representantes de las secretarías de Estado y de la sociedad civil, quienes evalúan los casos que les llegan y determina qué medidas de protección se requieren.
Con el dinero del fondo la Junta de Gobierno pide a la Unidad de la Segob erogar recursos para realizar manuales, cursos de autoprotección, adquirir equipos de telefonía, botones de emergencia, cámaras de vigilancia, entre otras medidas. La Junta de Gobierno ha informado que hoy en día hay mil 304 personas, 418 periodistas y 886 defensoras, con medidas de protección.
En opinión de Itzia Miravete Veraza este fideicomiso es una especie de candado que impide que el dinero sea utilizado de otra manera que no sea a favor de la vida de las personas, pero si pasa a manos de la Segob, exclusivamente, ese candado ya no existiría, por tanto no se podría impedir que los recursos se utilicen para cubrir el déficit presupuestario de otros rubros de esta dependencia.
Por otro lado cabe decir que en 2017 y 2018 las organizaciones civiles alertaron que este fideicomiso se quedó sin recursos para atender a las personas; sin embargo, el investigador indicó que uno de los objetivos de este fideicomiso es recibir donativos o bienes transferidos por el Gobierno, pero no hay claridad de cuántos recursos recibió por medio de estas fuentes.
Fondo para periodistas y personas defensoras
De acuerdo con la información de Fundar, los recursos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral son administrados por Nacional Financiera (Nafin) y pueden ser erogados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que asistir a las víctimas con transporte, alojamiento, peritajes, medicamentos, entre otras medidas, y que puedan superar las condiciones de necesidad derivadas del hecho victimizante.
En este caso la ley y las reglas de operación indican que la CEAV autoriza la erogación de recursos en beneficio de las personas que se encuentren en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). Hasta el tercer trimestre de 2010 el organismo reportó 39 mil 355 personas que solicitaron su registro.
Ángel Ruiz Tovar señaló que entre los elementos a considerar en el caso del fondo para víctimas es que en muchas ocasiones las comisiones estatales de atención alegan falta de disponibilidad presupuestaria por lo que las personas tiene que acudir al mecanismo de la federación. Además, hay que revisar que las víctimas no sólo son las afectadas por un hecho directo, muchas veces también son familiares dependientes o afectados por la misma violación.
Para los defensoras y las agrupaciones que defienden estos fondos, es importante que el Senado revise las fallas y plane medidas para subsanarlas; pero además alertan que así como se aprobó el dictamen ni el Gobierno federal ni la Cámara de Diputados han aclarado cuál es la ruta para desaparecer los fideicomisos y si estos recursos se van a canalizar para la atención de la pandemia por COVID-19.
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