Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la legisladora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, informó que solicitará a la Mesa Directiva turno para conocer la minuta aprobada por la Cámara de Diputados sobre la desaparición de 109 fondos y fideicomisos a fin de rescatar el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Este lunes 12 de octubre, después de reunirse con integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las y los senadores informaron que a la par solicitarán a la Junta de Coordinación Política una reunión para manifestar su postura ante la desaparición del Fideicomiso que “salva vidas”.
La senadora de Acción Nacional manifestó su preocupación porque la desaparición de este y otros fondos está basada en el discurso de la corrupción y aunque dijo estar convencida de que existen irregularidades, señaló que no en este Fideicomiso, sino en la burocracia persistente de este y otros gobiernos. “No puede haber corrupción en una persona que busca a su familiar”, señaló.
Se espera que este martes 13 de octubre llegue al Senado la minuta aprobada en San Lázaro. Es por eso que desde las nueve de la mañana diferentes colectivos de personas que defienden los recursos públicos se manifiestan afuera del recinto legislativo, ubicado en Avenida Reforma, en protesta por el intento de desaparecer estos mecanismos creados por ley.
¿Para qué se usa este Fideicomiso?
Los recursos del Fideicomiso para personas defensoras no pagan salarios ni viáticos, se invierte únicamente en bienes y herramientas para que las personas beneficiarias puedan desarrollar su trabajo y para salvar la vida de quienes están en riesgo, aseguró el consejero del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Xicoténcatl Carrasco.
Al respecto, la periodista y consejera Lucia Lagunes Huerta ,dijo que el Mecanismo es un indicador de los retos que enfrenta el país en materia de defensa de Derechos Humanos y libertad de expresión y recordó que la senadora Nestora Salgado García y Emilio Álvarez Icaza fueron beneficiados de medidas de protección cuando eran defensores.
Hace 8 años, a partir de octubre de 2012 y durante 10 meses, Nestora Salgado García comandó la Policía Comunitaria de Olinalá, un poblado enclavado en La Montaña de Guerrero, cargo desde el cual trabajó por la seguridad de su pueblo e implantó un sistema de reeducación para aquellos que delinquieron, un trabajo que le valió ser aprehendida y encarcelada arbitrariamente en agosto de 2013, acusada de robo de armas, secuestro y homicidio.
Ella pasó 31 meses en prisión, primero en un penal de máxima seguridad y luego en la habitación hospitalaria de un reclusorio capitalino, mientras organizaciones defensoras de Derechos Humanos exigían su libertad ante lo que llamaron falsas acusaciones. Incluso en enero de 2016 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU consideró a la entonces comandanta como una defensora perseguida por su trabajo a favor de la seguridad de la población indígena.
La ahora senadora por Morena —el partido que promueve la extinción de los Fideicomisos porque asegura que son fuente de corrupción— aseguró que el presupuesto para estas personas se mantendrá vigente.
Otra consejera del Mecanismo que se pronunció en contra de la desaparición de este Fondo fue Araceli Magdalena Rodríguez Nava, quien es beneficiaria de protección porque tiene amenazas de muerte. Ella es defensora desde que comenzó la búsqueda de su hijo Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal desaparecido en 2009 en el estado de Michoacán. Araceli ha vivido con custodia pues en sus indagaciones documentó la relación entre el crimen organizado y las instituciones de gobierno.
Emilio Álvarez Icaza Longoria reconoció que él fue beneficiario y que en 2018 defendió los recursos del Mecanismos desde el Senado. El senador se pronunció a favor de dejar el Fideicomiso como está. Cabe decir que él fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cargo que asumió en 2012 y que dejó en 2016, después de conocer graves violaciones a Derechos Humanos y regresar a México para incursionar en la política.
Al respecto el también consejero del Mecanismo Stefan Markus Zimmer expuso que organismos internacionales han llamado al Estado mexicano a fortalecer el Mecanismo de Protección, por ejemplo, en 2018 los países participantes en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitieron 21 recomendaciones para el Mecanismo y 17 de estas mencionan la necesidad de dotarlo de recursos.
Hasta junio de 2020 en el Mecanismo de protección había 877 solicitudes de protección admitidas, de las cuales 387 eran de personas defensoras y 490 de periodistas. En total desde 2012 se ha beneficiado a mil 621 personas con medidas de protección para salvar su vida.
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