Congreso cómplice
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MEXICO, D.F., 25 de septiembre (Apro).- La ratificación en el Senado de Arturo Chávez Chávez como procurador General de la República y la comparecencia en la Cámara de Diputados del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mostraron cuán lejos se encuentra el Congreso mexicano de equilibrar los abusos del Poder Ejecutivo. Si con su propuesta para la Procuraduría General de la República (PGR) Felipe Calderón reafirmó su desprecio por los derechos humanos, al confirmar a Chávez con los votos del PAN, el PRI y el PVEM, el Senado sencillamente abdicó.
Lo que era una oportunidad para reivindicar una de las funciones esenciales del Congreso en una democracia –el equilibrio de poderes– se convirtió en otra clara expresión del ya largo entendimiento de los dos partidos mayoritarios que impide el desarrollo democrático de México. Colocado por ahora en la antesala de lo que podría ser su retorno a la presidencia de la República, el PRI optó por la complicidad, la comodidad y la desfachatez para seguir pavimentando ese camino.
El senador por el estado de Hidalgo, Jesús Murillo Karam tuvo el despropósito de asegurar que la ratificación de Chávez –nacional e internacionalmente cuestionado por su desempeño como procurador de Chihuahua en el caso del masivo asesinato de mujeres en Ciudad Juárez– era si no responsabilidad de Calderón, sí caía en su ámbito de actuación. El desempeño de Chávez Chávez está en manos de Calderón, dijo en nombre del PRI. Claro que así es, pero por lo mismo el Senado estaba obligado a hacer una verdadera revisión de la actuación de la PGR y por ende del Ejecutivo. Pero no se puede pedir más a ese partido. No puede ni sabe actuar de otra manera. Tener un procurador a modo del titular del Ejecutivo está en su esencia de presidencialismo dominante, avasallador de los otros poderes.
Subsecretario de Gobernación cuando ésta aún manejaba los asuntos de seguridad del país, Murillo Karam sabe que Chávez será un procurador de consigna, sin autoridad política y menos moral. Pero con el ánimo rijoso del "presidente valiente", el PRI tendría que cuidarse; salvo que la ratificación se haya convertido en un seguro para los priistas que ejercen funciones de gobierno. Por ahora, media docena de alcaldes priistas de Michoacán están encarcelados por sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada. ¿Hasta ahí va a llegar Calderón tras la ratificación de Chávez? El mismo jueves 24, y a la misma hora, la Cámara de Diputados también renunció a otra función esencial de la democracia: la rendición de cuentas.
La comparencia de García Luna –uno de los hombres más polémicos del calderonato–sirvió para la descalificación y los reproches entre el PRI y el PAN, no para evaluar en serio el desempeño de García Luna y su equipo, que en su afán de espectacularidad han sido capaces de dar versiones de hechos que la población no cree. Cualquier congreso democrático ya habría puesto un alto a historias mediáticas de supuestos intentos de magnicidios, de secuestros, terroristas y cuanta calamidad que la Secretaría de Seguridad Pública dice que ha controlado. García Luna sólo padeció la descalificación, principalmente de los diputados del PT, Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña. Nada tuvo que explicar sobre los abusos de su Policía Federal en todo el país, de la corrupción institucional o del enorme poder que le ha dado Calderón al crearle prácticamente su propio ejército de prácticamente 40 mil hombres.
Rendición de cuentas y equilibrio de poderes son dos condiciones básicas de la democracia. Ni el Ejecutivo ni el Congreso mexicanos saben que es eso. jcarrasco@proceso.com.mx
Lo que era una oportunidad para reivindicar una de las funciones esenciales del Congreso en una democracia –el equilibrio de poderes– se convirtió en otra clara expresión del ya largo entendimiento de los dos partidos mayoritarios que impide el desarrollo democrático de México. Colocado por ahora en la antesala de lo que podría ser su retorno a la presidencia de la República, el PRI optó por la complicidad, la comodidad y la desfachatez para seguir pavimentando ese camino.
El senador por el estado de Hidalgo, Jesús Murillo Karam tuvo el despropósito de asegurar que la ratificación de Chávez –nacional e internacionalmente cuestionado por su desempeño como procurador de Chihuahua en el caso del masivo asesinato de mujeres en Ciudad Juárez– era si no responsabilidad de Calderón, sí caía en su ámbito de actuación. El desempeño de Chávez Chávez está en manos de Calderón, dijo en nombre del PRI. Claro que así es, pero por lo mismo el Senado estaba obligado a hacer una verdadera revisión de la actuación de la PGR y por ende del Ejecutivo. Pero no se puede pedir más a ese partido. No puede ni sabe actuar de otra manera. Tener un procurador a modo del titular del Ejecutivo está en su esencia de presidencialismo dominante, avasallador de los otros poderes.
Subsecretario de Gobernación cuando ésta aún manejaba los asuntos de seguridad del país, Murillo Karam sabe que Chávez será un procurador de consigna, sin autoridad política y menos moral. Pero con el ánimo rijoso del "presidente valiente", el PRI tendría que cuidarse; salvo que la ratificación se haya convertido en un seguro para los priistas que ejercen funciones de gobierno. Por ahora, media docena de alcaldes priistas de Michoacán están encarcelados por sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada. ¿Hasta ahí va a llegar Calderón tras la ratificación de Chávez? El mismo jueves 24, y a la misma hora, la Cámara de Diputados también renunció a otra función esencial de la democracia: la rendición de cuentas.
La comparencia de García Luna –uno de los hombres más polémicos del calderonato–sirvió para la descalificación y los reproches entre el PRI y el PAN, no para evaluar en serio el desempeño de García Luna y su equipo, que en su afán de espectacularidad han sido capaces de dar versiones de hechos que la población no cree. Cualquier congreso democrático ya habría puesto un alto a historias mediáticas de supuestos intentos de magnicidios, de secuestros, terroristas y cuanta calamidad que la Secretaría de Seguridad Pública dice que ha controlado. García Luna sólo padeció la descalificación, principalmente de los diputados del PT, Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña. Nada tuvo que explicar sobre los abusos de su Policía Federal en todo el país, de la corrupción institucional o del enorme poder que le ha dado Calderón al crearle prácticamente su propio ejército de prácticamente 40 mil hombres.
Rendición de cuentas y equilibrio de poderes son dos condiciones básicas de la democracia. Ni el Ejecutivo ni el Congreso mexicanos saben que es eso. jcarrasco@proceso.com.mx
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