Para los pueblos indígenas en nuestro País, la violencia institucional se ejerce con la represión directa o generando la división, el enfrentamiento, la marginación y el olvido. En el caso de Oaxaca y sus comunidades indígenas, la violencia ha existido por siglos. Hoy, quienes detentan el poder le apuestan al olvido y a la falta de acción como política de gobierno de quienes siguen demostrando su incapacidad para gobernar y el carácter ilegítimo de los cargos que ostentan. El estado de derecho es sustituido por el narco paramilitarismo y los grupos u organizaciones de choque, impulsadas y protegidas por el poder, gozan de impunidad para operar la política de exterminio para los pueblos originarios. Desde los tiempos de la conquista, el asesinato, el cepo, los azotes, la persecución, el desplazamiento forzado, la violación, las desapariciones forzadas y la esclavitud han sido nuestro destino, destino determinado por los conquistadores y sus santas instituciones desde hace más de 515 años. Desgraciadamente esto no aplica sólo para nuestro país, porque los hermanos latinoamericanos tienen que soportar a narco genocidas como Álvaro Uribe, que además de asesinar a nuestros jóvenes Verónica Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo, y herir gravemente a Lucía Morett, con la complicidad de calderón se atreve a proferir insultos en nuestra propia patria.El asesinato de las dos indígenas triquis, Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, es solamente el último episodio de una historia de miseria y abandono, donde los últimos acontecimientos pretenden lanzar al olvido eventos presentes y dolorosos como la desaparición de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, hace menos de un año, y el asesinato de hombres mujeres o niños que en la mayoría de las veces no alcanzan a comprender el origen de tanta violencia. Esta violencia, provenga de donde sea, dibuja claramente las responsabilidades del gobierno local y federal.
En todo esto, hay actores políticos que han capitalizado el presente conflicto social para agazaparse en la impunidad, fortalecer sus intereses políticos y económicos y prepararse para dar los siguientes pasos que les permitan mayor control, en una sociedad convulsionada donde los rezagos históricos que evidenciaron el conflicto, siguen sin resolverse en todas las regiones del Estado.
En este contexto, la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el 25 de mayo de 2007, es la continuidad de la Guerra de Baja Intensidad emprendida por Diodoro Carrasco Altamirano, principalmente en los Loxichas, en 1996. Se da también en el marco de una crisis del principal grupo de la narcoactividad al que como Gobernador y Secretario de Gobernación dejó operar impunemente.
El secuestro de Jesús Díaz Parada, originó golpes mortales no sólo del grupo en mención sino también de los grupos policiacos y militares que cegaron la vida de varias personas y fue aprovechado por el estado para argumentar que la desaparición de estos dos luchadores sociales era un ajuste de cuentas al EPR por parte de dicho grupo, en el supuesto de que esta organización armada revolucionaria habría secuestrado a Jesús Díaz Parada; siendo así, tendrían que aceptar entonces, que fueron los operadores policiacos y militares en el Estado quienes los hicieron partícipes, porque la desaparición se da en la línea de seguimiento histórico a estos luchadores sociales y no en la de pugnas internas, como lo quieren hacer creer algunos ingenuos partidarios de la confusión, para alimentar sus intereses políticos y económicos. Desde luego que los nexos de los Díaz Parada con el estado siguen vigentes, así lo evidencia la toma de las escuelas en San Pedro Totolapa por los esquiroles del Ulises Ruiz Ortiz, aglutinados en lo que se les ha dado por llamar Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bajo la protección de los viejos caciques de la región que han impuesto un incondicional en la presidencia municipal, al cuidado de sus intereses.
La ilegal detención y tortura el 25 de mayo de 2007 del indígena zapoteco Daniel Santiago Matías; la falta de voluntad para pre liberar a cuatro indígenas de la Región Loxicha y las aberrantes condenas contra los ocho restantes del fuero federal, presos desde hace doce años; sumado a las nuevas detenciones, incluida la de Isabel Almarás Matías; la militarización y paramilitarización evidencia que el riesgo para nosotros es latente y con el falso argumento de que somos del EPR, para eliminarnos pueden recurrir a los cuerpos policiacos-militares o a los grupos narco paramilitares de nuevo o viejo cuño .
Es obvio que los más altos niveles políticos, policiacos y militares conocieron de la detención de los dos luchadores sociales y que cualquier negativa, sólo evidencia el carácter cínico de los actores políticos que esperan una oposición arrodillada bajo la premisa de que mantienen rehenes para doblegar al adversario.
En el caso de los Presos Políticos y de Conciencia de la Región Loxicha, no admitimos esa condición y exigimos se deje en libertad a quienes ya alcanzan el beneficio legal de pre liberación y en general a quienes desde hace 12 años han sido los chivos expiatorios de Diódoro Carrasco Altamirano para mantener sus cotos de poder y la consiguiente impunidad para los mercenarios políticos y policiacos que desde sus sexenio operan en nuestro estado.
Consideramos necesario dar la voz de alerta y responsabilizar al gobierno local y federal de nuestra integridad física y psicológica, pero sobre todo exigimos:
¡Presentación con vida de las y los desaparecidos!
¡Libertad a las y los presos políticos y de conciencia de
la Región Loxicha!
¡Alto a la represión y la violencia en el campo y la ciudad!
¡Castigo a los responsables materiales e
intelectuales de la represión!
Por la OPIZ/FNLS
Juan Sosa Maldonado
Oaxaca de Juárez, Oaxaca;
01 de mayo de 2008--
http://mx.geocities.com/opiz_lox/
Atentamente:Juan Sosa Maldonado
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
"Porque ser defensor de derechos humanos
no es sinónimo de terrorista"
Comité Pro-Liberación "
Hnos. Cerezo Contreras"-Puebla
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