Hiladoras solares ayudan a mujeres de India a ahorrar tiempo y aumentar ingresos

 En Megalaya, un estado del noreste de India, la cría de gusanos de seda y el tejido son actividades comunes en las zonas rurales. Ahí, en el distrito de Ri Bhoi, es una de las zonas donde la cultura del eri, el artesanal tejido de hilos de seda, está profundamente arraigada y varias mujeres han pasado a utilizar máquinas hiladoras impulsadas por energía solar para producir sus coloridos hilos.

RI BHOI, India – La luz entra por la pequeña ventana de una casa modesta con techo de chapa, Mientras, Philim Makri está sentada en una silla hilando hábilmente la fibra extraída de capullos de seda eri con la ayuda de una máquina hiladora solar en el pueblo de Warmawsaw, en el distrito de Ri Bhoi, en el noreste de India.

Makri pertenece a la tribu indígena khasi que habita en el estado nororiental de Megalaya y es una de las tantas mujeres de la región que se ha beneficiado con el uso de estas máquinas impulsadas por energía fotovoltáica.

En estados del noreste de India como Assam y Megalaya, la cría de gusanos de seda eri y el tejido con su seda especial son prácticas habituales entre muchas comunidades rurales y tribales. El distrito de Ri Bhoi, donde vive Makri, es una de las zonas donde la cultura del eri se transmite de generación en generación.

El hilado y tejido de la seda eri suele ser realizado por mujeres. Antes de adoptar las máquinas solares en 2018, Makri utilizaba el tradicional takli o huso manual. Abría los capullos vacíos de seda, separaba las fibras a mano y las hilaba en el huso para obtener hilo.

Este proceso era sumamente agotador, comenta Makri, de 60 años. Le dejaba dolores constantes en las manos, la espalda, el cuello y los ojos.

El proceso del hilado de seda

Los hilos eri reciben su nombre de las hojas de ricino —conocidas localmente como rynda en idioma khasi—, que son el principal alimento de los gusanos que sirven para el tejido tradicional. Como este proceso es considerado no violento, ecológico y sostenible, el eri se ha ganado el apodo de “seda de la paz”.

Jacinta Maslai, de 38 años y residente en el pueblo de Patharkhmah en el mismo distrito, ha hilado capullos de eri durante años.

Explica que una polilla de eri pone cientos de huevos, que eclosionan aproximadamente a los 10 días. Las larvas se crían en interiores y se alimentan de hojas de ricino hasta alcanzar su tamaño adulto, en un periodo de 30 días.

Una vez maduros, se colocan en estructuras llamadas cocoonages, que los ayudan a formar sus capullos. Luego, las polillas emergen rompiendo el capullo por un extremo para iniciar un nuevo ciclo de vida.

En este proceso, no se sacrifica a ningún insecto. Los capullos vacíos se hierven para eliminar las sustancias que dejan los gusanos, se enjuagan y se dejan secar al sol.

Según Maslai, la mejor época para llevar a cabo este proceso es entre mayo y octubre. “Cuando hace mucho frío o calor, los gusanos no crecen bien porque comen menos. Si no se alimentan bien, no logran formar bien el capullo”, comenta.

Transición a las máquinas hiladoras solares

Durante años, las hilanderas artesanas utilizaron sus husos tradicionales para hilar los capullos de eri. Sin embargo, muchas, como Maslai y Makri, han adoptado las máquinas solares, que según ellas les han facilitado mucho la vida.

Desde que usa la hiladora solar, Maslai dice que puede hilar hasta 500 gramos de hilo por semana. “A veces incluso se puede llegar a un kilo, pero muchas tenemos que ocuparnos de los hijos y de la granja, así que lo normal es medio kilo”, señala. Antes, con el huso tradicional, no llegaban ni a un kilo al mes.

“Las máquinas ayudan mucho. Con nuestras manos, no podíamos hacer tanto”, resalta.

En el mercado de Patharkhmah, Maslai vende un kilo de hilo por 2500 rupias, unos 29 dólares.

Makri, considerada una experta en hilado de eri, ha llegado a vender un kilo por 3000 rupias, unos 35 dólares. “El kilo de menor calidad se vende por unas 1200 o 1500 rupias. A veces la diferencia está en la suavidad del hilo”, explica.

Otro beneficio de las hiladoras solares es que han mejorado su calidad de vida, ya que en sus pueblos suelen pasar todo el día sin electricidad, comenta Maslai. Por las mañanas suelen ir a trabajar al campo, y es por las tardes cuando pueden sentarse a hilar.

“Las máquinas tienen baterías solares de respaldo, así que podemos trabajar de noche. También son útiles en temporada de lluvias, cuando hay muchas nubes y los paneles no reciben suficiente sol”, cuenta. “Yo hilo mucho por las noches, después de cocinar. Es cuando mis hijos ya están dormidos”, detalla.

Las máquinas han sido distribuidas por la Fundación Socioeconómica MOSONiE, una organización sin fines de lucro dirigida íntegramente por mujeres y con sede en Pillangkata, otra localidad del distrito de Ri Bhoi.

“Nuestra visión es aumentar la productividad de las hilanderas de seda eri mediante el acceso a máquinas solares. También queremos ofrecer opciones financieras para que puedan adquirirlas, conectándolas con bancos rurales. La idea es capacitarlas en el uso de las máquinas y fomentar el emprendimiento entre las artesanas”, explica Salome Savitri, una de las cofundadoras de MOSONiE.

Muchas mujeres rurales, señala Savitri, no pueden pagar las máquinas al contado. Ahí entra MOSONiE, que actúa como intermediaria entre el Banco Rural de Megalaya (MRB) y las artesanas. Por ejemplo, Maslai obtuvo un préstamo del MRB para comprar su máquina solar de hilar, que pagó en un año.

Maslai recuerda que, tras recibir la capacitación de MOSONiE, tardó unos tres días en adaptarse de su huso manual tradicional a la máquina. “Ahora ya no usamos el método tradicional”, dice.

Makri, con más experiencia, también enseña a otras mujeres del pueblo a usar las máquinas solares. Por lo general, quienes aprenden con ella le pagan entre por día 50 y 100 rupias (entre 60 centavos ya 1,15 dólares). Ha recibido premios por su trabajo del Ministerio de Textiles de India, la Junta Central de la Seda y los premios nacionales de tejido a mano.

Upasna Jain, jefa de personal de Resham Sutra -una empresa social con sede en Nueva Delhi que fabrica estas máquinas- señala que organizaciones como MOSONiE, su socia local en Megalaya, les ayudan a instalar centros de experiencia en zonas rurales.

“Tenemos socios en terreno que movilizan, concientizan, hacen demostraciones y forman. En estos centros también hay máquinas para certificar la calidad del hilo. La formación suele durar de tres a cinco días y contamos con líderes comunitarios, porque incluso después del entrenamiento, se necesita acompañamiento”, explica Jain.

De los 28 estados de India, Resham Sutra ya ha llegado a 16. “Trabajamos con seda eri, morera, tussar y muga”, comenta Jain. Desde su inicio en 2015, la iniciativa ha instalado más de 25 000 máquinas en todo el país.

“El fundador, Kunal Vaid, era exportador de seda y ropa de hogar, y obtenía su seda de Jharkhand, donde vio el método tradicional de hilado con el muslo. Como ingeniero mecánico especializado en diseño industrial, por hobby creó una hiladora, que luego se transformó en un negocio social a tiempo completo”.

Jain agrega: “También pasó de ser exportador a emprendedor social”. Además de hiladoras, Resham Sutra fabrica telares solares.

Gracias al uso de energía solar, su objetivo es avanzar hacia la neutralidad de carbono en la industria de la seda.

“Nuestras máquinas funcionan con energía solar, ahorran emisiones de dióxido de carbono, funcionan con bajo voltaje y son eficientes energéticamente. En lugares con buena luz solar, son una excelente solución, sobre todo en zonas remotas con electricidad inestable”, concluye Jain.

Aunque tanto Makri como Maslai están contentas con sus máquinas, dicen que contar con más espacio para expandir sus talleres les ayudaría mucho.

Makri quiere construir una habitación adicional para guardar sus máquinas y enseñar a otras personas. Maslai, que vive en una casa de dos cuartos, apenas tiene espacio para enseñar, pero aun así transmite su oficio a chicas y chicos interesados. “Cuando estoy enseñando, ellos cuidan de mis hijos como muestra de agradecimiento”, detalla.

31 años del genocidio en Ruanda. La violencia sexual como arma de guerra

 Escrito por Arantza Díaz 

.-Ciudad de México.- En abril de 1994, el avión donde viajaba el presidente de Ruanda, Juvénai Habyarimana y su par, Cyprien Ntaryamira fue derribado; un ataque político orquestado por grupos rebeldes que mantenían tensiones étnicas -hutus vs tutsis-, herencia del propio sistema de castas. El hecho terminó por convertirse en un genocidio étnico sin precedentes; uno de los episodios más cruentos en la historia contemporánea donde en medio, las mujeres y las infancias, lucharon por resistir.

Con el asesinato del presidente, los grupos radicales de los hutus subieron al poder; tomaron Ruanda con una extrema violencia y soltaron las primeras instrucciones en su nuevo gobierno: Extinguir a los tutsis. Una minoría ética del país que era demonizada por sus pares, los hutus, por ello, con la llegada de estos grupos radicales al poder, se orquestaron una serie de acciones que instaban a la población hutu a exterminarlos, como resultado, en tan sólo 100 días se asesinaron a 800 mil personas tutsis, aproximadamente el 75% de su población, de acuerdo con Amnistía Internacional.

El genocidio no tuvo precedentes; la crueldad de los asesinatos, la violencia contra las mujeres y el homicidio de bebés e infancias tutsis se convierte en una de las huellas más imborrables de la memoria colectiva. El régimen extremista cayó sólo 3 meses después, en julio de 1994, sin embargo, sólo bastaron esos 100 días para llevar -casi- a la extinción al pueblo tutsi a manos de la mayoría del pueblo hutu, pues participaron personas civiles, soldados y policías.

Tras una lucha por el poder, el Frente Patriótico Ruandés y su cabeza, Paul Kagame derrocó a los hutus, estableciéndose así, un episodio de paz y unidad nacional que se mantiene hasta nuestros días. Sin embargo, es importante señalar que, aunque Kagame fue pieza clave en la liberación de los tutsis, el presidente se ha adherido con fuerza a su posición de poder, renovando su mandato por cuatro ocasiones y tirando todas las leyes que le impiden continuar su mandato. El pasado julio aplazó su gobierno y quedará como presidente hasta 2034.

La violencia sexual como arma de guerra

Según documenta Amnistía Internacional, una de las herramientas de control y guerra más comunes durante el genocidio del pueblo tutsis, fue la violación y el abuso sexual de las mujeres /adolescentes.

Según un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se calcula que, durante los 100 días del genocidio, se cometieron hasta 500 mil violaciones; 5 mil violaciones diarias. La mayoría, eran multitudinarias y manejaban un modus operandi donde las milicias de hutus secuestraban a las adolescentes y mujeres para abusarlas de manera reiterada para posteriormente, asesinarlas. Asimismo, como arma de control y dominio, muchas de las adolescentes y mujeres eran puestas en libertad cuando se aseguraba que estaban embarazadas; eran forzadas a tener a hijas e hijos hutus como símbolo de vergüenza para su propia etnia. Se calcula que nacieron aproximadamente 5 mil bebés de estos actos.

Derivado de estas violaciones, la Asociación de Viudas del Genocidio, calcula que 7 de cada 10 mujeres fue contagiada con VIH, además, de que el 80% de las sobrevivientes enfrentó secuelas graves y traumas psicológicos imborrables.

En 2004, Amnistía Internacional publicó «Marcadas para morir: Sobrevivientes de violación afectadas de VIH Sida«, un informe que nació en el marco de los 10 años del genocidio tutsi y que evidencia los problemas estructurales para erradicar el VIH; las mujeres víctimas de violación enfrentaron una serie de condicionantes que recrudecen los hechos, como la pobreza, la vulnerabilidad al no contar con atención médica y la indigencia.

Luego de una década del genocidio, se calcula que hay hasta 100 mil personas que necesitan agentes antirretrovirales para mejorar su expectativa de vida con VIH, sin embargo, sólo 2 mil tienen acceso al tratamiento, por lo tanto, se calcula que anualmente 50 mil personas fallecen a causa del VIH.

El informe documenta algunos de los testimonios de sobrevivientes, como el de Angele, quien narra cómo, mientras viajaba en un taxi hacia la ciudad de Gisenyt, su auto fue emboscado por el ejército hutu y a pesar de intentar huir entre la multitud y refugiarse en una montaña de cuerpos, Angele fue descubierta y llevada a un bosque donde sería violada por distintos soldados cada noche.

«Los soldados de la milicia venían todas las noches a violarme, hasta que una noche uno de ellos anunció que yo era suya, que él era mi “esposo”. Yo sólo pensaba en escapar para reunirme con mi familia […] Teníamos que huir constantemente, porque el ejército ruandés iba tras ellos. Durante una gran ofensiva de los soldados del gobierno en el bosque de Gishwati, conseguí huir cuando todos se dispersaron […] y volví a casa […] Unos años después, un soldado del RPF [Frente Patriótico Ruandés] vino a mi casa y quiso tener relaciones sexuales conmigo. Traté de convencerle de que era seropositiva y de que no podía tener relaciones sexuales. Aquello fue como una violación. Como era un soldado, me sentí incapaz de gritar. Quería casarse conmigo y, como era un soldado, pensé que no tenía otra opción. Le obligué a hacerse la prueba el día después de la violación, y resultó que ya era seropositivo. Me casé con él contra mi voluntad. Mis sueños se han hecho añicos. He terminado mis estudios. Me amarga pensar que mi familia había puesto todas sus esperanzas en mí; se sacrificaron para que yo recibiera una educación, pero temo que no tardaré en morir y que mis familiares no sacarán ningún provecho de su sacrificio» (Angele, testimonio extraído del informe Marcadas para morir: Sobrevivientes de violación afectadas de VIH Sida de Amnistía Internacional)

La violencia en razón de género que vivieron las niñas, mujeres y adultas mayores de la etnia tutsi no sólo quedó en el margen sexual, sino además, se registraron casos de mujeres que fueron víctimas de mutilación genital, amputación de senos, esclavitud sexual, matrimonio y abortos forzados. Además, existe un subregistro de mujeres que murieron derivado de las heridas internas que les provocaban los hombres hutus, quienes les introducían vaginalmente flechas y otras armas.

Se ha documentado que los hutus exhibian los genitales de las mujeres, pero también, otros miembros como los dedos o las narices afiladas, rasgos presuntamente característicos de los tutsis. Esto último, implicó violencia en contra de las niñas, hijas de matrimonios hutus – tutsis, pues la mezcla de los rasgos implicó una cacería para los militares hutus quienes las buscaban para cometer homicidio. Paralelamente, muchas de las madres hutus, quienes defendieron a sus hijas e hijos tutsis fueron víctimas de actos de violencia sexual y asesinatos.

Con la caída de los grupos radicales, se aprendió al alcalde de la comuna de Taba, uno de los gobernantes que instó al genocidio entre la población. Jean Paul Akayesu fue sentenciado internacionalmente por genocidio, pero también, sería la primera vez que se reconocería la violencia sexual como parte de los hechos; el genocidio se articuló con las violaciones sexuales a manos de los hutus, para constituir actos de lesa humanidad que pretendían exterminar a un grupo étnico.

La vida de las mujeres en Ruanda antes del genocidio

El documento «La participación de las mujeres en el genocidio de Ruanda: ¿madres o monstruos?» refiere que, en la sociedad ruandesa tradicional -y como en muchas otras donde el patriarcado es el eje primordial-, el papel de la mujer es educar a los hijos y administrar el hogar. Desde los ojos de la sociedad, la ruandesa debe ser idóneamente débil y fértil, mientras el hombre debe ser fuerte, proteger y la cabeza de su hogar; el único responsable de tomar las decisiones importantes.

A los niños se les enseñaba a perseguir los valores de la familia y el nacionalismo exacerbado, lo que derivaba a que se les mostraran técnicas de combate, mientras las niñas, eran enseñadas a construir un hogar, realizar tareas domésticas, ordeñar vacas, preparar alimentos y proteger su casa. La sumisión era bien vista en Ruanda, según las tradiciones, la mujer siempre debe aceptar la violencia física y la violencia sexual como parte de sus castigos cuando hacen algo mal.

Antes del genocidio, las mujeres cargaban con el 70% del trabajo agrícola del país, tendían a tener las tasas de analfabetismo más altas y su futuro era la cosecha o en su defecto, desempeñarse en las granjas.

Con el estallido del genocidio, resulta importante hablar de la otra cara; ¿qué acontecía con las mujeres hutus? Según documenta «La participación de las mujeres en el genocidio de Ruanda: ¿madres o monstruos?» del International Review of the Red Cross, derivado de la sumisión y devoción a sus maridos, las hutus también vivían con miedo; declararon haber sido obligadas por los soldados a cometer delitos como delatar a los tutsis o entregar a aquellas personas que ocultaban, pues las hutus, también fueron pieza clave en la protección de las familias tutsis; las escondían en sus casas, incluso, de su propio marido.

Así lo rescata uno de los testimonios del informe, donde se narra cuando una mujer hutu encontró a un niño tutsi en su plantación. Se hizo un alboroto y todos señalaban en dónde se encontraba el menor, sin embargo, la mujer lo escondió entre sus faldas y cuando el ejército hutu arribó, ella se negó a entregarlo; desfundaron sus armas e intentaron golpearla. La mujer, terminó por entregar al niño: «decían que si descubrían que alguien ocultaba a un tutsi la matarían».

Otras de las historias que documenta el informe son las disyuntivas que enfrentaron muchas mujeres; defender a sus hijos de las manos violentas de los hutus. En uno de los testimonios, se habla de una mujer que era perseguida, pues sus cuatro hijos eran tutsis por parte del padre y si los encontraban, serían brutalmente asesinados con machetes, por ello, pidió ayuda a su familia hutu, sin embargo, todos rechazaron apoyarlo. La mujer decidió colocar veneno en la comida de sus hijos y posteriormente, ingerirla ella, sin embargo, sobrevivió a la intoxicación:

«Amé a mis hijos, no quería matarlos, por las noches no puedo dormir», refiere el testimonio.

Se cumplen 31 años del genocidio en Ruanda, y con estos testimonios, se nombra a las mujeres hutus y tutsis que quedaron atrapadas en un fenómeno político de genocidio y que, desde el sacrificio, hicieron todo lo posible por sobrevivir y defender a los suyos.

Nacer en Prisión. Panorama que obstaculiza la relación maternal en contextos de reclusión.

Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-Ciudad de México.- Es una realidad que en México los menores de edad que nacen en prisión y permanecen con sus madres privadas de la libertad enfrentan un modelo de reinserción social sin perspectiva de género que vulnera sus derechos. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto obstaculiza la relación maternal entra las madres y sus hijas e hijos.

Siguiendo los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSIPEF) 2023 del INEGI, la cantidad de mujeres embarazadas privadas de la libertad fue de 282 a nivel nacional, de las cuales el 56.4% se encontraba en periodo de lactancia, que comparado con el año anterior representó un aumento de 9.3%.

Además, se registraron 325 mujeres que tuvieron consigo a sus hijas e hijos menores de seis años y la Ciudad de México concentró la mayor cantidad de menores de seis años que permanecieron con sus madres siendo que 155 son niños (47.7%) y 170 son niñas (52.3%). Esta situación obliga a las madres a convivir con sus hijas e hijos sin contar con programas penitenciarios que visibilicen los impactos diferenciados que genera la prisión en las mujeres.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2024 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evidenció importantes deficiencias en los centros penitenciarios donde albergan principalmente a mujeres como la falta de servicios e insumos básicos a los quien tienen derecho, áreas específicas para albergar a madres con sus hijas e hijos o la falta de espacios de esparcimientos y desarrollo para la niñez.

La CNDH identificó que de los 281 centros penitenciarios y de reinserción social en todo el país, al menos 12 entidades no cuentan con centro específico para las mujeres, como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, donde las mujeres recluidas se mantienen en espacios mixtos.

«Lo anterior, solo permite observar que, la visión androcéntrica a través de la cual fueron pensadas las cárceles sigue permeando en cada uno de los establecimientos que alberga tanto a hombres como mujeres, generando importantes perjuicios a las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos que viven con ellas» -Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Y aunque estas observaciones ya se han hecho por la CNDH varias veces, el órgano considera necesario la creación de un nuevo modelo de atención y reinserción social diferencial e interseccional en donde se reconozca que las mujeres no son vulnerables, sino que las condiciones en las que se les mantiene hacen que se desatiendan temas básicos de higiene personal, salud sexual y reproductiva, atención a emergencias y anticonceptiva.

La CNDH advierte que de continuar con siendo desatendidos, se colocara a las mujeres en situaciones de riesgo que las pude alentar a autolesionarse o cometer suicidio. Un ejemplo de esta situación son las circunstancias que viven las mujeres en el Cefeares 16 cuyo caso Cimacnoticias ha documentado.

A esto se suma las medidas limitantes o restrictas dentro de los centros penitenciaras para mantener un contacto cercano y continuo con sus hijas e hijos sin que existan esfuerzos estatales para el mejoramiento de la relación. La CNDH ha señalado líneas de acciones específicas para mejorar las condiciones en las que viven las infancias dentro de la prisión, por ejemplo:

• Las madres y sus hijas e hijos deben acceder a servicios diferencias a los que tienen derecho.
• Evaluar el contexto en el que se encuentra para su posible reubicación en centros femeniles que puedan garantizar sus derechos básicos. Esto mientras ellas y sus familias sean consultadas.
• Medidas de seguridad para estar por mayores lapsos de tiempo en las áreas del patio para realizar actividades recreativas, laborales, culturales, artísticas y deportivas.
• Garantizar atención médica, sexual y reproductiva, ginecológica, climaterio, de bienestar mental y pediátrico con enfoque especializado y perspectiva de género y otorgarles, de manera oportuna de los insumos médicos y medicamentos específicos que requieran.
• Abasto permanente, suficiente, gratuito y oportuno de todos los artículos de higiene personal para garantizar su higiene para ellas y sus hijas e hijos como toallas sanitarias y pañales.
• Capacitar al personal de los centros penitenciarios en relación con sus necesidades específicas y sus derechos con un enfoque de género a fin de protegerlas ante cualquier tipo de violencia debido a su género.
• Realizar las adecuaciones necesarias para que el área destinada a la atención médica en los centros mixtos esté debidamente delimitada, separando a mujeres y hombres y que sean atendidos por personal médico y de enfermería del mismo sexo.
• Contar con personal especializado en psicología, tener un directorio actualizado y contar con una red disponible de personal especializado en psiquiatría; así como, generar jornadas de sensibilización y capacitación constante al personal.

Lineamientos de la SCJN

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este contexto de reclusión hace compleja la relación entre la madre y sus hijas e hijos, ya que no las instituciones penitenciarias no tienen como propósito el desarrollo de los infantes provocando que con frecuencia padezcan carencias fundamentales en servicios e infraestructura que obstaculiza la relación maternal.

«Sin embargo, esta circunstancia, por sí misma, no debe ser una excusa para que los menores disfruten plenamente de su relación maternal» apuntó la SCJN. Ante este panorama, desde el 2017 se planteó una serie de lineamientos en donde se establece el derecho fundamental a crecer en una familia y ambiente social conveniente para su desarrollo.

Por ejemplo, los desafíos de la privación de la libertad deben ser subsanados por medidas de protección que garanticen que la madre e hijo puedan sobrellevar una relación positiva en condiciones dignas.

Las instituciones penitenciarias deben alojar a las madres privadas de su libertad y adoptar las políticas necesarias para que los niños cuenten con servicios de salud, alimentación, higiene, vestido, agua potable y esparcimiento.

Además, las mujeres reclusas deben contar con el máximo de posibilidades de dedicar tiempo a sus hijas e hijos contando siempre con información adecuada sobre sus responsabilidades y derechos maternales.

Asimismo, la SCJN mencionó que es conveniente que todo el personal de la prisión cuente con capacitación en derechos humanos, incluyendo instrucción en perspectiva de género y derechos de la infancia.

Feministas atraviesan crisis de financiamiento por grupos conservadores en el poder: Subdirectora de Fondo Semilla

 Escrito por Paola Piña

Dalia Pexley.-Ciudad de México.– El avance de la ultraderecha en diversos países, impulsado por gobiernos que promueven políticas conservadoras, ha generado incertidumbre entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos; en los últimos meses, han reportado recortes presupuestales y retrocesos que ponen en riesgo tanto sus labores como los avances logrados en la protección de niñas, mujeres y adolescentes.

En el marco del foro Feminismos, seguridad y justicia: Retos y resistencias ante el contexto internacional actual, organizado por el CEIICH-UNAM, se llevó a cabo la mesa “La agenda feminista frente a grupos contrarios a la igualdad de género”. En este espacio, Diana Medina, subdirectora de Fondo Semilla, destacó que las organizaciones y fundaciones feministas atraviesan una crisis de financiamiento desde la llegada de grupos conservadores al poder.

Medina señaló que, durante la pandemia de COVID-19, fundaciones y organizaciones feministas lograron un aumento en su presupuesto, lo que trajo consigo múltiples beneficios para su crecimiento y el fortalecimiento de sus funciones. Sin embargo, este impulso económico no ha perdurado. Por el contrario, en los últimos años, se han registrado recortes significativos en los recursos disponibles.

Un ejemplo claro de este impacto es la decisión del gobierno de Donald Trump de despedir a casi todo el personal de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) en las últimas semanas. La USAID, encargada de administrar la ayuda humanitaria y el desarrollo económico en el extranjero, ha frenado gran parte de los fondos destinados a la cooperación internacional, lo que está desestabilizando regiones vulnerables y ralentizando los avances en derechos humanos.

El retiro de los fondos de USAID no solo representan la reducción de la cooperación internacional, sino un impacto en diversos sectores sobre todo aquellos relacionados con derechos humanos, seguridad, asistencia humanitaria y estabilidad política en varios países. También tiene una incidencia directa en organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, programas de salud, apoyo a refugiados y mecanismos de fortalecimiento de la democracia. 

Históricamente, México ha sido uno de los países más apoyados por el USAID. La suspensión de 90 días de la agencia ya generó las primeras crisis. El medio La Jornada señaló la congelación de 100 millones de dólares en programas, la mayoría de ellos basados en acuerdos y negociaciones con el gobierno mexicano durante los últimos seis años. Dañando así proyectos enfocados en derechos humanos, apoyo a la libertad de expresión y protección a periodistas, fortalecimiento del sistema de justicia penal y ayuda a migrantes y refugiados. 

Asimismo, organizaciones de la sociedad civil dependen en gran parte de los fondos de USAID. Debido a los recortes han tenido que despedir hasta el 80% de su personal o cerrar por completo. Entre las organizaciones afectadas se encuentran defensores de derechos humanos, colectivas feministas, redes de apoyo a periodistas, organizaciones que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas y agrupaciones de atención a víctimas de trata de personas. 

Por otro lado, la suspensión tendrá un impacto en cuanto a la seguridad, lucha contra el crimen organizado y atención a personas migrantes. Por ejemplo, no se podrá capacitar a policías en el nuevo sistema de justicia penal, afectará el combate al tráfico de derivas y armas y dañará a los refugios para migrantes en tránsito por México.

Sin embargo, uno de los sectores más golpeados es el de salud sexual y reproductiva. Datos del Instituto Good Sherpherd explicaron que, en tan solo dos semanas de suspensión de fondos alrededor de 2 millones de mujeres y niñas quedaron sin acceso a los anticonceptivos y por cada semana que pase se añadirá un millón más. 

Además, los empleados no estadounidenses que trabajan en las delegaciones de la USAID representan más del 40% de la plantilla de la agencia, que la administración de Trump busca desmantelar y transferir en gran parte al Departamento de Estado. Se prevé que, para septiembre de 2025, casi todos los empleados de la USAID sean despedidos.

De acuerdo con la ONU, el gobierno de Estados Unidos financió cerca del 47% de los recursos humanitarios a nivel global el año pasado. Por ello, la actual escasez económica afectará directamente a organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivas feministas, redes de apoyo a periodistas, grupos de búsqueda de personas desaparecidas y asociaciones que apoyan a víctimas de trata de personas.

Frente a este panorama, Diana Medina afirmó que la crisis de financiamiento no se limita únicamente a Estados Unidos, sino que se ha extendido a nivel global. “Este año, nosotras solo tenemos asegurado el 50% del presupuesto para el ciclo 2026-2028”, aseguró.

No obstante, la subdirectora de Fondo Semilla destacó que los movimientos sociales en América Latina han sabido adaptarse y continuar con su labor, a pesar de las limitantes económicas. Sin embargo, para poder resistir ante esta crisis, aseguró que es necesario ser flexibles y crear alianzas con los donantes, con el fin de asegurar los recursos necesarios.

El avance del conservadurismo ha puesto en riesgo el objetivo de las organizaciones de llevar a cabo un activismo digno que permita remunerar adecuadamente a sus integrantes. Bajo este nuevo contexto, esa meta se ve cada vez más distante.

Organizaciones feministas

Pese a que en la última década se mostró un supuesto interés en financiar la igualdad entre hombres y mujeres y las acciones feministas colectivas, con el ascenso del conservadurismo, ha emergido una reacción adversa contra la justicia de género en muchos países, acompañada de una grave falta de recursos para los movimientos feministas.

De acuerdo con un informe de AWID titulado “¿Dónde está el dinero para las organizaciones feministas?”, una de las formas más efectivas de garantizar un cambio sostenible y promover la igualdad de género es apoyar y dotar de recursos a los movimientos feministas.

El informe señala que la movilización de las organizaciones feministas es un factor decisivo para el cambio en las políticas contra la violencia hacia las mujeres, siendo incluso más eficiente que la presencia de mujeres en cargos gubernamentales. Sin embargo, pese a los compromisos de los donantes para financiar la igualdad de género, más del 99% de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y las donaciones de fundaciones no llega de forma directa a los movimientos feministas que luchan por la justicia de género y los derechos de las mujeres.

El informe también incluye una serie de recomendaciones para los donantes con el fin de mejorar el sistema de financiamiento hacia las organizaciones feministas, tales como:

• Aprovechar sus compromisos políticos para iniciar nuevos programas de financiamiento o revisar los existentes.
  
• Ajustar los criterios de selección y los mecanismos de financiamiento para otorgar fondos a organizaciones capaces de generar el mayor impacto posible en el ámbito de los derechos de las mujeres.
  
• Comprometerse a desarrollar mecanismos de rendición de cuentas a los movimientos feministas.
  
• Adoptar e incluir modelos de gobernanza participativa que incluyan a actores feministas de base y sean liderados por sus integrantes.

El impacto en América Latina

De acuerdo con la ONU, el 47% de la ayuda humanitaria proviene de los fondos gestionados por USAID, el cual destina 2 mil 300 millones de dólares a esta área del mundo. Por lo que, su suspensión incide en millones de personas de America Latin y otras regiones en desarrollo. 

Se presentan afectaciones en el Programa Mundial de Alimentos (PMA) que distribuye comida en campamentos refugiados y zonas de pobreza extrema; al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FAO) que apoya a pequeños agricultores en países en crisis; y a ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados que ha tenido que reducir su asistencia en casos de migrantes en México. 

Aunque hay implicaciones en diversos ámbitos, quienes se verán mayormente afectados son los financiamientos a 43 países que cuentan con 400 mil personas refugiadas que han quedado en asistencia debido a los recortes de USAID. En América Latina, esto afectará a migrantes venezolanos en Colombia, Perú y Ecuador; solicitantes de asilo en México y Centroamérica; y a las niñas y mujeres en situación de violencia y trata de personas. 

Imposición del conservadurismo, el motivo de los recortes de USAID

Para la periodista Lucia Huerta Lagunes, los recortes de USAID no solo responden a una política de austeridad y ahorro de recursos, sino a un enfoque ideológico y político del gobierno de Trump. Recordemos que, desde su campaña política en 2024, ha intentado imponer ideologíasalineadas al Make America Great Again (MAGA), así como eliminar las agendas de género en el mundo. 

Desde su primer mandato de 2016 a 2021, Trump ha criticado la financiación de programas que considera “globalizo progresista” o “ideológica de género”, donde los derechos sexuales y reproductivos (anticoncepción, educación sexual, aborto seguro); apoyo a la comunidad LGTBIQ+; programas de fortalecimiento a la democracia y derechos humanos han sido blanco de sus políticas de recortes. 

De igual manera, promovió un discurso en donde califica a estos temas como parte de una “agenda woke” buscando así limitar el financiamiento a organizaciones que trabajan en estas áreas. Por lo que, las analistas Martha Tagle, Angélica de la Peña y Alma Margarita Oceguera Rodríguez coincidieron en que esta política es una revancha a los avances de los derechos humanos y la democracia en el mundo. 

Paralelamente, el objetivo principal es que el USAID “se reduja a su mínima expresión”. Elon Musk, uno de los aliados de Trump, declaró recientemente que “Ha llegado la hora de que USAID muera” reflejando así que la agencia tenga un papel marginal y eliminar su influencia global. 

El pronóstico del USAID

El debilitamiento de USAID plantea un desafío para las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales y las comunidades vulnerables que dependen de este apoyo. Ante este escenario, es crucial buscar alternativas de financiamiento y fortalecer redes de cooperación internacional con otras agencias y países. 

Los gobiernos receptores deben fortalecer sus políticas internas de apoyo social y derechos humanos para evitar crisis como la de USAID, que se traduce a un retroceso significativo en temas de democracia, igualdad y justicia social. 

¿Qué es el USAID y para qué fue creado?

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es la principal institución de cooperación internacional del gobierno de los Estados Unidos. Fue fundada en 1961 por el presidente John F. Kennedy y su propósito es apoyar el desarrollo global a través de asistencia humanitaria, fortalecimiento de democracia, promoción de derechos humanos y mejorar la condición de vida de los países en desarrollo. 

Se trata de un puente entre Estados Unidos y las naciones receptoras que ofrece apoyo no militar y promueven estabilidad global mediante programas estratégicos. Su labor se enfoca en causas profundas como la pobreza, desigualdad e inestabilidad política con un enfoque transversal de derechos humanos, equidad de género y sostenibilidad. 

Antes de su suspensión, la USAID tenía líneas de acción en asistencia humanitaria, crisis migratorias; salud pública en la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, salud materna e infantil, anticonceptivos y educación sexual; desarrollo económico, impulso de la economía local, empleos, infraestructura y calidad de vida; democracia y derechos humanos; educación y cultura; seguridad y lucha contra el crimen. No obstante, ahora el panorama es incierto.

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Última Hora. Yucatán despenaliza el aborto

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-Ciudad de México.- Con 22 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación y con esta entidad, ya suman 22 en donde las mujeres podrán ejercer el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Esta iniciativa fue posible por los 22 votos de la bancada de Morena, PT, PRI y Movimiento Ciudadano, los cuales tuvieron en contra, 13 votos del PAN y PVEM.

Hay que recordar que en agosto del 2024, luego de una sesión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demandó al Congreso yucateco derogar todo artículo que criminalizara a las mujeres por abortar.

Dicha votación se efectuó luego del trabajo civil impulsado por Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, donde recibió cuatro votos a favor y uno en contra por parte del ministro Jorge Pardo Rebolledo.

Por tanto, el siguiente paso después de agosto del 2024, era comenzar con la derogación de una serie de artículos que violentaban y transgredían los derechos humanos de las mujeres. Entre estos artículos se encuentran el 392, 393, 390, y el 389. 

Para entender mejor qué dicta el Código Penal local de Yucatán, Cimacnoticias consultó el documento y estos son los principales hallazgos:

En Yucatán, el aborto está tipificado como la muerte del producto en cualquier etapa de la preñez, incluyendo, la concepción. En este sentido, se encuentra en el artículo 390 y 391, leyes punitivistas en contra de cualquier persona que ayudase a una mujer a abortar. El castigo para quienes desempeñaran este trabajo, conllevaba una suspensión de hasta 5 años en su profesión y de 1 a 5 años de prisión. 

En Yucatán, el aborto no era sancionable en los siguientes escenarios:

• Cuando sea causado por acto culposo (sin intención «maliciosa»)

• Cuando sea resultado de abuso sexual o inseminación artificial no consentida

• Cuando la mujer embarazada corre peligro de muerte

• Cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas; cuando la mujer tenga, al menos, tres hijos. 

Consultando el documento oficial de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), estadísticas 2007 a 2023, se encuentra que en este periodo de tiempo, han viajado a la CDMX, un total de 263 mil 267 mujeres con el objetivo de realizarse un aborto. 

Trabajo legislativo

En en el marco de la sentencia resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres, en sesiones de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública, y de Salud y Seguridad Social, se aprobó el dictamen de las iniciativas para reformar, derogar y adicionar disposiciones al Código Penal y de la Ley de Salud, ambas del Estado, en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres.

El proyecto de dictamen al Código Penal de acuerdo a lo mandatado por la Corte permite el derecho a decidir de las mujeres hasta las 12 semanas y también plantea la definición precisa de aborto forzado y aumentando las penas para este delito pasando de 3 a 8 años, a  5 a 10 años de prisión y en el caso de aborto forzado con violencia, pasando de 6 a 9 años a  9 a 15 años de prisión.

Al respecto, la diputada Clara Paola Rosales Montiel (morena) reconoció la labor y la voluntad política de las y los diputados presentes en la comisión, al legislar más allá de los colores partidistas y a favor de los derechos humanos de las mujeres. 

“Un reconocimiento a la población que acudió a los llamados de las reuniones que se hicieron para sensibilizar sobre el tema”, agregó. 

Previamente, se llevó a cabo la sesión de la comisión de Igualdad de Género, donde dieron lectura a la opinión relativa a las iniciativas en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres.

Al respeto, la presidenta de la comisión, diputada Larissa Acosta Escalante recordó la importancia del trabajo en conjunto entre autoridades y sociedad civil, para llegar a puntos de acuerdo y lograr productos legislativos. 

“Es histórico que se abran las puertas del Congreso y en ese sentido lo que toca es apegarnos a lo que la Suprema Corte mandata y hacerlo de la mejor forma posible. Estas iniciativas fueron presentadas por las diputadas más jóvenes de la Legislatura, lo cual significa un compromiso que tiene una nueva generación hacia los derechos humanos”, aseguró. 

El progreso para acabar con las muertes maternas está bajo amenaza

Jahan, de 18 años, dio a luz a su primer bebé en un centro de atención primaria para refugiados de la etnia rohinyá que huyen de la persecución en Myanmar. Las agencias de la ONU destacan que las tasas de mortalidad materna se mantienen elevadas en contextos frágiles y de conflictos, y solicitan que no se recorte la ayuda internacional que sostiene en esos entornos los servicios de salud para madres y recién nacidos. Imagen: Jahan Satu / Unicef

NACIONES UNIDAS – Las mujeres de hoy tienen más probabilidades que nunca de sobrevivir al embarazo y al parto, pero esa tendencia está amenazada por recortes a la ayuda internacional cuando todavía se produce una muerte materna cada dos minutos, señaló este lunes 7 un informe de agencias de las Naciones Unidas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que “si bien este informe ofrece indicios de esperanza, los datos también resaltan lo peligroso que sigue siendo el embarazo en gran parte del mundo hoy en día”.

Publicado con motivo del Día Mundial de la Salud, el informe “Tendencias de la mortalidad materna” muestra una disminución mundial de 40 % en las muertes maternas entre 2000 y 2023, debido principalmente a un mejor acceso a los servicios de salud esenciales.

Sin embargo, revela que el ritmo de mejora se ha ralentizado significativamente desde 2016, y que se estima que 260 000 mujeres fallecieron en 2023 como consecuencia de complicaciones del embarazo o el parto, lo que equivale aproximadamente a una muerte materna cada dos minutos.

El informe se publica en un momento en que los recortes en la financiación humanitaria están teniendo graves repercusiones en la atención sanitaria esencial en muchas partes del mundo, obligando a los países a reducir servicios vitales de salud materna, neonatal e infantil.

Los recortes han provocado el cierre de centros sanitarios y la pérdida de personal, además de interrumpir las cadenas de suministro de insumos y medicamentos esenciales, como tratamientos para hemorragias, preeclampsia y malaria, todas ellas causas principales de muerte materna.

El informe fue elaborado en conjunto por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), con respaldo del Banco Mundial.

Las agencias advierten de que, si no se toman medidas urgentes, las mujeres embarazadas en muchos países enfrentarán graves repercusiones, particularmente aquellas en entornos humanitarios donde las muertes maternas ya son alarmantemente altas.

“Además de garantizar el acceso a una atención materna de calidad, será fundamental fortalecer la salud y los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas, factores que sustentan sus perspectivas de un desarrollo saludable durante el embarazo y después del mismo”, observó Tedros.

El informe también ofrece el primer recuento mundial del impacto de la pandemia covid-19 en la supervivencia materna. En 2021, se estima que 40 000 mujeres más fallecieron a causa del embarazo o el parto, cifra que aumentó a 322 000 desde las 282 000 del año anterior.

Ese aumento repentino se relacionó no solo con complicaciones directas causadas por covid, sino también con interrupciones generalizadas en los servicios de maternidad, lo que pone de relieve la importancia de garantizar esa atención durante pandemias y otras emergencias.

Las mujeres embarazadas necesitan acceso fiable a servicios y controles rutinarios, así como a atención urgente las 24 horas, recuerda el informe.

“Cuando una madre muere durante el embarazo o el parto, la vida de su bebé también corre peligro. Con demasiada frecuencia, ambos fallecen por causas que sabemos prevenir”, observó Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.

De inmediato expuso que “los recortes globales a la financiación de los servicios de salud ponen en riesgo a más mujeres embarazadas, especialmente en los entornos más frágiles, al limitar su acceso a la atención esencial durante el embarazo y al apoyo que necesitan durante el parto”.

Por ello “el mundo debe invertir urgentemente en parteras, enfermeras y trabajadores sanitarios comunitarios, para garantizar que cada madre y cada bebé tengan la oportunidad de sobrevivir y prosperar”, agregó Russell.

El informe destaca las persistentes desigualdades entre regiones y países, así como el progreso desigual.

Con una disminución de la mortalidad materna de alrededor de 40 % entre 2000 y 2023, África subsahariana logró avances significativos y fue una de las tres regiones de la ONU, junto con Australia y Nueva Zelanda, y Asia Central y Meridional, que registraron descensos significativos después de 2015.

Sin embargo, con sus altas tasas de pobreza y los múltiples conflictos, la región de África subsahariana aún representaba aproximadamente 70 % de la carga mundial de muertes maternas en 2023.

Como indicio de una desaceleración del progreso, la mortalidad materna se estancó en cinco regiones después de 2015: África del Norte y Asia Occidental, Asia Oriental y Sudoriental, Oceanía (excluidas Australia y Nueva Zelanda), Europa y América del Norte, y América Latina y el Caribe.

Según el informe, las mujeres embarazadas que viven en emergencias humanitarias enfrentan algunos de los mayores riesgos a nivel mundial. Casi dos tercios de las muertes maternas a nivel mundial ocurren actualmente en países afectados por fragilidad o conflicto.

Para las mujeres en estos entornos, los riesgos son alarmantes: una niña de 15 años enfrenta un riesgo de uno en 51 de morir por una causa materna en algún momento de su vida, en comparación con uno en 593 en países más estables.

Los mayores riesgos se presentan en Chad y la República Centroafricana (uno en 24), seguidos de Nigeria (uno en 25), Somalia (uno en 30) y Afganistán (uno en 40).

Frente a ese panorama, el informe de la ONU destaca que además de garantizar servicios esenciales durante el embarazo, el parto y el puerperio, son muy importantes los esfuerzos para mejorar la salud general de las mujeres, mejorando el acceso a servicios de planificación familiar y previniendo afecciones subyacentes.

También será crucial garantizar que las niñas permanezcan en la escuela y que las mujeres y las niñas cuenten con los conocimientos y recursos necesarios para proteger su salud, agrega el documento.

El informe destaca que -contrariamente a los recortes de recursos entre los que destaca el cese de muchos aportes de Estados Unidos- se requiere incrementar, y de manera urgente, la inversión necesaria para prevenir las muertes maternas.

“El acceso a servicios de salud materna de calidad es un derecho, no un privilegio, y todos compartimos la urgente responsabilidad de construir sistemas de salud con recursos suficientes que protejan la vida de cada mujer embarazada y cada recién nacido”, concluyó la directora ejecutiva del Unfpa, Natalia Kanem.

A-E/HM

Las mujeres son pobres de tiempo en Perú por sobrecarga de los cuidados

 

En Perú el trabajo no remunerado, el doméstico del hogar y de cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad, recae sobre las mujeres, marcando un desigual uso del tiempo en relación a los hombres. En la imagen, activistas hacen visible la feminización de esta tarea durante una manifestación en Lima. Imagen: Mariela Jara / IPS

LIMA – Renunciar al ejercicio de su carrera e inventarse otras formas de ganar dinero para dedicarse al cuidado de su familia, en especial de su hijo con necesidades especiales, fue la única alternativa que Elda Novoa, una peruana de 61 años, encontró para que su tiempo pueda cubrir sus múltiples responsabilidades.

“Mi Flavio ya tiene 31 años, pero necesita de apoyo para valerse por sí mismo, lo llevo a sus terapias semanales de lenguaje, rehabilitación física y ocupacional, pero hay temporadas en que no puedo por la economía y la falta de tiempo”, cuenta a IPS en un recorrido por calles cercanas a su vivienda, ubicada en el distrito de San Miguel.

Caracterizado como de clase media, San Miguel es uno de los 43 distritos de Lima, la capital del Perú, país sudamericano con 34 millones de habitantes, donde casi una tercera parte de la población se encuentra en situación de pobreza y el empleo atraviesa un alto nivel de informalidad.

Entre las desigualdades persistentes en el Perú está el uso del tiempo por parte de mujeres y hombres. La población femenina, como ocurre con Novoa, invierte más horas de su vida en actividades no remuneradas del trabajo doméstico y de cuidados, que constituyen la base para el sostenimiento social pero que carecen de reconocimiento y de pago.

“Las familias en un contexto de crisis de cuidados asumen mucho más las tareas y se precarizan. Y al interior de ellas, quienes sostienen esas responsabilidades de manera desproporcionada, son las mujeres”: Susana Osorio.

Los resultados de la segunda Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (Enut), presentados en marzo, evidencian que esta desigualdad se mantiene respecto de los hallazgos de la primera realizada en 2010 y que sacó de la invisibilidad la pobreza de tiempo de las mujeres.

Se halló que las mujeres redujeron en 38 minutos su participación en el trabajo no remunerado y los hombres en seis, pero ellas siguen dedicando más del doble de tiempo que ellos a las diversas tareas del hogar y de la familia: las mujeres laboran cinco horas 41 minutos en actividades de cuidado sin remuneración y los hombres dos horas con nueve minutos.

La peruana Elda Novoa debió renunciar a su carrera de contadora comercial para 

poder gestionar mejor su tiempo, altamente demandado por la atención

 de sus tres hijos, en especial el segundo, dependiente por sufrir una parálisis 

cerebral. Nunca contó con la corresponsabilidad de su pareja y fue su hija quien

 la apoyó económicamente desde la adolescencia y hasta que creo su propia familia. 

Imagen: Mariela Jara / IPS

La cadena del cuidado está feminizada

Pese a haber transcurrido largos años entre los dos sondeos, los resultados corroboran las mismas tendencia en la mayoría de las situaciones, sostuvo Susana Osorio, economista y directora de Impacto e Influencia en la oficina en Perú de Save the Children.

“Si bien vemos un incremento de los hombres dentro de algunas actividades del trabajo doméstico y de cuidados, el tiempo de las mujeres no ha disminuido, seguimos destinando muchas horas a la semana en estas tareas”, dijo.

A 14 años de la primera Enut, “no se ha avanzado en una corresponsabilidad del cuidado, lo que nos enfrenta a las mujeres a muchos obstáculos para el desarrollo de nuestros proyectos personales y profesionales”, agregó la especialista a IPS en la sede en Lima de su organización internacional, enfocada en atender los derechos de la infancia.

Osorio, quien cuenta con una maestría en estudios de género, sostuvo que ya la economía feminista develó que si el Estado y el sector privado no resuelven las necesidades del cuidado, las transfieren de manera efectiva a las familias como es el caso de Perú.

“Qué está sucediendo: que las familias en un contexto de crisis de cuidados asumen mucho más las tareas y se precarizan. Y al interior, quienes sostienen esas responsabilidades de manera desproporcionada, son las mujeres”, remarcó.

La brecha de género en el uso del tiempo empieza a temprana edad. La encuesta incluye a población desde los 12 años en que se marcan responsabilidades desiguales para niñas y niños, sobre todo los fines de semana en que ellas ayudan más tiempo a sus madres.

“Constatamos que la cadena de cuidados sigue siendo altamente feminizada, quienes se involucran dentro de las familias son por lo general madres, abuelas, hermanas”, analizó Osorio.

Agregó que “las mujeres tenemos dos alternativas para resolver el cuidado, con nuestro tiempo o tercerizándolo, pero para esto último se requiere capacidad adquisitiva que permita transferir las responsabilidades a diferentes servicios que se ofrecen en el mercado, o contar con redes de soporte que suelen estar integradas también por mujeres”.

La cadena de cuidados sigue siendo altamente feminizada en Perú y 

quienes se ocupan dentro de las familias son por lo general madres,

abuelas, hermanas, destaca la especialista Susana Osorio. 

Lo corroboran los resultados de una nueva encuesta en el país sobre

 el uso del tiempo. Imagen: Wálter Hupiu / IPS

Un duro batallar

Elda Novoa se muestra serena en medio de sus dificultades. Prefiere hablar con IPS fuera de su hogar, pues no se siente cómoda mostrando los ambientes internos. Su casa es una herencia paterna que comparte con sus hermanos y donde ella vive con sus tres hijos, la mayor de 33, el segundo de 31 y el último de 29, y con tres nietos menores.

“Así como está el costo de vida, mis hijos todavía no se pueden independizar, mi hija es economista y el tercero obrero de construcción, pero con lo que ganan es para mantener a sus familias y ahorrar un poco. Yo siempre que puedo les apoyo cuidando a mis nietos porque a veces por el trabajo llegan tarde”, refiere.

Cuenta que su jornada diaria comienza a las 6:00 de la mañana y lo concluye pasada la medianoche.

En esas más de 18 horas prepara el desayuno, lleva a la guardería a uno de sus nietos, limpia las áreas comunes de la casa, va a comprar alimentos, cocina, recoge a su nieto, sirve el almuerzo y asea la cocina, lava y tiende ropa, sale a comprar algunos insumos para los postres que vende según pedidos, prepara la merienda y hornea empanadas, alfajores o alguna torta para sus encargos.

En esa amplia carga de responsabilidades falta incluir el cuidado de Flavio, el segundo de sus hijos, quien nació con parálisis cerebral leve. No puede caminar, se desplaza en una silla de ruedas y tiene dificultades de aprendizaje.

Su cuidado implica apoyarlo en que se vista, en su baño diario, en el traslado hasta una de las sedes de Instituto Nacional de Rehabilitación donde desde hace unos meses lo lleva tres veces por semana a sus terapias.

“Yo me hago cargo completamente de él. Me separé del padre de mis hijos cuando eran niños porque no se comprometía con la familia ni aportaba económicamente. Dejé la carrera de contadora comercial porque necesitaba estar todo el tiempo con Flavio”, rememora.

En ese batallar su hija mayor fue un apoyo significativo. Desde adolescente realizaba trabajos temporales para aportar económicamente al hogar, siguió además un curso de panadería y pastelería para tener ingresos adicionales. En la actualidad, como economista, ya dejó esas actividades.

“Yo soy la que ahora prepara los postres”, comenta Novoa.

Su preocupación urgente actual es juntar el dinero para cambiar la silla de ruedas a su hijo, quien con sus 1,61 metros de altura y 87 kilos requiere una nueva, así como poder garantizar la continuidad en las terapias, para las que necesita contratar movilidad particular.

Su presupuesto mínimo mensual es 1500 soles, poco más de 410 dólares, para cubrir los taxis y las urgencias básicas suyas y de su hijo Flavio. Cuando no lo logra, las terapias se descontinúan y el progreso que va logrando se estanca o retrocede.

“Lamentablemente no hay mucha conciencia sobre estas necesidades y mucho se nos carga a nosotras como madres, lo digo no solo por las autoridades del Estado, sino por mi propia familia. Por no pelear no les exijo a mis otros hijos, además, tienen sus propias responsabilidades”, reflexiona.

Sin embargo, no renuncia a su sueño de contar con un negocio propio de repostería en que su hijo Flavio participe en la atención a la clientela. “Quiero que sepa valerse él mismo, yo no voy a poder estar siempre a su lado”, añade.

Las tareas que sostienen el hogar y las necesidades de la familia, 

como la provisión de alimentos, siguen estando 

desproporcionadamente en manos de las mujeres en 

Perú, así trabajen también fuera del hogar, afectando

 con ello su derecho a concretar sus anhelos personales y profesionales. 

 Imagen: Mariela Jara / IPS

Faltan políticas públicas

Osorio fundamentó que es estructural la gran asimetría en el tiempo que le dedican hombres y mujeres al trabajo remunerado y al de cuidados sin pago y que no bastaría con tener estrategias de redistribución para corregirla.

“La redistribución implica no solo negociación permanente, sino que está construida desde el poder”, dijo.

Para ella, “hay este discurso vacío que los pobres son pobres porque quieren o las mujeres cuidan porque así lo desean, cuando existe un mandato social vinculado al ejercicio de la feminidad, la maternidad, que nos atraviesa y que está regulado por otros sistemas como por ejemplo la violencia de género”.

Manifestó que, no solo no es sencillo para las mujeres buscar con quien corrresponsabilizar y compartir los cuidados, sino que el proceso de negociación las somete a riesgos de violencia.

“Por eso es estructural, porque no depende de que reformemos una o dos cositas, sino que está enraizado en la forma en que nos hemos organizado socialmente”, profundizó.

Planteó que los resultados de la Enut aporten a desligar los cuidados como responsabilidad de las mujeres y se asuman como una de carácter social, pero no solo de las familias y de manera compartida con los hombres, sino con un rol garante del Estado para la protección de los derechos y del sector privado como fuente de empleo hacia un horizonte de corresponsabilidad.

Y en ello, considerar los cuidados vinculados a la discapacidad y a las personas mayores.

“Somos un país que envejece con una brecha de protección social, tenemos un nivel de informalidad de más de 70 %, la mayoría de personas no tiene un sistema previsional, una pensión, y por lo tanto tampoco seguro de salud integral que nos acompañe en nuestra transición a la vida del adulto mayor”, alertó.

ED: EG

Claves para entender iniciativa sobre desaparición de Sheinbaum

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-Ciudad de México.- La iniciativa en materia de desapariciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha jactado de ser novedosa por lo que puede resultar confuso, por ello el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Centro Prodh), revira y reafirma que no aborda la búsqueda inmediata y solo se trata de una estrategia que pretende limpiar la imagen de su gobierno ante el caso Teuchitlán, el cual «se salió de las manos, no supieron desde el Estado mexicano dar una respuesta».

Afirman que el problema actual es que, estas medidas no se adaptan a las necesidades reales por lo que no se resuelve la crisis de desaparecidos.

De acuerdo con el Centro Prodh, la iniciativa de Claudia Sheinbaum Pardo no aborda la búsqueda inmediata y de campo, y tampoco aborda las células de búsqueda municipales. Tampoco reforma a las fiscalías, al Sistema Nacional de Atención a Víctimas o ayuda a las Comisiones de Búsqueda, no fortalece los mecanismos extraordinarios de identificación forense, del Centro Nacional de Identificación Humana o los centros regionales de identificación humana. No se destinan más recursos económicos del presupuesto o la participación de familias en la creación de políticas de búsqueda y en la misma reforma que está en procedimiento legislativo.

Hay que recordar que la reforma de Claudia Sheinbaum Pardo busca reformar la Ley General en materia de desaparición y la Ley General de Población.

En la primera se contempla que se creará una nueva plataforma de datos que tiene la finalidad de hacer un cruce de distintos datos de información como anteriormente se tenía previsto que funcionara otros sistemas de información como el Banco Nacional de Datos Forenses. Esta nueva plataforma contendrá datos vinculados a la CURP y datos biométricos.

Entre los beneficios con la nueva ley es la existencia de pruebas de carácter forense para pueda combatir la crisis porque pasan mucho tiempo antes de encontrar datos genéricos o específicos de identificación de personas. Esto reduce el tiempo de búsqueda, uno de los objetivos de las familias buscadoras que por años han luchado para que se identifique con mayor velocidad.

CIMAC Foto

Por otra parte, la nueva reforma permitirá incidir en la investigación que le corresponde a las Fiscalías, aunque retoma algunas resoluciones ya establecidas en la Ley General con un «fraseo distinto», según apuntó el Centro Prodh. Con esta ley se recalca que deben existir Fiscalías especializadas en materia de desaparición, así como personal capacitado y una base de datos de indicios criminalísticos, medidas que ya existían anteriormente.

La Ley también señala que debe existir mayor coordinación entre autoridades. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Búsqueda debe tener reuniones trimestrales; se debe crear una interconexión obligatoria entre los bancos de datos forenses de los estados; y las Fiscalías especializadas deben estar invitadas a los procesos de búsqueda.

En cuanto a la prevención y regulación, el Centro Prodh mencionó que existen nuevos incentivos para que los procesos penales avancen en busca de encontrar a los responsables de las personas que cometieron la desaparición como la reducción de penas cuando un testigo que se le acusa de un delito de información sobre el paradero de una persona desaparecida y la obligación de digitalizar los registros de panteones y fosas en un plazo de 180 días.

De acuerdo con el Centro Prodh, no existe certeza de cómo va a funcionar en realidad las propuestas de la iniciativa a reforma. Por lo que, invitaron a que los colectivos de búsqueda que se reunirán con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ayuden a aterrizar y a plantear una ruta a seguir sobre el funcionamiento de estas herramientas.

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Las preocupaciones de la iniciativa

En primera instancia, el Centro Prodh destacó que la iniciativa de Claudia Sheinbaum Pardo tuvo que haber consultado con las familias antes de presentarla al Congreso como lo establece el principio de participación conjunta de la Ley General, el cual dicta que se debe escuchar la voz, preocupaciones y propuestas de las familias de las personas desaparecidas.

Además, la narrativa oficial ha minimizado la responsabilidad estatal. La exposición de motivos de la iniciativa señala que actualmente las desapariciones forzadas anteriormente tenían la participación directa de las autoridades en el Siglo XX y desde el 2006 esta situación ha cambiado, pues quien desaparece es solo el crimen organizado y no el Estado:

«En México durante la guerra sucia, la desaparición forzada de personas era perpetrada por agentes del Estado. En la actualidad la comisión de este delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y es cometida por particulares» -Fragmentó sacado de la iniciativa de reforma de Claudia Sheinbaum.

Para el Centro Prodh esta afirmación es grave, ya que contradice lo que estableció el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU que señaló en su informe de visita en el año 2022 cuando mencionó la responsabilidad del Estado de manera directa e indirecta:

«Aunque el discurso prevalente en ni círculos oficiales tiende a negar o diluir la responsabilidad del Estado parte, alegando que la mayoría de las desapariciones son perpetradas por particulares principalmente vinculados a la venganza organizada, el comité ha recibido muchas alegaciones que insisten en la responsabilidad directa o indirecta del estado, teniendo en cuenta los patrones de desapariciones que se producen en el país» –Fragmentó sacado del informe de la ONU del 2022 en su visita a México

Al minimizar la responsabilidad del Estado se hace una incomprensión por parte del gobierno federal: «No pueden hacer frente a una crisis que no entienden o que no quieren asumir la responsabilidad y los costos de entenderla correctamente», explicó el Centro Prodh.

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En segundo lugar, cabe la posibilidad de que, con el registro o sistema único de registro de carpetas de investigación, que integra las carpetas de toda la República Mexicana, se reduzcan las estadísticas de personas desaparecidas en la narrativa como una estrategia, ya que, aunque actualmente ya haya más de128 mil personas desaparecidas, no quiere decir que existan esa misma cantidad de carpetas de investigación gracias al miedo de las familias por iniciarla.

Actualmente la Ley General preveía la idea de un reporte como una forma que no fuera una denuncia, sino de hacer conocimiento de la autoridad sobre una desaparición para hacer una búsqueda inmediata. Asimismo, la idea de que exista una Comisión de Búsqueda en las que las familias pudieran confiar se elimina con la iniciativa de Claudia Sheinbaum cuando la única opción para activar la búsqueda se reduce a comenzar una carpeta de investigación.

«Sobre todo, pues que quieran reducir a las personas desaparecidas a una carpeta. Cuando en realidad (…) las personas desaparecidas no son carpetas de investigación (…) Que se pretenda mirar la crisis de desaparición solo en términos del número de personas o el número, va a dar igual si siguen intentando desde el gobierno federal esta estrategia de intentar reducir la cifra» -Centro Prodh

Por otro lado, desde siempre se ha señalado que las bases de datos que existen en nuestro país sobre personas desaparecidas no son accesibles para las familias buscadoras, pero que su uso libre pude resultar peligroso como el uso del espionaje, una práctica empleada contra personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo, también hay omisiones en el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda, siendo que siempre han estado en condiciones de desventaja y de menor poder frente a las fiscalías porque son menores personas y cuentan con menor presupuesto causando peleas entre comisiones de búsqueda y las fiscalías.

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Para el Centro Prodh, se debe fortalecer para que sí se busquen las personas desaparecidas y que sean un contrapeso y vigilancia para las fiscalías. La reforma actual, no les pone mayores controles y restricciones a las fiscalías, lo que se traduce a que «pareciera que se ponen de lado de las fiscalías, según señaló la organización.

Además, mencionaron una preocupación, ya que se menciona que, las Comisiones de búsqueda tendrán que entregar información a la fiscalía siguiendo el protocolo de cadena de custodia. Esto está mal planteado porque la información no es un objeto como la evidencia de un caso que sí debe seguir una cadena de custodia.

«Lo que entenderíamos es que se está utilizando el lenguaje de la ley para amenazar a las comisiones de búsqueda de que tengan que ser más cuidadosas. Es una especie de advertencia en la forma en la que acompañan a los colectivos de familias de personas más desaparecidas, porque pueden caer en alguna irregularidad» -Centro Prodh

Aunque la cadena de custodia es un elemento importante, es peligroso que sea una regla exclusiva para las comisiones de búsqueda siendo que debe ser aplicada en todas las autoridades que intervengan en una escena. «ya sabemos que quienes siempre han terminado o quienes en muchas ocasiones han terminado perdiendo evidencia, contaminando la evidencia, eliminando la evidencia son las propias fiscalías», apuntó el Centro Prodh.

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Finalmente, los plazos para cumplir obligaciones a las instituciones no establecen las consecuencias de incumplir con el tiempo establecido. Por ejemplo, a 6 años de que la Ley General ordenara la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el cual debía de estar en funcionamiento en febrero de 2019, apenas se dio un plazo extra de 90 días: «¿Y qué va a pasar si no cumple 90 días? Nada», expresó el Centro Prodh.

Para el Centro Prodh, el gran problema con la crisis de personas desaparecidas no tiene que ver con la ley, ya que esta era suficiente para arrancar una política nacional de búsqueda, investigación e identificación de personas con todos los recursos disponibles. A 8 años de su creación, no se han cumplido.

Los cambios únicamente van a provenir de la voluntad política de las autoridades que no se está demostrando, pareciera más bien un distractor para desenfocar lo importante: ¿con qué presupuesto vamos ahora a buscar a las personas desaparecidas?, ¿cómo vamos a fortalecer las instituciones que hacen la búsqueda?, ¿cómo vamos a cambiar estas fiscalidades que están podridas desde dentro?, ¿cómo vamos a cambiar la forma de enfrentar la inseguridad en México? Esas preguntas no están respondidas acá. -Centro Prodh

El proceso para la aprobación de la iniciativa de Sheinbaum

De acuerdo con Carlos del área de protección del Centro Prodh, a raíz de hallazgo en el rancho Izaguirre, en Tuxtepec, Jalisco, y de la serie de críticas que se hizo al gobierno oficial; el tema de personas desaparecidos cobro relevancia en la agenda presidencial. Por ello, Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República una iniciativa de reforma al considerar que la ley actual no es una herramienta suficiente para combatir el problema de personas desaparecidas.

Esta iniciativa principalmente tiene dos ejes: reformar la Ley General en materia de desaparición y la Ley General de Población. A partir de esto, el 1 de abril, el Senado de la República recibió la iniciativa para comenzar el proceso legislativo conformado por la presentación de iniciativa, discusión y aprobación, sanción o veto presidencial y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En México, algunas personas tienen la facultad de crear iniciativas para modificar las leyes, entre ellos están la presidencia de la República, el congreso (conformado por la Cámara de Diputados y Senadores), legislatura de los estados y los ciudadanos, aunque estos últimos posen varios candados de filtro.

Una vez presentada la iniciativa, esta se va a alguna de las dos cámaras donde se revisa, para posteriormente ser revisada por la segunda cámara. En esta iniciativa en materia de desaparición, primero se discutirá en el Senado y después en la Cámara de Diputados. Ahora mismo, la conversación de la iniciativa se divide en dos momentos: por las comisiones (un grupo reducido de senadores que votaran para su continuación) y por el Pleno (donde están el número total de senadoras y senadores).

Cuando llegue a la Cámara de Diputados parará por los mismos procesos de revisión en las comisiones y en el Pleno. De acuerdo con Carlos del área de protección del Centro Prodh, normalmente las comisiones que se encargan de este tema son Gobernación, Puntos Constitucionales o Derechos Humanos para garantizar que esas visiones se vean plasmados en la ley. Al aprobarse es remitida a la presidencia de la República para su aprobación y posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación.

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Conocer este proceso, puede ayudar la población, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y familias a encontrar el momento para incidir en el proceso legislativo, ya que estas leyes van en relación para que funcione el sistema de justicia y el mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas que actualmente no están ayudando. Quien mejor los conoce son las víctimas indirectas o familiares quienes a diario realizan labores de búsqueda al acudir a las fiscalías y fosas clandestinas para su exploración.

Actualmente, la Ley General en materia de desaparición usa el principio de participación conjunta que obliga a las autoridades a permitir que las personas buscadoras sean incluidas en los procesos de identificación desde cuestiones particulares acción de búsqueda) hasta generales (iniciativa de ley) llegando a incidir en la creación de políticas públicas.

Debido a los señalamientos de madres buscadoras sobre la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum en donde se evidenció el desconocimiento de la ley actual, se le ordenó a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación a reunirse con las madres buscadoras para escuchar sus necesidades y propuestas que serán enviadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Senado, siendo este el momento perfecto para incidir en la reforma, según comentó Carlos del área de protección del Centro Prodh.