TIEMPO DE MUJERES

San Juan Copala es parte de una estrategia jurídica policíaca

y militar, dicen

Critica CCIODH complicidad estatal y federal contra pueblo triqui

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 15 jun 10 (CIMAC).- La violencia ocurrida en San Juan Copala, Oaxaca es un eslabón de la larga estrategia jurídica, policíaca y militar, que tiene como fin controlar y amedrentar a la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos sociales, consideró la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).

A más de un mes de que fue emboscada la primera caravana de paz y solidaridad internacional, que dejó como saldo el asesinato de Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y Tyri Jaakkola observador finlandés, el organismo destacó la complicidad de instituciones estatales y federales.

Los hechos, dijo, apoyan y confirman la impunidad de los agresores y conforma el patrón de control y amedrentamiento en contra del municipio autónomo por parte de organismos del Estado.

En un comunicado, firmado en Barcelona, la CCIODH, se refiere también a la segunda caravana que el pasado 8 de junio intentó sin éxito entrar a la comunidad y romper el cerco paramilitar en el que se encuentra la comunidad Triqui desde hace más de siete meses. Las autoridades del gobierno de Oaxaca, que argumentaron “que no había condiciones de seguridad”.

La Comisión afirmó que con ese hecho las autoridades, incumplen con su obligación constitucional de dar protección y seguridad a una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria para hacer llegar artículos de primera necesidad y romper el cerco al que está sometido de forma violenta y armada el municipio autónomo en defensa de su derecho reconocido a organizarse.

Aseguró que el Estado esta actuando de manera contraria a su obligación de “hacer respetar derechos fundamentales reconocidos por la constitución mexicana y las normas internacionales”.

La CCIODH, criticó y lamentó que a más de un mes de los asesinatos ocurridos el 27 de abril y de las declaraciones efectuadas por Felipe Calderón en la cumbre de Madrid ante la presidenta de Finlandia, en las que manifestó “la máxima celeridad en la investigación, detención y debido proceso de los responsables directos de estos hechos delictivos”, no se ha producido ninguna acción que constate que así sucederá.
CONTROLAR MOVIMIENTOS SOCIALES

Organizaciones de la sociedad civil (OSC) nacionales y extranjeras han señalado en diversas ocasiones, que el pueblo triqui ha sido reconocido, por luchar a favor del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación.

Sin embargo, también ha sido escenario de un conflicto histórico que afecta de manera particular la vida y la integridad de las mujeres, la CCIODH, señala que la violencia en la zona triqui ha sido calificada como una situación incontrolable, debido a los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado.

Tales casos nunca han sido investigados, ni sancionados, lo que “permite la acción de los grupos paramilitares con total impunidad”, precisa.

La CCIODH, afirma que lo que acontece hoy en San Juan Copala, tiene un denominador común que el organismo ha denunciado en Chiapas, Atenco, y Oaxaca: “en todos ellos se combaten los procesos de autonomía legítimos y pacíficos mediante la represión directa o mediante la actuación de grupos paramilitares protegidos y amparados por las autoridades”.

Esta situación explosiva anuncia un aumento de la violencia que impide, al no tratar las causas de los conflictos, llegar a acuerdos que permitan una solución justa y con diálogo.

El organismo advierte que ante el llamado de las autoridades de San Juan Copala, para que aseguren la llegada de los suministros a la comunidad y ante la falta de respuesta institucional, se forza a la sociedad civil nacional e internacional para interpelar y movilizarse para que los derechos individuales y colectivos del pueblo de San Juan Copala sean respetados.

En este sentido Juan Castro Soto, de la Red “Unidos por los Derechos Humanos”, afirmó en un comunicado que analizan regresar al municipio autónomo sin partidos políticos, respetando siempre lo que digan las autoridades del municipio autónomo. Si ellos deciden que no, no vamos”.