Acostumbrados los gobiernos republicanos o demócratas al manejo colonial de América Latina según el antojo de sus monopolios, ahora, junto a los lacayos de siempre, enfrentan movilizaciones populares que impulsan novedosos mecanismos de descolonización nacional y de defensa regional de la soberanía tipo Unasur y Alba, considerándolos incompatibles con sus intereses vitales centrados en la explotación de los mercados y vastos recursos humanos y naturales.
También como parece ser el caso para Barack Obama, son inaceptables las transformaciones económicas alejadas del recetario oligárquico-imperial del Banco Mundial/ BID-FMI. En fecha reciente los mandatarios de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), a dos siglos de liberación de España, conceptuaron como “una segunda independencia, esta vez del imperio estadunidense”, la oleada popular que da el poder a gobiernos de izquierda o de centroizquierda en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, etcétera, por lo que la Casa Blanca decidió revertir, mediante el auxilio de entes político-militares y mediáticos de la derecha, la convergencia de Honduras en esa dirección.
En este contexto, el golpe de Estado en esa nación es punta de lanza de un esquema “diplo-militar” de Estados Unidos que opera sobre dos pistas, la abierta y la clandestina, que incluye una amplia campaña propagandística y de desestabilización contra lo que Newsweek (27 de julio) rotula de “diáspora bolivariana”, en una edición que, desde la portada, es derroche de vilipendio contra Hugo Chávez. Deja en el olvido cualquier rastro de imparcialidad periodística y es, además, muestra ostensible de los copiosos recursos para revertir la oleada popular.
La acción diplomática encaminada a consolidar el golpe dándole de largas al arbitraje de Arias, se realiza en medio de creciente represión. La “Misión Internacional de Observación” compuesta por 15 profesionales independientes procedentes de 13 países y representantes de organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, etc., muestra alarmante evidencia de violación “sistemática” de los derechos humanos.
Mientras Clinton regañaba a Zelaya por el intento de regresar a su país, los usurpadores adiestrados por el Pentágono-CIA procedían de manera sistemática y creciente a perpetrar lo que la Misión, en un informe a la OEA, la ONU y la Unión Europea y los Estados miembros describe como “… graves violaciones a los derechos humanos” después del golpe de Estado, incluyendo “un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas… entre otros”.
Es un baño de sangre con pelotones de fusilamiento rural y urbano –como los existentes en tiempos del embajador Negroponte–, parte y parcela de la Iniciativa Mérida presente en lo que la Misión describe como “la actuación de grupos paramilitares (negritas en el original), compuestos por civiles vinculados supuestamente a organizaciones de narcotraficantes y a grupos de seguridad privada al servicio de destacados empresarios, quienes vestidos con traje de camuflaje operan conjuntamente con miembros del XV Batallón del Ejército Hondureño en el departamento de Colón”.
Con soberbia imperial P.J. Crowley, vocero de Clinton, se refirió a esto al afirmar que Estados Unidos esperaba que Zelaya se alejara de Chávez: “Venezuela no (es) modelo. Si esa es la lección que el presidente Zelaya ha aprendido de este episodio, sería una buena lección”. Tupé que deja ver la costura del operativo continental.
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