El hecho, que provocó una gran tensión, ocurrió, en la sala de actos del Hotel Maya, a las 10 AM local (16H00 GMT), cuando el lugar donde se desarrollaría la rueda de prensa fue rodeado por fuerzas “policiales y policías de civil, suponemos”, le dijo a teleSUR, Enrique Santiago, uno de los integrantes de la Misión de Observadores representante del Instituto de Estudios para América Latina y Africa (IEPALA) de España.
Ante la situación generada allí, Santiago remitió por vía correo electrónico el informe a Fran Pérez Esteban, Secretario de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Izquierda Unida (IU), que se encuentra en España para que pudiera cursar su difusión. Finalmente, “estos provocadores que intentaron `reventar’ la rueda de prensa y que casi lo consiguen”, según relata Santiago, se retiraron del lugar y la rueda de prensa, en la que se presentó el Informe Preliminar que constata graves violaciones a los DDHH en Honduras, pudo llevarse a cabo.
“Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos-as extranjeros”, según se desprende la lectura de dicho Informe Preliminar.
Según se desprende el Informe Preliminar al que Telesur tuvo acceso, los defensores de derechos humanos de la Misión denuncian, concretamente, las muertes de “Isis Obed Murillo Mencias, de 19 años, muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante la marcha celebrada el 05 de julio por los partidarios del presidente depuesto al aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa”; como así también la muerte del periodista de Radio Estelar Gabriel Fino Noriega, en el departamento de Atlántida, “asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando salía de su centro de trabajo”; la de Ramón García, líder del partido político Unión Democrática (UD), “obligado a bajar de un vehículo de transporte público cuando regresaba de una manifestación y acribillado a tiros en la localidad de Santa Bárbara por desconocidos”; la de Roger Iván Bados, ex dirigente sindical del sector textil y actual militante de la UD y del Bloque Popular (BP), “amenazado de muerte con posterioridad al golpe y asesinado a tiros tras sacarlo por la fuerza de su propia casa el 11 de julio en San Pedro Sula”; la de Vicky Hernández Castillo (Sonny Emelson Hernández), “miembro de la comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula por un impacto de bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, durante el toque de queda”; y, también se denuncia la muerte de una persona “no identificada, vestida con una camiseta de la denominada “cuarta urna”, encontrada muerta el 3 de julio en el sector de “La Montañita” en Tegucigalpa, lugar que fue cementerio clandestino de ejecuciones extrajudiciales durante los años 80″. Al momento la Misión continúa verificando otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Según se argumenta en el Informe Preliminar, se ha identificado “la existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado”.
La Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por 15 profesionales procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay y que se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros. Los defensores de DDHH que integran la Misión han tomado testimonios de casos ocurridos en varias partes de Honduras como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón, donde realizaron entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, entre otros. Entre otros casos, también se denuncia la “desaparición forzosa de Anastasio Barrera de 55 años, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, secuestrado en San Juan Pueblo, Atlántida, el día 5 de julio de 2009 por cuatro individuos que vestían chalecos de policía”. A la vez que también se informa que otro joven, Manuel Sevilla, de 19 años, “fue desaparecido en San Pedro Sula el día 12 de julio luego de volver de una manifestación”.
La Misión, además, denuncia “la actitud de la jerarquía católica hondureña” y su “implicación activa” en la organización de las movilizaciones de “respaldo a éste convocadas por el régimen de facto”.
Al momento se han registrado 1275 detenciones vinculadas con infracciones al toque de queda y por otros motivos relacionado con las manifestaciones de protesta contrarias al golpe de estado. También se denuncia la “detención arbitraria de extranjeros”, que en las últimas semanas “aumentaron significativamente; en particular, la de aquellos extranjeros de nacionalidad nicaragüense quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por detenciones arbitrarias e irregulares”. Entre los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes nicaragüenses Jarlen Manuel Torres Torres, Noe Emilio Avellán Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía, Alejandro José García Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores, Francisco Israel Connor, Carlos David Bendaña Mejía, José González, Darwin Antonio Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar Fernández, Henry Geovany Martínez López y David Girón. Todos ellos “detenidos arbitrariamente alegando infracciones administrativas al derecho de extranjería, siendo sujetos a malos tratos. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil”.
Los observadores han recibido denuncias concretas de “la actuación de grupos paramilitares, compuestos por civiles vinculados supuestamente a organizaciones de narcotraficantes, y a grupos de seguridad privada” quienes vestidos con traje de camuflaje “operan conjuntamente con miembros del XV Batallón del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón”.
Para Fran Pérez Esteban, de IU, “el mejor ejemplo de que el nuevo gobierno de Honduras es una dictadura, lo representa el Ministro Asesor de Micheletti, Billy Joya, quien fuera uno de los jefes de los escuadrones de la muerte hondureños, responsables de la desaparición de centenares de dirigentes de izquierda, sindicalistas, estudiantes e indígenas. Billy Joya dirigió con el militar argentino Guillermo Suárez Mason, el batallón de inteligencia 3-16,responsable de crímenes contra la humanidad: de torturas masivas, desapariciones, asesinatos. Responsable de crímenes contra la humanidad, fue procesado finalmente por la Fiscalía hondureña el año 95 por la detención, tortura y asesinato de varias decenas de estudiantes, y se escapó del país”.
Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas: Luis Guillermo Pérez (CIFCA); Marcia Aguiluz (CEJIL); Viviana Krsticevic (CEJIL), Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional); Jorge Rojas (CODHES), Benjamín Cuellar (IDHUCA), Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú), Javier Mujica (FIDH), Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ), Enrique Santiago (IEPALA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS- ESPAÑA), Ellen Verryt (Solidaridad Mundial) Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca), Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán), Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de cooperación - Austria), Katia Nouten (CIFCA), Dolores Jarquín (Alianza Social Continental), Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental).
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