Fernando Dorado
Popayán, marzo 17 de 2009
La teoría de los Estados fallidos
El 4 de agosto de 2005 la revista Foreign Policy y el Fund for Peace publicó la primera edición de su índice de “Estados fallidos”. En esa lista Haití aparecía de 10, Colombia 14, República Dominicana 19 y Venezuela 21. La actualización de esa lista al 20.09.07, la encabezaban Sudán, Irak, Somalia, Zimbabue, Chad, Costa de Marfil y Afganistán. De Latinoamérica, la clasificación estaba liderada por Haití (11) seguido de Colombia (33). Venezuela ya no aparece y Bolivia ocupaba el 59.
“Estados fallidos” es un concepto polémico, inventado por la inteligencia militar norteamericana para calificar a un Estado “débil, frágil o malogrado”, en el cual el gobierno central tiene poco control real sobre su territorio. El editorial de esa revista dice que “Los países más débiles del mundo no son sólo un peligro para ellos mismos, (…) pueden amenazar el progreso y la estabilidad de otros”
Jean-Paul Marthoz
Dicha “teoría” apareció por primera vez en reportes de inteligencia norteamericana de los años 90 del siglo XX, tras el fin de la guerra fría, dentro de la búsqueda de nuevas amenazas, y se entrelazó con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se advierte que “los Estados Unidos ya no estarían amenazados por estados victoriosos y expansivos sino por estados malogrados, gobiernos incapaces de proveer orden y estabilidad dentro de sus territorios.”
Hoy el tema se ha vuelto a plantear en relación a México. El año pasado George Friedman, en el marco de la campaña presidencial, demandó que los candidatos respondieran si México es ya “un asunto de seguridad nacional para Washington”.
Friedman le planteó en entrevista a Andrés Oppenheimer (13.05.08) que “si México fracasa, habría serias repercusiones geopolíticas, que conducirían a una intervención directa de Estados Unidos”.
Los actores armados “no-estatales”
De acuerdo al analista Douglas Farah “En un número creciente de zonas geográficas, el control del Estado se va debilitando día a día o ha llegado a desaparecer completamente, lo que implica un aumento del número de Estados fallidos o “débiles” y de grupos armados no-estatales”.
De acuerdo a esos enfoques dividen a los actores armados “no-estatales” en cuatro grupos que se confunden y superponen: “1) Los insurgentes: comprometidos con una lucha militar y política prolongada cuyo objetivo es debilitar o destruir el poder y la legitimidad del gobierno establecido; 2) Los terroristas: siembran deliberadamente el miedo amenazando con o empleando formas proscritas de violencia con el fin de alcanzar objetivos políticos; 3) Las milicias: fuerzas armadas irregulares fácilmente identificables que operan en zonas sin gobernanza o en un Estado débil o fallido; 4) Las organizaciones criminales internacionales: grupos caracterizados por su cohesión interna, que se dedican a una o varias empresas criminales y actúan atravesando fronteras y regiones”.
Desde la perspectiva de los seguidores de esta teoría, los Estados Unidos tendrían derecho a intervenir en forma directa para solucionar la amenaza que los “Estados fallidos” representan para su seguridad nacional. El tema del narcotráfico está en el foco de dicho planteamiento.
El último informe de la CIA
De acuerdo al Periodista Digital, en el informe del director de la Inteligencia Nacional almirante (R) Dennis Blair presentado ante el Comité de Inteligencia del Senado el 19.02.09, “la CIA considera que la crisis financiera internacional es actualmente la amenaza número uno a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. En esa comparecencia dijo que “esta nueva amenaza y sus implicancias geopolíticas son hoy mucho más graves que el terrorismo internacional.”
Blair explicó que la brutal caída de los índices de crecimiento y el aumento del desempleo puede generar inestabilidad política y “conducir a explosiones sociales potencialmente dirigidas contra EEUU.”
En el informe mencionado se resalta también que Venezuela se ha convertido en la principal base de exportación de la cocaína producida en Colombia y se insiste en las pruebas aportadas por el computador de Raúl Reyes donde se confirmaría la relación de apoyo de los gobiernos de Ecuador y Venezuela con las FARC.
¿Colombia, herramienta para convertir a Ecuador y Venezuela en Estados fallidos?
Por ello no es casual la movida hecha por el ministro de Defensa de Colombia J. M. Santos en días pasados cuando se cumplió un año de la invasión de territorio ecuatoriano por parte del ejército colombiano que sirvió de cobertura para el operativo que abatió al comandante fariano. Dicha acción no es ninguna muestra de insubordinación de Santos frente a Uribe, ni es únicamente un acto proselitista para posicionar su posible candidatura a la presidencia. Es parte de una política concertada con la inteligencia norteamericana.
Mientras el ministro colombiano trataba de revivir la tesis de la “legítima defensa”, en México se resucitaba la tesis de la necesidad de implementar un “Plan Colombia para México”, que aunque fue desmentido por el embajador de ese país en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, en gran medida fue ratificado por el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Silvestre Reyes, cuando aceptó que “hay peticiones formales del gobierno mexicano para que Estados Unidos incremente el apoyo para combatir el crimen organizado”.
El secretario adjunto para Asuntos Antinarcóticos de EE.UU., David Johnson aseguró hoy (17.03.09) ante subcomité de Operaciones Exteriores de la Cámara de Representantes que “El negocio del narcotráfico, en el que participan “directamente” unas 150.000 personas, mueve entre 15.000 millones y 25.000 millones de dólares al año en México”, y “reiteró el compromiso de Estados Unidos de continuar la cooperación bilateral con México para combatir el narcotráfico y el crimen organizado”.
Hemos afirmado que “la economía del narcotráfico y el conflicto armado en Colombia son herramientas de intervención económica y territorial del capitalismo global” y que “es fundamental comprender la estrecha relación entre el mantenimiento del conflicto armado, el interés económico-territorial que está detrás la industria de los narcóticos, y la estrategia geopolítica del imperio en la región”.
Por ello, los demócratas latinoamericanos, los gobiernos democrático-populares de la región, y los movimientos sociales colombianos, debemos presionar para que el tema del narcotráfico y la problemática del conflicto armado sean asumidos como un problema de seguridad para los procesos revolucionarios que se adelantan en América Latina. Es urgente que las fuerzas progresistas latinoamericanas diseñen políticas alternas a las de represión de la producción de cultivos de uso ilícito, desactiven el enorme y criminal negocio del narcotráfico, y contribuyan con una salida negociada a la guerra en Colombia.
La crisis económica va a exacerbar las contradicciones económicas y políticas entre el imperio y los pueblos latinoamericanos en proceso de independencia, integración y construcción de democracias populares. Un gobierno guerrerista y provocador en Colombia, como el de Uribe, va a seguir siendo utilizado por los sectores más reaccionarios de los EE.UU. - que siguen teniendo el control de la política de seguridad nacional – para intervenir política y militarmente en la región. No se lo debemos permitir.
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