MÉXICO, D.F., 14 de junio (apro).- No hay modo de ser optimistas ante la barbarie
que padece la nación por la incompetencia, la indolenciaterr y la arrogancia de la camarilla gobernante que encabeza Felipe Calderón, quien sólo es consistente en arrastrar a México al abismo.
Luego de tres años y medio de haber sido impuesto en el cargo, que profundizó la involución de la que ahora se queja César Nava para justificar la nueva catástrofe electoral del partido oficial, Calderón ha sido empeñoso en hacer crecer el desempleo, la pobreza y la criminalidad, incluida la de cuello blanco.
Las carnicerías no dan tregua al asombro: Los muertos ya se computan en racimos y la saña es cada vez más inaudita, en una escalada que exhibe como falaz el argumento oficial --de suyo deleznable-- de que son sólo los criminales los que se matan entre sí por la disputa de territorios.
Pero a la creciente matanza de civiles a manos de criminales y fuerzas del Estado --que se denomina cínicamente “daños colaterales”--, se suma la cobardía ante los abominables asesinatos de Anastasio Hernández Rojas, el viernes 28 de mayo, en San Ysidro, California, y el niño Sergio Adrián Hernández, el lunes 7, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a manos de criminales de la Patrulla Fronteriza que protege Barak Obama.
La vida de ambos compatriotas sólo le mereció a Calderón un boletín de prensa fechado en Los Pinos, el jueves 10, cuando ya volaba hacia Sudáfrica a hacer el ridículo junto con la selección de futbol de México y la retórica encendida sólo ratificó su carácter asustadizo ante el imperio.
Tras las carnicerías del viernes 11 --el día más sangriento de su infecunda gestión--, justo cuando el equipo mexicano apenas empató con Sudáfrica--, Calderón hizo publicar en diarios capitalinos y del interior de la República un extenso desplegado justificatorio y reiterativo sobre el reguero de sangre en el territorio nacional.
Según Calderón, de no haber iniciado su “guerra” contra el crimen organizado, “los criminales se hubieran apoderado de una gran parte del país, y habrían sometido ya a millones y millones de familias mexicanas a través del secuestro, la extorsión, el cobro de ‘piso’ o incluso el acoso directo a los integrantes de las familias.”
Lo dice para encubrir que esa es una realidad que solían padecer mexicanos de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, pero que desde su “guerra” se ha extendido a todo el territorio nacional, aun en estados donde los narcos solían vivir con la protección oficial, como los muy panistas Jalisco y Guanajuato.
En el desplegado, publicado a doble plana, Calderón insiste en la cantaleta de comparar un cambio de estrategia a la “retirada del gobierno” o a “cruzarse de brazos” ante el crimen. Lo único que se le exige es que deje la simulación y ataque las finanzas de los delincuentes.
Pero en los cinco puntos de su estrategia no hay una sola referencia al combate a la capacidad financiera de los criminales, particularmente el lavado de dinero, que en México, según estudios serios, asciende a entre 20 mil y 30 mil millones de dólares anuales.
Con el “blanqueo” de dinero las organizaciones criminales tienen liquidez para corromper autoridades --policías, militares, políticos, jueces, periodistas--, contar con poderoso armamento para acobardar al Estado, equipos informáticos, sistemas de comunicaciones y navegación satelital.
De manera que si no se diseña una estrategia clara para neutralizar las vías de lavado de dinero, sobre todo en el sistema financiero formal, ocurre exactamente lo que está pasando en México.
Y tal como lo advierten los especialistas en el mundo, pueden desplegarse tropas militares en todo el territorio nacional, con el aumento de asesinatos y arbitrariedades, y puede aumentarse el número de policías armados y aun aumentarse las penas de cárcel, pero mientras no se ataque la capacidad económica de los criminales, como no se ataca, entonces la barbarie continuará.
Hasta ahora, las tibias medidas en este sentido son también un fracaso: La Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado apoderarse de casas, hoteles, empresas, inversiones y dinero cuyo origen son actividades ilícitas, no ha operado, y las autoridades hacendarias, vía el Sistema de Administración Tributaria (SAT), son más bien tímidas.
Según el más reciente reporte de la Procuraduría General de la República (PGR), de septiembre de 2008 a julio de 2009, sólo se decomisaron 2.9 millones de dólares y 4 millones de pesos mediante procesos judiciales. Un fiasco.
Hasta el senador panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, reconoce la ineptitud del gobierno de Calderón: “Se ha demostrado, y según lo que nos dicen, son más de 20 mil millones de dólares al año que se lavan en México. Entonces, ¿cómo es posible que una masa de dinero de ese tamaño no sea detectada por el SAT o por las áreas de inteligencia de las policías mexicanas?”
Apuntes
Santiago Creel cimbró a la nación: “Que quede claro. Quiero ser candidato presidencial.” ¿A quién le importa su deseo? Ni a los panistas.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
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