Quevedo Cruz fue acusada por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace y durante este tiempo ella ha sido sobreviviente de actos de tortura sexual, ocurrida en el contexto de su detención, privación de la libertad y violaciones que recientemente se acreditaron en la recomendación VG127/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Este caso pone foco de atención de nueva cuenta en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16, en el estado de Morelos porque de este sitio ella saldrá para vivir su proceso legal bajo arraigo domiciliario.
Según la colectiva Rompiendo el Silencio Todas Juntas contra la Tortura Sexual, la tortura sexual, está basada en la discriminación por razón de género, en la que se violenta el cuerpo y la libertad de las mujeres, por medio de agresiones que pueden incluir violación, introducción de objetos, agresiones físicas en las partes más íntimas y/o la amenaza de cometer esos actos.
La violencia sexual es una forma de tortura ejercida por elementos de seguridad del Estado; reconocida como tal por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y diversos tribunales regionales de derechos humanos como la Corte Interamericana.
Ante las denuncias contra el Cefereso 16, el 25 de junio de este mismo año, Instituto Federal de la Defensoría Pública, consideró que la situación al interior del penal es tan grave que solicitó su cierre, debido a la muerte de 15 mujeres privadas de la libertad, cuyas causas fueron supuestos suicidios, lo que presume las graves condiciones de internamiento en esta prisión federal.
El apoyo de la Defensoría Pública ha llegado hasta el punto de buscar el inicio de acciones para el traslado de las mujeres privadas de su libertad en el CEFERESO 16, a centros estatales y otros de carácter federal y este Centro Federal de Readaptación Social.
Hay que recordar que desde marzo del 2023, la organización de la sociedad civil Documenta recopiló evidencias de prácticas que violentan los derechos de las mujeres privadas de la libertad dentro del Cefereso número 16, actualmente el único centro penitenciario federal para mujeres en el país.
Cimacnoticias dio a conocer el 10 de enero de este año, que 13 mujeres cometieron suicidio entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendaciones, donde señaló que las presas no tuvieron acceso oportuno a servicios psicológicos y psiquiátricos adecuados y las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado fueron inapropiadas.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-10/RecVG_127.pdf
También, indicó que estos hechos comprendieron violación a múltiples derechos de las víctimas, como protección a la salud, integridad personal, seguridad jurídica, legalidad, igualdad, no discriminación y acceso a la justicia, incluso 18 personas que resultaron ser víctimas indirectas también fueron comprometidos sus derechos.
Además, identificó irregularidades en la investigación realizada por la Fiscalía de Morelos y tenía previsto interponer denuncias administrativas en contra de los servidores públicos responsables.
El tema fue retomado por el Instituto Federal de Defensoría Pública, quien denunció para el 25 de junio, la muerte de una mujer más al interior del Cefereso número 16, por lo que exhibió las omisiones de las autoridades y exigió el cambio de política penitenciaria en esta prisión, acciones inmediatas frente a muertes evitables.
Caso Brenda
Brenda Quevedo Cruz, estuvo en condiciones de reclusión por 15 años y estuvo en este Cefereso denunciado por sus tratos crueles e inhumanos, el cual está ubicado en Coatlán del Río, Morelos hasta que el pasado 21 de junio, se dio una resolución por parte del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito 176/2022 que la dejará en arraigo domiciliario.
Luego de este periodo en prisión, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales indicó que la medida cautelar que la llevó ahí ya no es razonable y, por el contrario, «resulta excesiva».
Por ello, IFDP ahora destacó que la decisión tomada a favor de Brenda Quevedo se suma a las 555 resoluciones dictadas a las personas representadas, en las que se ha determinado el cambio de medida cautelar.
Se espera que la presunta involucrada en el secuestro y homicidio del hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace, salga del CEFERESO número 16 en las próximas horas y siga su proceso bajo la representación del Instituto Federal de Defensoría Pública.
El caso de Quevedo quedó acreditado en la Opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, en donde señaló su preocupación, al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados con la privación arbitraria de la libertad que daría cuenta de una práctica sistemática.
Actualmente, su caso se encuentra en etapa de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Cedaw) en su Recomendación General N° 19, planteó que en su Artículo 1° que:
la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”.
Desde la CNDH se cuenta con una aproximación a este fenómeno a través de las quejas presentadas ante este Organismo Nacional.
De enero del año 2010 a agosto de 2022 se registraron 8 mil 467 quejas sobre 10 mil 047 hechos violatorios de tortura, y tratos crueles, inhumanos o degradantes, de las cuales 446 fueron por tortura, y 10,294 por tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En el Informe sobre la Tortura Sexual en México y la Respuesta del Estado, publicado en 2018, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), documentaron más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales y sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual.
Otras medidas cautelares para Brenda Quevedo
Brenda Quevedo fue privada de la libertad en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 y extraditada a México el 25 de septiembre de 2009, aunque desde 2005 ha sido señalada de ser, junto con cinco personas más por delitos de delincuencia organizada, privación de la libertad en la modalidad de secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, de quien hasta ahora no se han encontrado sus restos.
La defensa de Brenda Quevedo mencionó un análisis que se hizo sobre el plazo de la prisión preventiva en la que estuvo sometida, donde la autoridad jurisdiccional determinó que, si bien se había resuelto que el plazo al que había estado sujeta era razonable, ya no procede prolongarlo, pues dicha medida actualmente no es proporcional ni adecuada, toda vez que no existe una necesidad real para que continúe, razón por la cual procede que cese e imponer una medida cautelar diferente.
Cabe destacar que el Instituto Federal de Defensoría Pública Federal desarrolló una estrategia mediante la interposición de diversos incidentes, recursos y promoción de juicios de amparo, con el propósito de que su proceso se lleve con estricto respeto y apego a los estándares nacionales e internacionales.
Precisó que el juez federal concedió el arraigo domiciliario, al considerar que han variado las condiciones por las que originalmente se le impuso la prisión preventiva oficiosa hace 17 años. Brenda Quevedo es la única señalada en el caso Wallace quien deja la prisión, ya que sus abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública impulsaron este cambio.
Hay que destacar que la Defensoría Pública tiene la representación legal de Brenda Quevedo y desde septiembre de 2019 ha impulsado diversas acciones legales, con la finalidad de que cesara la medida cautelar de prisión preventiva impuesta dentro de la causa penal 286/2019 del índice de Juzgado Primero del Distrito de Procesos Penales Federales.
El Instituto Federal de Defensoría Pública detalló que, en una audiencia, el juez de Distrito de Procesos determinó no solo el cese de la prisión preventiva contra Brenda Quevedo Cruz, sino también vigilancia a través de un localizador electrónico.
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