Julio Hernández López: Astillero
Lo espectacular y trascendente no fue el acribillamiento de un recambiable jefe de una banda de narcotráfico caída en desgracia respecto al diseño oficialista protegido, sino la impune demostración ante los mexicanos de que el parapeto de la guerra contra comerciantes de drogas permite la violación explícita no sólo de derechos humanos y garantías constitucionales de presuntos delincuentes y ciudadanos de a pie, sino incluso de códigos básicos de respeto entre bandos en conflicto armado, como pudo verse con la fotografía de Arturo Beltrán Leyva decorada macabramente con billetes y accesorios religiosos en una especie de venganza, burla o desahogo que necesariamente hubo de ser concebida y ejecutada por mandos institucionales que fueron los únicos que tuvieron bajo control férreo el cuerpo del capo sinaloense.
Un gobierno que cree justificable utilizar las mismas o peores formas que los criminales explícitos no tiene en su horizonte una victoria republicana o una supremacía moral. Felipe Calderón ha institucionalizado la violación de lo que quede del llamado estado de derecho al propiciar que sin declaratoria de estado de excepción o de sitio se realicen diariamente operativos que lastiman profundamente a quienes tienen la desgracia de quedar entre fuegos sin control. Más allá de los graves delitos de los que se le acusa, y de su evidente peligrosidad, lo visto el miércoles en Cuernavaca muestra que en el caso de Beltrán Leyva se pasó por encima de leyes y garantías, como si el objetivo fuera el que no quedaran con vida los principales personajes. En el fondo, los hechos, y su abundante y precisa difusión televisiva, van acomodando los ánimos colectivos a conformarse con la idea de que así son y serán las cosas, que no hay nada que defender ni alegar en cuanto a derechos ciudadanos si del tema del narcotráfico se trata. Ya no hay leyes que valgan, ni procesos judiciales en busca de esclarecer culpabilidades o inocencias, sino acciones bélicas sin control que sobre la marcha dictan sentencias de vida o muerte y de golpizas y tortura.
La batalla de Cuernavaca tuvo dos actores importantes. Uno, los servicios estadunidenses de inteligencia que ayer mismo se adjudicaron parte del mérito que hubiera en el expediente Beltrán Leyva. Michele M. Leonhart, administradora interina de la DEA, elogió largamente al gobierno mexicano pero advirtió que el desenlace fúnebre viene como resultado de una cooperación significativa y el intercambio de información entre las autoridades policiales en Estados Unidos y nuestros valientes socios en México. El muy celebrado golpe al capo que pretendía hacerle ruido al Chapo pareciera, así, el anuncio de inauguración de la nueva etapa de colaboración entre la DEA y las fuerzas mexicanas, aceitado todo con los donativos enmarcados en la Iniciativa Mérida y listas ambas partes para establecer en México sus oficinas binacionales de trabajo codo con codo.
El otro factor diferente e importante son los marinos, cada vez más activos en operaciones terrestres, como si fueran la reserva personal de Calderón para enfrentar casos en los que no hubiese confianza respecto a otros cuerpos militares o policiacos. Históricamente la marina ha tenido papeles relevantes en Latinoamérica en contubernio con gobiernos dictatoriales, sobre todo en tareas de combate a segmentos liberales o de izquierda. Hoy, la Armada ha llegado a la guera contra el narco para quedarse, lo que puede significar el avivamiento de pugnas y celos respecto a las fuerzas de la Defensa Nacional, hasta ahora protagonistas estelares de las acometidas calderónicas.
Una última insistencia en un dato que ayuda a entender la magnitud relativa de lo sucedido la noche del miércoles en la capital del estado que gobierna el ultraderechista Marco Antonio Adame, intocado mediática y judicialmente a pesar de la gravedad de los sucesos, a diferencia de lo que sucede con el perredista Godoy en Michoacán (Yunque mata Familia): los Beltrán Leyva tenían actas oficiales de encarcelamiento o defunción firmadas desde el momento en que entraron en conflicto con el secretario de exportaciones toleradas, Joaquín Guzmán. Así es que la algarabía del felipismo y los voceros estadunidenses solamente es de utilería: el golpe verdadero habría sido contra el jefe máximo del cártel de Sinaloa, no contra quien se le había rebelado y debía ser exterminado.
La nueva realidad marina se redondea con el nombramiento posdatado del almirante Wilfrido Robledo como nuevo director de la Policía Federal Ministerial. El pasado 11 de noviembre, en La Jornada, el conocedor y bien informado reportero Gustavo Castillo adelantó que Robledo ocuparía ese cargo (http://bit.ly/8yxfQf). A causa de esa primicia, o por razones burocráticas no explicadas, la designación no se cumplió en esas fechas. Pero ayer, como parte del nuevo diseño marino o para aprovechar los momentos de enaltecimiento del espíritu de mano dura que causan sucesos como el de Beltrán Leyva, el procurador No chávez, No chávez, anunció el reingreso del polémico almirante a la escena policiaca.
Los saldos de Cuernavaca trascienden, como se ve, el hecho concreto del exterminio de un violento jefe narco que iba a contracorriente y al que exhibieron ayer acribillado, semidesnudo y decorado especialmente. En realidad, entre el estruendo y el pánico, se ha abierto paso en tierra una nueva realidad navegante que dará una armada vuelta de tuerca más al proyecto de mano dura y contención social. El almirante Robledo es una pieza más de ese rediseño, una pieza que es restaurada justamente porque se requiere dar el mensaje de que sus métodos, afinados estelarmente en Atenco, son hoy necesarios en el México del 2010 ya en puerta.
Y, mientras en Hermosillo sigue el tétrico teatro de la simulación institucional de castigos por el caso de la guardería ABC y los niños muertos, ¡feliz fin de semana, ya cantando dale, dale, dale!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Guillermo Ortiz Martínez –el último día del año dejará de ser gobernador del Banco de México– pasará a formar parte desde enero del selecto grupo de ex funcionarios públicos que reciben jugosas jubilaciones, a cargo de los contribuyentes, dice el secretario de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario di Costanzo. Será equivalente al sueldo que percibió durante el último año: 190 mil pesos mensuales. De acuerdo con el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, quien también deja la chamba en estos días, la diferencia de las pensiones entre la alta burocracia y la de base es dramática: 81.4 por ciento de los pobrensionados recibe en promedio mil 966 pesos al mes, mientras los Gurría, Fox, Salinas, Zedillo, etcétera, perciben una renta vitalicia mayor a 81 mil pesos. Hay casos ofensivos: Fox sólo trabajó –es un decir– tres años como diputado federal, cuatro como gobernador y seis como presidente, 13 años en total, y está recibiendo una jubilación principesca. Por cierto, Luis Téllez organizó una despedida en honor a Ortiz para expresarle su reconocimiento, quizá no tanto lo que hizo por el país, sino lo que hizo por él, cuando lo recomendó para que ocupara la presidencia de la Bolsa Mexicana de Valores, después del escándalo que lo hizo salir como tapón de sidra de la Secretaría de Comunicaciones. Dada la demostrada frágil lealtad de Téllez, bien haría en guardar alguna grabación de lo que dice hoy, no vaya a cambiar de opinión como con Salinas de Gortari, de quien fue Ponfilio de lujo, pero años después diría que el ex presidente se robó la mitad de la partida secreta. Hizo bien el casi ex gobernador del banco central en dar a conocer públicamente un estado de cuenta en el que precisa que entrega a Agustín Carstens un cerro de dólares. Son las reservas internacionales. Se advirtió, dicen los observadores, que Ortiz no expresó una sola palabra bonita al presidente Felipe Calderón. Se va encorajinado porque no lo confirmó en la chamba. Los unió el Fobaproa sólo transitoriamente. Ahora los divide el resentimiento.
Cobradores de Infonavit
Una mala noticia para los clientes de Infonavit en el estado de México: el instituto acaba de entregar 111 certificados a la primera generación de asesores de cobranza judicial, lo que permitirá mejorar –eso dice– el servicio y la atención al acreditado de parte del Infonavit Ampliado. Lo de asesores es un eufemismo. Son despachos de cobranza que usan métodos muy rudos para hacer pagar a los pobres trabajadores que viven una de las peores crisis económicas. Están dejando sin pichonavit por millares, no sólo en el vecino estado, sino en toda la República. Luego se malbaratan a terceros, y están haciendo muy buenos billetes. Y eso que el director de Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién, también está considerado como una de las estrellas del equipo.
Fumadores
La Fundación Interamericana del Corazón –organización civil que ha hecho suya la defensa de la salud contra los efectos del humo del cigarro; su representante legal es la doctora María Sonia Meza– presentó una solicitud al IFAI para que pida información al secretario de Salud, José Ángel Córdova, acerca del estado que guarda la demanda de amparo promovida por Sanborns en contra de la aplicación de la ley que prohíbe fumar en lugares cerrados. Como es sabido, tanto este grupo de restaurantes como Vips y otros presentaron un amparo de una manera astuta: impugnan las características físicas que según la ley deben tener los locales. Pero está pasando el tiempo, se sigue fumando en sus bares y restaurantes y el secretario de Salud no da señales de querer hacer una defensa a fondo de la ley. Será que anda muy ocupado por las vacunas, pues la gente les tiene miedo. Por otro lado, los restauranteros que sí están acatando la ley dicen que es injusto que, por los enormes recursos de que disponen, no se aplique a las grandes corporaciones como Vips y Sanborns.
El Superasesor
Otro Córdoba –éste de triste celebridad; su nombre completo es José Córdoba Montoya; fue el cerebro gris del salinismo– está resultando ser el inspirador del decálogo político que se atribuye a Gerónimo Gutiérrez, subsecretario de Gobernación. Escribió un texto en la revista Nexos en el que vienen contenidas las ideas de la relección, la disminución del número de legisladores, la segunda vuelta, más otras que se quedaron fuera del decálogo, por no convenir a Los Pinos: definir al presidente sustituto y considerar la ratificación del gabinete por el Senado. No nos habían dicho que el calderonismo ya lo contrató como asesor.
Cobradores de Infonavit
Una mala noticia para los clientes de Infonavit en el estado de México: el instituto acaba de entregar 111 certificados a la primera generación de asesores de cobranza judicial, lo que permitirá mejorar –eso dice– el servicio y la atención al acreditado de parte del Infonavit Ampliado. Lo de asesores es un eufemismo. Son despachos de cobranza que usan métodos muy rudos para hacer pagar a los pobres trabajadores que viven una de las peores crisis económicas. Están dejando sin pichonavit por millares, no sólo en el vecino estado, sino en toda la República. Luego se malbaratan a terceros, y están haciendo muy buenos billetes. Y eso que el director de Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién, también está considerado como una de las estrellas del equipo.
Fumadores
La Fundación Interamericana del Corazón –organización civil que ha hecho suya la defensa de la salud contra los efectos del humo del cigarro; su representante legal es la doctora María Sonia Meza– presentó una solicitud al IFAI para que pida información al secretario de Salud, José Ángel Córdova, acerca del estado que guarda la demanda de amparo promovida por Sanborns en contra de la aplicación de la ley que prohíbe fumar en lugares cerrados. Como es sabido, tanto este grupo de restaurantes como Vips y otros presentaron un amparo de una manera astuta: impugnan las características físicas que según la ley deben tener los locales. Pero está pasando el tiempo, se sigue fumando en sus bares y restaurantes y el secretario de Salud no da señales de querer hacer una defensa a fondo de la ley. Será que anda muy ocupado por las vacunas, pues la gente les tiene miedo. Por otro lado, los restauranteros que sí están acatando la ley dicen que es injusto que, por los enormes recursos de que disponen, no se aplique a las grandes corporaciones como Vips y Sanborns.
El Superasesor
Otro Córdoba –éste de triste celebridad; su nombre completo es José Córdoba Montoya; fue el cerebro gris del salinismo– está resultando ser el inspirador del decálogo político que se atribuye a Gerónimo Gutiérrez, subsecretario de Gobernación. Escribió un texto en la revista Nexos en el que vienen contenidas las ideas de la relección, la disminución del número de legisladores, la segunda vuelta, más otras que se quedaron fuera del decálogo, por no convenir a Los Pinos: definir al presidente sustituto y considerar la ratificación del gabinete por el Senado. No nos habían dicho que el calderonismo ya lo contrató como asesor.
Alegraos, mexicanos incrédulos, que 2010 recibirá a 74 por ciento de los privilegiados que aún tienen empleo en el país con un generoso aumento de 4.85 por ciento al salario mínimo, o lo que es lo mismo, 2 pesotes con 58 centavos por día, mismos que sin duda alguna permitirán evaporar el catastrófico efecto que en el poder adquisitivo del grueso de la población ha causado el catarrito que vino de afuera, según sabia y soberana decisión del inquilino de Los Pinos.
En efecto, ayer el magnánimo consejo de representantes (gobierno, patrones y líderes obreros) de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tuvo a bien acordar el incremento –por llamarle de alguna forma– al miningreso en sus tres presentaciones, es decir, la tercia de zonas geográficas (A, B y C; más de 95 por ciento de ellas pertenecen a la última de las categorías citadas) en las que dicha institución ha distribuido a la República.
Así, a partir del primer día de 2010 el salario mínimo aplicable en la zona geográfica A crece de 54.8 pesos a 57.46 pesos por día; en la zona B de 53.26 a 55.84 pesos y en la zona C de 51.95 a 54.47 pesos, para promediar 55.92 pesos, igual a un incremento de 2 pesotes con 58 centavos. Lo mejor del caso es que la estimación del Banco de México (versión Guillermo Ortiz) para el próximo año en materia inflacionaria apunta a un crecimiento de precios de alrededor de 5.25 por ciento en el año, con lo que de entrada el aumento al mini ingreso queda más que rebasado.
De acuerdo con la estadística oficial, alrededor de 56 por ciento de los suertudos mexicanos que conservan el empleo obtiene un ingreso de hasta tres salarios mínimos y 18 por ciento de tres a cinco. La suma de estos porcentajes involucra a 32 millones de trabajadores (24.4 millones en el primero de los rangos; 7.6 millones en el segundo), quienes en el mejor de los casos recibirían un aumento de entre 2.56 (ingreso de un salario mínimo) y 12.80 pesos (ingreso de cinco salarios mínimos) por día, según el nivel de percepción y humor de los patrones. Bien, pero si es la fórmula para reactivar la economía y elevar el nivel de bienestar de los heroicos habitantes de esta República, según presume el discurso oficial, entonces hay que tomarlo serenamente, porque con ese ingreso ni en un siglo se reactivará y mucho menos existirá nivel de bienestar.
Tras el generoso acuerdo del consejo de representantes, habrá que esperar la cantaleta de siempre: la del secretario del Trabajo en turno (en este caso el porro Javier Lozano Alarcón) justificando el raquitismo del aumento al miningreso, toda vez que lo importante es tratar de resarcir algo de lo perdido, pues sería injusto no considerar lo que ha pasado este año en materia de inflación, aunque siempre con la idea de que, si bien estaba en juego el ingreso de los trabajadores y su poder adquisitivo, es necesario preservar las fuentes de empleo en el país. O la del sector obrero (dignamente representado por los capos del sindicalismo corporativo), en el sentido de que aceptó el raquítico incremento debido a que primero está la patria, y el no menos contundente argumento de la patronal (ya casi nadie gana el salario mínimo; se usa para fijar el monto de las multas).
Como en su oportunidad se comentó en este espacio (diciembre de 2008) cuando el mismo consejo de representantes decidió aumentar el salario mínimo para 2009 en 2.32 pesos por día, la triste cuan peligrosa historia es que país sin crecimiento económico no genera empleo; población sin empleo no obtiene ingreso; población sin ingreso carece de bienestar social; sin éste el país va directo al estallido. El 74 por ciento de los ocupados formales e informales en el país obtiene un ingreso de cero a cinco salarios mínimos; con la decisión consensuada de patrones, líderes obreros y gobierno, más de 30 millones de mexicanos obtuvieron un incremento en su ingreso hasta de 11.6 pesos diarios. Muchos de ellos no recibieron aguinaldo. Mientras, en las altas esferas del poder legal federal, estatal y municipal (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se reparten multimillonarios sueldos, compensaciones, aguinaldos, bonos y demás prestaciones, y en el poder verdadero transmiten íntegramente el costo de la crisis a la pelusa. ¿Así se reactiva la economía? ¿Así se enfrenta la sacudida? No: así se promueve el estallido social.
Pues bien, a pesar de lo obvio, con un desplome económico de entre 7 y 8 por ciento en el presente año, más de 6 millones adicionales de pobres (cifras oficiales), el peligrosísimo crecimiento del desempleo, el subempleo y la informalidad, el sostenido avance de los precios, nuevos impuestos, mayores tarifas en bienes y servicios del sector público y demás gracias del catarrito y la crisis que vino de afuera, para 2010 repiten el numerito y las justificaciones, y con ello invitan a que las profecías y cábalas numéricas tarde que temprano se conviertan en realidades.
Sólo para la memoria, Basilio González Núñez preside la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y en la medianía juarista recibe un sueldo diario equivalente a 142 salarios mínimos del área geográfica A (tarifa 2009), es decir, 7 mil 770.51 pesos cada 24 horas, prestaciones incluidas, algo así como 233 mil pesos mensuales. En él recae la responsabilidad de hacer cumplir la fracción sexta del artículo 123 constitucional en lo que a mini ingreso se refiere (“los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…”), pero todo indica que una vez más se le olvidó, al igual que al Consejo de Representantes.
Las rebanadas del pastel
¡Milagro! En plena crisis, con el agua hasta el cuello, el poder adquisitivo en la lona y en espera de una catarata de incrementos en precios y tarifas no más arranque 2010, más los abultados impuestos aprobados por el Congreso, los masoquistas habitantes del Distrito Federal se manifiestan felices y entusiasmados por el inminente aumento en la tarifa del Servicio de Transporte Colectivo, según los diputados y encuestólogos perredistas Alejandro Sánchez Camacho, Fernando Cuéllar y Víctor Romo, quienes aseguran que una contundente mayoría de ciudadanos del Distrito Federal, 79 por ciento, está a favor de que el boleto del Metro pase de dos a tres pesos, es decir, 50 por ciento de un plumazo. Una de tres: o los representantes populares son magos, muy malos por cierto; o la encuesta fue descaradamente manipulada; o de plano los presuntamente encuestados viven en la zona bonita de Las Lomas y Santa Fe.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
En efecto, ayer el magnánimo consejo de representantes (gobierno, patrones y líderes obreros) de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tuvo a bien acordar el incremento –por llamarle de alguna forma– al miningreso en sus tres presentaciones, es decir, la tercia de zonas geográficas (A, B y C; más de 95 por ciento de ellas pertenecen a la última de las categorías citadas) en las que dicha institución ha distribuido a la República.
Así, a partir del primer día de 2010 el salario mínimo aplicable en la zona geográfica A crece de 54.8 pesos a 57.46 pesos por día; en la zona B de 53.26 a 55.84 pesos y en la zona C de 51.95 a 54.47 pesos, para promediar 55.92 pesos, igual a un incremento de 2 pesotes con 58 centavos. Lo mejor del caso es que la estimación del Banco de México (versión Guillermo Ortiz) para el próximo año en materia inflacionaria apunta a un crecimiento de precios de alrededor de 5.25 por ciento en el año, con lo que de entrada el aumento al mini ingreso queda más que rebasado.
De acuerdo con la estadística oficial, alrededor de 56 por ciento de los suertudos mexicanos que conservan el empleo obtiene un ingreso de hasta tres salarios mínimos y 18 por ciento de tres a cinco. La suma de estos porcentajes involucra a 32 millones de trabajadores (24.4 millones en el primero de los rangos; 7.6 millones en el segundo), quienes en el mejor de los casos recibirían un aumento de entre 2.56 (ingreso de un salario mínimo) y 12.80 pesos (ingreso de cinco salarios mínimos) por día, según el nivel de percepción y humor de los patrones. Bien, pero si es la fórmula para reactivar la economía y elevar el nivel de bienestar de los heroicos habitantes de esta República, según presume el discurso oficial, entonces hay que tomarlo serenamente, porque con ese ingreso ni en un siglo se reactivará y mucho menos existirá nivel de bienestar.
Tras el generoso acuerdo del consejo de representantes, habrá que esperar la cantaleta de siempre: la del secretario del Trabajo en turno (en este caso el porro Javier Lozano Alarcón) justificando el raquitismo del aumento al miningreso, toda vez que lo importante es tratar de resarcir algo de lo perdido, pues sería injusto no considerar lo que ha pasado este año en materia de inflación, aunque siempre con la idea de que, si bien estaba en juego el ingreso de los trabajadores y su poder adquisitivo, es necesario preservar las fuentes de empleo en el país. O la del sector obrero (dignamente representado por los capos del sindicalismo corporativo), en el sentido de que aceptó el raquítico incremento debido a que primero está la patria, y el no menos contundente argumento de la patronal (ya casi nadie gana el salario mínimo; se usa para fijar el monto de las multas).
Como en su oportunidad se comentó en este espacio (diciembre de 2008) cuando el mismo consejo de representantes decidió aumentar el salario mínimo para 2009 en 2.32 pesos por día, la triste cuan peligrosa historia es que país sin crecimiento económico no genera empleo; población sin empleo no obtiene ingreso; población sin ingreso carece de bienestar social; sin éste el país va directo al estallido. El 74 por ciento de los ocupados formales e informales en el país obtiene un ingreso de cero a cinco salarios mínimos; con la decisión consensuada de patrones, líderes obreros y gobierno, más de 30 millones de mexicanos obtuvieron un incremento en su ingreso hasta de 11.6 pesos diarios. Muchos de ellos no recibieron aguinaldo. Mientras, en las altas esferas del poder legal federal, estatal y municipal (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se reparten multimillonarios sueldos, compensaciones, aguinaldos, bonos y demás prestaciones, y en el poder verdadero transmiten íntegramente el costo de la crisis a la pelusa. ¿Así se reactiva la economía? ¿Así se enfrenta la sacudida? No: así se promueve el estallido social.
Pues bien, a pesar de lo obvio, con un desplome económico de entre 7 y 8 por ciento en el presente año, más de 6 millones adicionales de pobres (cifras oficiales), el peligrosísimo crecimiento del desempleo, el subempleo y la informalidad, el sostenido avance de los precios, nuevos impuestos, mayores tarifas en bienes y servicios del sector público y demás gracias del catarrito y la crisis que vino de afuera, para 2010 repiten el numerito y las justificaciones, y con ello invitan a que las profecías y cábalas numéricas tarde que temprano se conviertan en realidades.
Sólo para la memoria, Basilio González Núñez preside la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y en la medianía juarista recibe un sueldo diario equivalente a 142 salarios mínimos del área geográfica A (tarifa 2009), es decir, 7 mil 770.51 pesos cada 24 horas, prestaciones incluidas, algo así como 233 mil pesos mensuales. En él recae la responsabilidad de hacer cumplir la fracción sexta del artículo 123 constitucional en lo que a mini ingreso se refiere (“los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…”), pero todo indica que una vez más se le olvidó, al igual que al Consejo de Representantes.
Las rebanadas del pastel
¡Milagro! En plena crisis, con el agua hasta el cuello, el poder adquisitivo en la lona y en espera de una catarata de incrementos en precios y tarifas no más arranque 2010, más los abultados impuestos aprobados por el Congreso, los masoquistas habitantes del Distrito Federal se manifiestan felices y entusiasmados por el inminente aumento en la tarifa del Servicio de Transporte Colectivo, según los diputados y encuestólogos perredistas Alejandro Sánchez Camacho, Fernando Cuéllar y Víctor Romo, quienes aseguran que una contundente mayoría de ciudadanos del Distrito Federal, 79 por ciento, está a favor de que el boleto del Metro pase de dos a tres pesos, es decir, 50 por ciento de un plumazo. Una de tres: o los representantes populares son magos, muy malos por cierto; o la encuesta fue descaradamente manipulada; o de plano los presuntamente encuestados viven en la zona bonita de Las Lomas y Santa Fe.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
La medición de la pobreza es un ejercicio que consiste en comparar, mediante un procedimiento previamente establecido (que incluye el o los criterios de identificación de la pobreza), un conjunto de indicadores de un hogar o una persona, con una serie de umbrales o normas que establecen el piso debajo del cual se considera que se presentan carencias humanas. Los indicadores observados parecen hechos objetivos, pero en realidad lo que vemos depende del cristal conceptual con el que se mira. Sin embargo, tienen un fuerte ingrediente de realidad. En cambio, la definición de umbrales es claramente una expresión de valores y constituye, por tanto, un ejercicio ético. En ellos se expresa la concepción de la vida humana que se considera todos y todas debieran poder vivir. Por otra parte, la medición de la pobreza, sobre todo (pero no únicamente) la oficial, es un ejercicio eminentemente político. Así concebida, la medición oficial de la pobreza es una actividad que mezcla lo técnico/científico, lo ético y lo político. Ésta es una mezcla de difícil manejo, sobre todo cuando sus responsables directos no gozan de plena autonomía, ya que pueden estar sujetos a toda clase de presiones que pongan incluso en riesgo sus nombramientos. Por esta razón, cuando allá por 1999 propuse la creación de lo que hoy conocemos como Coneval (al que le llamé de otra manera, pero al que desde el principio lo concebí como dotado de las facultades de evaluación y medición de la pobreza), propuse que fuese un organismo plenamente autónomo, como el Banco de México o el IFE, cuya creación se estableciese en la Constitución.
Amartya Sen, en su muy famoso libro Poverty and Famines (Pobreza y hambrunas), señala que la definición política de la pobreza es aquella en la cual son pobres sólo aquellos que un Estado determinado puede o quiere atender, lo que lleva continuamente a la minimización de la pobreza. En algunos casos las tensiones entre técnicos (que proponen lo que consideran la verdad) y políticos (que buscan cifras cómodas para su carrera política) se conocen públicamente. Ello fue lo que ocurrió durante el gobierno de Fox: el CTMP (Comité Técnico para la Medición de la Pobreza), formado por académicos, propuso tres líneas de pobreza (LP1, LP2 y LP3), de las cuales la que establecía la distinción pobres/no pobres era la LP3, que arrojaba que casi dos tercios (64.6 por ciento) de la población vivía en pobreza en 2000. Esto le pareció excesivo a la Sedeso, la cual tomó la decisión de eliminar la LP3 y, cambiándole el nombre, convertir la LP2 del CTMP en su línea de pobreza patrimonial. Los técnicos doblaron la cabeza y aceptaron la decisión política que llevó los niveles de pobreza a 53.7 por ciento que, en 2008, era de 47.2 por ciento. Los integrantes del Coneval (seis académicos y el secretario ejecutivo) afirman con frecuencia que su trabajo es académico. La mujer que actuó como maestra de ceremonias en la presentación pública de la nueva metodología, calificó el evento como espacio multidisciplinario.
Amartya Sen, en su muy famoso libro Poverty and Famines (Pobreza y hambrunas), señala que la definición política de la pobreza es aquella en la cual son pobres sólo aquellos que un Estado determinado puede o quiere atender, lo que lleva continuamente a la minimización de la pobreza. En algunos casos las tensiones entre técnicos (que proponen lo que consideran la verdad) y políticos (que buscan cifras cómodas para su carrera política) se conocen públicamente. Ello fue lo que ocurrió durante el gobierno de Fox: el CTMP (Comité Técnico para la Medición de la Pobreza), formado por académicos, propuso tres líneas de pobreza (LP1, LP2 y LP3), de las cuales la que establecía la distinción pobres/no pobres era la LP3, que arrojaba que casi dos tercios (64.6 por ciento) de la población vivía en pobreza en 2000. Esto le pareció excesivo a la Sedeso, la cual tomó la decisión de eliminar la LP3 y, cambiándole el nombre, convertir la LP2 del CTMP en su línea de pobreza patrimonial. Los técnicos doblaron la cabeza y aceptaron la decisión política que llevó los niveles de pobreza a 53.7 por ciento que, en 2008, era de 47.2 por ciento. Los integrantes del Coneval (seis académicos y el secretario ejecutivo) afirman con frecuencia que su trabajo es académico. La mujer que actuó como maestra de ceremonias en la presentación pública de la nueva metodología, calificó el evento como espacio multidisciplinario.
Por supuesto, a cocineros tan prestigiados como Carmen Ramírez Degollado, Mónica Patiño o Paulino Cruz nunca se les ocurriría destajar en la televisión una iguana o una tortuga para mostrar que los huevos de esos animales no son afrodisiacos y, por el contrario, son una bomba de colesterol malo. En cambio, a un chef australiano de cuarta, Gino D’ Acampo, y al actor Stuart Manning se les hizo fácil desollar, cocinar y comerse una rata en un programa de la televisora inglesa ITV denominado Soy famoso… sácame de aquí, el cual es visto por millones que gustan de los talkshows.
A la televisora y a los dos cocineros se les vino el mundo encima: fueron acusados de crueldad hacia los animales por numerosas organizaciones ciudadanas. Las autoridades han exigido al chef y al actor comparecer en los tribunales para que respondan por el delito cometido. La máxima pena a que pueden ser sentenciados es de tres años.
La televisora se deshizo en disculpas. Aseguró que cuando tienen que bregar con fauna en alguno de sus programas siempre tiene expertos en protección y conducta animal, para evitar algún maltrato. Esta vez no fue así, reconoce. Y explica que el programa busca contar las experiencias de famosos que viven en zonas agrestes y despobladas de Australia y que por ello pueden verse obligados a convivir lo mismo con serpientes que con arañas, lagartijas, zorrillos o animales exóticos.
En el programa mencionado el chef y el actor prepararon un “risotto de rata”. Sobre este platillo, los directivos de ITV dicen que se asesoraron con expertos para saber si dicho roedor era saludable y seguro comer , pero que olvidaron verificar si matarlo en la forma en que lo hicieron el chef y el actor era legal. Y no lo es según las leyes británicas.
A la televisora y a los dos cocineros se les vino el mundo encima: fueron acusados de crueldad hacia los animales por numerosas organizaciones ciudadanas. Las autoridades han exigido al chef y al actor comparecer en los tribunales para que respondan por el delito cometido. La máxima pena a que pueden ser sentenciados es de tres años.
La televisora se deshizo en disculpas. Aseguró que cuando tienen que bregar con fauna en alguno de sus programas siempre tiene expertos en protección y conducta animal, para evitar algún maltrato. Esta vez no fue así, reconoce. Y explica que el programa busca contar las experiencias de famosos que viven en zonas agrestes y despobladas de Australia y que por ello pueden verse obligados a convivir lo mismo con serpientes que con arañas, lagartijas, zorrillos o animales exóticos.
En el programa mencionado el chef y el actor prepararon un “risotto de rata”. Sobre este platillo, los directivos de ITV dicen que se asesoraron con expertos para saber si dicho roedor era saludable y seguro comer , pero que olvidaron verificar si matarlo en la forma en que lo hicieron el chef y el actor era legal. Y no lo es según las leyes británicas.
PGR: funcionarios cuestionados
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, hizo oficial ayer que a partir de enero próximo el almirante Wilfrido Robledo Madrid encabezará la Policía Federal Ministerial, antes Agencia Federal de Investigación (AFI), información que este diario dio a conocer el pasado 11 de noviembre.
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El Correo Ilustrado
En defensa de la tierra y de la humanidad
Ante el estado de emergencia ecológica planetaria al que ha conducido el capitalismo y ante la ofensiva militarista de Estados Unidos para someter a los pueblos y saquear los bienes de la naturaleza, invitamos a las organizaciones del mundo en defensa de la tierra a unirse con nosotros en defensa de la humanidad.
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Una vez conocidas las iniciativas de reforma política del presidente Felipe Calderón pareciera que fueron formuladas extemporáneamente. Resulta omisa porque era la oportunidad de buscar un gobierno de gabinete que habría enriquecido la vida política del país. Le falta haber incluido la revocación del mandato, que debe aparecer con el plebiscito y el referendo. Plantear la relección sería tanto como desechar el principio de Francisco I. Madero sufragio efectivo, no relección justamente en el centenario de su esfuerzo democrático y pavimentar el camino para la relección de gobernadores y del mismo presidente de la República. Buscar la relección consecutiva de presidentes municipales es desconocer la pasión política y la carga emocional que suscita cada proceso electoral, lo mismo ir a una elección consecutiva de legisladores federales es desconocer la capilaridad política que se pretende en el quehacer político en el interior de todos los partidos.
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Una de las consecuencias de más largo alcance de la crisis económica en curso es la potenciación de las actividades mafiosas como modo principal de acumulación de capital y, por tanto, de la financiación de las enormes deudas de los estados. En rigor, no es novedad que los negocios sucios sean una de las principales fuentes de ganancias de las multinacionales y de los estados. Lo nuevo es que la crisis refuerza esa tendencia del capital desde que a comienzos de los 70 el sector financiero sustituyó a la producción como motor del sistema.
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Los acuerdos de San Andrés Larráinzar son resultado del proceso de construcción de acuerdos de mayor horizontalidad y participación que se tenga memoria en los años recientes de la historia de México.
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La supuesta reforma política de Felipe Calderón, anunciada hace tres meses, que ahora envía en 10 puntos al Poder Legislativo exigiendo se le apruebe al vapor, es un bodrio que entraña gravísimos retrocesos para la vida democrática –en especial con vistas a 2012–, y que no logra ocultar sus pretensiones con su mañosa presentación como un paquete progresista o inocuo.
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La falta de laicidad sigue atrás de la infiltración de lo religioso en reformas legales recientes. Prejuicios religiosos restaron claridad a la propuesta legislativa para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo en la ciudad de México, ya que se enfrentan controversias por dos lados. Desde la derecha, la diputada federal panista María de la Paz Quiñones Cornejo exige que se someta a plebiscito, porque “es un tema controvertido que suele dividir a la sociedad… excluye la complementariedad sexual hombre-mujer que lo define, y elimina la procreación como uno de sus fines, buscando modificar las leyes relativas a la adopción”. Desde la izquierda, estoy de acuerdo con la dura crítica que hace la diputada por la diversidad Enoé Uranga porque la iniciativa evita el derecho a la adopción: Personalmente apunté que no admitiría una reforma cuya ganancia fuera legislar para que jurídicamente se establezca que las lesbianas y los gays tenemos tal daño que se debe evitar que tengamos hijos, eso alimentaría el estigma y la homofobia y agravaría la represión hacia vidas que no son las suyas.
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Esta joven perturba a la gente, fue el encabezado que usó el periódico libanés Orient Littáiraire. Se refería a Anna Frank, quien murió de tifoidea en 1945, en el campo de concentración de Bergen Belsen, luego de ser entregada a las autoridades nazis junto con su familia, tras haber estado oculta en una casa en Amsterdam. La gente perturbada eran los libaneses de Hezbollah que lograron convencer a maestros de una escuela de Beirut de que un libro para la enseñanza del inglés en la biblioteca contenía fragmentos del hoy famoso diario de Anna Frank. En una valiente y culta defensa de la libre expresión, Michel Hajji Georgiou dijo a sus lectores por qué este acto de censura daña a los árabes.
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Mientras las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de algunos estados de la República mexicana debaten sobre si es adecuado tratar en libros de texto la importancia del placer sexual y la satisfacción plena, la ciencia del mundo avanza: hoy una empresa farmacéutica mexicana ya cuenta con un nuevo medicamento para evitar la eyaculación precoz.
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La activista saharaui Aminetu Haidar lleva más de un mes en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, que podría convertirse en su tumba si las autoridades de Marruecos no entran en razón. Con la voluntad férrea que caracteriza a esta excepcional mujer, la fragilidad de su maltratado cuerpo es inversamente proporcional a la fortaleza de su alma y a la firmeza de sus convicciones. Su imagen y su discurso mesurado pero contundente han conseguido centrar la atención mundial en un punto de la geografía del continente más pobre del planeta: el Sahara occidental y particularmente El Aaiún.
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Horizonte político
José Antonio Crespo
Honduras: solución divisiva
Si bien el continente se unificó al censurar el golpe de Estado propinado al presidente Manuel Zelaya en Honduras, su desenlace lo volvió a dividir en dos bloques que parten de tesis distintas sobre cómo podría darse por superado ese grave suceso. 1) La tesis “principista” —llamémosle así— no reconoce elecciones celebradas bajo un gobierno golpista como salida aceptable. Si se destituyó ilegalmente a un gobierno, primero debe restituírsele y sólo entonces dar paso a su programada sustitución a través de nuevos comicios. No hacerlo, es de alguna forma avalar el golpe y el mal precedente que deja. 2) Por su lado, la tesis “pragmatista” sostiene que si un gobierno emergido de un golpe de Estado es relevado por otro surgido de comicios democráticos, se puede dar por superado el golpe mismo y no ve que en ello quede sembrado un mal precedente, al ser sustituido el gobierno golpista con uno democráticamente electo. Dicen quienes defienden esta doctrina que casi todas las recientes transiciones democráticas surgieron de elecciones libres y competitivas celebradas bajo un régimen autoritario, lo cual no obstó para reconocer los nuevos gobiernos que de ahí surgieron. Desde luego, cada tesis responde, no sólo a una doctrina del derecho, sino esencialmente a intereses más terrenales. Hugo Chávez no se resigna a que se le haya arrebatado un nuevo aliado de su bloque bolivariano de izquierdas, pérdida que no será resarcida por los comicios hondureños (seguramente el respeto a la constitucionalidad sea lo que menos le importe). Por su parte, Estados Unidos, siempre pragmático, vio en los comicios la mejor forma de deshacerse del conflicto hondureño. Sus problemas en Irak y Afganistán, así como su crisis económica, rebasan con mucho la importancia de lo sucedido en un rincón de su patio trasero como para seguir arrastrando ese asunto ad infinitum.
En nuestra historia nacional, llena de cuartelazos e inestabilidad, tenemos al menos un ejemplo de aplicación (o intento de ello) de cada una de esas doctrinas, aunque con las peculiaridades propias de tan bizarro país. A) La primera se remonta al siglo XIX. Los comicios de 1828 dieron el triunfo a Manuel Gómez Pedraza, pero Vicente Guerrero (secundado por Antonio López de Santa Anna) se inconformó, se levantó en armas y obligó al Congreso a reconocerlo como presidente. El orden constitucional quedó roto. Guerrero a su vez fue derrocado por el vicepresidente Anastasio Bustamante. Santa Anna, por su parte, se levantó contra Bustamante bajo el argumento de que el orden constitucional había sido roto y era menester restablecerlo antes de celebrar los programados comicios de 1832. Triunfó ese nuevo cuartelazo y se logró restituir en el poder nada menos que al original presidente legítimo, Gómez Pedraza, aunque sólo para terminar su mandato (le restaban tres meses). Lo paradójico es que quien lo restituyó en el poder fue uno de quienes lo derrocaron: el mismísimo Santa Anna quien, no por casualidad, contendía como el principal candidato para las elecciones de 1832 (que ganó). B) La segunda tesis se intentó aplicar, sin éxito, justo por Estados Unidos, ante el golpe de Victoriano Huerta, de 1913. Aunque en dicho cuartelazo fue esencial la participación del embajador estadunidense Henry Lane Wilson, el presidente entrante, Woodrow Wilson, no reconoció al usurpador y, en cambio, exigió que se celebraran nuevos comicios democráticos, con la condición de que Huerta mismo no figurara en ellos. Esa era, para Estados Unidos, la puerta de regreso a la constitucionalidad. “Somos amigos de los gobiernos constitucionales en América —dijo entonces el presidente Wilson—, somos más que sus amigos, somos sus campeones”. Sólo que a don Victoriano —a diferencia de Roberto Micheletti— no le agradó eso de no competir en los nuevos comicios y mandó al diablo a nuestros vecinos (lo que dio lugar a la invasión de Veracruz).
Volviendo al presente en el caso de Honduras, México fue pillado con los dedos en la puerta; reconoció los comicios como condición necesaria, pero no suficiente para aceptar el gobierno entrante. Podemos inferir que nuestro gobierno exigía, como otros, que primero se restableciera a Zelaya en el gobierno, y sólo entonces se celebraran nuevos comicios. Pero México se quedó en medio de las dos posturas esenciales respecto a las elecciones de Honduras, bajo el riesgo de quedar mal con tirios y troyanos.
Los problemas de EU en Irak y Afganistán, así como su crisis económica, rebasan con mucho la importancia de lo sucedido en un rincón de su patio trasero.
José Antonio Crespo
Honduras: solución divisiva
Si bien el continente se unificó al censurar el golpe de Estado propinado al presidente Manuel Zelaya en Honduras, su desenlace lo volvió a dividir en dos bloques que parten de tesis distintas sobre cómo podría darse por superado ese grave suceso. 1) La tesis “principista” —llamémosle así— no reconoce elecciones celebradas bajo un gobierno golpista como salida aceptable. Si se destituyó ilegalmente a un gobierno, primero debe restituírsele y sólo entonces dar paso a su programada sustitución a través de nuevos comicios. No hacerlo, es de alguna forma avalar el golpe y el mal precedente que deja. 2) Por su lado, la tesis “pragmatista” sostiene que si un gobierno emergido de un golpe de Estado es relevado por otro surgido de comicios democráticos, se puede dar por superado el golpe mismo y no ve que en ello quede sembrado un mal precedente, al ser sustituido el gobierno golpista con uno democráticamente electo. Dicen quienes defienden esta doctrina que casi todas las recientes transiciones democráticas surgieron de elecciones libres y competitivas celebradas bajo un régimen autoritario, lo cual no obstó para reconocer los nuevos gobiernos que de ahí surgieron. Desde luego, cada tesis responde, no sólo a una doctrina del derecho, sino esencialmente a intereses más terrenales. Hugo Chávez no se resigna a que se le haya arrebatado un nuevo aliado de su bloque bolivariano de izquierdas, pérdida que no será resarcida por los comicios hondureños (seguramente el respeto a la constitucionalidad sea lo que menos le importe). Por su parte, Estados Unidos, siempre pragmático, vio en los comicios la mejor forma de deshacerse del conflicto hondureño. Sus problemas en Irak y Afganistán, así como su crisis económica, rebasan con mucho la importancia de lo sucedido en un rincón de su patio trasero como para seguir arrastrando ese asunto ad infinitum.
En nuestra historia nacional, llena de cuartelazos e inestabilidad, tenemos al menos un ejemplo de aplicación (o intento de ello) de cada una de esas doctrinas, aunque con las peculiaridades propias de tan bizarro país. A) La primera se remonta al siglo XIX. Los comicios de 1828 dieron el triunfo a Manuel Gómez Pedraza, pero Vicente Guerrero (secundado por Antonio López de Santa Anna) se inconformó, se levantó en armas y obligó al Congreso a reconocerlo como presidente. El orden constitucional quedó roto. Guerrero a su vez fue derrocado por el vicepresidente Anastasio Bustamante. Santa Anna, por su parte, se levantó contra Bustamante bajo el argumento de que el orden constitucional había sido roto y era menester restablecerlo antes de celebrar los programados comicios de 1832. Triunfó ese nuevo cuartelazo y se logró restituir en el poder nada menos que al original presidente legítimo, Gómez Pedraza, aunque sólo para terminar su mandato (le restaban tres meses). Lo paradójico es que quien lo restituyó en el poder fue uno de quienes lo derrocaron: el mismísimo Santa Anna quien, no por casualidad, contendía como el principal candidato para las elecciones de 1832 (que ganó). B) La segunda tesis se intentó aplicar, sin éxito, justo por Estados Unidos, ante el golpe de Victoriano Huerta, de 1913. Aunque en dicho cuartelazo fue esencial la participación del embajador estadunidense Henry Lane Wilson, el presidente entrante, Woodrow Wilson, no reconoció al usurpador y, en cambio, exigió que se celebraran nuevos comicios democráticos, con la condición de que Huerta mismo no figurara en ellos. Esa era, para Estados Unidos, la puerta de regreso a la constitucionalidad. “Somos amigos de los gobiernos constitucionales en América —dijo entonces el presidente Wilson—, somos más que sus amigos, somos sus campeones”. Sólo que a don Victoriano —a diferencia de Roberto Micheletti— no le agradó eso de no competir en los nuevos comicios y mandó al diablo a nuestros vecinos (lo que dio lugar a la invasión de Veracruz).
Volviendo al presente en el caso de Honduras, México fue pillado con los dedos en la puerta; reconoció los comicios como condición necesaria, pero no suficiente para aceptar el gobierno entrante. Podemos inferir que nuestro gobierno exigía, como otros, que primero se restableciera a Zelaya en el gobierno, y sólo entonces se celebraran nuevos comicios. Pero México se quedó en medio de las dos posturas esenciales respecto a las elecciones de Honduras, bajo el riesgo de quedar mal con tirios y troyanos.
Los problemas de EU en Irak y Afganistán, así como su crisis económica, rebasan con mucho la importancia de lo sucedido en un rincón de su patio trasero.
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