TIEMPO DE MUJERES

No sirve para nada

Editorial La Jornada.
Ayer, por mayoría –ocho votos contra tres–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación de garantías individuales en el caso del percance en la guardería ABC de Hermosillo , como lo proponía el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. El máximo órgano de impartición de justicia del país reconoció, así, la comisión de violaciones graves en los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, pero se negó a señalar a los autores de tales violaciones; es decir, hay responsabilidades, pero no responsables. Al carácter intrínsecamente absurdo de tal resolución ha de sumarse la manifiesta impertinencia de pronunciamientos formulados ayer por algunos de los integrantes de la SCJN.

Si en 2006 Mariano Azuela, que entonces presidía la SCJN, calificó al artículo 97 de la Constitución de anacrónico y redactado con los pies, ayer el magistrado Salvador Aguirre Anguiano descalificó ese numeral de la Carta Magna al aseverar que no sirve para nada. Con ello, el togado traicionó el juramento establecido en ese mismo artículo y socavó el fundamento mismo de su encargo, toda vez que él mismo tomó posesión como ministro en cumplimiento de ese lineamiento constitucional.

Más inaceptable aún, si cabe, fue lo expresado por el actual titular de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la Constitución se viola en muchísimas ocasiones, porque muchos funcionarios públicos, que ni siquiera saben leer ni escribir, juran el cargo sin conocer la ley. Al margen del tufo discriminatorio de ese aserto, el hombre que preside la más alta instancia de impartición de justicia admitió, de esta manera, lo que han venido señalando diversos sectores de la oposición política y social: que las instituciones del país suelen operar al margen de la legalidad. Ni más ni menos.

Por desgracia, lo dicho por Ortiz Mayagoitia se confirma con la forma en que se han desempeñado las instancias que habrían debido procurar e impartir justicia en el caso ABC –incluida la propia SCJN– y que, a más de un año de esos trágicos sucesos, no han podido o no han querido investigar ni sancionar las omisiones, los actos de corrupción y la desidia institucional que condujo a la muerte trágica de 49 niños.

Como han venido denunciando los padres de las víctimas, los funcionarios y ex funcionarios que fueron señalados como responsables en el dictamen de Zaldívar –el ex titular del IMSS, Juan Molinar; el actual director de ese organismo, Daniel Karam, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, entre otros– realizaron un intenso cabildeo en el inmueble de Pino Suárez y Corregidora, y a esa tarea se unió el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en lo que constituyó una inocultable presión política y una intromisión del Ejecutivo, una actitud tan poco decorosa como la de quienes, siendo responsables de preservar la independencia del Poder Judicial, sucumbieron a tales presiones y tomaron una decisión basada en el influyentismo: con ello, el máximo tribunal exhibió un comportamiento orientado por un doble rasero y extendió el historial de fallos vergonzosos adoptados por sus propios integrantes: la exculpación del gobernador de Puebla, Mario Marín; la liberación de involucrados en la masacre de Acteal; la exoneración de los responsables por la represión en Atenco, por citar algunos de los casos más relevantes.

En suma, a la vergüenza nacional de un sistema de seguridad social desdeñoso de la integridad física de sus asegurados y de sus familiares, y entregado a satisfacer el afán de lucro de particulares, ha de agregarse ahora la de un Poder Judicial que proclama, argumentando tecnicismos legales, la imposibilidad de impartir justicia y que, con ello, se niega a sí mismo, niega la vigencia del orden constitucional en el país y del estado de derecho, deja en la indefensión jurídica a incontables ciudadanos agraviados por distintos niveles de gobierno y proclama, en forma incluso literal, que el mandato de la Carta Magna no sirve para nada. Si lo anterior es cierto, resulta inevitable inferir que la Suprema Corte tampoco.

Nubarrones sobre México

Luis Linares Zapata

En su actual versión, el mexicano es un Estado capturado por un compacto conjunto de grupos de presión, frente a los cuales muestra, cada vez más, dolorosa incapacidad de acción y conducción. A tales grilletes se les suman adiposidades partidarias (burocracias) encerradas en sus propios trafiques y, recientemente, el crimen organizado en su variante más violenta, la del narconegocio en gran escala. Por si fuera poca cosa, al disolvente entramado descrito se le deben agregar sendos enclaves de intereses con sedes en el exterior. El resultado de esta sumatoria de agentes de gran calado y fortaleza innegable produce, en el gobierno, las instituciones y gran parte de la sociedad, aguda parálisis y desconciertos cotidianos. Se materializa entonces una cadena de subordinaciones malsanas que imposibilitan al Estado para funcionar adecuadamente y, sobre todo, para dar respuesta, siquiera frágil, a las necesidades y aspiraciones de las mayorías nacionales.

El futuro no le dispensa salida alguna a una situación de tal debilidad si no es para agudizar los males acumulados con los años. Los últimos 18 bajo la férula del priísmo tardío, desmesurado, mafioso y entreguista sentaron las bases de tan decadente situación. Los últimos 10 del panismo no ha sido otra cosa que la continuidad ineficaz, empequeñecida en visiones, corrupta y embadurnada por la rampante impunidad que contamina, por todos lados, este periodo desafortunado para la nación. Las resultantes pueden observarse por todos lados. En un primer término porque la misma actualidad bien puede definirse a partir de la dispareja y hasta obscena concentración de la riqueza en las manos de voraces plutócratas. Un grupo siempre en pos de mayores esferas de poder y privilegios. La sigue el reparto ilegal, patrimonialista, de los bienes públicos a un conjunto de personas y empresas que estelarizan el cupular tráfico de influencias. La pauperización continua y dramática de sendas capas poblacionales situadas en la baja mitad de la pirámide económica que aprisionan el mercado interno. La marginación creciente de los grupos étnicos que llevan siglos de intencionales olvidos se convierten en fantasmas, testificando la ausencia de los mínimos derechos humanos. Y el achicamiento de los horizontes y las oportunidades para las clases medias que se debaten en un continuo terror a desbarrancarse por la pendiente de la respetabilidad y el magro consumo. En medio de tal panorama la conclusión es obligada y no debe soslayarse por tiempo indefinido. El país se encuentra situado al borde de precipicios que pueden y deben ser evitados.

Demasiadas características de injusticia y falta de la menor habilidad para desatar un círculo ascendente de actividad productiva es una de las características definitorias del presente. La distancia con los propósitos de mejoría y bienestar que recitan los preceptos constitucionales es cada vez mayor. La fluctuabilidad social, alguna vez experimentada, se aleja hasta parecer un espejismo rellenado con humo propagandístico. Las únicas salidas a las masas apuntan entonces hacia fuera o hacia el callejón de las conductas ilícitas. Las primeras de ellas se transforman, con frecuencia inusitadas, en sufrimientos múltiples, segregación, explotación inmisericorde y hasta en tragedia. Las segundas forman el inagotable ejército de reserva del narconegocio para su violenta continuidad. Aún así, los (las) emigrantes continúan con su indetenible trayectoria de intentar un escape, de abrir una alternativa que les hable de posibilidades, aunque sean mínimas, de subsistencia y ciudadanía.

Es, también, por la captura que sufre el Estado que sus representantes oficiales no pueden, ni quieren, intervenir en la defensa, atención o aliento organizativo de los emigrados. Las relaciones internacionales de México están marcadas por los intereses y las visiones cupulares y no por el mandato popular que define la esencia de un Estado soberano. Así las cosas, los asesinatos de menores en las riberas del Bravo quedarán sin castigo; la venta indiscriminada de armas seguirá su rampante oferta; la defensa a ultranza de los desequilibrios del TLCAN que hacen legisladores americanos no tiene desperdicio por su altanera prepotencia; y la imposición de criterios, derivados de sus propios temores, se le escrituran a México como líneas de acción diplomática. ¿Cómo es posible que aquellos que se dicen socios no accedan, bajo circunstancia alguna, a revisar y renegociar un tratado que es dañino para los mexicanos? ¿Qué decir de su rotunda, intransigente negativa a detener la venta de armas? Ante tales posturas del vecino no hay otra ruta que una digna, inteligente y firme defensa, también a ultranza, de los intereses nacionales. Pero en esas peliagudas circunstancias, el pueblo debe estar detrás de su gobierno y confiar en él, cosa muy lejana a lo que hoy sucede.

Pero en medio de esta baraúnda que azuela al país algunos salen beneficiados y, con frecuencia inesperada, lo hacen con abrumadora realidad. Los grandes capos del narconegocio no han dejado de incrementar sus mercados y ferocidad en la defensa de sus intereses. El lavado de dinero es una actividad por demás abierta y lucrativa que les permite adquirir conciencias y defensores. Pero ellos no son los únicos ganadores de las deformaciones que aquejan, como plaga bíblica, al país. Otros, siempre situados en la escala de la respetabilidad, llegan a superarlos en rendimientos y privilegios. Así, las asignaciones de bienes públicos se atestiguan a la vista de todos con singular cinismo. Infraestructuras de cableado de conductores de cristal (fibra negra les llaman) que costó a la CFE y a Luz y Fuerza instalar 30 mil millones de pesos o más, se alquila, por 20 años renovables, a sólo 830 millones a un consorcio formado ex profeso. Qué duda cabe que, sobre esas generosas prestaciones se levantará otro gigante de las telecomunicaciones. Movistar, la empresa española que apadrina uno de los más conspicuos personajes del tráfico de influencias mayores, (Gil Díaz) ha logrado introducir, con ventajas innegables, a la española en el mercado mexicano, uno de los más rentables del mundo. Facilidad que, en aquel país, se le niega a Telmex usando subterfugios ladinos pero efectivos y sin que una quinta columna le preste nombre y conexiones.