clase políticadecidida al margen de la legalidad a seguir desmantelando la nación y cancelándole derechos a los mexicanos en nombre de los intereses de las trasnacionales, y un pueblo que entiende cada vez más que no puede ya invocar dicha legalidad para defender sus derechos.
1. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) han avergonzado a la nación al tratar de establecer, contra la Constitución y contra la razón, que a) un organismo público como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene el derecho de subrogar, es decir de privatizar, sus funciones (15 de junio), y que b) tras el incendio de la estancia infantil ABC de Hermosillo el 5 de junio de 2009, como consecuencia de la entrega ilegal de la misma a una parienta política de Felipe Calderón para que lucrara con ella sin atender las condiciones mínimas de seguridad y de calidad, no hay funcionarios culpables.
2. La mayoría de los 49 niños muertos y más de 79 heridos eran de familias de obreros, y ante su clamor inatendido de justicia y el desprecio del panismo, han expresado con claridad lo que es el sentimiento de la nación y su voluntad de seguir luchando, como se puede leer en Nosotros somos los culpables: la tragedia de la guardería ABC (Grijalbo, 2010, 224 pp.)
3. El aspecto más patético de la aberrante decisión no es, sin embargo, el social, sino el político, pues a consecuencia de esta investigación en la que enseñaron el cobre, los propios ministros están demandando se les retire la facultad de investigación que tienen, so pretexto de que la importancia de este rol los compromete ante la opinión nacional, por lo que buscan dejar de ser el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración y que la función investigadora pase a otra instancia (como podría ser la CNDH), con lo que la misma se desnaturalizaría y minimizaría, acabándose con el equilibrio de poderes y fortaleciéndose aún más el poder despótico del Ejecutivo, lo que es ridículo.
4. El bochornoso papel de la SCJN en este verano de 2010 está conduciendo de tal manera a agravar la crisis nacional al evidenciar que no hay legalidad alguna en el país, ni medios jurídicos para luchar por ella, por lo que no quedan en lo estrictamente jurídico más que las instancias internacionales. La SCJN está integrada por oscuros y mediocres abogados sometidos al poder de El Yunque y del PAN, señalados continuamente como reaccionarios y corruptos y que lo único que buscan es desmantelar la nación y cancelar los derechos sociales de los mexicanos de manera subrepticia. De ahí que esta gravísima decisión, contraria a la Constitución, se haya anunciado en pleno Mundial de Futbol, buscando minimizarla al anunciar el gobierno de manera propagandística que va a proceder contra militares violadores de derechos humanos, lo que por otra parte nadie le cree.
5. Los gobiernos panistas que ha tenido el país desde 2000 no se distinguen en sus rasgos esenciales de los gobiernos priístas que tuvo México entre 1982 y 2000, porque no son otra cosa que una prolongación del mismo régimen político neoliberal instaurado a partir de 1982 y que ha tenido como objetivo el tornar inexistente a la Constitución mexicana para establecer un modelo autoritario de ejercicio del poder enmascarado en un discurso sobre la democracia
que se sustenta en las reglas no escritas del despotismo neoliberal.
6. El ejercicio del poder panista ha sido mucho más despótico y antinacional que el de los priístas, porque ha estado determinado por el fanatismo ultraderechista que subsiste en el país y por el sentimiento revanchista de los grupos de ultraderecha que existen integrados al PAN, de ahí su talante mucho más corrupto y cínico, que determina que para muchos Acción Nacional sea un cadáver
, como lo decía el prominente panista Rogelio Sada Zambrano a La Jornada el domingo 13.
7. La lucha social se está dando también en el ámbito internacional, como lo están haciendo ahora mismo los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ante la Organización Internacional del Trabajao (OIT) en Ginebra, Suiza, donde han sido calurosamente acogidos. Tras la fracasada intervención el lunes 14 de Javier Lozano, el enviado de Calderón, cuando fue abucheado al tratar de justificar las violaciones de derechos fundamentales a mineros y electricistas, Martín Esparza (secretario general del SME) presentó ayer con éxito una exposición donde evidenció las innumerables violaciones de Calderón no sólo al marco constitucional y legal interno sino a la normatividad internacional suscrita por México.
8. Los integrantes del gobierno de facto de Felipe Calderón han actuado, sin embargo, con desparpajo ante los señalamientos y acusaciones que se les han hecho por los delitos que han cometido en el ejercicio del poder, porque saben que son impunes: que en el modelo neoliberal no pueden ser sancionados sino cuando traicionan a Washington o a los grandes consorcios trasnacionales. O, en otras palabras, cuando transgreden la normatividad no escrita de la globalización neoliberal.
9. La Constitución y las leyes de la República no pueden ser aplicadas a los funcionarios panistas por los tribunales porque la derecha mexicana controla a la SCJN y a las instancias federales y locales de justicia. En el modelo político neoliberal los ministros, magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial no son otra cosa que empleados de los poderes fácticos, sometidos no a la legalidad formal de la nación sino a los dictados del poder, que en los asuntos sociales, administrativos o políticos, en donde hay un interés de la mafia en el poder o del Estado neoliberal, fallará siempre contra los intereses de la nación, lo que no le deja al pueblo más que una alternativa: por medio de la movilización social y la resistencia ciudadana tratar de someter a los integrantes de la clase política
y a los propios jueces a la legalidad y de imponer el establecimiento de un orden de derecho, de instaurar, en consecuencia, otro régimen político. Algo que parece imposible si no media una movilización sin precedentes.
10. El espejismo de creer en una legalidad inexistente con base en la posible e hipotética honestidad de algún juez no puede ser la base de la movilización de una sociedad que, sin embargo, debe mantenerse en el marco de una resistencia civil pacífica si quiere echar del poder a la mafia corrupta de panistas y priístas que, en nombre de intereses trasnacionales, sigue pisoteando los derechos de los mexicanos y de la nación.
Si la Corte no señaló a algún funcionario como involucrado en la violación respectiva, pues se le considera en automático por exonerado.
Sabemos que algunos ministros de la Suprema Corte -y múltiples teóricos y expertos constitucionalistas- consideran un anacronismo el artículo 97 constitucional para investigar sobre violaciones graves de las garantías individuales, pero sin efecto vinculante. En los últimos años la Corte se ha sumido en un debate sobre cómo ejercer y con qué alcances dicha facultad. Una posición que podríamos llamar "garantista" ha empujado la idea de que, dado que no estamos en una democracia eficaz a cabalidad, en la que predominan la impunidad, las complicidades y la ausencia de rendición de cuentas, la Corte podría ayudar a mover el anquilosado e ineficaz sistema de procuración e impartición de justicia, a través de esta facultad. No se trata, como muchos han dicho, de dar atribuciones a la Corte que la ley no otorga, sino de, cuando se determina que hubo violaciones graves a los derechos fundamentales, se señale al responsable de ellos, no desde la perspectiva política, administrativa o penal (algo que en efecto no puede derivarse del artículo 97), sino desde la ética pública. Interpretación que por supuesto cabe, pero la mayoría de ministros se ha pronunciado reiteradamente por expulsar el término "responsable" (aun desde la ética pública) y utilizar el de "involucrado", que no implica inocencia ni culpabilidad. "Nuestra declaración no culpa ni exonera a nadie", dijo el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayogoitia. Un término que, por ende, tiene menos peso político que el de "responsable" desde la ética pública, pero cuya diferencia casi no logra ser comprendida por la opinión pública ni por los medios en general. Por eso algunos diarios cabecearon con toda tranquilidad -e inexactitud- "Molinar culpable" al conocerse el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, o "Molinar inocente" al divulgarse la conclusión de la Corte.
Quienes del otro lado promueven la eliminación del artículo 97 bajo una lectura "letrista", señalan que es anómala en una situación de normalidad democrática, que ningún otro Tribunal Constitucional del mundo la tiene. Cierto. Salvo que en México estamos lejanos a la "normalidad democrática". En alguna intervención, el ministro Zaldívar, que bajo la interpretación estrecha y letrista que se le ha dado al artículo 97, más valdría desaparecerlo, con lo que paradójicamente lo lleva a coincidir con el ministro Salvador Aguirre Anguiano -emblemático de las posiciones más refractarias-, pero por razones distintas. Como no se le dio al artículo 97 una interpretación que a la Corte le permitiera agitar o presionar con cierta eficacia el anquilosamiento jurídico y procesal en que nos asfixiamos, entonces no sirve para nada. Peor aún, puede ser contraproducente. Y ahí retomo un argumento del ministro Aguirre Anguiano: limitada facultad puede ser coartada de otras instituciones encargadas de procurar e impartir justicia para no hacer gran cosa, pues "la Corte ya conoció de ello". Y así tomar sus resoluciones como base para desestimar la justicia. Si la Corte no señaló a algún funcionario como involucrado en la violación respectiva, pues se le considera en automático por exonerado. Si en cambio se le señala como "involucrado", tampoco se ejerce justicia, pues ese término no tiene el peso político suficiente (como vimos en el caso Oaxaca), como sí lo tendría el término "responsable" aun desde la ética pública.
Tomo como ejemplo la determinación de la Corte de que no hubo "desorden generalizado", es decir, que lo de ABC no fue sistémico, sino circunstancial. Y que, por tanto, quedan fuera de discusión los mandos superiores. De ahí que la Corte ni siquiera discutiera en particular si Juan Molinar o Eduardo Bours estuvieron o no "involucrados" en la violación de los derechos de los niños de la ABC. Se pudo haber llegado también a la conclusión de que sí hubo "desorden generalizado" -como opinaron cinco magistrados- lo cual dependía de dónde se fijara el lindero entre un concepto y otro (en una frontera sin duda borrosa). Que haya ganado la moción de que no hubo desorden generalizado, servirá a las otras instancias que conocen el caso para, en automático, exonerar a los altos mandos relacionados con la tragedia. La intervención de la Corte será contraproducente a la búsqueda de justicia en este caso. Por eso mismo coincido con Zaldívar en que, bajo la estrecha interpretación que ya se le dio al artículo 97 constitucional -y que no cambiará- estorba más de lo que sirve: genera falsas expectativas y propicia que sigamos haciéndonos tontos. Pudo ser diferente, pero no lo fue. La Corte no quiso que lo fuera.
Espacio Civil
Bajo esa consigna decidió moverse la mayoría de los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el informe que presentó a su discusión el ministro Arturo Zaldívar de lo sucedido en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
La mayoría de ministros y ministras decidió no señalar responsabilidades éticas ni políticas, también decidió eludir el término “responsabilidad”; igualmente decidió exonerar a altos funcionarios federales, estatales o municipales (la cuerda por lo más delgado…); tampoco acompañó la idea de desorden generalizado en las guarderías (aunque sólo 4% de la guarderías subrogadas cumplan la normativa del propio Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], como la propia Comisión de la Corte informó). Desechó también la posibilidad de repensar el esquema se subrogaciones… Contundente goleada a los derechos de niños y niñas y a una cultura del servicio público basada en responsabilidades y no en privilegios.
La SCJN (en particular su presidente), también dejó pasar una oportunidad única para ayudar a revertir la situación estructural de carencia de recursos del IMSS. Lejos de demandar al Estado mexicano cumplir con su obligación de tutelar los derechos sociales y dotarle de recursos suficientes, se mostró con más preocupación por el impacto presupuestal de transformar el esquema de subrogaciones.
Resultó más que frustrante para papás y mamás de las víctimas del incendio escuchar cómo a lo largo de estos días la mayoría de quienes integran el pleno de la SCJN presentaba elaborados argumentos para autolimitarse y autolimitar a la Corte en sus alcances sobre la determinación de violaciones graves a los derechos humanos, y las consecuencias de ello. El “poderoso” mensaje de la justicia nunca llegó.
Como es de entenderse, la decepción no sólo se hizo presente en los padres, sino también en activistas, amplios sectores de la sociedad civil y muchos de los que, una vez más, vimos nuestras confianza depositada en la SCJN hacerse pedazos… La legalidad desplazó a la justicia.
PARÉNTESIS
Este domingo se cumplen dos años de los, también, trágicos acontecimientos en la discoteca New’s Divine. La única persona en reclusión es el administrador del antro, ni un sólo servidor público. Hasta Joel Ortega prepara su regreso a la política con la promoción de la agrupación política local ”Ciudadanía y Democracia” ¿¿¡!??... No cabe duda, el mundo al revés.
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