alberto osorio méndez
* Consideran que la reforma está condenada al fracaso
Guadalajara, Jal., 25 de abril (apro).- Especialistas en derecho constitucional rechazaron la reforma al sistema judicial aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, por su inoperatividad.Al participar en el coloquio “Reformas a la Constitución General de la República y al Código Penal Federal”, organizado por el Instituto de Administración Pública de Jalisco, el constitucionalista y exconsejero electoral, José Barragán, advirtió que es una iniciativa “condenada al fracaso” porque la impartición de justicia se convertirá en un esquema “lento y atorado”.Barragán aseguró que existen leyes similares en otros países de Latinoamérica que han dejado ver sus limitantes y las severas complicaciones para su aplicación.
El exconsejero del Instituto Federal Electoral y abogado constitucionalista se refirió a las transformaciones obligadas de los artículos relacionados con la defensa de las garantías individuales, entre ellos el 16, 17, 18, 20 y 21 de la Constitución Mexicana, y consideró que el juicio de amparo podría representar un motor en contrasentido de esas modificaciones.“Hay que cambiar todo lo que ahora tenemos en materia de legislación y administración de justicia. Se requiere abrir nuevos espacios en cada uno de los juzgados y en los tribunales, hay que aumentar el número de jueces y de ministerios públicos; y para dar una idea de lo que ello representa, en días pasados el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que se necesitan 20 mil millones de pesos, para adecuar juzgados y tribunales en materia penal”, explicó.
En entrevista, recordó que únicamente hace falta que cinco Congresos estatales aprueben la reforma –hasta el momento lo han hecho 12, incluido Jalisco--, para que pueda ser incluida en el texto constitucional.Insistió que a pesar de que no existen las condiciones para garantizar el éxito de la reforma, en ocho años todas las modificación ya de deberán estar operando plenamente.
“Es una iniciativa condenada al fracaso, y eso es lo que no nos están diciendo las autoridades, es una reforma que ya está implantada en varios países de América Latina y ha fracasado en todos lados por los altos costos que significa y porque en muchos de esos países también tienen juicio de amparo, bajo un esquema copiado al sistema mexicano”, reiteró.Por su parte, el magistrado expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Manuel Higinio Ramos, consideró que las modificaciones promovidas en el ámbito judicial responden más a un reclamo de orden mercantil que llegan desde la Unión Europea, que a la posibilidad de llevar a cabo una reforma de fondo.
Cuestionó la aprobación de una iniciativa que representa la copia de otras legislaciones y la adaptación forzada al esquema justicia anglosajón, donde se presume la aplicación de juicios orales y la eliminación de la confesión de parte, pero no se ven las repercusiones negativas que acarrea para jueces y ministerios públicos.Dijo que “ahora 90 % de las condenas de delitos graves están sustentados en la confesión” y que el nuevo sistema prevé la suspensión de la averiguación previa, como parte sustantiva de la investigación.
“A raíz de la instalación de los juicios orales, se suprime la averiguación previa, el agente del Ministerio Público podrá recabar la prueba pero no tendrá oportunidad de desahogarla”, agregó. En tanto, el abogado penalista Everardo Rojas instó a defensores de los derechos humanos y a litigantes a impulsar la creación de un frente común para denunciar ante organismos internacionales la serie de inconsistencias, que a su juicio, contiene la iniciativa.
“La salida la veremos en los tribunales internacionales, en donde los estudiosos en derecho podremos exhibir las incongruencias de la Constitución y las violaciones a los propios tratados y convenios a los que estamos sujetos como nación. Viene un atorón terrible porque estamos pensando en pedir una medida cautelar, y si un organismo internacional acepta esa medida internacional yo no se qué va a pasar”, señaló.
Entre los puntos mas cuestionados por los analistas destacan el tema del denominado arraigo, que podría realizarse en un plazo que va de 40 a 80 días: “Esa figura se opone a lo establecido por el artículo 14 constitucional, en donde se dice que nadie puede ser privado de la vida o de su libertad sin un mandato judicial”.
En su paso por el Congreso de Jalisco la iniciativa fue aprobada esta semana sin mayores complicaciones, con 27 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.
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