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Generación Z: fracaso, entre injurias // ¡150 manifestantes! // ¿Quién activa y desactiva? // EU a México:
medidas adicionales
Los presuntos golpes de precisión llevaron a este movimiento al ridículo de manera temprana: convocaron a acciones en la Ciudad Universitaria de la UNAM y tuvieron una respuesta nula; se atrevieron a llamar a marchar para desembocar en la Plaza de la Constitución, con el desfile revolucionario en pleno, a sabiendas del riesgo que implicaría un roce, ya no se diga una confrontación, con las fuerzas armadas, y apenas juntaron, según el reporte del gobierno capitalino y la visualización física directa, a unas 150 personas.
A toro pasado, y dado que la derrota no tiene padres, algunas voces relevantes de las derechas y ultraderechas arguyeron que el fracaso se debió a la cercanía de calendario entre la primera marcha, cinco días atrás, y la de ayer, en día hábil y en un ambiente de tensión por el antecedente tan violento del sábado pasado, la detención de presuntos agresores y el procesamiento de algunos de ellos, además del efecto disuasorio que se autoaplicaron los “organizadores” al pretender llevar a sus seguidores al riesgo de una confrontación con ciudadanos y familias que asistirían al desfile oficial y, lo peor, con el poder militar.
AUn así, la cuenta de X que se adjudica la titularidad de la “Generación Z” lanzó de inmediato su nuevo reto: el domingo 14 de diciembre se intentará otro viaje del Ángel de la Independencia a las afueras de Palacio Nacional. Temporada prenavideña, preposadas, Centro Histórico colmado de compradores, ánimo social cargado a los buenos deseos y el descanso.
Lo que no disminuyó, a pesar de la diminuta muestra presentada ayer, fueron los pronunciamientos marcadamente ofensivos. Insultos y altisonancia a falta de argumentos y propuestas políticas e ideológicas que fueran propicias para la discusión. Agresiones inaceptables a la Presidenta de la República, en cuanto a su origen familiar, su figura personal y su formación ideológica: antisemitismo, misoginia y “anticomunismo”, en coros y gestos fascistoides, mientras otros de los contados partícipes oraban y entonaban consignas cristeras, elogiaban a Ricardo Salinas Pliego y se quejaban, con base en información falsa o distorsionada, de la dictadura que aseguran se ha instalado en México.
En Washington, en tanto, Karoline Leavitt, vocera de Donald Trumpstein, daba a conocer que éste prepara “medidas adicionales” para combatir el narcotráfico mexicano, a pesar de que reconoce los importantes logros en la materia que se han producido durante la administración Sheinbaum. El aún impreciso anuncio se produjo a partir de la pregunta presentada en la Casa Blanca por Javier Negre, el ponzoñoso empresario español de medios al que ahora significativamente se ha asignado asiento en las conferencias de prensa; así que, luego de recibir la bienvenida por parte de la vocera, se lanzó a presentar su versión envenenada de lo que sucede en México, para que los medios estadunidenses ahí acreditados “se enteren” y el gobierno de Trump tenga materia para “preocuparse” más por nuestro país.
Negre, vale recordarlo, fue “invitado” por Ricardo Salinas Pliego para que desde Argentina-Milei extendiera a México sus portales de falsificación informativa (La Derecha Diario, uno de ellos) al servicio de la ultraderecha. Así que la segunda marcha “Z” fracasó en las calles de la Ciudad de México, pero Salinas Pliego ya tiene instalada su avanzada mediática en las conferencias de prensa de la Casa Blanca. ¡Hasta el próximo lunes!
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Bien, ¿pero sólo ellos?, porque financiar a un supuesto “movimiento” (intensa campaña mediática, pago de miles de bots, propaganda aquí y allá, sobres para “comunicadores”, uso de una concesión del Estado, horas y horas de desinformación, etcétera, etcétera) implica la inversión de muchísimos millones de pesos (una combinación de recursos públicos y privados) que al final de cuentas terminaron en el bote de la basura, porque fracasaron estrepitosamente. ¿En serio, este par de hampones son los responsables de la intentona?
Obvio es que el de los abonos chiquitos es uno de los más activos y violentos participantes en este enjuague (altamente motivado para dar el zarpazo, porque ¿a qué descerebrado se le ocurrió cobrarle al Tío Richi los impuestos por él impunemente evadidos a lo largo de 16 años?; a un “zurdo de mierda”, sin duda), pero tampoco es suficiente, incluso si a esta horda se suma a intelectualoides de las Letras coimeadas y los Nexos con el poder que apapacha, a los integrantes de la autodenominada “comentocracia”, a la “juventud geriátrica”, a las empresas privadas disfrazadas de “partidos políticos” y demás escoria. ¿En serio no hay otros barones que aporten dinero desestabilizador y pagos a los grupos de choque?
No puede olvidarse la larguísima cuan golpeadora mano negra de la Casa Blanca –sin importar su inquilino en turno–, siempre involucrada en los asuntos internos de los países, especialmente si es público que el “emperador” en turno dice “no estar contento” con México.
Por ello, más allá de simples “exhortos”, la investigación debe ser a fondo y no limitarse a un par de porros visibles (De la Vega y Tabe) de la Ciudad de México, porque la intentona desestabilizadora, abiertamente golpista, ha sido de alcance nacional. No es suficiente una “advertencia” de que si esas lacras “continúan con estas conductas se les podría iniciar un juicio político” (Xóchitl Bravo dixit). Por el contrario, hay que actuar en consecuencia, porque sobradas son las pruebas de su participación en la andanada y resulta obvio es que no son los únicos. El uso de recursos públicos para financiar grupos de choque es suficiente para quitarles el cargo y meterlos en cana, pero hay que ir más arriba, porque en todo esto se han cometido delitos de lesa patria.
Pero ante el rotundo fracaso y la carencia de resultados, más temprano que tarde las arcas privadas se cerrarán, pues lo invertido en la aventura golpista no ha dado un solo resultado, salvo desenmascarar a los operadores del segundo nivel y a uno que otro del primero, mientras rápidamente desinflan al “movimiento juvenil de la tercera edad”. Muestra de ello es la supuesta marcha de ayer para la que el presupuesto se redujo sustancialmente: apenas si alcanzó para que asistieran tres pelagatos, mientras la explanada de la UNAM permaneció vacía.
En vía de mientras, en el acto conmemorativo del aniversario de la Revolución el mensaje de la presidenta Sheinbaum fue directo: “se equivocan quienes convocan a la violencia, el odio y el regreso del porfirismo”, con su régimen autoritario de “opresión, autoritarismo y privilegios; de represión, miedo y sumisión forzada del pueblo. ¡México no volverá a caminar hacia atrás!”
La paz y la tranquilidad, dijo, “son fruto de la justicia, por lo que no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos; hay constitución, democracia y un gobierno que escucha, respeta y responde a su pueblo”.
Las rebanadas del pastel
Crecen las denuncias de los restauranteros de la Alcaldía Cuauhtémoc, porque Alessandra de la Vega pretende obligarlos a pagar la repavimentación y demás servicios públicos que a ella le corresponden, con la amenaza de que si no lo hacen les cierra los negocios. ¿De aquí sale el dinero para pagar porros y sobra algo para ella?
Así lo demuestran las excelentes fotografías que Richard Avedon (1923-2004) capturó en su recorrido por el oeste de Estados Unidos.
Entre 1979 y 1984, y a petición del Museo de Arte Estadunidense Amon Carter de Texas, Avedon visitó esa amplia región y fotografió a más de mil de sus habitantes, solos o en pequeños grupos: mineros, trabajadores de los campos petroleros, ganaderos, comerciantes, amas de casa, vagabundos, vaqueros, presidiarios, vendedores, transeúntes. Todos con una rica historia.
Ofreció así un impactante retrato de dicha región y sus pobladores, muy distinto a las representaciones y glorificaciones tradicionales del mito del oeste estadunidense. Con ese espléndido trabajo se editó el libro In the American West, un hito fundamental en la historia del retrato fotográfico.
El Avedon célebre por sus fotografías de modelos, artistas, políticos y presidentes, que engalanaron revistas como Harper’s Bazaar, Vogue y The New Yorker, así como por sus fotos publicitarias para empresas destacadas (Calvin Klein, Revlon, Versace), cambia sus sujetos para enfocarse en el ciudadano de a pie, pero mantiene la esencia de su estilo de trabajo y no se compadece de sus sencillos sujetos: los encara y provoca con la misma furia que aplicó a George Bush padre o a Henry Kissinger.
Las 103 fotografías originales del libro se exhiben por primera vez en Europa. Y el lugar inicial fue, por méritos propios, la Fundación Henri Cartier-Bresson, con sede en París.
No se trata sólo de mostrar esta obra cumbre, sino de seguir las etapas de su producción y edición final. Cómo colocó a los pobladores sobre un fondo blanco con el propósito de realzar sus rasgos, posturas y expresiones. Además se incluyen documentos inéditos: Polaroids preparatorias, impresiones de prueba anotadas por el fotógrafo y correspondencia entre el artista y sus modelos.
Richard Avedon aseguraba que todos sus retratos eran opiniones. Y ésta es la mejor prueba de ello.
Varios factores explican el fracaso de las movilizaciones. Por principio de cuentas, los ciudadanos descontentos con el desempeño del gobierno federal que pudieran tener interés en expresar sus demandas sin duda fueron desanimados por la pronta revelación de que en nuestro país la denominación “generación Z” es usurpada por políticos, empresarios y comunicadores panistas o cercanos al panismo, como los alcaldes Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, el ex senador Emilio Álvarez Icaza y el creador serial de siglas Claudio X. González.
El discurso de autenticidad y apartidismo, que ya enfrentaba un déficit de verosimilitud, se volvió insostenible tras develarse que la campaña de redes sociales que trató de instalar la percepción de una juventud masivamente airada fue manejada por un profesional del mercadeo político que es contratista del PAN y fue precandidato del PRI.
Por otra parte, es evidente que la sociedad se siente repelida por los métodos violentos y las provocaciones perpetradas por los grupos de choque enviados por la derecha a la protesta del sábado 15. En este sentido, la torpeza política de llamar a una movilización cinco días después de la anterior muestra hasta qué punto los sectores recalcitrantes de la oposición se encuentran desconectados del sentir social y son incapaces de reconocer el repudio que suscitan, así como su exiguo poder de convocatoria.
La mayor prueba de tal extravío estuvo en el contraste entre la multitudinaria asistencia al desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana y el puñado que se apersonó en el fallido intento de sabotearlo y generar imágenes de caos destinadas a alimentar la maquinaria de desinformación.
Afortunadamente, tanto el festejo patrio como la manifestación opositora de ayer transcurrieron sin incidentes que lamentar. De cualquier manera, es deplorable que los representantes del viejo régimen porfíen en ganar mediante la manipulación de la opinión pública y la violencia callejera lo que las urnas les negaron o para evitar el pago de lo que adeudan al fisco.
En suma, lo que dejó en claro la pequeña manifestación de ayer en las inmediaciones del Ángel de la Independencia es que las oposiciones partidistas, mediáticas y corporativas siguen sin encontrar ya no se diga un proyecto nacional, sino hasta un discurso articulado para encubrir lo que es, hasta donde puede verse, un mero afán de proyectar imágenes de caos e ingobernabilidad. Por su bien y por el del país, cabe esperar que se reinventen de manera propositiva y se avengan a desempeñar la función que corresponde a los disensos en un marco democrático.
Llevan siete años sin una sola idea, sin proyecto, sin rumbo, pero cuando ven que los jóvenes tienen agenda propia, la ensucian igual que han querido ensuciar las marchas feministas. Quieren hacer creer que la juventud está contra el gobierno, cuando la mayoría está estudiando en universidades nuevas, recibiendo becas, creando futuro con programas que por fin los miran de frente.
Claro que hay temas que deben hablarse: la inseguridad, que, aunque ha bajado, jamás será suficiente hasta que no haya un solo asesinato, ni un solo secuestro, ni un solo narco, ni un solo corrupto, ni una sola extorsión.
Franco y José Antonio estuvieron sepultados juntos en la Basílica del Valle de los Caídos, hasta que los exhumaron en distintas fechas y los mandaron a su casa. La extrema derecha hace los más vehementes recuerdos de esas fechas, la izquierda ratifica lo correcto del traslado, según lo prescribió la Ley de la Memoria Histórica.
El levantamiento franquista, también llamado Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, fue el acto de un sector del ejército español apoyado por grupos conservadores, monárquicos y fascistas para derrocar al gobierno legítimo de la Segunda República. Ese levantamiento desencadenó la Guerra Civil Española (1936–1939).
La dictadura encabezada por él cometió barbaridades políticas y sociales, muchas de las cuales hoy se consideran crímenes de lesa humanidad. De paso avivó el viejo complejo de inferioridad español ante países de Europa occidental como Francia e Inglaterra que vivían el fin de la Belle Époque.
Hasta su muerte Franco nunca mostró arrepentimiento ni reconoció abusos. En sus discursos finales y en su famoso Mensaje a los españoles poco antes de morir, se presentó como un patriota que dejaba una España “con todo atado y bien atado”.
El 27 de septiembre, a poco de morir, se negó a amnistiar a siete activistas vascos. Lo hizo contra manifestaciones en el exterior: el mismo papa Paulo VI lo suplicó públicamente, turbas indignadas atacaron embajadas españolas en sus capitales, varios países retiraron a sus embajadores, intelectuales extranjeros lo pidieron. Nada, los fusiló.
En las semanas previas a su muerte había sufrido tromboflebitis, ulceras sangrantes en el estómago, peritonitis e insuficiencia cardiaca. Pocos días antes de morir se mantuvo la gravedad en secreto, las corrientes dentro del gobierno discutían la transición.
Resumo algunas prácticas de su gobierno: represión política y ejecuciones, más de 150 mil personas fueron asesinadas o desaparecidas durante y después de la Guerra Civil, juicios sumarísimos sin garantías legales.
La censura instauró una intervención absoluta sobre prensa, cine, literatura, teatro y música. El régimen impuso una educación nacionalcatólica, en la que se enseñaba obediencia, religión y patriotismo extremo.
Las mujeres perdieron casi todos los derechos que habían ganado en la República: no podían trabajar sin permiso del marido, no tenían derecho al divorcio, se las educaba en la sumisión doméstica y religiosa.
Instaló trabajo forzado, miles de presos políticos fueron usados como mano de obra esclava para construir carreteras, presas o el Valle de los Caídos.
Hubo un aislamiento de la cultura y ciencias universales. El éxodo de las cumbres del saber empobreció al país, se acogieron principalmente a Argentina, México y EU. La niñez y juventud perdieron años de educación, los deportes desaparecieron.
Apareció el hambre generalizada por el abandono de la producción agropecuaria, hubo las epidemias consecuentes, las instalaciones sanitarias colapsaron.
Las migraciones al exterior e internas fracturaron familias y el trabajo organizado. Muchos de los migrantes nunca se rencontraron, todos perdieron sus bienes.
Por su aislamiento internacional, España quedó desterrada del mundo durante los años de su afinidad con Hitler y Mussolini.
El régimen frenó el desarrollo económico y científico, provocando décadas de atraso, hundiéndose más en su amargura y sentimientos de inferioridad y rechazo.
Como consecuencia, a la muerte de Franco vino el destape, como se llamó a aquella eclosión de libertades en todos sentidos, resultantes de haberse impuesto por décadas de prohibiciones de todo. Hubo excesos francamente arbitrarios, principalmente en la prensa, teatro, cine y cierta literatura.
Con la ausencia del “caudillo de España por la gracia de Dios”, se inició la vuelta a la democracia, no como la de una república, sostuvieron constitucionalmente la monarquía parlamentaria. Uno de sus paladines fue Adolfo Suárez, primer presidente de gobierno de la transición, antiguo falangista.
La Transición Española fue el proceso político ejemplar obra de numerosos partidos que combativamente se dieron un nuevo régimen diseñado entre la muerte de Francisco Franco en 1975 y la aprobación de la Constitución de 1978.
El proceso fue rápido y definitivo, la constitución fue lograda en un breve plazo estimable dadas las circunstancias, regresó a España al mundo actual.
A pesar de la evidente brutalidad de ese credo, la derecha lo mantiene vivo y es su ejemplo de todo lo bueno que según ellos disfrutó el pueblo durante aquel horror. El franquismo ya no existe como sistema político, pero su sombra sigue presente en la memoria, la política y la cultura españolas, siendo aún objeto de debate y conflicto a 50 años después de su final.
Desde esta perspectiva, y con el fin de fortalecer la educación nacional y la democracia universitaria en el país, la comunidad de la UPN (con larga tradición de luchas democráticas) organizó el Congreso Nacional Universitario (CNU) –de 2019 a 2021–, con base en la democracia participativa (no por delegados), de manera virtual y con una amplia participación de todos los sectores universitarios (instaurando una forma de organización innovadora en la historia de los congresos universitarios en México).
La agenda del CNU (producto de una consulta nacional) consistió en tres ejes temáticos: 1. “Diagnóstico de la situación, los retos y posibilidades del desarrollo del proyecto de la UPN en el horizonte inmediato y mediato”; 2. “Modelo educativo y Proyecto académico, con su Misión y Visión o elementos centrales constitutivos que acompañen la transformación de la educación en todos los niveles escolares del país” y 3. “Figura Jurídica, Estructura Organizacional y Condiciones Institucionales” (ver página oficial del CNU en: https://congreso.upnvirtual.edu.mx/), a ser tratados en dos etapas, dada su complejidad y la urgencia de fortalecer y transformar a la UPN (en situación crítica, generada por 35 años de políticas neoliberales).
Los múltiples resultados del CNU, tras largas y arduas jornadas colectivas de trabajo locales-estatales-regionales-nacionales (con miles de horas invertidas por la comunidad universitaria) celebradas en 2020-2021 –videos disponibles en las páginas oficiales del CNU y la UPN–, están contenidos en el documento Consensos y disensos del Congreso Nacional Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional (disponible en: https://bit.ly/3E0WrBE) –entregados a la SEP y a la Comisión de Educación del Senado a fines de 2021–.
Entre los resultados destacan: la visibilización de la multicrisis (académica, financiera, tecnológica, laboral, organizacional, etcétera) estructural de la universidad y la necesidad de su fortalecimiento para superarla, la exigencia de restaurar el carácter nacional de la UPN y su democratización, el otorgamiento de la autonomía por ley a la UPN como vía para resolver sus grandes problemas, el fortalecimiento y renovación democrática de su proyecto académico, la indispensable homologación gradual de las condiciones de estudio y de trabajo en todas las unidades de la institución.
Paralelamente al desarrollo del CNU, se elaboró la nueva Ley General de Educación Superior (LGES) –promulgada el 20/04/2021–, la cual regula a estas instituciones , y que en su artículo 21º transitorio establece que la UPN podrá “modificar su naturaleza jurídica” para fortalecerse institucionalmente, razón por la cual los resultados del CNU fueron entregados al Senado para la elaboración de la Ley Orgánica de la UPN Autónoma de México.
Sin embargo, si bien la comunidad universitaria cumplió en tiempo y forma con la organización de la primera etapa del CNU con un gran compromiso institucional y responsabilidad social, el Estado no cumplió con su parte, al congelar en el Senado el proyecto de ley orgánica de la UPN –como lo mandata el 21º transitorio de la LGES–, retrasando su promulgación hasta hoy.
Las autoridades universitarias (nombradas por poderes externos, no por la comunidad), tampoco cumplieron con su responsabilidad, al no acatar ninguno de los acuerdos tomados en el CNU –tal y como ocurrió en la UNAM e IPN en el pasado, durante el régimen del Prian–, a pesar de que era su obligación ética y legal hacerlo.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, a pesar de los múltiples llamados de todos los sectores de la comunidad universitaria, la UPN tampoco parece ser una prioridad, a pesar de sus aportaciones a la educación.
Conclusión: por una decisión burocrática-autoritaria errónea, hasta ahora, la UPN (actualmente con 80 mil 735 estudiantes –64 mil 78 mujeres–, 4 mil 739 docentes y mil 700 trabajadores administrativos aproximadamente) está siendo excluida de la 4T –a siete años de haber iniciado–, con todo lo que ello implica. (Nuestra solidaridad con los movimientos estudiantiles y de trabajadores de la UPN: solución a sus legítimas demandas).
* Profesor-investigador de la UPN
Por supuesto que el hecho de que el crimen organizado continúe desarrollándose en diversas partes de México no es novedad, y tristemente no es una situación que sea palpable sólo por los mexicanos, sino también por diferentes organizaciones alrededor del mundo.
De acuerdo con datos del Índice Global de Delincuencia Organizada publicado el pasado 10 de noviembre por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, institución independiente que ha trabajado con la Organización de Naciones Unidas y con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otras muchas, se afirma que México es, en 2025, el tercer país más afectado por la delincuencia organizada en el mundo.
Este análisis ubica a nuestro país con una puntuación de 7.68 sobre 10 sólo superada por Myanmar y Colombia. Es así que, lamentablemente, nos hemos consolidado como uno de los epicentros mundiales del crimen organizado trasnacional. El informe, que evalúa 193 naciones, no deja lugar a dudas y aunque nos duela reconocerlo, México pareciera que no sufre un problema de inseguridad; padece una economía criminal paralela que compite, y en muchas regiones supera, a los diferentes niveles de gobierno.
Los números son demoledores: de los 15 mercados criminales analizados, México obtuvo la calificación máxima (9.0 o superior) de 10: trata de personas, tráfico de personas, extorsión y cobro de piso, tráfico de armas, comercio de cocaína, heroína, drogas sintéticas, grupos de estilo mafioso, redes criminales y actores estatales infiltrados. El promedio de mercados criminales es de 8.27 y el de actores criminales 7.10. Ningún otro país del continente se acerca a esta concentración de poder delictivo.
¿El cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa no son ya simples organizaciones narcotraficantes; son en realidad conglomerados empresariales que controlan territorios enteros, imponen impuestos, deciden qué se siembra, qué se extrae y, en demasiados casos, quién vive y quién muere?
¿Cuánto cuesta esto a la economía mexicana? Aunque no existe una cifra oficial, en datos del Informe del Índice de Paz México el costo económico de los niveles extremos de violencia en nuestro país es alarmante. Tan sólo el año pasado, el impacto económico de la violencia aumentó por primera vez desde 2019. En 2024, se estimó que la repercusión económica de la violencia fue de 4.5 billones de pesos, equivalente al 18 por ciento del PIB de México.
También se menciona que hubo tres estados en los que el importe económico de la violencia fue sustancialmente más alto que en el resto. En Morelos, Colima y Guerrero, el costo representó más de 35 por ciento del PIB estatal e incluso se afirma que dado que el margen de ganancia del fentanilo puede ser hasta 2 mil 700 veces su costo original de producción, se estimaba que, para 2022, los cárteles obtenían ingresos brutos de entre 700 millones y mil millones de dólares anuales por el comercio de esta droga.
Los datos anteriores nos revelan un poco de la realidad, miles de millones de pesos dejan de financiar escuelas, hospitales, carreteras y policías para aumentar el patrimonio de los criminales que imperan en nuestro país. La violencia ya no puede ser catalogada como un “ajuste de cuentas entre narcos”; con tristeza se ha convertido en un nuevo orden social.
En diversas partes del país, el cobro de piso es tan rutinario como pagar la luz, en estados fronterizos los migrantes son tratados como mercancía que se compra, vende o desecha en diferentes rutas, en múltiples puertos llegan cada mes toneladas de precursores químicos chinos que se convierten en fentanilo en laboratorios clandestinos; ya ni siquiera hace falta un evento extraordinario, la violencia se ha convertido en un ruido de fondo de la vida cotidiana mexicana.
Mientras tanto, la capacidad de respuesta de los diferentes niveles de gobierno es dramáticamente baja. El Índice Global de Delincuencia Organizada pondera 4.50 sobre 10 en el pilar de resiliencia, otorgándonos el puesto 111 mundial. Los indicadores más críticos son integridad territorial con 3.0, apoyo a víctimas y testigos con 3.5 y liderazgo político y gobernanza con 3.5.
La crítica es dura, pero necesaria, las diferentes instancias gubernamentales simplemente no controlan gran parte de su territorio ni protegen a cada vez más amplios sectores de la población. Las políticas públicas para brindar seguridad, justicia y paz no han reducido la violencia, incluso las organizaciones del crimen organizado han respondido creando hasta ejércitos privados con drones kamikaze, minas, autos blindados, armamento, tecnología de punta y misiles antitanque.
México ya no es sólo un país con problemas graves de inseguridad. Es un país donde el crimen organizado ejerce funciones de “gobierno” en amplias regiones: recauda impuestos (extorsión), regula mercados (aguacate, madera, pesca, minería), administra “justicia” y hasta controla prisiones desde donde sus líderes siguen dando órdenes. La violencia que antes parecía distante cada día se vive con mayor crudeza.
La pregunta incómoda que crece constantemente es ¿Hasta cuándo gobierno y sociedad permitiremos esto?
*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política
Las encuestas, tanto las publicadas por medios críticos al gobierno como las realizadas por consultoras independientes, coinciden en un dato difícil de controvertir: Rixi Moncada, candidata del partido Libre, lidera con una ventaja que oscila entre 21 y 32 puntos según la fuente. En un sistema de mayoría simple y única vuelta, esa diferencia convierte la discusión sobre quién ganará en algo secundario; la pregunta relevante es ¿qué pasará después del 30 de noviembre?
El cierre del ciclo de Xiomara Castro constituye el primer elemento que da contexto a esta elección. La presidenta entrega indicadores que ningún gobierno anterior había alcanzado: inversión pública acumulada de 304 mil 487 millones de lempiras, cifra que representa 79 por ciento más que la suma de los tres gobiernos del Partido Nacional entre 2010 y 2021; reducción de 14 puntos porcentuales en pobreza extrema (de 53.7 a 40 por ciento) y de 11 puntos en pobreza general; incorporación de más de 930 mil familias al bono energético permanente.
Estos datos, provenientes del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística, han sido validados incluso por organismos multilaterales que difícilmente pueden ser acusados de simpatía ideológica con Libre.
Un segundo fenómeno es la reacción de los sectores que perdieron el control monopólico del Estado. Los audios revelados por la Fiscalía General, cuya autenticidad aún está en disputa judicial, no hacen más que poner en evidencia lo que los analistas ya venían señalando: cuando un grupo de poder pierde privilegios después de décadas, la respuesta suele pasar por la desestabilización institucional antes que por la competencia electoral limpia. El precedente del golpe de 2009 y los cuestionamientos internacionales a los procesos de 2013 y 2017 forman parte del mismo continuum histórico.
El tercer elemento es el perfil de la candidata puntera. Rixi Moncada no encaja en el estereotipo clásico de la candidata de continuidad. Su trayectoria combina experiencia técnica (jueza penal, magistrada de apelaciones, ministra de Finanzas y de Defensa) con episodios de alto perfil internacional: fue la única observadora que sostuvo públicamente, con respaldo técnico posterior, que en Bolivia 2019 no hubo fraude cuando la OEA (Organización de Estados Americanos) afirmaba lo contrario.
Esa combinación le otorga dos activos escasos en la política hondureña: credibilidad institucional y capacidad demostrada de resistir presiones externas.
Sus propuestas centrales –Ley de Justicia Tributaria, eliminación progresiva de exoneraciones de larga duración, auditoría de concesiones post-2009, rechazo al empleo por horas y eliminación de la Central de Riesgos– no son medidas raras en el contexto latinoamericano. Países como Chile, Colombia o Uruguay han implementado reformas similares en los últimos 15 años sin colapsar sus economías ni ahuyentar la inversión privada seria. En Honduras, sin embargo, tocan intereses que durante décadas operaron como intocables.
Desde una perspectiva estrictamente política, el escenario post-electoral admite tres variantes. Una victoria amplia de Moncada implicaría la consolidación institucional del modelo iniciado en 2022 y, con toda probabilidad, tensión creciente con los sectores que perderán privilegios fiscales y contractuales.
Un resultado ajustado (menor a 8 puntos) abriría una ventana para impugnaciones, presión mediática y posible crisis institucional prolongada. Un sorpresivo cambio de tendencia en la última semana, escenario que ninguna encuesta seria registra hasta ahora, generaría un nivel de imprevisibilidad muy alto.
La variable decisiva no será la intención de voto captada por los sondeos, sino la capacidad del sistema electoral para procesar y transmitir resultados en tiempo real sin interrupciones (apagones programados, fallas en la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, etcétera) y la disposición de los actores perdedores a aceptar la derrota.
Honduras está ante la posibilidad de convertirse en el primer país del mundo que consume una transición democrática de presidenta mujer a presidenta mujer. Más allá del valor simbólico, lo relevante es que esa transición ocurriría en el marco de un cambio estructural de beneficiarios del Estado: de un modelo concentrado históricamente en 10 familias y sus redes, a otro que, aunque imperfecto, prioriza a sectores históricamente postergados.
Si el 1º de diciembre amanecemos con un resultado reconocido por los principales actores, incluidos los observadores internacionales ya acreditados, Honduras habrá dado un paso de enorme madurez institucional. Si, por el contrario, se activan los mecanismos de desestabilización que los audios sugieren, el país retrocederá a los patrones de crisis cíclica que marcaron el periodo 2009-2021.
En términos de análisis político frío, la opción que hoy ofrece mayor probabilidad de estabilidad institucional con continuidad de las políticas sociales que han mostrado resultados cuantificables es la candidatura de Rixi Moncada. No porque sea perfecta –ninguna lo es–, sino porque representa la ruta de menor resistencia para evitar un nuevo capítulo de ingobernabilidad en un país que ya no puede permitírselo.
El 30 de noviembre los hondureños no solo votarán por una persona. Votarán por una idea de país que, por primera vez en décadas, empezó a romper el monopolio histórico del poder económico sobre el poder político. La historia dirá si esa ruptura fue episódica o no.
*Analista internacional
Porque si Estados Unidos moviliza un portaviones, endurece el discurso, promete “opciones militares” y eleva la tensión regional, pero al final retrocede sin acción real, el mensaje para el mundo es inequívoco: la hegemonía estadunidense ya no produce resultados. Su capacidad para moldear la política hemisférica –que durante dos siglos funcionó casi por automatismo– se ha diluido. La amenaza pierde peso y se convierte en un gesto vacío.
Esa es precisamente la lógica que los realistas ofensivos han descrito durante años: las potencias pierden influencia no cuando son derrotadas militarmente, sino cuando la brecha entre su ambición y su capacidad real se vuelve visible. Cuando un Estado sobrextiende su poder –cuando se dispersa en múltiples frentes, cuando confunde propaganda con estrategia– queda expuesto. Lo que ocurre en Venezuela no es un episodio aislado: es la confirmación de que Estados Unidos ha entrado en una fase de sobrextensión estratégica que ya no puede sostener.
El primer ganador de esa inacción sería Nicolás Maduro. No por su fortaleza interna, sino por algo más elemental: sobrevivir. Si un país del tamaño de Venezuela resiste la presión del portaviones más grande del planeta y Washington termina recortando la escalada, Maduro puede presentarse ante su población y ante el mundo como el dirigente que enfrentó al imperio y no cayó. En el relato político eso vale más que cualquier reforma económica o social. El chavismo obtendría un combustible simbólico poderoso, y la oposición, una derrota emocional que tardará años en sanar.
Pero el impacto no se queda en Venezuela. América Latina entera interpretaría que Estados Unidos ya no puede imponer desenlaces en su vecindad inmediata. Ese simple hecho –que no pasa nada– abriría un margen de autonomía regional que parecía imposible hace apenas una década. Brasil fortalecería su política exterior independiente, México negociaría con mayor libertad estratégica y los países del Caribe intensificarían su acercamiento a China. La OEA se debilitaría aún más y la Celac adquiriría un peso renovado. El viejo orden hemisférico, basado en la obediencia automática, perdería su última capa de legitimidad.
Y en ese reacomodo silencioso, otro actor pierde más de lo que admite: la derecha latinoamericana. Durante años apostó a que Washington sería el disciplinador hemisférico que impediría el avance de gobiernos de izquierda o nacional-populares. Esa certeza formaba parte de su identidad política. Pero un Estados Unidos que amenaza y retrocede destruye esa premisa. Deja a la derecha sin garante externo, sin narrativa de fuerza y sin la ilusión de que el imperio puede restaurar un orden que ya se deshizo. En política, perder la esperanza estratégica suele ser más grave que perder una elección.
El segundo gran ganador sería China. No necesita disparar un tiro ni movilizar un buque. Sólo tiene que observar cómo Washington despliega fuerza y luego la retira. Para Pekín, que busca consolidar su presencia económica y logística en América Latina, una amenaza vacía de Estados Unidos vale más que 100 acuerdos diplomáticos. Confirma que la multipolaridad no es una aspiración, sino una realidad irreversible. China actúa desde la lógica de la geoeconomía: pacientemente, con inversiones, infraestructura, comercio. Estados Unidos actúa desde el impulso. Y en un mundo donde la influencia depende de la constancia, no del ruido, la geoeconomía vence al portaviones.
Rusia también se beneficiaría: que un aliado suyo sobreviva a la presión estadunidense en el Caribe equivale a una victoria simbólica de enorme impacto global. Y refuerza una idea que el pensamiento militar crítico lleva años señalando: Estados Unidos ya no puede sostener guerras simultáneas ni proyectar fuerza decisiva en varios frentes a la vez. Tiene un aparato militar saturado, una sociedad cansada y una élite política que confunde espectacularidad con poder real.
Dentro de Estados Unidos, la falta de acción profundizaría la crisis interna. Un país polarizado, sin consenso estratégico y con un liderazgo que alterna entre la improvisación y la reacción, necesita mostrar fuerza para sostener la narrativa del poder global. Si amenaza y retrocede, queda expuesto ante sus aliados y ridiculizado ante sus adversarios. La credibilidad, que es la moneda invisible de la hegemonía, se evapora. La erosión no es militar: es sicológica.
El punto central es éste: si no pasa nada en Venezuela, sí pasa algo fundamental en el orden internacional. Una amenaza incumplida equivale a reconocer que el poder ya no funciona como antes. La hegemonía se desgasta, no por una derrota en el campo de batalla, sino por el descubrimiento de que las advertencias ya no producen obediencia. Y cuando eso ocurre, todo cambia: lo que parecía una calma es, en realidad, el inicio de una reconfiguración profunda.
Por eso el escenario de la inacción –el del no-evento– es el más peligroso para Estados Unidos y el más transformador para el hemisferio. No habrá imágenes dramáticas, ni bombardeos, ni desembarcos. Habrá algo mucho más determinante: la comprobación de que el mundo ya no se mueve al ritmo de Washington. Que el músculo ya no garantiza resultados. Que la intimidación ya no define el orden. Y que, mientras Estados Unidos reacciona por impulso, el resto del planeta –incluyendo América Latina– empieza a organizarse desde una lógica propia, multipolar y soberana.
Es posible que en las próximas semanas simplemente no pase nada. Pero ese “nada” será la evidencia final de que Estados Unidos ha perdido la capacidad de convertir amenaza en poder y poder en obediencia. Cuando la disuasión deja de funcionar, la hegemonía se desintegra. Y en ese vacío, otros actores avanzan. América Latina lo sabe. China y Rusia lo saben. El mundo entero lo sabe. Washington, todavía no.
*Director del CIDE
