El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, hizo oficial ayer que a partir de enero próximo el almirante Wilfrido Robledo Madrid encabezará la Policía Federal Ministerial, antes Agencia Federal de Investigación (AFI), información que este diario dio a conocer el pasado 11 de noviembre.
El designado tiene entre sus antecedentes haber sido comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el sexenio de Ernesto Zedillo. En 2004 la entonces Secretaría de la Contraloría (hoy Secretaría de la Función Pública) lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante cinco años, luego que se documentó su participación en la adquisición irregular de una aeronave. A pesar de ello, al año siguiente el gobierno mexiquense, presidido por Enrique Peña Nieto, lo contrató como director de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), donde dio empleo a su hijo, Mario Robledo Segura, como subdirector de los cuerpos de seguridad auxiliares.
Sin embargo, los señalamientos más graves contra Robledo Madrid se relacionan con su papel en la represión contra el movimiento social de San Salvador Atenco: en un operativo calificado de limpio
por el propio Robledo, en mayo de 2006, murieron los jóvenes Javier Cortés, de 14 años, y Alexis Benhumea, de 20. Los efectivos policiales de la ASE y de la PFP torturaron, violaron y golpearon a decenas de detenidos, allanaron domicilios sin orden de cateo y capturaron en las calles a personas que no tenían nada que ver con el conflicto. El gobierno de Peña Nieto se resistió a proceder penalmente contra los responsables de tales atropellos, hasta hoy impunes, aunque en febrero del año siguiente, con el telón de fondo de un clamor nacional e internacional de justicia para los agraviados por la brutalidad policial, Robledo Madrid presentó su dimisión al cargo.
Es claro que tales antecedentes, si bien no inhabilitan legalmente al ex jefe de la policía mexiquense, habrían debido pesar para que no fuese nombrado director de ninguna corporación policial en cualquiera de los tres niveles de gobierno. La decisión de ponerlo al frente de una dependencia federal que demanda profesionalismo, probidad y respeto al marco legal –del que los derechos humanos forman parte– es una muestra de ineptitud, insensibilidad y arrogancia que va a traducirse en nuevos grados de descrédito para la PGR.
Por otra parte, con el nombramiento de Robledo Madrid se repite lo ocurrido con su responsable jerárquico, el procurador Chávez Chávez, cuyo nombramiento provocó una oleada de críticas, toda vez que el funcionario fue objeto de severas y abundantes impugnaciones cuando se desempeñó como procurador de Chihuahua, cargo en el que exhibió una exasperante falta de voluntad para investigar y esclarecer los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Las autoridades federales piden con insistencia que la ciudadanía confíe en las corporaciones policiales y en la dependencia encargada de procurar justicia en el ámbito federal. Por desgracia, esa confianza, sin duda necesaria para enfrentar y derrotar a la criminalidad organizada, difícilmente podría ser inspirada por estos cuestionados funcionarios. El prestigio y la autoridad moral de las instituciones han sufrido, en suma, una nueva derrota.
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