Periodistas pal cafe.....

Editorial La Jornada
Atenco: hacer justicia
A casi tres años de los abusos cometidos por policías federales y estatales en Texcoco y San Salvador Atenco, en mayo de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto iniciar, el próximo lunes, la discusión pública de un dictamen sobre el caso, elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Entre otras cosas, el documento reconoce la comisión de violaciones a las garantías individuales de los pobladores de Atenco por parte de elementos de la fuerza pública (entre los que destacan diversas formas de agresión sexual) y atribuye tales vejaciones a “la falta de técnicas para preservar las detenciones, indolencia y cargas emotivas incontroladas y, por supuesto, injustificables” de los policías; asimismo, el texto aclara que el máximo tribunal no está facultado para fincar responsabilidades personales a los funcionarios involucrados –cuyos nombres son omitidos– en la violación de garantías, ni para establecer las sanciones correspondientes.

Sin duda, el solo hecho de que el máximo tribunal haya reconocido, en voz de uno de sus magistrados, la comisión de estos crímenes y la participación de las autoridades en ellos constituye un avance con miras al cabal esclarecimiento de esas lamentables e inaceptables agresiones, y ciertamente es un cambio positivo en la postura del propio Gudiño Pelayo, quien hace exactamente dos años, ante la posibilidad de que la SCJN atrajera el caso, sentenció: “no vamos a obtener nada más de lo que ya obtuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. Sin embargo, al insinuar que los abusos se deben principalmente a la falta de preparación de las policías; al omitir la mención de los altos funcionarios involucrados; al no establecer sanciones en contra de los responsables, la investigación de la Corte pareciera limitar sus propios alcances y descalificar de alguna manera las conclusiones a las que arriba.

En efecto, ante la gravedad de los atropellos cometidos en Atenco –homicidios no esclarecidos, violaciones, detenciones arbitrarias, incomunicaciones, allanamientos de morada, golpizas y robo de pertenencias, hechos documentados por diversos organismos defensores de derechos humanos–, resultaría insostenible deslindar a funcionarios que, como Enrique Peña Nieto, gobernador de la entidad, o Eduardo Medina Mora, entonces titular de Seguridad Pública federal, tenían bajo su mando a los efectivos que cometieron esos delitos. Un resolutivo en ese sentido no sólo preservaría la impunidad de que disfrutan los responsables políticos, intelectuales y materiales de los graves atropellos sufridos por centenares de personas, sino que confirmaría que en el país prevalece un manejo faccioso de la justicia, y que los órganos encargados de impartirla operan bajo criterios de índole política, no legal: baste con contrastar el trato que hasta ahora han recibido los responsables de las acciones represivas de Atenco, con las sentencias desproporcionadas, la invención de delitos y la persecución política de que han sido objeto los líderes sociales de la localidad mexiquense. Tal perspectiva acentuaría, además, el descrédito en que el máximo tribunal se encuentra inmerso como consecuencia de sus propias decisiones.

En suma, la Corte no sólo tiene en sus manos la resolución en torno a un episodio atroz, en el que fueron cometidos crímenes que no deben quedar impunes: tiene, también, la responsabilidad de reivindicar, en alguna medida, su compromiso con las garantías individuales y con la vigencia del estado de derecho, y de reivindicarse a sí misma de cara a la sociedad. Cabe esperar que los magistrados cobren conciencia de ello.

Desfiladero
Jaime Avilés

jamastu@gmail.com
■ AMLO: peligran las reservas
■ FCH: no al alarmismo
■ Juicio histórico a Zedillo

El domingo pasado, La Jornada publicó en primera plana un recuadro que resume, en siete balazos (periodísticos), el desastre provocado por la política económica de Ernesto Zedillo (1994-2000). Veamos…
El llamado rescate bancario, que se consumó cuando a petición de Zedillo el Congreso convirtió en deuda pública las deudas de particulares que se encontraban en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) “representa a precios actuales 2 billones 577 mil millones de pesos”.

Su costo, agrega el recuadro, “lo pagarán los contribuyentes durante 30 años”, aunque eso mismo se dijo hace 10 y se seguirá diciendo dentro de 20 porque en realidad es impagable: el Fobaproa constituye el más grande acto de defraudación cometido en la historia de México.

La “quiebra de la banca en 95 llevó al país a la peor caída en 60 años”, señala el tercer punto del oportuno recordatorio, y la memoria saca de su archivo de horrores datos escalofriantes como estos: sólo en 1995 quebraron más de un millón de empresas y el número de suicidios, ciudad por ciudad, aumentó exponencialmente, siendo frecuentes los casos de personas que se arrojaron al Metro o se colgaron porque, según los expertos, carecían de dinero para pegarse un tiro.

Prueba palpable de lo anterior es el siguiente punto, que a la letra dice: “El número de pobres aumentó del 94 al 96 en 20 millones”. Como todos recordarán, la devaluación del 19 de diciembre de 1994, que precipitó la catástrofe, se debió a la negativa de Carlos Salinas de Gortari de ajustar la paridad peso-dólar antes de entregarle el poder a Zedillo. Por lo contrario, Salinas fomentó en esos meses finales de su sexenio la compra masiva de dólares baratos y redujo sensiblemente el monto de nuestras divisas internacionales.

Pero, en vez de tomar la decisión desde el primer día de su mandato, Zedillo dejó que la sangría prosiguiera hasta que, con las arcas vacías, devaluó el peso en 100 por ciento. Consecuencias: todas las empresas mexicanas que tenían deudas en dólares vieron cómo éstas se duplicaban de la noche a la mañana y se vieron obligadas a cerrar. Ante la falta de liquidez en los bancos, Zedillo emitió pagarés para respaldar las operaciones a futuro. A continuación, los banqueros, vivillos como pillos, empezaron a hacerse autopréstamos y los declararon “cartera vencida”, para que de este modo quedaran inscritos en el Fobaproa.
Así se consumó el peor atraco de todos los tiempos. Cuando el Congreso convirtió el Fobaproa en deuda pública, con los votos del PRI y del PAN, que en ese momento dirigía Felipe Calderón, “sólo cuatro de cada 100 pesos fueron en apoyo a pequeños ahorradores”, y los bancos, “saneados con el dinero público”, fueron vendidos a extranjeros. Hoy, los intereses anuales del Fobaproa, concluye el recuadro, “suman 30 mil millones de pesos”, pero dentro de 12 meses la cifra será mucho más abultada.

Zedillo, como salta a la vista, sembró el terror económico en nuestro país. Pero además quedó señalado como responsable de tres matanzas de indígenas y campesinos: la de Acteal, Chiapas (22 de diciembre de 1997), la de El Charco, Guerrero (7 de junio de 1998) y la de El Bosque, Chiapas (10 de junio de 1998). Y no podemos pasar por alto que, mientras la carnicería de Acteal perseguía una finalidad estratégica –militarizar los Altos de Chiapas para neutralizar a las fuerzas del EZLN que no habían entrado en acción–, las otras dos, efectuadas con tres días de diferencia, fueron un pretexto para justificar un nuevo y repentino desplome del peso ante el dólar.

Homicida múltiple, que mató por bala, por hambre o por desesperación a sus incontables víctimas, y que hundió a más de un millón de empresas, y causó la pérdida de millones de empleos, y destruyó la banca nacional, y favoreció la más injusta concentración de riqueza en unas cuantas manos desde 1910, y privatizó bienes de la nación para después explotarlos como gerente al servicio de las empresas extranjeras que los (y lo) compraron, Ernesto Zedillo debería ser procesado y sentenciado como el delincuente que es, pero Felipe Calderón, desde Davos, lo elogia y exalta como ejemplo para el mundo y propone un Fobaproa universal para “salvar” la crisis global del capitalismo. ¡Bravo! Con razón vivimos en un Estado fallido.

Chusma, chusma catastrofista

“Cada que Calderón tiene una duda, llama a Carstens; cada que no entiende un problema, llama a Carstens; cada que se le ocurre una idea, llama a Carstens”. Y Agustín Carstens, el inmenso secretario de Hacienda, “deja de hacer lo que esté haciendo, corre a Los Pinos y se queda horas y horas hablando con Felipe. Es su nuevo dios. En este gobierno no se mueve una hoja si Carstens no da su visto bueno”, dicen los que ahora entran y salen a diario del primer círculo del devaluado y deprimido pelele.

Esto explicaría el sentido del discurso de Calderón en Querétaro el jueves, donde arremetió en contra de Andrés Manuel López Obrador sin mencionarlo (se limitó a llamarlo “catastrofista”) y, por lo que ahora se sabe y se entiende, salió en apasionada defensa de Carstens (al que sin tampoco aludirlo personalmente lo comparó con “el Estado” y “las instituciones”). Juzguen ustedes…

Hay, dijo, quienes “quisieran ver debilitada la nación y las instituciones republicanas que trabajan cotidianamente”. Y todo porque, según los que saben leer el fondo de los discursos políticos, López Obrador exigió el lunes, durante un mitin frente a la Secretaría de Hacienda, un cambio radical de política económica y la renuncia de Carstens. Esa demanda no habría sido tomada en serio si The New York Times no hubiera publicado, en la mañana de ese mismo jueves, que la popularidad del tabasqueño está otra vez a la alza, ya que “el aumento de la ansiedad (de los mexicanos) sobre la economía puede estar reviviendo su atractivo”.
En el mitin del pasado lunes, López Obrador insinuó que a este ritmo (mientras el Banco de México subasta 400 o 500 o 700 millones de dólares diarios para apoyar al peso) pronto podrían agotarse las reservas federales, y dijo con todas sus letras que esto no se debe a un problema técnico sino a una falta total de confianza de los mercados en el gobierno de Calderón. “Y para que haya confianza se necesita cambiar de política económica”, subrayó, lo que de ningún modo será posible si no renuncia Carstens.

Así, pues, el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular cuenta con una flamante bandera: luchar por la caída de Carstens, y por la formación de un paquete de 200 mil millones de pesos, extraídos del ahorro de los altos funcionarios, que reactive las actividades productivas, frene la devaluación y beneficie a los más pobres. Pero antes del mitin del próximo 17 de febrero a las puertas de San Lázaro, convocado por AMLO para agitar esas demandas, mañana, en las oficinas del gobierno legítimo (San Luis Potosí 70, colonia Roma), habrá un bazar para recaudar fondos. Entre las bellezas que estarán a la venta figuran dos obras de Gerardo Rodríguez Canales (Geroca), el pintor más importante de Monterrey.

Dinero
Enrique Galván Ochoa

galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://dinero.tv

■ Al final, el IFE se someterá a las televisoras
■ El caso de la sobredosis de espots
■ “El soldado del canal de las estrellas

De las personas que encuestamos esta semana 96 por ciento opinan que las televisoras no se someterán al IFE en el asunto de la sobredosis de espots en el Súper Tazón. Al contrario, será el IFE el que se incline ante su poder.

Metodología

Esta semana enviamos 2 mil 500 cuestionarios por correo electrónico a los miembros de El Foro México de toda la República. Recibimos la respuesta de mil 975 personas (75 por ciento). Algunas enviaron una opinión con su voto. Enseguida reproducimos fragmentos seleccionados. Los textos completos pueden leerse en el foro.

Opiniones

Qué lejos quedaron los tiempos en que el dueño de Televisa, uno de los mexicanos más ricos, se decía “soldado del presidente”, sabemos que no era así, pero se cuidaban las formas. Ahora sólo falta que el presidente declare que es “soldado del canal de las estrellas”.
Héctor Mendizábal / Distrito Federal

Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez

losylasdeabajo@yahoo.com.mx.
■ Amagos del Ejército

El campesino ecologista Javier Torres Cruz tiene más de un año viviendo en la zozobra. El 19 de septiembre de 2007 denunció ante autoridades del Distrito Federal al ganadero Rogaciano Alva Álvarez como presunto responsable intelectual de uno de los asesinatos que más han conmocionado a México en la última década: el de Digna Ochoa Plácido, incansable defensora de los derechos humanos, ocurrido en octubre del 2001 y hasta la fecha impune. La denuncia ha costado cara a Javier, a sus familiares y a la comunidad de La Morena, quienes a partir de esa fecha han sido amenazados y hostigados por miembros del Ejército Mexicano.

Torres Cruz es originario de la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, Guerrero, y miembro de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. Su acto de valentía al denunciar a Rogaciano Alva posibilitó que se reabriera el expediente de la muerte de Digna, poniendo en franca duda la tesis del suicidio, que de cualquier forma había sido impugnada por organizaciones y familiares de la víctima.

De noviembre de 2008 a febrero de 2009 la comunidad de La Morena y sus alrededores ha sido rodeada en tres ocasiones por elementos del Ejército, quienes han cateado casas en busca de Javier y sus dos hermanos. Apenas el pasado 5 de febrero el campesino denunció que soldados incursionaron nuevamente y que la comunidad se encuentra en medio de un dispositivo militar que mantiene tres posiciones en la región: el último caserío con luz eléctrica sobre la brecha Petatlán-La Morena, río abajo de La Morena y arriba del caserío Las Humedades.

En estos momentos Javier, su familia y la comunidad entera se mantienen a la expectativa y con temor ante los rumores de un “inminente ataque” por gente armada al mando del ganadero Alva Álvarez. El miedo no es infundado, pues el pasado 3 de diciembre Torres Cruz, de 28 años, fue detenido en un retén militar de San Luis la Loma. De acuerdo con su testimonio, los soldados lo detuvieron, le vendaron los ojos y lo entregaron a un grupo de civiles, quienes lo mantuvieron en cautiverio, lo torturaron e interrogaron sobre la denuncia hecha en contra de Rogaciano Alva. Cuatro días después logró escapar y denunció que en la huida lo persiguieron militares y civiles.

La situación es alarmante. A Digna la amenazaron y un día la encontraron muerta. Javier Torres denunció a un presunto implicado y hoy su vida corre peligro. La solidaridad nacional e internacional está en alerta. Desde Munster, Alemania, el colectivo Basta se une a la exigencia de cese inmediato al hostigamiento en contra de Javier Torres y los habitantes de La Morena, y el otorgamiento de medidas cautelares.

México SA
Carlos Fernández-Vega

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

■ Nadie asume la responsabilidad por las devaluaciones del peso
■ Historia de justificaciones y autoexculpaciones

En el México “moderno” de los últimos 27 años, en prácticamente todas las devaluaciones sufridas por la heroica moneda nacional, que no son pocas, sus autores culparon a su antecesor, y a la “circunstancia externa” y/o al “entorno internacional” cuando la depreciación monetaria se dio con el sexenio andado. Ninguno de los cinco integrantes del club de presidentes devaluadores y devaluados (de MMH a FCH) asumió su responsabilidad. Los errores, excesos o desviaciones fueron heredados, y de otras latitudes llegaron los males.

En 32 años y pico el tipo de cambio peso dólar pasó de 12.50 a 14 mil 500 por uno; en ninguno de los seis gobiernos involucrados (cuatro priístas, dos panistas) en la feria devaluatoria, el tipo de cambio registró un descenso favorable a la moneda nacional, por mucho gasto de saliva (“¡se recupera el peso!”; “¡el tipo de cambio es sólido!”) invertido por cada uno de los seis inquilinos de Los Pinos participantes en el circuito.
Como lo mencionamos días atrás en este espacio, el trofeo de campeón de campeones corresponde a Miguel de la Madrid: 3 mil por ciento de devaluación acumulada en el sexenio; de 70 pesos por dólar que le heredó José López Portillo, pasó la estafeta con un tipo de cambio de 2 mil 810 de los nuestros por cada billete verde.

¿Qué dijeron de y cómo justificaron las devaluaciones que los seis inquilinos de Los Pinos tuvieron que afrontar durante su estadía en la ex hacienda de La Hormiga? Va un recuento sobre tan creativa actividad, basado en sus informes de gobierno (en la entrega de ayer referimos la exposición de José López Portillo).
El campeón de campeones, Miguel de la Madrid, lo resumió así: “factores internos y externos se conjugaron para producir una de las peores crisis en la historia del país. El nuevo gobierno encontró una economía caracterizada por el desplome y el retroceso de la producción, con hiperinflación, desempleo creciente, aumento explosivo del déficit público y del circulante, caída del ahorro canalizado a través del sistema financiero, devaluación aguada del peso y pérdida de soberanía monetaria, agotamiento de las reservas internacionales, una deuda externa de magnitud sin precedente y la virtual suspensión de pagos a nuestros acreedores internacionales, con la consecuente interrupción de nuestras relaciones económicas con el exterior.

“Estos elementos de la crisis interna se conjugaban con una situación internacional caracterizada por la inestabilidad, la incertidumbre, el temor y la imposibilidad de mantener la dinámica económica y el empleo en la mayoría de los países, independientemente de que fueran capitalistas, socialistas o de economía mixta. México resintió particularmente la baja en la demanda y en los precios del petróleo en el mercado internacional, el estrechamiento de las disponibilidades financieras y las alzas en las tasa de intereses. Un peso sobrevaluado respecto del dólar indujo fuertes fugas de capitales. Después de reconocer desde diciembre de 1982 la realidad del tipo de cambio, con una drástica devaluación (la primera de MMH) que ajustó nuestra moneda a las condiciones del mercado, hemos mantenido una política de ajuste cambiario gradual, evitando variaciones abruptas”.

En 1983 arrancó operaciones el generosísimo Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca, a cargo de Ernesto Zedillo), por medio del cual se subsidió, a costillas del erario, dólares baratos para las grandes empresas. Miles de millones de dólares pagaron de las arcas públicas pagaron el festín. De la Madrid supuso que con el perro muerto la rabia era cosa del pasado: “la especulación ha disminuido considerablemente… la historia no puede, no debe volver atrás”, dijo.

Pero sí. “En 1987 fue el derrumbe de las cotizaciones en los mercados bursátiles del mundo. En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, el efecto se vio magnificado por las condiciones prevalecientes de sobrevaluación de las acciones. Se desató así la especulación contra el peso en los mercados cambiarios, a pesar de la fortaleza de la balanza de pagos del país y de la acumulación de reservas internacionales. Había desconfianza generalizada en el sistema financiero del país. Habíamos perdido el control de los mercados cambiarios”. Resultado, 3 mil por ciento de devaluación.

A Carlos Salinas de Gortari no le fue tan mal: 23 por ciento de devaluación acumulada en el sexenio, producto, según él mismo, de la “confianza” en su administración. Lo cierto es que se negó a devaluar y heredó tal responsabilidad al gobierno entrante, que al hacerlo le explotó en la cara. Decía el hijo predilecto de Agualeguas que “en el marco del pacto concertamos un mecanismo de deslizamiento gradual. En noviembre de 1991 eliminamos el control de cambios que se encontraba vigente desde 1982 y, de manera simultánea, establecimos una banda de flotación del peso frente al dólar. Esta nueva estrategia otorgó mayor flexibilidad al tipo de cambio en el corto plazo y fomentó una mayor estabilidad en el largo plazo”. Y también encubrió la devaluación acumulada: le quitó tres ceros al tipo de cambio, y cada dólar dejó de costar 3 mil y cacho de pesos, para mágicamente amanecer en 3 nuevos pesos y algunos centavos.

Así lo explicó: “los avances alcanzados en la recuperación económica con estabilidad de precios son la base para introducir, a partir del primer día de 1993, una nueva unidad monetaria que se llamará nuevo peso, y será equivalente a mil pesos actuales. Esta medida, que no altera en nada las decisiones económicas, permitirá simplificar procedimientos y facilitar transacciones. Propondré a esta soberanía la acuñación de una nueva moneda de plata equivalente a 20 nuevos pesos con la efigie de don Miguel Hidalgo para honrar la memoria del Padre de la Patria y recobrar aquellas monedas de plata que tanto nos enorgullecieron”. Más de 20 mil millones de dólares en reservas internacionales se sacrificaron a lo largo de 1994 para sostener artificialmente el tipo de cambio. Pero llegó diciembre y con él los “errores” y el “nuevo” gobierno, sobre lo que abundaremos en la siguiente entrega.

Las rebanadas del pastel

No perteneció al club de “modernos” devaluadores, pero el político-empresario Miguel Alemán Valdés hizo lo suyo. En su segundo informe de gobierno (1948) explicó: “hubo otros que se apresuraron a adquirir dólares para cubrir sus necesidades futuras en moneda extranjera, o simplemente para ponerse a cubierto de una devaluación previsible, en vista de las noticias provenientes del exterior que hablaban de devaluación de otras monedas… El gobierno no ignora que la devaluación afecta adversamente a grandes grupos sociales, sobre todo a los de ingresos fijos y especialmente a los asalariados, y por eso quiere declarar que considera que en el futuro inmediato el deber mayor del país está en defender a esos grupos” (en la crónica parlamentaria del día a pie de texto se aclara: “la asamblea tributa de pie clamorosa ovación y el público lanza vítores al primer mandatario”).

Gustavo Leal F.*

Dos calderonistas: IFAI Lujambio e IMSS-Horcasitas

Según Alonso Lujambio, comisionado presidente del IFAI, el IMSS-Horcasitas se ha convertido en una de las instituciones más “transparentes” debido al acrecido número de solicitudes que le han sido requeridas vía el IFAI, aunque ese mismo IMSS ocupe simultáneamente el penoso primer lugar de expedientes reservados: más de 645 mil sólo en 2008, de acuerdo con el propio Lujambio.

Es decir, mientras más opaco el IMSS, y por tanto más necesario recurrir al IFAI para obtener –con un rodeo– lo que él se niega a atender, para Lujambio se trata de un IMSS-Horcasitas “más transparente”. Curioso “elogio” de ese IFAI-Lujambio.

¿Qué comparten ambos funcionarios? Sólo la filiación calderonista, lo que explica su gusto por transformar verbalmente la opacidad en “transparencia”. Porque lo cierto es que la que sólo ve Lujambio en el IMSS-Horcasitas, poco coincide con la realidad institucional.

¿Informar es transparentar? Ya desde sus primeras apariciones, Horcasitas ha buscado hacer pasar como “ejercicio de transparencia” la simple obligación de informar a qué lo mandata la ley. Así lo hizo en el Informe de labores 2007, pretendiendo presentarlo simultáneamente como “una primera evaluación del desempeño, pilar fundamental del proceso de consolidación democrática por el que atraviesa nuestro país” (p. 8).

Cifras de empleo. El 9 de mayo de 2008 el IMSS-Horcasitas aceptó haber presumido la creación de ¡660 mil empleos! inexistentes “por error de metodología”. Al modificarse la programación del “reporteador” de los trabajadores asegurados (en 2004 con Santiago Levy) resultó que los trabajadores “nuevos” no lo eran: simplemente habían migrado del empleo eventual al permanente. Pero Horcasitas informó (el 20 de junio) que el Programa Primer Empleo tenía inscritos 14 mil 958 trabajadores (31 de diciembre, 2007). Y sólo 60 días después aseguró, ante legisladores, que “se han generado alrededor de 35 mil puestos”. Es decir: poco más de 20 mil puestos en menos de ¡ocho meses! ¡Magazo! ¿Aprendió rápido las “metodologías” de Levy?
Pensiones. ¿Cuántas entrevistas concedió Molinar Horcasitas, ese paladín de la “transparencia”, después de la “negociación” del contrato colectivo de trabajo 2007-2009 de los empleados del IMSS? Su oficina de Comunicación Social debe tenerlas contadas. Porque en todas ellas –un buen palmarés– ocultó que había firmado en lo oscurito modificaciones trascendentales a ese contrato que, como la “reforma” calderonista del ISSSTE, compromete severamente el horizonte pensionario de los trabajadores de nuevo ingreso.

Prótesis de rodilla. El primero de diciembre de 2008 se hizo público que, con una licitación diseñada “a la medida”, el IMSS compró prótesis descontinuadas para implantes de rodilla –a la empresa Ortopedia Hisa– pagando precios hasta 81 por ciento más altos que los contratados un año antes con otro proveedor. Por el impacto presupuestal, ello se tradujo en un incremento de los tiempos de espera: los pacientes tienen que aguardar hasta seis meses para ser intervenidos.

Credenciales. El 2 de diciembre de 2008 se divulgó que el IMSS había aplazado, hasta en dos ocasiones, el anuncio del fallo de una licitación para la producción de entre 8 y 20 millones de credenciales para sus derechohabientes. El instituto modificó las bases de la licitación que exigían a los concursantes utilizar equipos nuevos. Cosmocolor, actual proveedora del servicio y propiedad de la familia Kahwagi, solicitó eliminar el requisito. Los otros concursantes reclamaron alegando que los funcionarios de Horcasitas favorecen a Cosmocolor, quien lleva ventaja “al no tener que invertir en equipos nuevos”. La inversión se estima en 20 millones de dólares y el contrato incluye la rexpedición de entre 500 mil y 1.2 millones de credenciales biométricas. En caso de que el IMSS requiera un número mínimo de credenciales: 8.5 millones, el presupuesto a ejercer montaría 357 millones de pesos. De requerir un número máximo, podría alcanzar 890 millones de pesos.

Subrogación del servicio de hemodiálisis. El 23 de diciembre de 2008 se publicó que la licitación para la adjudicación del Servicio Integral de Hemodiálisis Subrogada a escala nacional fue asignada a las empresas Cuidados Integrales del Paciente Renal y Corphomed SA de CV, con lo que se habría presuntamente favorecido a un “ejecutivo que antes se desempeñó como funcionario del mismo IMSS, cuando ese instituto adjudicara en el pasado servicios del mismo tipo a la empresa Qualysis que, por cierto, terminó saliendo con irregularidades e incumplimientos” (El Financiero). La licitación ampara un contrato por más de mil 400 millones de pesos para cubrir a más de 9 mil pacientes anuales, incluyendo la toma y evaluación de más de un millón 400 mil estudios por año.

Pero Alonso Lujambio es tan optimista como Molinar Horcasitas, quien asegura estar comprometido con una “mejora sustancial de los servicios de salud” ejerciendo –sólo durante el año electoral 2009– un descomunal presupuesto de 299 mil millones de pesos.

Aunque los servicios institucionales vayan a pique y el panismo calderonista apenas les reserve 6 mil 122 millones de pesos para “ampliar su infraestructura médica” en este año 2009, mientras al Seguro Popular y sus compañeros electorales haya destinado carretadas de recursos públicos: 49 mil millones de pesos para el primero en 2009, 520 millones de pesos para las Caravanas de la Salud en 2008, mil 441 millones de pesos para las “Estancias” Infantiles, también en 2008.

Sólo Oportunidades recibió 2 mil millones de pesos para “pobreza urbana” de manos del BID-Levy en 2009 a ser operados por la “neutral” Sedeso del calderonista Cordero.

¡Signo de los tiempos (electorales) panistas y la continuidad del foxismo a peor!

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Bernardo Bátiz V.

El Distrito Federal y la Constitución

jusbbv@hotmail.com

El 5 de febrero es el día de la Constitución, el pacto de todos los mexicanos que organiza al Estado y pone límites al poder, reservando un ámbito de libertades y derechos de las personas, que debe ser respetado y garantizado por el poder público.

Tuve noticias de tres celebraciones con este motivo. Una, la de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, en el Hemiciclo a Juárez, que sirvió para reclamar el cumplimiento de la Constitución en materia laboral, para advertir sobre la amenaza de una pretendida reforma en esta rama del derecho y también para rendir un homenaje al constitucionalista e inolvidable maestro y luchador social Don Emilio Krieger Vázquez.

Otra celebración fue en Querétaro, aprovechada por Felipe Calderón Hinojosa para quejarse de sus críticos e insinuar que los disidentes a su gobierno ineficaz y errático son enemigos de la Patria y socavan sus instituciones. Asombrosa manera de celebrar la Constitución, poniendo en tela de juicio la libertad de expresión.

La tercera fue la que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal aprovechó para presentar una Carta de la Ciudad de México, que propone concluir el largo proceso de recuperar plenamente los derechos civiles y políticos de los habitantes de la capital.

En abono a esta propuesta, cabe hacer un poco de historia: desde que se llamó la Gran Tenochtitlán, durante el Virreinato y en el imperio de Iturbide, la ciudad cambió con el país; pasó por vicisitudes políticas, resistió motines y asonadas, temblores e inundaciones, pero nunca dejó de ser el centro político, religioso, cultural y económico de su entorno. Su acta de nacimiento, por decirlo así, fue el decreto del 24 de noviembre de 1824, emitido en cumplimiento de la primera constitución federalista recién jurada y en él se establece que servirá de residencia a los Supremos Poderes, la ciudad de México y su Distrito, que será el comprendido por un círculo con centro en la Plaza Mayor y un radio de dos leguas. Geométrico y original Distrito Federal, única entidad política, que yo sepa, perfectamente redonda.

Desde entonces sin embargo, empezaron las restricciones: el gobernador no sería electo sino designado, aun cuando la ciudad conservó su cabildo o ayuntamiento. Durante el resto del siglo XIX, estuvieron vigentes dos constituciones centralistas y una federalista, que si bien rompieron el encanto de la circunferencia, respetaron al menos el sistema municipal, tanto para la ciudad como para las demás villas del entorno, no sin dejar restringidos, de diversas maneras, otros derechos políticos, tanto locales como federales.

Se conservó el Distrito Federal en México, aun cuando hay que recordar que con Zarco se propusieron otras ciudades como Querétaro o Aguascalientes, entre otras razones, dice el diputado-cronista, “por el gran peligro de corrupción” que podía amenazar a los diputados de provincia.

Fue un dictador, Porfirio Díaz, quien en 1901 reformó la Constitución para quitar a los ciudadanos del DF la facultad de elegir a sus autoridades políticas, municipales y judiciales. Duro golpe. Los municipios se restituyeron en 1917 y otro dictador, Álvaro Obregón, que sentía un gran desprecio por la capital y los capitalinos (así le fue con uno de ellos) no sólo se religió traicionando el lema maderista, si no que además logró, en 1928, con un dócil Congreso, suprimir los ayuntamientos de elección popular en todo el Distrito Federal –“por los riesgos de la democracia”, decía la exposición de motivos– y sustituyó a las autoridades electas por el burocrático Departamento del Distrito Federal, que soportamos hasta muy entrado el siglo XX.

Se luchó por democratizar a la capital y fue Cuauhtémoc Cárdenas el primer Jefe de Gobierno electo hasta 1997; ahora tenemos ya Asamblea Legislativa propia y elegimos también jefes delegacionales, pero como bien se señala en la Carta a que antes me referí, quedan pendientes una correcta definición constitucional del Distrito Federal, no como un estado más, que no lo es ni lo podría ser, sino como la ciudad sede de los poderes federales, sin que eso sea obstáculo para que tengamos sus habitantes, plenitud de derechos civiles y la entidad, autonomía política y fiscal y especialmente, en materia de procuración de justicia y seguridad, libertad plena para designar, sin injerencia de otros poderes, a los responsables de estas áreas. Son los pendientes que nos quedan.

Salvador García Soto

serpientes y escaleras

La obsesión de Germán

Se escucha cada vez más fuerte en los altos círculos del partido gobernante: Germán Martínez no resultó ser el operador hábil que Felipe Calderón necesitaba en el PAN

En las cúpulas panistas preocupa cómo la impericia de Martínez Cázares ha hecho crecer las figuras de Creel y Espino, desgastadas tras su fracaso en 2006

Se escucha cada vez más fuerte en los altos círculos del partido gobernante: Germán Martínez no resultó ser el operador hábil que Felipe Calderón necesitaba en el PAN. Lejos de ayudarle al Presidente y a su partido, el joven panista falla en la operación interna, ha sacado “su peor talante” y sus obsesiones personales, y ha desatado una de las más fuertes crisis que haya vivido el panismo desde que es gobierno.

La tensión natural que genera la definición de candidaturas se ha convertido en Acción Nacional en caldo de una auténtica rebelión interna que ya cobra, a decir de panistas, visos de ruptura. La disidencia de Santiago Creel y Manuel Espino ha crecido y puede impactar ya no sólo en las nominaciones para los comicios federales y locales de este 2009, sino complicarle a Calderón la sucesión presidencial de 2012.

Y es que en las cúpulas panistas preocupa cómo la impericia de Martínez Cázares ha hecho crecer las figuras de Creel y Espino, desgastadas tras su fracaso en la contienda interna de 2006. “Germán se obsesionó con Espino”, afirma un panista de cepa, que señala como “errores graves” del dirigente haberle quitado a su antecesor las oficinas de la Organización Demócrata Cristiana de América, en un golpe visceral que sólo le dio a Espino el cariz de víctima del CEN.

Más grave aún parece la intención del líder nacional del PAN de buscar que ese partido abandone su pertenencia a la ODCA, con la idea de hacerle el vacío a Manuel Espino. Si a eso se suma que al ex dirigente no lo dejarán llegar a una candidatura por la vía de las designaciones directas, y sólo le quedaría buscar un distrito seguro para intentar ganar una diputación de mayoría, está claro que Germán se obsesionó con la idea de aniquilar a un enemigo al que más bien hizo crecer.

Espino se volvió algo así como “el AMLO de Germán”, y entre más lo golpea, más lo hace crecer. Al grado de que si el yunquista Manuel podía aspirar a una diputación o a una gubernatura, ahora los ataques desde el CEN lo han colocado casi en posibilidades de creerse aspirante presidencial.

El caso de Santiago Creel es parecido. Hasta antes de que Germán decidiera removerlo de la coordinación parlamentaria, Creel venía arrastrando en su imagen el pesado fardo de la derrota que sufrió en 2006, cuando tuvo todo a su favor para ser candidato presidencial y no pudo. La pésima operación del CEN en aquella remoción y el nulo tacto hicieron que Creel se revistiera de un halo de víctima del autoritarismo presidencial, que le ayudó a reposicionarse y a ser hoy una de las cabezas más visibles y vistosas de la disidencia interna para el calderonismo.

En síntesis, la percepción interna entre sectores moderados del PAN es que la dirigencia de Germán Martínez Cazares ha descompuesto, por su mala operación y sus estilos, los equilibrios internos y —buscando lo contrario— ha fortalecido a los grupos de derecha y ultraderecha del panismo. Los recursos millonarios de empresarios afines a El Yunque, el “ejército” de fe que tienen esos grupos y el fortalecimiento de sus líderes hacen que los ultras hayan retomado posiciones y estén de vuelta en Acción Nacional.

Si Germán y los calderonistas siguen por la ruta que van en la conducción del partido, habrá rupturas inminentes —sean públicas o silenciosas— como las que ya comenzaron en el estratégico estado de Nuevo León. Y en ese escenario sólo quedaría esperar a ver cómo se da el arreglo entre Santiago Creel y Manuel Espino: quién apoya a quién, porque uno de los dos será sin duda el precandidato presidencial que le puede arrebatar a Calderón y a los doctrinarios del PAN la nominación por el 2012.

NOTAS INDISCRETAS... Habrá movimiento en el gabinete de Marcelo Ebrard la próxima semana, pero ningún secretario renunciará para buscar candidaturas, y sólo funcionarios de segundo nivel —cinco o seis— dejarán sus cargos en pos de diputaciones locales o federales. Entre los que ya amarraron candidatura están Leticia Bonifaz, de la Consejería Jurídica; Clara Brugada, de la Procuraduría Social; Vidal Yerena, subsecretario de Egresos, y Ana Gabriela Guevara. Marcelo intentó meter a varios de sus secretarios a las listas del PRD pero las aguerridas tribus se los rechazaron. Ni José Ángel Ávila, a quien Ebrard quería mandar como coordinador a la ALDF, ni Alejandro Rojas Díaz-Durán, de Turismo, ni Armando Quintero, de Vialidad, irán como candidatos. Otro descarte es el de Martí Batres, que fue vetado fulminantemente por René Bejarano, que no lo baja de “traidor”. La que sí amarró ya diputación y podría buscar ser coordinadora es Alejandra Barrales, aunque en el GDF no la ven realmente como candidata de Marcelo sino más bien como la “amiga” de René Bejarano… El empecinamiento del senador René Arce en la disputa por las candidaturas en el DF comienza a causar un daño colateral al proceso electoral en la capital. Arce intenta imponer a Ricardo Evia al frente de la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral del DF, a pesar de no cumplir los requisitos para ser electo, mientras que al interior del PRD René encabeza una ofensiva contra las otras corrientes, de la que es parte Fernando Belauzarán. El problema es que Arce ya no reconoce ninguna autoridad ni influencia al jefe de su corriente, Jesús Ortega, y en su línea independiente de Los Chuchos el senador puede terminar por causar un daño catastrófico si se divide el perredismo en el DF, su principal bastión… En el restaurante Litp del JW Marriot, ayer en amena comida César Nava y Max Cortázar. Viejos amigos que hablaron largo, brindaron y reafirmaron amistad y cercanía... El director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez, se comunicó con esta columna para aclarar que las fotografías que fueron publicadas por un periódico en las que aparece su imagen en el momento en que tomó posesión del cargo, el pasado 1 de febrero, no fueron pagadas con dinero de la Lotería, sino de su propia bolsa, por lo que no incurrió en ninguna violación a la ley electoral que él mismo aprobó como diputado el año pasado. Jiménez envió copia de la factura que le expidió el diario donde se publicaron sus fotos, documento a su nombre, con el folio 03188, y para que no quedaran dudas envió también una fotocopia del cheque personal número 233 de Banorte, con el que pagó 77 mil 859 pesos por que apareciera su foto en el periódico. Aclarado el asunto, no resta más que decir que Miguel Ángel sí invierte en su imagen... Se recargan los dados. Escalera y cerramos. Buena semana.

Antonio Rosas-Landa

Interrumpir el futbol

CHICAGO, Illinois.— Ver el Super Bowl en EU es un rito. La gente se reúne con comida, bebidas, postres; el futbol americano importa pero más relevante es el pretexto para convivir. No me imagino la molestia si en el último cuarto, en medio de una jugada que determinará la victoria, apareciera un mensaje anunciando que se interrumpe la programación para trasmitir por mandato del gobierno publicidad electoral. Si los estadounidenses conocieran la palabra “cácaro”, quizá ésta sería la más suave que espetarían.

Eso pasó en México cuando el futbol y la programación estelar fueron interrumpidos para trasmitir publicidad electoral. Con el inicio de las campañas de la elección intermedia, las televisoras cumplieron la ley, pero lo hicieron molestas y a su manera causando la ira de los televidentes.

Fue una muestra de la fuerza de uno de los “poderes fácticos”, pero también es evidencia de lo inútil que resulta una ley mal diseñada. Las televisoras están molestas: perdieron el gran negocio de la publicidad electoral, por lo que ahora pasan estos mensajes con la intención de irritar al público y proyectar esta molestia contra las instituciones.

La ley electoral está condenada al fracaso por tratar de ser un censor sobre qué es permisible presentar a la sociedad en los medios en materia electoral. Las “campañas negativas” no son permitidas.

En EU, partidos y candidatos pueden comprar la publicidad que quieran y puedan pagar. Las campañas negativas sí han incidido en los resultados, unas veces porque la gente cree las terribles cosas que se afirman y otras porque el electorado condena a quienes basan su campañas en descalificar.

Es verdad que la democracia mexicana es joven, pero si las instituciones públicas se empeñan en filtrar lo que la gente puede o debe ver sobre publicidad electoral pasan dos cosas: se viola la libertad de expresión y se menosprecia el criterio de los ciudadanos para discernir los mensajes y, por tanto, la credibilidad que les otorgan.

Durante la campaña presidencial en EU, John McCain pagó comerciales de tv que aseguraban que Barack Obama era “demasiado radical para los estadounidenses”. Como sabemos, el esfuerzo no detuvo a Obama. La sociedad tiene el criterio para determinar si cree en las acusaciones o si se opone a un candidato por haberlos acosado con publicidad electrónica o llamadas a su hogar.

La democracia de EU es antigua y estable, la mexicana es joven y frágil, pero nuestra Constitución afirma que el poder emana del pueblo y es justo la sociedad la que debe conocer los hechos y tomar determinaciones, incluso cuando estas sean malas decisiones. La democracia permite corregir el camino en la siguiente elección.

Lo que hacen las televisoras no está bien, pero si de verdad los partidos quieren eliminar privilegios excesivos, ¿por qué no disminuyen el tiempo de campañas y precampaña? A menor duración, menor bombardeo de publicidad, incertidumbre y gastos. ¿Por qué no se reduce la burocracia legislativa? México tiene cámaras de Senadores y de Diputados con más miembros que las de EU. ¿Por qué un país con un tercio de la población de EU tiene 65 diputados más? ¿Por qué una nación con 31 estados y un DF tiene 128 senadores mientras que EU, con 50 estados, sólo elige a 100?

Si los procesos electorales son más cortos, eficientes y baratos, es probable que los contendientes aprovechen tiempo y dinero para seducir a los electores idealmente con agendas positivas. El dispendio en propaganda electoral también se reduciría, con criterios racionales en los que la clase política se purgaría a sí misma renunciando a beneficios y espacios, no sólo culpando a los “tenebrosos poderes fácticos”.

Para que no le interrumpan el partido de futbol o la telenovela, la ciudadanía debe exigir a los partidos instituciones y procedimientos más eficaces. Para que ya no haya borracheras con dinero público habría que limitar la cantidad de alcohol reduciendo el dinero y el tiempo dedicados a estos procesos. Para eso, todos los actores deben hacer sacrificios. Veamos de qué tamaño es su compromiso con la gente que representan y con la democracia.

Alanda@Tribune.com
Jefe de la página editorial del diario ‘Hoy’

Jorge Luis Sierra

Generales inermes

El gobierno debe estudiar y entender cabalmente las implicaciones y significados del secuestro, tortura y ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y sus acompañantes.

Esta es una señal de que los generales mexicanos que ocupan puestos municipales, estatales o federales de seguridad pública se han convertido en el blanco principal de los ataques de la delincuencia organizada, y en el foco de una estrategia criminal para producir terror y desmoralización en las filas del Ejército.

Antes veíamos a civiles indefensos que eran ejecutados apenas tomaban su cargo como secretarios de Seguridad Pública, ahora vemos a generales inermes víctimas de atentados.

Las características del crimen obligan a considerar la posibilidad de que el grupo ejecutor tuviera información precisa sobre el itinerario del general Tello, lo que supone la intervención de sus comunicaciones o una penetración exitosa de su primer círculo de colaboradores. También supone un factor de inseguridad más: el gobierno distribuye a mandos militares en las plazas críticas del narco, pero no parece brindarles el nivel de protección que necesitan.

El general Tello apenas se había retirado del Ejército para empezar a servir de inmediato en las filas de la policía municipal de Cancún, Quintana Roo. Lo mismo sucede con un conjunto de mandos castrenses que está solicitando licencia o pasando a retiro para reemplazar a civiles en cargos de seguridad pública.

En la medida en que este reemplazo está coordinado por el alto mando de la Sedana, los generales que toman posiciones en la seguridad pública de estados o municipios siguen bajo la cadena de mando militar, participan de una estrategia castrense unificada, pero no gozan de las mismas condiciones de seguridad. Al salir de su ámbito normal de operaciones, pierden la protección que les ofrece la disciplina y organización militar y entran en los medios policiales donde los sistemas de contrainteligencia son casi inexistentes y la vulnerablidad es extrema.

La muerte del general Tello ha puesto en duda el éxito de la Sedena para blindar contra la infiltración del narcotráfico a las estructuras policiales de Aguascalientes, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Baja California, Oaxaca y Chihuahua que dirigen por lo menos seis generales y dos jefes militares.

A diferencia del Ejército Popular Revolucionario que intentó varias veces emboscar a los generales comandantes de las zonas militares en Guerrero y Oaxaca, el narcotráfico evita al máximo el enfrentamiento directo con las tropas y espera que los soldados salgan de los cuarteles, cambien de uniforme y entren solitarios a una zona de riesgo controlada por las organizaciones criminales.

Sin embargo, más allá de ese riesgo que de por sí libra cualquier policía o militar que lucha contra el narcotráfico, la ejecución del general Tello también puede interpretarse como parte de una serie de provocaciones contra el Ejército, que incluyen el asesinato y la decapitación de soldados, el intento de sembrar el miedo en el medio militar y la estrategia de producir una respuesta dura de los mandos castrenses.

La delincuencia organizada parece estar dispuesta a aceptar el costo de una contraofensiva militar a cambio de acelerar el desgaste, ya sea por corrupción, el asesinato o simplemente desmoralización, del último recurso de fuerza con el que cuenta el Estado mexicano.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en seguridad y fuerzas armadas

Gerardo Unzueta

Pacto de guerra

Pareciera que, como afirmó el editorial de EL UNIVERSAL del 13 de enero, “no hubo una respuesta específica (de Barack Obama) a la “alianza estratégica” que propuso el mexicano para tratar asuntos como la seguridad y la lucha contra el crimen organizado”, mas apenas descendía del avión que lo trajo de regreso al país el día 14, quien mal desempeña las tareas del Poder Ejecutivo decidió dar respuesta oficiosa.

Tal contestación es el “pacto” iniciado por Álvaro Uribe en el mismo Washington y establecido el día 16 en Panamá entre el presidente de este país y los gobernantes de México, Guatemala y, naturalmente, Colombia. Su objetivo confeso es establecer “una estrategia común” (nótese la similitud entre la propuesta “del mexicano” con el objetivo uribesco) para combatir a las fuerzas de lo que se ha llamado crimen organizado. Hasta el día 13 nada se supo de tal reunión ni de tal “pacto”. ¿Acaso lo sugirió Obama? ¿O tal vez resultó de la reunión del día 14 con George W. Bush?

Sea cual fuere su origen, la verdad es que tres elementos inducen a sospecha.

Primero, la celeridad de los traslados: idas y vueltas aéreas sin reposo en dos o tres días de los ardientes promotores de la “guerra total”, con abierta participación de las Fuerzas armadas nacionales, contra los ejércitos de narcotraficantes en el caso de Felipe Calderón en México y contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en caso del asesino de cuatro mexicanos y 15 personas más en marzo de 2008. Segundo, la angustia del asesino de Raúl Reyes (cuando éste impulsaba una iniciativa de paz en Colombia), porque el término de la presidencia de Bush puede significar el fin del apoyo a la guerra fratricida que dura ya décadas en el país sudamericano. Tercero, la misma realización de la así llamada Jornada Presidencial contra la Delincuencia Organizada, que duró sólo cuatro horas, tiempo apenas suficiente para que se saludaran los cuatro concertantes con sus comitivas, y escucharan el discurso de Felipe Calderón reconociendo que sus adversarios están mejor organizados que los cuatro gobiernos y que “esa lucha genera costos y sacrificios humanos, pues tiene una naturaleza destructiva y desestabilizadora”, párrafo incluido en algo que se denominó documento final.

Resulta revelador que ese “pacto” fuera urdido en Washington el mismo día en que se daba a conocer el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas de EU, que plantea “ante un escenario de caos en México provocado por el narcotráfico y el crimen organizado, EU estaría obligado a dar una respuesta a esa situación dadas las consecuencias para su seguridad interna” (EL UNIVERSAL, 13/I/09). México y Paquistán son naciones que podrían vivir un “colapso rápido”, pues el informe los incluye en el capítulo denominado “estados débiles y fallidos”. Sin duda Calderón decidió demostrar que “su” Estado no es débil ni fallido... ¡y concertó con el socio de los crímenes del 1 de marzo!

El gobierno está obligado a explicar públicamente la sospechosa actuación junto al individuo que paso tras paso cierra las posibilidades de paz en su país, e incluso intenta frustrar iniciativas de las FARC —la liberación de cautivos— que reciben con esperanza los colombianos. Y está obligado porque los mexicanos no queremos participar y no participaremos en acciones que extiendan la “guerra a muerte” a otros países, como está claro que pretende el aventurero Álvaro Uribe.

Analista político, miembro del PRD