Comité 68
Pro Libertades Democráticas
Reprobamos la participación de México en el ejercicio antiterrorista del Comando Norte
El Comando Norte de los Estados Unidos es la instancia encargada de la concepción doctrinaria y la coordinación funcional y operativa de las Fuerzas Conjuntas constituidas por todos los organismos de fuerzas armadas de tierra, mar y aire, de agencias y programas espaciales, de organismos civiles, e incluso de empresas privadas, en todos los niveles, federal, estatal, de condado y de territorios de reservas tribales, relacionados con los planes de seguridad interior de Norteamérica.
Como se sabe en estos días, del 27 al 31 del presente, se está realizando un ejercicio de simulacro de acción antiterrorista del Comando Norte, con la participación de fuerzas multinacionales invitadas, Canadá, Alaska, México, países del Caribe y Australia. La región de operaciones denominada FEMA VI es la correspondiente al límite norte del Golfo de México caracterizada por una concentración muy alta de centros industriales, comerciales y financieros de actividad petrolera. La zona de mayor intensidad del simulacro en los Estados Unidos incluye los Estados de Texas, Luisiana, Arkansas, Oklahoma y Nuevo México, en frontera con los Estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. El ejercicio consiste, según se explica, en una señal de alarma de ataque terrorista, falsa en su contenido pero que se hará llegar como verdadera a algún punto del sistema, para desencadenar desde ahí el conjunto de medidas de seguridad previstas, mecanismos de coordinación, intercambios de información de inteligencia, acciones militares preventivas, etc. y valorar de esa manera el grado de eficacia en los procedimientos del Comando Norte.
Las formulaciones y eufemismos con que se han dado a conocer estas actividades de coordinación entre los organismos mexicanos correspondientes con el Comando Norte difícilmente esconden hechos consumados. En efecto la idea de que México ha sido "invitado" a participar con personal militar nacional en el Comando Norte, y las propias respuestas de la Cancillería mexicana de que "prefiere mantener relaciones más amplias con el Pentágono¨ revelan que la cooperación México – USA en políticas antiterroristas tiene ya un largo tiempo de haber sido establecidas, a partir del atentado a las Torres Gemelas en septiembre del 2001 y en especial de los acuerdos de WACO entre los ex presidentes George W. Bush y Vicente Fox en el año 2005..
En la agenda de seguridad de Norteamérica destacan los temas de seguridad energética en especial de suministros petroleros por el alto nivel de sus importaciones, el sellamiento de la frontera ante eventuales presiones masivas de inmigrantes y el narcotráfico. Petróleo, inmigración y narcotráfico también son temas prioritarios de la agenda de seguridad de México, pero con objetivos y propósitos sustancialmente diferentes a los de Estados Unidos. En consecuencia las políticas, organismos y procedimientos de seguridad en México no tienen porque ser idénticos, ni siquiera semejantes, a los de Estados Unidos.
En ese sentido nos preocupan antecedentes ominosos de políticas de seguridad de inspiración norteamericana que han ensangrentado al Continente con una cauda de crímenes de lesa humanidad dejando miles de desaparecidos. Tal es el caso de la llamada Operación Fénix, implementada desde 1976, que consistió en mecanismos de coordinación de los ejércitos y agencias de inteligencia de los gobiernos sudamericanos para perseguir y asesinar a los opositores estigmatizados como subversivos y perseguidos más allá de sus propias fronteras nacionales, algo semejante a como se está tratando a quienes hoy en día son señalados como "terroristas" y torturados en las cárceles de Abu Grahim en Irak, o trasladados como secuestrados en vuelos clandestinos hacia la prisión de Guantánamo, todo esto en el marco de las disposiciones "legales" de la Ley Patriótica norteamericana que niega los más elementales derechos a quienes son detenidos como simples sospechosos.
Por las razones expuestas demandamos a las más altas autoridades políticas de México, información y explicaciones suficientes de los acuerdos y compromisos establecidos con el gobierno norteamericano en cuestiones de seguridad "conjunta", que presumimos como violatorios de la legalidad constitucional. En particular exigimos lo correspondiente a los casos más recientes de desaparecidos, el defensor de Derechos Humanos michoacano Francisco Paredes Ruiz detenido frente a personal militar el 27 de septiembre de 2007 y los miembros del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos en Oaxaca en mayo del mismo año señalados irresponsablemente por el Procurador Eduardo Medina Mora como presuntos "terroristas", por lo cual podrían eventualmente encontrarse detenidos en Guantánamo o en algún otro centro semejante.
De igual manera demandamos una discusión nacional al más alto nivel, en el Congreso de la Unión, para examinar y definir exhaustivamente como puntos prioritarios los asuntos relativos a la agenda de Seguridad y Justicia que ya acumula numerosos pendientes y que no puede continuar sujeta a improvisaciones y decisiones políticas unilaterales.
México DF a 27 de Julio de 2009
Raúl Alvarez Garín
Félix Hernández Gamundi
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