| * Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Asamblea Nacional por la Defensa de la Economía Popular, frente a la sede de la Cámara de Diputados
Amigas, amigos:
Nos congregamos una vez más, ahora aquí, frente a la Cámara de Diputados, para expresar nuestro sentir acerca de la profunda crisis económica y de bienestar social que afecta a la inmensa mayoría de los mexicanos, y con el firme propósito de rechazar tajantemente la propuesta que está haciendo la oligarquía a través de sus empleados de los partidos Acción Nacional y del Revolucionario Institucional.
Es innegable que los que se creen amos y señores de México no tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Son culpables de la tragedia nacional, eluden su responsabilidad, se niegan a rectificar y, lo peor, es que están decididos a mantener sus privilegios aunque terminen de hundir al país y de empobrecer al pueblo.
Actúan con prepotencia, no les preocupa el sufrimiento de la gente, no les importa el deterioro de la vida pública. Se disfrazan de empresarios y de gente respetable, pero no tienen vocación productiva ni dimensión social, son unos vulgares ladrones, enfermos de codicia y de poder. Cuánta razón tenía Hidalgo, el padre de la Patria, cuando sostenía que el único dios de los opresores era el dinero.
Expreso con franqueza estos sentimientos porque entristece e indigna que en medio de la peor crisis de la historia reciente, estos desalmados estén pensando en profundizar, aún más, el sufrimiento de la gente y orillar a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales para terminar de desgraciarnos a todos con el flagelo de la inseguridad y de la violencia.
Esto es, y no otra cosa, lo que provocará el aumento generalizado de impuestos y el alza en los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica. Además, ni siquiera es cierto que con estas medidas se resuelva el problema de las finanzas públicas. Por el contrario, de aplicarse lo que proponen se profundizará la recesión económica y la gente no tendrá dinero para satisfacer sus necesidades básica, ni mucho menos para el pago de contribuciones, destinadas, en lo fundamental, a favorecer a un gobierno corrupto y al servicio de una minoría rapaz.
Está demostrado que aumentar impuestos cuando hay crisis económica puede llevar a una mayor pérdida en la recaudación fiscal.
Lo que sí habrá si aumentan los impuestos, los precios y las tarifas, será más inflación, más mortandad de pequeñas y medianas empresas y comercios, más despidos de trabajadores, más desempleo, más pobreza, más angustia y desesperación, y repito, más inseguridad y violencia.
Por eso hoy, responsablemente, estamos aquí para proponer otro camino, otra opción, que ayude a enfrentar el problema de las finanzas públicas sin afectar a la gente y sin agravar la crisis económica del país.
Es obvio que sí hay salidas, sólo es cuestión de que haya dignidad y voluntad política. En este caso, de los legisladores que podrían demostrar que no son súbditos o achichincles de los potentados, sino auténticos representantes populares.
Nuestra propuesta es sencilla, eficaz y, sobre todo, justa. Lo que planteamos se resume en dos acciones: aplicar un verdadero plan de austeridad republicana y acabar con los privilegios fiscales.
Si existe un faltante de 500 mil millones de pesos en las finanzas públicas, este déficit se puede cubrir ahorrando 200 mil millones del gasto corriente, reduciendo en 15 por ciento las partidas de servicios personales y de gastos de operación del gobierno.
Asimismo, es posible obtener otros 300 mil millones mediante el cobro de impuestos a grandes empresarios y banqueros. Esto implica eliminar los regímenes especiales como la consolidación fiscal; la exención de impuestos por ventas de empresas en la Bolsa; las tasas de impuestos sobre dividendos, que son más bajas que en Estados Unidos; la depreciación acelerada de activos; el abuso en donativos deducibles de impuestos; y el incumplimiento de pagos de créditos fiscales, entre otros renglones.
Son muchas las razones y los argumentos para fundamentar la aplicación de un verdadero plan de austeridad republicana: En primer término, debe tomarse en cuenta que la austeridad no sólo es un asunto administrativo, sino de principios. En ninguna circunstancia, y mucho menos en épocas de crisis, puede haber un gobierno rico con pueblo pobre; es injusto e inmoral que los altos funcionarios públicos lleguen a percibir hasta 600 mil pesos mensuales, que tengan caja de ahorro especial, que se les pague atención médica en clínicas privadas y que haya pensiones millonarias para los ex presidentes de México.
También es injusta e inmoral la fantochería de Felipe Calderón y de otros funcionarios, de tener a su disposición una flotilla de aviones y helicópteros para moverse por el país y el extranjero. Sólo por este concepto se gastan alrededor de mil millones de pesos al año. Por ejemplo, el gobernador de Oaxaca renta un jet privado a razón de 4 mil dólares la hora.
En fin, es indispensable emular la austeridad de los liberales de la época de ese gran presidente Benito Juárez y hacer valer la convicción de que los funcionarios públicos deben aprender a vivir en la justa medianía.
De manera concreta proponemos:
- La reducción en un 50 por ciento de los salarios y las prestaciones de los altos funcionarios públicos, de directores adjuntos para arriba, incluyendo a los tres poderes y a los gobiernos estatales. Lo cual significaría un ahorro de 95 mil millones de pesos.
- Proponemos también la desaparición de las partidas 1406, 1407 y 1500, destinadas a la atención médica privada, a la caja de ahorro especial y a los bonos extraordinarios que reciben los altos funcionarios públicos; así como la eliminación de las pensiones a los ex presidentes. Esto representaría un ahorro de 30 mil millones de pesos.
En lo que corresponde al gasto de operación del gobierno también proponemos la eliminación o reducción de las partidas destinadas al pago de alimentación para altos funcionarios, los gastos de publicidad, la telefonía celular, las oficinas alternas, el arrendamiento de computadoras, vehículos y aviones, el pago de asesorías, los gastos de representación, combustibles y lubricantes, la adquisición de vehículos para funcionarios públicos, boletos de avión y viajes al extranjero. Esto sumaría otros 50 mil millones de pesos.
Asimismo, proponemos como parte de las medidas de austeridad, la reducción del 5 por ciento de las participaciones federales a los gobiernos estatales, con lo cual se generaría un ahorro de 22 mil 680 millones de pesos.
En cuanto a los privilegios fiscales que benefician a las grandes corporaciones económicas y financieras, debe decirse que esta práctica demuestra con claridad la forma en que se cristaliza el contubernio entre el poder económico y el poder político.
Desde la época de Luis Echeverría se celebró un pacto secreto con la cúpula empresarial, que se ha venido ampliando y ratificando sexenio tras sexenio. El acuerdo consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros, el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos.
Según el auditor superior de la Federación, merced a estas devoluciones, y lo cito textualmente, "las grandes corporaciones en 2004 pagaron sólo 74 pesos de Impuesto sobre la Renta y 69 pesos de IVA".
Tanto los gobiernos del PRI como los del PAN han querido justificar esta evasión y elusión fiscal con la falacia del fomento a la inversión. Si esto fuese cierto, en los últimos 26 años tendríamos un crecimiento económico mayor al raquítico 2.3 por ciento anual, que per cápita ha sido de casi cero.
Además, está demostrado que las devoluciones de impuestos son superiores al incremento de la inversión privada.
Tan sólo en el periodo 2001-2005, mientras la inversión privada se incrementó en 279 mil millones de pesos, las devoluciones de impuestos alcanzaron los 604 mil millones, o sea, más del doble.
Es tan descarada la corrupción en la cúpula del poder, que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) resolvió mantener en secreto por 12 años -hasta 2019- los nombres de las empresas que en 2005 resultaron beneficiadas por el SAT, con la devolución multimillonaria de impuestos.
Otro ejemplo de este proceder faccioso, son los créditos fiscales no pagados por grandes empresarios y banqueros. La cartera total que también incluye a otros deudores, sumaba al 30 de junio de este año, 468 mil 770 millones de pesos. Sin embargo, en la revisión de la cuenta pública de 2005, la Auditoría Superior de la Federación demostró que sólo 46 deudores debían 143 mil 584 millones de pesos, alrededor del 30 por ciento de toda la deuda por créditos fiscales.
Asimismo, en ese año, Hacienda sólo recuperó el 0.3 por ciento del monto otorgado a los llamados grandes contribuyentes. Es decir, los principales deudores fiscales al final de cuentas no pagan nada.
Aunque esta información también está restringida, la Auditoría Superior de la Federación señala que, entre estos grandes deudores, aparece un banco con créditos fiscales por 25 mil millones de pesos. Además, en ese año, a esa misma institución financiera, le devolvieron 2 mil millones de pesos de impuestos. También "dos cadenas televisivas" tenían créditos por mil 500 millones y un periódico debía 2 mil 675 millones.
En suma, con nuestras propuesta de austeridad y de eliminación de los privilegios fiscales, se podrían obtener, repito, 500 mil millones de pesos y resolver el problema de las finanzas públicas, sin aumentar impuestos ni los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la electricidad, y sin contratar más deuda pública como ellos proponen.
Además, sobrarían alrededor de 140 mil millones de pesos que podrían destinarse al otorgamiento de créditos a pequeñas y medianas empresas y comercios, para evitar mayor mortandad de negocios y una mayor pérdida de empleos. Así como para incrementar el presupuesto a la educación pública, la salud, el campo y lo poco que se destina a las comunidades indígenas y pagarles a esos ancianos respetables, a los ex braceros, lo que se les debe.
Amigas y amigos:
Todo este plan para enfrentar la emergencia económica y evitar una mayor descomposición social, podría llevarse a cabo si los legisladores, antes de aprobar la ley de ingresos y el presupuesto para el año próximo, discuten y aprueban dos leyes indispensables, dadas las circunstancias: Una de austeridad republicana y otra para la eliminación de privilegios fiscales.
Por eso, de manera concreta, propongo a esta asamblea que para la elaboración de estos dos proyectos de ley se forme una comisión integrada por cinco legisladores de nuestro movimiento: dos economistas y tres abogados. Pongo a consideración de ustedes los nombres de los diputados Mario Di Costanzo, Ifigenia Martínez, Adán Augusto López Hernández, Jaime Cárdenas y del senador Ricardo Monreal.
Si ustedes así lo consideran, les pregunto: ¿están de acuerdo en que se forme esta comisión?
Esta comisión, propongo también que deberá presentarnos estas iniciativas de ley en otra asamblea como esta, que llevaremos, si así ustedes los consideran, en este mismo lugar, a la misma hora, el lunes 12 de octubre. Aquí nos vamos a volver a encontrar.
Vamos ahí, poco a poco, organizándonos y definiendo con mucha claridad nuestra propuesta, para ir poco a poco profundizando nuestra movilización y no permitir que le den otra vuelta a la tuerca y que sigan exprimiendo al pueblo de México.
Vamos a esa otra asamblea del día 12 de octubre y de ahí hacia delante, con dos acciones: Nosotros en la movilización y los diputados defendiendo allá adentro al pueblo y a la Nación.
Cuando tengamos esas dos iniciativas de ley, vamos a presentar aquí, el 12 de octubre, las propuestas, pero también, como ahora están con nosotros presentes, estas iniciativas, estos proyectos de ley, se van a presentar a los tres coordinadores de los partidos del Frente Amplio Progresista en la Cámara de Diputados.
Se le va a presentar al compañero Alejandro Encinas, coordinador de los diputados del PRD; al compañero Pedro Vázquez, coordinador de los diputados del PT, y al compañero Pedro Jiménez León, coordinador de los diputados de Convergencia.
De manera respetuosa, sugiero a la comisión que se acaba de integrar, que empiece por solicitar a la Secretaría de Hacienda, si es necesario desde la tribuna de la Cámara, la lista de las 100 principales empresas o bancos que, del año pasado a la fecha, han sido beneficiados con la devolución de impuestos y con créditos fiscales.
Esta es una información que debe transparentarse. Es inaceptable a inaudito que los mismos legisladores no sepan cuánto pagan o dejan de pagar los llamados grandes contribuyentes. Una regla de oro de la democracia es la transparencia.
Antes de querer aumentar impuestos o crear impuestos nuevos, queremos saber cuánto pagan los grandes empresarios y banqueros de este país, porque sostenemos, con información, que no pagan absolutamente nada.
Amigas y amigos:
Estemos atentos y no permitamos ningún engaño. Tengamos presente que el plan propuesto por la oligarquía para seguir exprimiendo al pueblo y mantener sus privilegios, está acordado de antemano entre Salinas, Calderón, Peña Nieto, Beltrones y Francisco Rojas.
Lo único que los priistas están haciendo, y esto es un llamado para que los legisladores de los tres partidos del Frente Amplio Progresista estén informados, que lo único que los priistas están haciendo es simular que se oponen a la propuesta de Calderón, cuando en el fondo ya existe un acuerdo y sólo están maniobrando para no pagar los costos políticos.
La oligarquía, no olvidemos, es dueña también de estos dos partidos y los utiliza como le conviene. Es evidente que a Calderón ya lo convirtieron en chivo expiatorio, para dejar a salvo al PRI y a Peña Nieto con miras al 2012.
Es decir, están llevando a cabo una burda maniobra, una operación de recambio, de maquillaje, de telenovela, para que en el fondo todo siga igual o peor. En esencia, buscan perpetuarse en el poder, oprimiendo al pueblo y hundiendo a México.
Por eso, amigas y amigos, continuemos con nuestra estrategia de defender la economía popular y el patrimonio de la nación, pero al mismo tiempo, sigamos trabajando para orientar, concientizar y organizar al pueblo.
Tenemos el compromiso ineludible de derrotar a la oligarquía en el terreno político, de manera pacífica, para establecer la democracia y llevar a cabo un cambio verdadero en todos los órdenes de la vida pública. Estamos decididos a lograr el renacimiento de México.
¡Viva la resistencia civil pacífica!
¡Que vivan los diputados del Frente Amplio Progresista!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
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