Posición del organismo ante el caso de dos niños asesinados
Viernes 18 de junio de 2010, p. 7
El director pa
ra las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, manifestó ayer que luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el Ejército Mexicano es el responsable de los homicidios de los niños Bryan y Martín Almanza, y que soldados alteraron la escena del crimen, los militares no deben investigar ni un solo caso más de denuncias de abusos contra civiles
.
HRW sostuvo que estas conclusiones de la CNDH revelan hasta qué punto los militares están dispuestos a distorsionar los hechos para protegerse
.
Vivanco emitió ayer en Washington una comunicación titulada México: el Ministerio Público debe investigar los asesinatos de los dos menores
, y en ese documento sostuvo que las conclusiones de la CNDH contradicen directamente los resultados de las investigaciones militares sobre el incidente registrado el 3 de abril cerca de Matamoros, Tamaulipas, según las cuales las víctimas habían muerto en un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes
.
Destacó que el 30 de abril pasado el procurador general de Justicia Militar, José Luis Chávez García, manifestó en conferencia de prensa que, de acuerdo con la investigación militar, los niños habían fallecido por una granada arrojada por los delincuentes durante el enfrentamiento.
Sin embargo, en la indagatoria efectuada por la CNDH, los padres de las víctimas, así como otras personas que viajaban en la camioneta que fue atacada, dijeron que no existió tal enfrentamiento y que los militares abrieron fuego sin que hubiera mediado alguna provocación. Según las autopsias realizadas por un médico forense estatal y peritos de la comisión, los niños murieron a causa de heridas de bala
.
HRW subrayó que este caso es el ejemplo más claro de por qué México necesita actuar de inmediato para implementar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al
Estado mexicano reformar el fuero militar para que sean los agentes del Ministerio Público civil quienes investiguen
.
Reacción en el Senado
Legisladores de PRI y PRD advirtieron que los militares responsables del homicidio de los niños Bryan y Martín Almanza deben ser juzgados por las autoridades competentes y llamaron a que se apruebe la Ley de Seguridad Nacional que legaliza la participación del Ejército en el combate al crimen, pero se supedita al respeto a los derechos humanos de la población.
El coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, dijo que es importante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) esté atenta a casos como el de los niños Almanza y que haya podido probar que no murieron por fuego cruzado en un enfrentamiento entre elementos del Ejército y narcotraficantes, sino en fuego en línea
, que pudo ser sólo del lado de la autoridad.
El caso lo deben conocer las autoridades específicas y procurar que no haya impunidad de por medio
, dijo.
En entrevistas aparte, los perredistas Tomás Torres y René Arce consideraron preocupante que el Ejército Mexicano haya tratado de ocultar la responsabilidad de militares en la muerte de los dos menores, al distorsionar los hechos.
Me parece muy reprobable que se haya asesinado a los niños, independientemente de en qué situación
haya sido, pero mucho más reprobable es que se haya querido engañar, como lo señala la CNDH
, recalcó Arce. Dijo que se debe aclarar quién fue el que distorsionó los hechos para tratar de quitar responsabilidades a las fuerzas armadas. En realidad, ello le resta prestigio y honorabilidad al Ejército como institución
.
Por su parte, el senador Torres recordó que una de las discusiones más fuertes que se dieron durante el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, el pasado mes de abril, fue precisamente en torno a la muerte de civiles durante los operativos militares contra el narco.
Sedena y PGR responderán al ombudsman en 15 días
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) responderán dentro de 15 días a la CNDH si aceptan la recomendación 36/2010, sobre la muerte de los niños Almanza.
En el caso de la PGR, la CNDH advierte una irregular integración de la averiguación previa
, no reconocimiento del carácter de ofendidos de dos de las víctimas y que, dentro de las diligencias, el Ministerio Público ha sido omiso en solicitar la práctica de los estudios de alcoholemia al personal militar.
Viernes 18 de junio de 2010, p. 7
La participación del Ejército en el combate al narco se tradujo en 2007, 2008 y 2009 en el pago de más de
8 millones de pesos por concepto de indemnizaciones por la muerte de 24 civiles inocentes –cinco de ellos menores de edad–, lesiones, pago de daños y servicios médicos durante operativos realizados en diferentes puntos del país.
Información de la Secretaría de la Defensa Nacional señala lo anterior y precisa que el pago promedio por cada civil muerto asciende a 153 mil 563 pesos y por lesiones unos 38 mil 390. De los poco más de 8 millones entregados por concepto de indemnización, la dependencia pagó en una sola exhibición un millón 750 mil pesos a la empresa Cremería Cotija por la reparación de daños
ocasionados por personal militar.
La mayoría de las indemnizaciones fueron cubiertas a partir de recomendaciones emitidas por la CNDH, en respuesta a denuncias presentadas por civiles en contra de soldados por la muerte y lesiones de familiares.
La mayoría de las indemnizaciones fueron pagadas a partir de recomendaciones emitidas por la CNDH a raíz de operativos antidrogas en Apatzingán, Michoacán; La Joya, Sinaloa de Leyva, Sinaloa; Naco y Sonoyta, Sonora, entre otros, hechos que ocurrieron en los años referidos.
En 2007, la Sedena pagó por reparación de daños 998 mil pesos; un año después sumaron 3 millones 222 mil 234, y en 2009 la suma ascendió a 3 millones 830 mil 854 pesos. Entre los pagos destacan los siguientes:
Primero de junio de 2007. Los deudos de Roberto Francisco Valenzuela Loera recibieron 147 mil 664 pesos por los hechos ocurridos en el caso conocido como La Joya, cuando soldados que estaban en un retén le dispararon a un auto con un saldo de cinco personas muertas, entre éstas dos menores. Días después, la Sedena entregó 849 mil pesos a los legítimos beneficiarios de las víctimas
.
En septiembre de ese año la Sedena pagó mil 775 pesos a Abel Esparza Parra y Teresa de Jesús Flores Sánchez por los gastos médicos derivados del mismo asunto y en enero de 2008 otros 7 mil 620 pesos.
Febrero de 2008. La dependencia erogó 295 mil 328 pesos a los beneficiarios de Rosario Elena Castro López y Camilo Basadúa Baranco; y por reparación del daño moral y material, 147 mil 654 pesos a los deudos de la menor Alejandra Guadalupe Pérez Gutiérrez.
En mayo de ese año se indemnizó con 153 mil 562 pesos a los deudos de Zenón Alberto Medina López, Manuel Medina Araujo, Edgar Geovanny Araujo Alarcón, Irineo Medina y Miguel Ángel Medina Medina, y 38 mil 390 pesos a Wilfredo Ernesto Madrid Medina, quienes fueron agredidos a tiros por soldados en marzo de ese año en la comunidad de Santiago de Los Caballeros, Sinaloa.
El pago más alto por indemnización médica (153 mil 562 pesos) fue hecho a Marcela Santiago Mauricio por lesión neurológica severa
.
Por la muerte de los menores Edwin Castañeda López, Lesly Alejandra del Río Pérez y Noemí Piñales, ocurrida en Villa de Cos, Zacatecas, el 6 de mayo de 2008, el Ejercito gastó 460 mil 689 pesos en total.
En otro hecho indemnizó con 153 mil 562 pesos a los deudos del menor Carlos Iván García Calderón, quien murió acribillado por soldados en la carretera Morelia-Mil Cumbres, el 12 de mayo de ese año.
Los beneficiarios de Honorio Gutiérrez Ramírez, quien perdió la vida el 8 de junio de 2007 en el poblado Casa Colorada, municipio de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, recibieron 153 mil 562 pesos.
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