Ciudad de México. En el contexto por el Día Internacional de la Niña, Integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y la Coalición Internacional contra la Detención demandaron que las autoridades federales, locales y municipales, aseguren una ruta en todo el país que proteja los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación migratoria y apliquen las recientes reformas aprobadas por la Cámara de Diputados.
En un comunicado, las instituciones resaltaron que las autoridades no aplican las reformas legislativas que fueron aprobadas el pasado 29 de septiembre por la Cámara de Diputados a la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para armonizarlas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y así garantizar la no detención de las y los niños migrantes.
Las reformas, explicaron, además de prohibir la detención de esta población, describe modelos de cuidado y acciones para evitar el arresto, y otorga la responsabilidad de garantizar su bienestar al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de que sus derechos sean reconocidos por encima de su condición migratoria.
Resaltaron que en 2019 fueron detenidas más de 50 mil niñas y niños migrantes, que provenían en particular de Honduras y Guatemala. Mientras que de enero a agosto de 2020 se han registrado 7 mil 442 detenciones, de las cuales 37 por ciento eran niñas y 63 por ciento niños.
Cifras que consideraron preocupantes debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y a que las detenciones son actos que llegan a repercutir en el desarrollo psicoemocional de las niñas y niños.
Ante ello, recordaron que la migración, sin importar las formas de desplazamiento o las razones, tienen como motivo la necesidad de un cambio estructural, es decir, huir de la violencia de género o de las agresiones por parte de una pandilla o cártel, tener mejores opciones de vida, entre otros miles de factores.
En el contexto actual, dijeron, continuar con una política de criminalización de la migración incrementa los riesgos de que las y los niños sigan siendo detenidos y a su vez en peligro de contraer coronavirus al reunirlos dentro de estaciones migratorias.
Exigieron que cuanto antes la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, se publiquen en el Diario Oficial y se asigne un presupuesto suficiente para fortalecer la Procuradurías de protección de Niñas, Niños y Adolescentes así como los Centros de Asistencia Social, ya sea públicos o privados.
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