colectivo, y al siguiente aparecen los tres, sin que los trabajadores metan las manos?¿Cómo puede ser que un sindicato blanco pretenda representar a trabajadores huelguistas sin que éstos hayan sido consultados?
¿Cómo se declara legalmente el cierre de una fuente de trabajo alegando fuerza mayor, y al día siguiente se anuncia la apertura con una inversión millonaria del patrón y del propio gobierno?
Estas interrogantes las planteaba Susan, abogada estadunidense, a propósito del conflicto en Cananea y la violenta toma de la mina por parte de la Policía Federal la medianoche del pasado 6 de junio.
Para responderle fue necesario explicar que nuestras prácticas laborales son muy distintas a las de otros países. Que cargamos con una vieja historia corporativa, que incluye la cesión del movimiento sindical de una buena parte de su autonomía.
Añadimos que en la actualidad no existen órganos de justicia laboral imparciales, ya que las juntas de Conciliación y Arbitraje simplemente acatan las instrucciones del Poder Ejecutivo, y que además opera una creciente complicidad entre las empresas y el gobierno.
El conflicto de Cananea, en particular, se inscribe en una estrategia de destrucción del sindicato minero-metalúrgico promovida por el Grupo Minera México y el gobierno federal.
A la primera pregunta de Susan se le respondió que durante los tres años que ha durado la huelga de los mineros de Cananea se dictaron cinco laudos y en tres ocasiones la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente. Sus intentos fueron siempre fallidos, porque las resoluciones de la justicia federal, de jerarquía superior, acorde a nuestro sistema jurídico, revocaron las decisiones de la junta y la obligaron a declarar la legalidad de la huelga.
Se notaba la confusión de Susan cuando escuchó que a la fecha la huelga no había sido declarada ilegal. Fue necesario aclararle que al haber fracasado en sus intentos, la empresa y las autoridades diseñaron un temerario plan: por la puerta de atrás, acabar con la huelga, con el argumento de que debido a causas de fuerza mayor
la mina no podría seguir operando.
La misma explicación se usó para extinguir Luz y Fuerza del Centro, también para justificar la desaparición de fuentes de trabajo por hechos de la naturaleza, como ocurrió después de los sismos de 1985.
Susan cuestionó el cierre de la mina. No fue una tarea fácil para el gobierno sustentarlo, sobre todo porque se trata de una concesión estatal y la empresa había obtenido ganancias millonarias. La evidente intención era continuar operando, pero dado el fracaso de declarar inexistente la huelga, la empresa y el gobierno federal decidieron asumir el costo de la mentira, confiando en que la población no entendiera y que pronto la olvidara; Germán Larrea, socio de Televisa, coadyuvaría en este propósito. Se ordenó entonces a la Secretaría de Economía que elaborara un dictamen que justificara el cierre de la mina; y se dieron instrucciones para que en una operación relámpago (en tan sólo 18 horas) la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desahogara la pantomima de un juicio que normalmente dura varios años. Al final del día 14 de abril de 2009, se sacó del cajón un laudo previamente elaborado que ordenó el cierre de la mina y, como consecuencia accesoria, intentar la extinción de la huelga, el contrato colectivo, la titularidad del sindicato minero, y en cuanto a las relaciones individuales de trabajo, ordenar su desaparición; además se autoriza a la empresa a pagar una indemnización mínima. De una maniobra de esta dimensión no hay precedente, y por esta razón ha generado tanta controversia, le respondimos a Susan.
¿Y la Suprema Corte de Justicia apoyó esta maniobra? No, no directamente, aun cuando las autoridades afirman lo contrario para confundir a la opinión pública; esta instancia nunca analizó el fondo del caso. El encargado fue un tribunal colegiado, el que por mayoría de votos (dos contra uno) avaló el supuesto cierre por causas de fuerza mayor. El papel del máximo tribunal fue lamentable al negarse a revisar el caso por un tecnicismo legal, consistente en que, a su juicio, el tema no afectaba de manera directa artículos de la Constitución, y tampoco se trataba de un conflicto de particular importancia. Así, se lavó las manos.
Para responderle a Susan sobre el sindicato blanco que pretende imponerse a los mineros, le mostramos el reportaje de Arturo Cano publicado por La Jornada el pasado 11 de junio, donde describe su negra historia. Pertenece a una federación creada y controlada por el grupo empresarial de Monterrey; hasta hace poco tenía tan solo 100 afiliados y ha sido utilizado por el Grupo Minera México para contar con una organización que responda a sus intereses en su largo combate contra el sindicato minero. El contrato colectivo firmado con este sindicato precariza las condiciones de trabajo y los salarios, para que la empresa optimice sus ganancias.
¿Y la CTM?, preguntó Susan. Esos ni pío dijeron, se hicieron cómplices del golpe y ni siquiera fueron considerados, como en otros tiempos, para firmar el nuevo contrato colectivo de trabajo.
¿Y los trabajadores? Para la empresa y el gobierno, no existen. La práctica patronal de imponer un sindicato y firmar un contrato colectivo a espaldas de los trabajadores, lo cual obviamente es ilegal, es frecuente en nuestro país.
La verdad, me resulta muy difícil entender todo esto, terminó diciendo Susan; lo que me queda claro es que se trata de una gran injusticia, y que se debe brindar toda la solidaridad posible a los mineros. Por lo visto, la empresa y el gobierno pretenden conmemorar el centenario de la Revolución en la histórica Cananea con un sindicato blanco. No creo que los mineros se dejen.
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