Pedro Mellado Rodríguez
Quienes anticipan el diluvio son los mismos partidos, organizaciones de presuntos ciudadanos y medios de comunicación que defienden a las élites que históricamente han gozado de privilegios que nunca han estado al alcance de las personas comunes. Son los mismos que denuncian la supuesta muerte de la República y de la democracia, en un país que durante décadas fue manejado en forma discrecional y patrimonialista por una minoría privilegiada.
Desde hace por lo menos siete años viven extraviados, hundidos en el profundo pozo de la desesperanza, la angustia y un odio rabiosamente enraizado en sus corazones. Esos resentimientos y rencores pudren las almas de quienes no son capaces de extirparlos a tiempo. A la oposición y a quienes se han expresado en contra de las reformas a leyes secundarias aprobadas en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, relacionadas con la Guardia Nacional, con la seguridad pública, la investigación de los delitos, los sistemas de inteligencia y la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones, sólo les quedó el amargo refugio de la mentira.
Pero también fueron aderezadas esas mentiras y esas distorsiones en la interpretación de las leyes, por las inferencias mal intencionadas de medios de comunicación que anticipan como hechos consumados y censurables, la posibilidad de que se presenten en el futuro situaciones que justifiquen sus críticas con respecto a la censura y la presunta violación a la privacidad de los ciudadanos. Una buena cantidad de medios ya no registran los hechos y la realidad, se han convertido en oráculos del desastre y en pitonisos de las desgracias.
Sin embargo, una lectura paciente y detallada de los dictámenes aprobados en las cámaras de diputados y senadores, permite advertir que existen razonables previsiones para impedir que los mal intencionados augurios de la oposición y sus voceros cristalicen en violaciones a los derechos de los ciudadanos.
Hay casos en los cuales la desmesura y hasta el odio descarnado de los críticos del Gobierno de la Cuarta Transformación, transita por los linderos del absurdo y el ridículo. Como la presunción de que militares en activo podrían ser candidatos a cargos de elección popular.
En ninguna parte de la nueva Ley de la Guardia Nacional existe alguna disposición que respalde esa maliciosa presunción. Y lo más grave es que la disposición que considera la posibilidad de que militares sean candidatos a cargos de elección popular, luego de cumplir el requisito previo de solicitar licencia a sus cargos, ya se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde la promulgación de ese ordenamiento hace 108 años, al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Carta Magna del país el lunes 5 de febrero de 1917.
Tampoco existe en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión alguna disposición que consienta el uso inapropiado y riesgoso de la información que permita la localización geográfica, en tiempo real, de una persona, pues esa posibilidad está regulada por la obligada anuencia previa de un juez de control. La mism disposición de control judicial también está incluida en la Ley de la Guardia Nacional, ceñida a las disposiciones que establece el Artículo 16 constitucional.
Al respecto, el Artículo 16 constitucional señala que “exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la Ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.
“Para ello -explica el Artículo 16 constitucional-, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”.
También es disposición del mismo artículo constitucional que “los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos”.
En la Constitución se señala que “deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público, y demás autoridades competentes”.
Además “las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio”, refiere el artículo 16 constitucional que no es vulnerado en algunas de las leyes aprobadas en las dos últimas semanas de junio por las cámaras de diputados y senadores.
Lo que sí existe en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión son disposiciones muy precisas para la protección de los derechos de las audiencias, para el establecimiento de mecanismos que obliguen a las empresas a incorporar la figura del defensor de las audiencias y atender las observaciones y reclamos de quienes son destinatarios de sus mensajes.
También se agregó una disposición muy concreta para evitar que propaganda política o intimidatoria, generada en otro país, sea difundida en nuestro territorio, para agredir, amedrentar o denigrar a los mexicanos, como sucedió en abril del 2025 en un mensaje del Gobierno de Estados Unidos que criminalizaba a los migrantes y los amenazaba en el supuesto caso de que pretendieran ingresar ilegalmente a territorio estadounidense.
El Artículo 132 de la recién aprobada Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión pone remedio a ese tipo de desmesuras al reglamentar de la siguiente manera: “Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística, cultural o deportiva. Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país”.
La oposición y sus voceros objetan y califican como “Ley Espia” la recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que pretende aprovechar las herramientas tecnológicas y científicas de inteligencia para consultar, acceder, procesar, sistematizar, analizar y utilizar la información contenida en registros, registros administrativos, bases de datos y demás fuentes de información, en la creación de bases de datos y productos de inteligencia mediante el análisis criminal, para la prevención del fenómeno delictivo, así como para la investigación estratégica de delitos cometidos por la delincuencia organizada, en particular, aquellos de alto Impacto.
El Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública será la instancia superior interinstitucional, deliberativa, coordinada y colegiada que definirá los mecanismos a fin de que las instituciones de seguridad pública, las autoridades del Estado mexicano y los particulares permitan que los entes competentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública puedan acceder, consultar, recabar, y utilizar la información de la que dispongan, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Quienes anticipan el diluvio son los mismos partidos, organizaciones de presuntos ciudadanos y medios de comunicación que defienden a las élites que históricamente han gozado de privilegios que nunca han estado al alcance de las personas comunes. Son los mismos que denuncian la supuesta muerte de la República y de la democracia, en un país que durante décadas fue manejado en forma discrecional y patrimonialista por una minoría privilegiada que entreveraba los intereses de políticos y empresarios corruptos, que hacían negocios con los bienes y el dinero público.
Esa misma minoría privilegiada que se angustia y sufre por la pérdida de sus privilegios, que defiende en forma rabiosa e hipócrita sus instituciones, es la se asume como paladín en defensa de una democracia y una libertad presuntamente vulnerada y violada por un Gobierno que tiene el respaldo de la mayoría del pueblo. La gente común observa con natural desdén y profunda desconfianza los exabruptos delirantes de esa minoría privilegiada que siempre han menospreciado y regateado su derecho de tomar el destino de sus vidas en sus manos.
Pedro Mellado Rodríguez
Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).
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