Caso Atenco
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 29 abril 08 (CIMAC).- Al presentar hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de 11 mujeres violadas por policías durante los operativos policíacos de San Salvador Atenco en 2006, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia (peticionarios), confiaron en que será por esta vía que las mujeres tengan acceso a una justicia expedita.
Así lo dieron a conocer este día en conferencia de prensa Jacqueline Sáenz y Diana Martínez Medrano, abogadas del Prodh (que desde 2007 ha estado acompañando a las mujeres) y quienes informaron que Luis Arriaga Valenzuela director del Prodh y Bárbara Italia, una de las víctimas de violación, así como representantes del Cejil, se encuentran en la sede de la CIDH en Washington, como peticionarios para que ésta admita el caso de 11 de las mujeres que fueron violadas y torturadas sexualmente.
Destacaron que hoy se denunció ante la CIDH que el Estado mexicano es responsable por haber violado derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, de acceso a la justicia, a la igualdad y no discriminación.
Asimismo, informaron que en la petición se incluyeron tanto los testimonios de las 11 mujeres como los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las abogadas del Prodh manifestaron que lo que esperan de esta instancia internacional de derechos humanos con estatus consultivo ante la OEA es una recomendación al Estado mexicano para que haya justicia integral y se repare el daño a las víctimas no sólo en el aspecto económico sino en su proyecto de vida.
CONTINÚA TEMOR POR MUJERES DE ATENCO
El Prodh hizo hoy también un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad e integridad de las mujeres que denunciaron violación, tortura sexual y psicológica ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) en 2006.
Jacqueline Sáenz y Diana Martínez, denunciaron que a dos años de los hechos violentos en San Salvador Atenco y Texcoco, el 3 y 4 de mayo de 2006, donde más de 200 personas fueron detenidas, de las cuales 49 fueron mujeres y 26 de ellas violadas sexualmente por policías de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Estado de México, algunas mujeres que han obtenido su libertad continúan sufriendo hostigamiento.
De acuerdo con testimonios de 11 de las mujeres que interpusieron denuncia ante la Fevim, han sido acosadas y hostigadas vía telefónica, ya sea a través de llamadas o mensajes vía celular donde les preguntan por otras de sus compañeras que denunciaron.
El Centro Prodh no descarta que quienes perpetraron los abusos sexuales contra las mujeres de Atenco sean los mismos que están haciendo estas llamadas ya que recuerda que durante su traslado al penal las mujeres fueron interrogadas acerca de sus datos personales como nombre, dirección y teléfono.
TORTURA DEMOSTRADA, POLICÍAS IMPUNES
Son varios los organismos internacionales que se han pronunciado para que quienes ejercieron la tortura sexual contra las 26 mujeres reciban castigo y para reparar el daño a las víctimas.
A cinco meses de los operativos de 2006, el Comité Contra la Tortura (CAT) reconoció que durante éstos sí existió la tortura, señalando al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su “obligación” reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias.
Los informes de la CNDH y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), realizados en junio de 2006, señalaron contundentemente la existencia de tortura durante los operativos al tiempo que hicieron una serie de recomendaciones.
El Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Amnistía Internacional (AI), la ONU y organismos internacionales de derechos humanos han pedido al Estado mexicano castigo a los responsables y justicia para las mujeres.
Asimismo, las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al Gobierno mexicano otorgar a la Fevim la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco.
Han pasado dos años de los hechos: de las 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente por los cuerpos policíacos, al mando del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora y ahora procurador General de la República, únicamente 14 decidieron denunciar ante la Fevim.
De éstas, tres desistieron el proceso, y 11 continúan en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables, ahora a través de la vía internacional.
08/LGL/GG
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 29 abril 08 (CIMAC).- Al presentar hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de 11 mujeres violadas por policías durante los operativos policíacos de San Salvador Atenco en 2006, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia (peticionarios), confiaron en que será por esta vía que las mujeres tengan acceso a una justicia expedita.
Así lo dieron a conocer este día en conferencia de prensa Jacqueline Sáenz y Diana Martínez Medrano, abogadas del Prodh (que desde 2007 ha estado acompañando a las mujeres) y quienes informaron que Luis Arriaga Valenzuela director del Prodh y Bárbara Italia, una de las víctimas de violación, así como representantes del Cejil, se encuentran en la sede de la CIDH en Washington, como peticionarios para que ésta admita el caso de 11 de las mujeres que fueron violadas y torturadas sexualmente.
Destacaron que hoy se denunció ante la CIDH que el Estado mexicano es responsable por haber violado derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, de acceso a la justicia, a la igualdad y no discriminación.
Asimismo, informaron que en la petición se incluyeron tanto los testimonios de las 11 mujeres como los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las abogadas del Prodh manifestaron que lo que esperan de esta instancia internacional de derechos humanos con estatus consultivo ante la OEA es una recomendación al Estado mexicano para que haya justicia integral y se repare el daño a las víctimas no sólo en el aspecto económico sino en su proyecto de vida.
CONTINÚA TEMOR POR MUJERES DE ATENCO
El Prodh hizo hoy también un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad e integridad de las mujeres que denunciaron violación, tortura sexual y psicológica ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) en 2006.
Jacqueline Sáenz y Diana Martínez, denunciaron que a dos años de los hechos violentos en San Salvador Atenco y Texcoco, el 3 y 4 de mayo de 2006, donde más de 200 personas fueron detenidas, de las cuales 49 fueron mujeres y 26 de ellas violadas sexualmente por policías de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Estado de México, algunas mujeres que han obtenido su libertad continúan sufriendo hostigamiento.
De acuerdo con testimonios de 11 de las mujeres que interpusieron denuncia ante la Fevim, han sido acosadas y hostigadas vía telefónica, ya sea a través de llamadas o mensajes vía celular donde les preguntan por otras de sus compañeras que denunciaron.
El Centro Prodh no descarta que quienes perpetraron los abusos sexuales contra las mujeres de Atenco sean los mismos que están haciendo estas llamadas ya que recuerda que durante su traslado al penal las mujeres fueron interrogadas acerca de sus datos personales como nombre, dirección y teléfono.
TORTURA DEMOSTRADA, POLICÍAS IMPUNES
Son varios los organismos internacionales que se han pronunciado para que quienes ejercieron la tortura sexual contra las 26 mujeres reciban castigo y para reparar el daño a las víctimas.
A cinco meses de los operativos de 2006, el Comité Contra la Tortura (CAT) reconoció que durante éstos sí existió la tortura, señalando al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su “obligación” reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias.
Los informes de la CNDH y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), realizados en junio de 2006, señalaron contundentemente la existencia de tortura durante los operativos al tiempo que hicieron una serie de recomendaciones.
El Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Amnistía Internacional (AI), la ONU y organismos internacionales de derechos humanos han pedido al Estado mexicano castigo a los responsables y justicia para las mujeres.
Asimismo, las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al Gobierno mexicano otorgar a la Fevim la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco.
Han pasado dos años de los hechos: de las 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente por los cuerpos policíacos, al mando del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora y ahora procurador General de la República, únicamente 14 decidieron denunciar ante la Fevim.
De éstas, tres desistieron el proceso, y 11 continúan en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables, ahora a través de la vía internacional.
08/LGL/GG
Falta de compromiso da pie a la impunidad
Justicia mexicana, sin avances ante violaciones en Atenco: AI
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 30 abril 08 (CIMAC).- En el segundo aniversario de las violaciones sexuales cometidas por policías federales preventivos y del Estado de México contra 26 mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco durante los operativos de 2006, Amnistía Internacional (AI) sección México reprochó al Gobierno mexicano su falta de voluntad para terminar con la violencia y tortura contra las mujeres.
Justicia mexicana, sin avances ante violaciones en Atenco: AI
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 30 abril 08 (CIMAC).- En el segundo aniversario de las violaciones sexuales cometidas por policías federales preventivos y del Estado de México contra 26 mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco durante los operativos de 2006, Amnistía Internacional (AI) sección México reprochó al Gobierno mexicano su falta de voluntad para terminar con la violencia y tortura contra las mujeres.
En un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos condenó que a dos años de ocurridos los hechos no haya avances sustanciales para las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual y que la falta de compromiso del gobierno sigue dando pie a la impunidad.
Pese a la existencia de una Averiguación previa en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) presidida entonces por Alicia Elena Pérez Duarte, ésta no consignó a los responsables de los delitos, habiendo pruebas suficientes para ello, señala AI en su comunicado.
“El Procurador General de la República debe demostrar su compromiso en este sentido, garantizando el apoyo pleno a la nueva Fiscal Especial para que concluya su investigación y proceda contra los responsables”, insiste.
AI recordó que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza una investigación especial, ésta “no es una alternativa a la justicia penal sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos para esclarecer los hechos, por lo que no debe ser una razón para paralizar la acción penal contra los responsables ni otras acciones apremiantes”.
MOVILIZACIONES INTERNACIONALES
Luego del llamado internacional de Amnistía Internacional y del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” para sumarse a las acciones de protesta por las mujeres torturadas sexualmente durante los operativos de Atenco, se han llevado a cabo movilizaciones en Paraguay y España.
En un comunicado, el Colectivo de Solidaridad con la rebelión zapatista realizó un plantón afuera del consulado de México en Barcelona, España, y se entrevistó con el cónsul mexicano Jaime Enrique García Amaral.
Durante la entrevista con el funcionario mexicano, se le pidió que solicite informes a las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno sobre las acciones emprendidas para investigar, procesar y sancionar a los responsables de las detenciones arbitrarias y tortura que sufrieron las mujeres detenidas.
También se le pidió que informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité Contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) respecto a la falta de acceso a la justicia que han padecido las mujeres detenidas en Atenco.
Asimismo, solicitaron la liberación de María Patricia Romero Hernández, la única mujer que permanece en prisión.
En tanto, el Sector Niñas y Niños de la Otra Campaña, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Colectivo Kinta Brigada, presentarán esta tarde ante el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) un informe sobre el caso de los menores de edad detenidos el 3 y 4 de mayo pasado.
El informe, presentado ante los medios de comunicación en 2007, acusa al Estado mexicano de violentar los instrumentos internacionales que ha signado sobre defensa y protección de la infancia, al permitir la violación a los derechos humanos y tortura de nueve menores detenidos durante los operativos de San Salvador Atenco y Texcoco en mayo pasado por parte de policías. En su oportunidad, integrantes de estos colectivos denunciaron que con esto se demuestra una vez más la intención del gobierno, en todos sus niveles, de reprimir y atemorizar a los sectores sociales que luchan por defender sus derechos golpeando a los sectores más vulnerables como los adultos mayores, niñas, niños y mujeres.
EL SALDO
El 3 y 4 de mayo de 2006, un operativo policíaco fue desplegado a San Salvador Atenco y Texcoco, en el Estado de México, para terminar con las protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Durante el operativo, los más de 2 mil 500 policías federales y estatales hicieron detenciones arbitrarias, allanamientos, cateos sin orden judicial y mataron a dos personas.
Como resultado del operativo, más de 200 personas fueron detenidas, 49 de ellas mujeres que fueron trasladadas al penal de Santiaguito, en el Estado de México.Durante el trayecto al penal, cuyo recorrido duró más tiempo del que normalmente se realiza, las mujeres fueron violadas y abusadas sexualmente por parte de los policías.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó 23 “ataques sexuales” pero únicamente 14 mujeres denunciaron ante la Fevim, tres más desistieron y únicamente 11 continúan en espera de que esta instancia les dé tan esperada justicia.De la “investigación” realizada por las autoridades estatales, únicamente se levantaron cargos contra 21 policías. De éstos, los tribunales ya exoneraron a 15 y 6 policías siguen procesados por abuso de autoridad y uno por “actos libidinosos”.
Cargos que, ha señalado AI, “no reflejan la gravedad de los hechos de tortura que cometieron los policías, ni el número de ellos implicados.
Al día de hoy, 70 personas siguen enfrentando procesos por delitos de ataque a las vías de comunicación, y 16 más permanecen en prisión, entre los cuales hay una mujer.
En el caso de las extranjeras deportadas de México, luego de haber sido detenidas en los operativos, violadas algunas de ellas y abusadas sexualmente por los policías, (las españolas Cristina Valls y María Cristina Fernández, la chilena Valentina Palma y la alemana Samantha Dietmar,) únicamente la española Cristina Valls decidió llevar el caso ante los tribunales.
El 25 de enero de 2008, la española presentó su caso ante la Audiencia Nacional Española denunciando al Estado mexicano por tortura sexual y violación a derechos humanos, está aún a la espera de que esta instancia admita su caso.
De acuerdo con información proporcionada por el Prodh, será la segunda semana de mayo cuando la organización Women's Link Worldwide, que apoya legalmente a Valls, visite nuestro país para informar sobre el tema.
08/LGL/GG/CV
Nadín Reyes y Margarita Cruz aceptaron cita con desconfianza
Dos familiares de eperristas desaparecidos, llamadas por la PGR
Por Jessica Cecilia Vargas/corresponsal
Oaxaca, Oax., 30 abril 08 (CIMAC).- La Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), citó para el día de hoy a Nadín Reyes Maldonado y Margarita Cruz Sánchez, hija y hermana de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos y reclamados por ese grupo guerrillero.
La SIEDO solicitó la presencia de las dos mujeres en la Ciudad de México de manera verbal y no escrita, lo cual, dijeron en conferencia de prensa, les provoca desconfianza. Sin embargo aceptaron acudir a la cita, acompañadas por Isaac Torres Carmona, abogado de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) filial Oaxaca.
Las mujeres --integrantes del Comité Hasta Encontrarlos, que exige la presentación con vida de hombres y mujeres desaparecidos en distintas circunstancias dentro y fuera del territorio oaxaqueño-- presentaron durante la conferencia de prensa mensajes de correo electrónico donde en forma amenazante y con palabras soeces les exigen no continuar demandando la aparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos en la capital de Oaxaca, el 25 de mayo de 2007.
Nadín Reyes aseguró que dichos mensajes son conocidos por “instancias federales”, como la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien se comprometió a dar garantías para el desarrollo de nuestro trabajo".
Quieren quebrar nuestra resistencia física y moral, quieren atemorizarnos, generarnos angustia y sentimiento de vulnerabilidad, dijo Reyes Maldonado, quien no descarta un aumento del hostigamiento policíaco contra su familia, a partir de que detuvieron a funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz, entre ellos Romero Ruiz García, primo del mandatario.
Familiares de los desaparecidos dijeron también que nunca han confiado en Ruiz Ortiz y nunca lo harán, pues conocen la responsabilidad directa que éste tiene en el caso de las desapariciones. La actitud del Gobernador, dijo Reyes, denota falsedad e incongruencia.
HOSTIGAMIENTO CONTRA LIMEDDH
La Limeddh es también víctima de hostigamiento a través de mensajes anónimos electrónicos, denunció en su momento Raquel Chávez Solano, responsable del área jurídica de la organización. Estos iniciaron a partir del acompañamiento jurídico que ha hecho la Liga a las familias de los desaparecidos integrantes del EPR.
Ante el hostigamiento, la Limeddh presentó una denuncia penal, el pasado 28 de abril, ante la PGR por los delitos de intimidación y amenazas. De igual forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) conoció la queja por los ataques e intimidaciones a defensores de derechos humanos.
08/JCV/GG/CV
Dos familiares de eperristas desaparecidos, llamadas por la PGR
Por Jessica Cecilia Vargas/corresponsal
Oaxaca, Oax., 30 abril 08 (CIMAC).- La Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), citó para el día de hoy a Nadín Reyes Maldonado y Margarita Cruz Sánchez, hija y hermana de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos y reclamados por ese grupo guerrillero.
La SIEDO solicitó la presencia de las dos mujeres en la Ciudad de México de manera verbal y no escrita, lo cual, dijeron en conferencia de prensa, les provoca desconfianza. Sin embargo aceptaron acudir a la cita, acompañadas por Isaac Torres Carmona, abogado de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) filial Oaxaca.
Las mujeres --integrantes del Comité Hasta Encontrarlos, que exige la presentación con vida de hombres y mujeres desaparecidos en distintas circunstancias dentro y fuera del territorio oaxaqueño-- presentaron durante la conferencia de prensa mensajes de correo electrónico donde en forma amenazante y con palabras soeces les exigen no continuar demandando la aparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos en la capital de Oaxaca, el 25 de mayo de 2007.
Nadín Reyes aseguró que dichos mensajes son conocidos por “instancias federales”, como la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien se comprometió a dar garantías para el desarrollo de nuestro trabajo".
Quieren quebrar nuestra resistencia física y moral, quieren atemorizarnos, generarnos angustia y sentimiento de vulnerabilidad, dijo Reyes Maldonado, quien no descarta un aumento del hostigamiento policíaco contra su familia, a partir de que detuvieron a funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz, entre ellos Romero Ruiz García, primo del mandatario.
Familiares de los desaparecidos dijeron también que nunca han confiado en Ruiz Ortiz y nunca lo harán, pues conocen la responsabilidad directa que éste tiene en el caso de las desapariciones. La actitud del Gobernador, dijo Reyes, denota falsedad e incongruencia.
HOSTIGAMIENTO CONTRA LIMEDDH
La Limeddh es también víctima de hostigamiento a través de mensajes anónimos electrónicos, denunció en su momento Raquel Chávez Solano, responsable del área jurídica de la organización. Estos iniciaron a partir del acompañamiento jurídico que ha hecho la Liga a las familias de los desaparecidos integrantes del EPR.
Ante el hostigamiento, la Limeddh presentó una denuncia penal, el pasado 28 de abril, ante la PGR por los delitos de intimidación y amenazas. De igual forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) conoció la queja por los ataques e intimidaciones a defensores de derechos humanos.
08/JCV/GG/CV
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