Los días 29 y 30 de julio de 2009, el Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Sr. ALBERTO BRUNORI, se reunió en Tijuana y Mexicali, respectivamente, con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y Comunidades de Baja California, quienes le expresaron sus denuncias y preocupaciones en torno a los problemas de Derechos Humanos que aquejan a la entidad. Muchas de estas quejas llevan años que no han sido resueltas, por el contrario, se han agudizado, lo que reflejan el alto grado de impunidad que se vive en el Estado.
Los temas que se expusieron, de los cuales se entregaron escritos, testimonios y expedientes a los visitantes, se resumen de la siguiente manera:
Las desapariciones forzadas de personas mediante acción, omisión o aquiescencia de autoridades federales, estatales y municipales, cuyos registros por las organizaciones civiles arrojan más de 1,500 personas desaparecidas. Se hizo referencia a la falta de voluntad política para el trabajo que realiza la Fiscalía Especializada de la PGJE creada ex profeso a instancias de los familiares de los desaparecidos, lo que provoca graves carencias en detrimento de las investigaciones sobre el destino de las personas desaparecidas;
La tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidas por personal adscrito a las Fuerzas Armadas en Tijuana, con la complacencia y complicidad de autoridades federales, estatales y municipales, en contra de civiles y policías (casos particulares “El Mezzanine” y los 25 policías municipales de Tijuana arraigados y entregados sin orden judicial a los militares por el propio Secretario de Seguridad Pública municipal Tte. Cor. Julián Leyzaola quien, según testimonios de los policías, estuvo presente en las sesiones de tortura que contaban con un “resucitador” de sanidad militar; así como siete agentes ministeriales de la PGJE adscritos a Mexicali, torturados por militares en Tijuana).
La coyuntura legal que facilita la práctica de la tortura (delito de lesa humanidad), es la anticonstitucional medida de “arraigo” aprobada por los legisladores federales el año pasado y ratificada por el presidente Calderón. Este grave delito de tortura se mantiene impune, sin que se conozcan a la fecha las medidas oficiales adoptadas para su prevención y sanción, a pesar de la legislación nacional e internacional vigente;
Los graves conflictos en el Sistema Penitenciario Estatal (hacinamiento, condiciones de salud, tortura y ejecuciones de internos en los motines del Cereso de Tijuana en septiembre del año pasado), y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se infringe a menores infractores en los Centros de Diagnóstico y de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Estado;
La discriminación y despido de militares por haber adquirido enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, VIH-Sida, enfermedades renales, etc.);
La situación de los trabajadores migratorios mexicanos que, bajo el amparo del Programa Bracero, acumularon sus ahorros en el Sistema Bancario Mexicano durante los años 1942 a 1964, sin que hasta la fecha se les hayan devuelto; por el contrario, se les impone por el gobierno federal mexicano toda suerte de trabas y complicaciones para entregarles a ellos o a sus familiares la suma de $38 mil pesos, hoy reducida a $ 4 mil pesos, aprobados por el Congreso de la Unión como forma de “compensación”;
La vulnerabilidad, discriminación y violación a sus derechos humanos que sufren a diario los trabajadores migratorios mexicanos y centroamericanos en la frontera norte, por parte de autoridades federales, estatales y municipales, así como a manos de las autoridades norteamericanas, sin que el gobierno mexicano reclame de manera efectiva por violaciones a la Soberanía Nacional;
La violación a los Derechos de los Pueblos Indígenas Nativos de Baja California (Cucapá, Quiliwa, Kumiai, Cochimíes y Pai-pai), de los cuales quedan poco menos de 3 mil auténticos indígenas diseminados en todo el Estado, sin que existan políticas públicas efectivas de los tres ordenes de gobierno para la restitución de sus Derechos y Cultura Indígena. En particular, la extinción de los pueblos nativos y de sus lenguas, y la represión física y judicial de que son objeto los indígenas Cucapá por parte de las autoridades federales, a raíz del unilateral Decreto de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California-Delta del Río Colorado emitido por el Ejecutivo Federal en el año 1993, y de la no consultada veda de la especie marina curvina golfina en el año 2006 por el titular de la Sagarpa.
Todo ello a pesar de la Recomendación 8/2002 de la CNDH para restituir su ancestral derecho a la pesca, Recomendación que, sin consultar a los propios indígenas, fue concluida como “cumplida” por la propia CNDH;
La violación a los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en la entidad, a raíz de las reformas al Artículo 7º. de la Constitución local, que establece el “derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural de las personas”, criminalizando a las mujeres que por problemas de carácter económico, social, de violencia conyugal y otros, deciden abortar, contraviniendo con ello los compromisos adquiridos por México con la comunidad internacional a raíz de la ratificación de los convenios internacionales en favor de los derechos de la mujer;
La discriminación y represión de que son objeto los miembros de la comunidad lésbico-gay, bisexuales y transexuales, por ejercer su derecho a la libre orientación sexual;
La opacidad en lo general, la carencia de información sobre los aspirantes, la ausencia de criterios de selección y la inexistencia de mecanismos de participación de la sociedad civil por parte del Congreso del Estado de Baja California, para la elección del Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, contraviniendo así los “Principios de París” (tratado internacional que establece criterios democráticos y de participación social en la materia), así como la inexistencia de un diagnóstico que permita la evaluación del ex Procurador para su posible ratificación, lo que convierte a todo el proceso en una mera simulación que conlleva la posible adquisición de compromisos partidistas del actual titular, en detrimento de los Derechos Humanos de la población;
El establecimiento por el gobierno federal mexicano, de unilaterales Tarifas Eléctricas a los habitantes de los municipios de Mexicali, B.C. y San Luis Río Colorado, Son., por conducto de la CFE, región que sufre de prolongadas temperaturas extremas durante el día en el verano, que obliga a las familias de la región, sobre todo a las de escasos recursos económicos y a los jubilados, a destinar el 50 por ciento o más de su ingreso al pago del consumo de la energía eléctrica por el necesario uso intensivo de aire acondicionado, ventiladores o coolers, so pena de sufrir el corte unilateral del servicio de energía eléctrica, a pesar de la imperiosa necesidad de contar con ese servicio para evitar graves afectaciones a la salud, a la vida y a la vivienda adecuada de los habitantes de la región.
El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión han sido omisos en la resolución de este grave conflicto que afecta, además, a otras regiones del país, cuyos movimientos populares han sido criminalizados y reprimidos judicialmente, en especial, el caso de los activistas de Candelaria, Campeche, que se encuentran presos por acciones de resistencia civil contra las altas tarifas eléctricas;
El anticonstitucional cobro de cuotas de las asociaciones de padres de familia en las escuelas públicas de educación básica de la entidad. A través del pago de dichas cuotas, los directivos escolares condicionan el Derecho a la Educación de los menores;
Asociación Ciudadana contra la Impunidad, AC;
Asociación de Comités del Pueblo;
Asociación de Trasplantados y Enfermos Renales “Tiromet”, AC;
Asociación Esperanza Contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, AC;
Asociación Social en Red, AC;
Barra de Abogadas “María Sandoval Franco”, AC;
Braceroproa Independiente;
Casa Migrante Betania, AC;
Centro de Rehabilitación Fuerza, Unión y Tolerancia, AC;
Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental, AC;
Comisión de Familiares de Internos y Ex internos del Sistema Penitenciario, AC;
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC;
Comité Binacional de los Migrantes en Valle Imperial, CA;
Congreso del Trabajo de Mexicali, B.C.;
Forjadores de un México con Valores, AC;
Frente contra la Impunidad;
Fronteras Unidas Pro Salud, AC;
Fundación Esperanza de México, AC;
Grupo Feminista Alaide Foppa, AC;
Grupo Nueva Utopía;
Organización Nacional para la Defensa de Causas Justas;
Pueblo Indígena Cucapá:
Pueblo Indígena Quiliwa;
Sindicato de Jubilados Ferrocarrileros;
Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá de Producción Rural Chapay Seisjhiurrar Cucapá, S. de R.L.;
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