Aún pueden reivindicarse como representantes populares
Ciro Pérez Silva
Diputados y senadores “tienen todavía la oportunidad de actuar a la altura de las circunstancias y reivindicarse como verdaderos representantes populares, si cambian, en definitiva, la política económica que sólo atiende a los privilegiados de siempre y ha llevado a la bancarrota al país”, afirmó Andrés Manuel López Obrador, luego de advertir que la nueva realidad que plantea la crisis demanda una visión y una política diferentes.
Ayer por la tarde, frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y ante centenares de simpatizantes, López Obrador leyó una carta que envió al panista Gustavo Madero Muñoz y al priísta César Duarte Jáquez, presidentes de las Mesas Directivas de las cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente en la que reitera su llamado a reorientar el gasto público y proteger a los mexicanos ante el agravamiento de la crisis económica, así como el de remover al titular de Hacienda, Agustín Carstens, quien, dijo, ha evidenciado su incapacidad para lidiar con la crisis.
Recuerda a los legisladores que el 28 de septiembre pasado propuso convocar desde el Congreso a un acuerdo entre las fuerzas políticas y sectores económicos y sociales, para instaurar un plan anticrisis, lo cual fue ignorado, así como el Programa para la defensa de la economía popular que les hizo llegar el 4 de noviembre, cuando estaba por aprobarse la Ley de Ingresos y el presupuesto de 2009.
“Por esta razón, y dada la gravedad del asunto, de nueva cuenta les volvemos a insistir en que se deben tomar medidas urgentes para cambiar la política económica, empezando por reorientar el gasto público y destinar fondos al desarrollo económico y social del país”, por lo que planteó cinco puntos de inversión y uno de ahorro, que permitirían dar destino productivo y social a 200 mil millones de pesos.
De manera específica, dijo, se puede ahorrar esa cantidad reduciendo a la mitad los sueldos, “desde el presidente espurio” hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo federal; las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores; suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia y cancelando las pensiones millonarias a los ex presidentes de México, además de eliminar otros “privilegios”.
“Absurda política”
A partir de la aplicación de un plan de “austeridad republicana”, en una primera etapa se pueden destinar apoyos al campo para la producción de alimentos, toda vez que los 16 mil 800 millones que este año se aplican para el Procampo, no son suficientes para apoyar la producción.
“Es indispensable hacer a un lado la absurda política de comprar los alimentos afuera, cuando podemos producir en el país lo que consumimos, generando empleos y atemperando el fenómeno migratorio”. Para este sector, dijo, se destinarían 20 mil millones de pesos.
Destinar cuando menos 40 mil millones de pesos para la banca de desarrollo, para garantizar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Aclaró que el fondo de 50 mil millones de pesos que está ejerciendo “el gobierno espurio, supuestamente para este propósito, se está dedicando realmente a apoyar a las grandes empresas en sus emisiones de papel comercial, como Cemex, Coppel, Soriana y Comercial Mexicana”.
La propuesta contempla disminuir las tarifas de energía eléctrica, con un costo de 15 mil millones de pesos, así como la reducción de precios de gasolina y gas en 10 por ciento, y de diesel en 15 por ciento, lo que requerirá de 35 mil millones de pesos. Con ello se daría un aumento real en el ingreso y se reduciría la inflación.
Apremió a destinar recursos para adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.
Finalmente, insistió en derogar el IETU, pues, aseguró, no hay mejor manera de apoyar a las empresas y dar un alivio a la carga fiscal de los trabajadores que eliminar este impuesto injusto que causa gravámenes superiores a la capacidad de pago de los contribuyentes. Esta medida tendría un costo de 50 mil millones de pesos.
López Obrador convocó a una nueva reunión, el martes 17 de febrero, frente a la Cámara de Diputados, para conocer la respuesta de los legisladores a esta carta. Antes del tabasqueño hicieron uso de la palabra Mario Di Costanzo, funcionario del “gobierno legítimo”; Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista, y el diputado federal Antonio Almazán.
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