TIEMPO DE MUJERES

Exigen activistas reubicación del sitio que dejó de ser un lugar seguro

Irrumpen policías refugio para víctimas de violencia en Juárez

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 14 jun 10 (CIMAC).- Ante el ingreso de un grupo de hombres fuertemente armados comandados por Román García, funcionario del poder judicial, al refugio “Sin violencia” en Ciudad Juárez, para mujeres en situación de riesgo por violencia extrema, organizaciones de la sociedad civil (OSC) exigieron la reubicación inmediata del refugio porque dejó de ser un lugar seguro.

En entrevista telefónica, Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, informó a Cimacnoticias que hoy acudieron a las oficinas del Gobierno del estado y al Tribunal de Justicia, para exigir además la destitución de los funcionarios y elementos del poder judicial que ingresaron al refugio (único en su tipo), y para demandar la seguridad de las defensoras de derechos humanos.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el refugio solicitaron que las ONG del país emplacen a Rodolfo Acosta Muñoz, magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, así como a José Reyes Baeza Gobernador del estado, para que garanticen la seguridad de las activistas, así como de las víctimas y sus hijas e hijos que se encuentran bajo su resguardo.

El refugio “Sin Violencia”, fundado por la activista Esther Chávez Cano; es el segundo lugar para mujeres víctimas de violencia, que es atacado por policías, que haciendo uso indebido de su cargo público, amenazan e intimidan a las y los defensoras de derechos humanos.

El primer caso sucedió el pasado 30 de junio en Cancún Quintana Roo, cuando policías municipales intentaron ingresar por la fuerza, al Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), dirigido por la periodista Lydia Cacho. Al igual que en Ciudad Juárez, exigían la entrega de una mujer víctima de violencia.

Al igual que a las defensoras de derechos humanos al frente del Centro de Cancún, a las de Ciudad Juárez se le amenazó con meterlas a la cárcel de dos o tres años. Uno de los policías dijo textualmente “las invito a cooperar, mostrando el arma de fuego que portaba, o no tendré más remedio que actuar”.

Mientras que otro tomó la identificación de la coordinadora ejecutiva y dijo mostrando el arma, que ahora sabía más de quién estaba oponiéndose, afirmando “se van a arrepentir, se meterán en problemas, es mejor que cooperen, o vamos a tirar las puertas y a volar las chapas”, dijeron las activistas de ciudad Juárez.

“Ante el riesgo de perder la vida rodeadas de hombres armados, en un contexto de total impunidad como actualmente es Ciudad Juárez, Chihuahua, se les obligó a abrir las instalaciones”.

Denuncian que al entrar al refugio lo hicieron aventando muebles, buscando bajo la cama provocando una situación de psicosis colectiva en las mujeres y sus hijas e hijos que se encontraban en ese lugar que hasta esa fecha consideraban seguro.

“MANDATO JUDICIAL PARA VIOLENTAR A MUJERES”

Las organizaciones informaron que estos actos de violencia se realizaron escudados en una “diligencia” del ramo familiar, en la que se solicita la entrega de forma inmediata de la menor de edad Lesly Itzel Muñoz González, el pasado 9 de junio14 hombres, seis de ellos con armas de alto poder llegaron a las instalaciones secretas de “Sin Violencia”.

Al mando del grupo iba Román García, oficial notificador, quien mostraba la copia de un oficio, que no estaba dirigido a la asociación civil, ni señalaba domicilio para realizar la “diligencia judicial”; signado por el Juez Primero de lo familiar del Distrito Judicial Bravos, Guadalupe Manuel de Santiago Aguayo.

En él se autorizaba el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras para proceder en la diligencia consistente en el resguardo de Lesly Itzel.

El personal que se encontraba a cargo se opuso a que violentaran la entrada, toda vez los requisitos legales para que se llevara a cabo la diligencia eran imprecisos, por lo que solicitaron al funcionario la presentación de una orden de cateo, la cual no llevaba.

Se les informó que la menor de edad que buscaban, no había ingresado; -- hecho que constaron al no encontrarla-- y que tampoco podían ingresar ya que este es un refugio de alto riesgo, por lo que las reglas impiden la entrada de hombres y mucho menos armados, toda vez que algunas de las víctimas eran esposas o compañeras sentimentales de policías, sicarios o personas ligadas a la delincuencia organizada y por motivos de seguridad no se permitía el ingreso.