Organizaciones
civiles especializadas en materia de transparencia critican que el
nuevo borrador que se discute en el Senado sobre la Ley de Obra Pública
fomenta la opacidad y la discrecionalidad en los procesos de licitación
y contratación. "No es una ley de obra pública, es la ley del compadre.
La Ley OHL", denuncian.
Manu Ureste (@ManuVPC)
El pasado 31 de agosto, las comisiones de Desarrollo Urbano y de
Estudios Legislativos del Senado presentaron un nuevo borrador de
dictamen de la Reforma a la Ley de Obras Públicas, el cual incluye una
serie de modificaciones a la propuesta original que el presidente
Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados en noviembre de 2014.
Según
el dictamen elaborado por los legisladores, con esta reforma legal se
combatirá a la corrupción y se garantizará una mayor eficiencia en el
gasto en infraestructura pública, además de que se “dará mayor transparencia y certeza jurídica a los procesos de licitación”.
Hasta aquí todo son buenas noticias.
Sin
embargo, tras analizar el nuevo borrador que se encuentra en fase de
discusión en el Senado, organizaciones civiles especializadas en
materia de transparencia y rendición de cuentas aseguran que no lo tienen tan claro.
Al contrario, la red integrada por hasta 10 organizaciones, entre las
que se encuentran México Evalúa, Causa en Común, Transparencia Mexicana
o la Red por la Rendición de Cuentas, alerta que el nuevo dictamen
propuesto “pone en riesgo conquistas del Sistema Nacional Anticorrupción”, ya que fomenta la opacidad y la discrecionalidad en los procesos de licitación y contratación de obra pública.
Mariana
Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de
Cuentas de México Evalúa, explicó durante un encuentro con medios de
comunicación que el nuevo borrador de dictamen del Senado presenta cuatro problemas clave, a partir de los cuales concluyen que se trata de una ley procorrupción.
El primer problema: las excepciones a la Ley
La
investigadora de México Evalúa advirtió que el borrador mantiene un
amplio régimen de excepciones a la misma Ley, por lo que, dijo, “no se
garantizan mecanismos ni procedimientos para promover las mejores
formas de contratación para el Estado mexicano en cuanto a precio,
calidad y oportunidad de las obras”.
O como lo apuntó de manera
más contundente Edna Jaime, directora general de México Evalúa: “Con
las excepciones a la ley, esta reforma permitiría esquemas para eludir
las licitaciones públicas, facilitar contrataciones amañadas y evadir
obligaciones de transparencia”.
Dentro de este primer problema,
Mariana Campos hizo hincapié en que otro punto que les preocupa es que
la nueva Ley de Obras Públicas, de ser aprobada tal y como está,
permitiría la formación de 300 ordenamientos de contratación
diferentes. Esto es, abundó la investigadora, que “cualquiera de los
entes de carácter federal puede ser exceptuado de cumplir con la Ley de Obras y contar con un su propio régimen”.
“De esta forma –subrayó- se estaría fragmentando la Ley en 300 ordenamientos,
dificultando la comprensión de las reglas del juego para los actores
relevantes, perdiéndose además certeza jurídica ya que al no tener
carácter de Ley, los regímenes podrían cambiarse continuamente”.
Segundo problema: persisten grandes áreas de opacidad
Mariana Campos alertó que con el nuevo borrador se permite que se exceptúe el uso de CompraNet, a criterio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sin establecer en qué tipo de casos esto sería pertinente.
Cabe
recordar que CompraNet es un sistema electrónico desarrollado por la
Secretaría de la Función Pública para transparentar los procesos de
contratación de servicios, bienes y obra públicas por parte de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Para Max Kaiser, consultor en contrataciones públicas, el hecho de que la SFP pueda decir qué compra puede no hacerse pública “abre una nueva puerta a la discrecionalidad para dificultar la fiscalización de los recursos y el escrutinio público que efectúen los terceros”.
“Nos preocupa mucho que CompraNet se planteé sólo como algo opcional. Deberíamos estar fortaleciendo esta herramienta y hacer obligatorio su uso”,
opinó por su parte Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de
Desarrollo de Infraestructura, quien además sugirió que este
herramienta se separe de la Secretaría de la Función Pública y pase a
formar parte de un “organismo técnico” independiente, “con capacidad de sancionar a aquellos funcionarios que no transparenten la información”.
Foto: Manu UresteObras en la ciudad de México, en una imagen de archivo.
Tercer problema: la Ley preserva vicios que merman la competencia
De
acuerdo con la investigación de México Evalúa, la nueva Ley
beneficiaría a las licitaciones por adjudicación directa o por
invitación a tres participantes, al no establecer obligaciones de transparencia para ellas.
Y el cuarto problema: la Reforma a la Ley mantiene abiertas las puertas a la discrecionalidad.
Mariana Campos indicó que en el borrador de dictamen se reduce el universo de procedimientos obligados a publicar el proyecto de convocatoria y de los días en que debe ser público.
“Esto contribuye a restringir la ventana de la oportunidad para retroalimentar dichas convocatorias y, además, amplia la posibilidad de manipulación de las convocatorias para dirigir los resultados de una licitación”, dijo Edmundo Gamas.
“Esta no es una Ley de Obra Pública; es la ley del compadre, la ley OHL”
Tras
la exposición de los cuatro principales problemas que plantea el nuevo
borrador de Ley de Obras Públicas, Juan Pardinas, director del
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), criticó duramente que
la Cámara de Diputados aprobara el pasado 9 de diciembre de 2014, sin discusión y términos muy similares a los presentados por la Presidencia, una primera Minuta de Proyecto para reformar la Ley.
“Resulta
paradójico que la misma Cámara de Diputados que votó la reforma
constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, vote una ley que es un retroceso
y un acto legislativo que empeora las condiciones de desconfianza sobre
las instituciones del país. Esta no es una ley de obra pública; es la ley del compadre. La ley Higa, la ley OHL”,
ironizó Pardinas, al hacer referencia a dos de los últimos escándalos
en materia urbanística en los que se han visto envueltos autoridades
federales y estatales.
“Ahora el Senado tiene la enorme responsabilidad de cambiar esta Ley
pensando en los ciudadanos y en la infraestructura que necesita este
país, y no en el compadre al que se busca premiar con determinado
contrato de obra pública”, agregó el director del IMCO.
En esta misma dirección también se pronunció Edna Jaime, quien instó a los legisladores a modificar la ley “a ser posible en este periodo de sesiones”.
“No
queremos ser señalados como los que están parando al país. Estamos
cambiando la configuración de nuestro sistema de rendición de cuentas y
no podemos aceptar este borrador que promueve prácticas pro-corrupción”, enfatizó la directora de México Evalúa, quien concluyó alertando que de no modificarse el proyecto de dictamen, se incrementa el riesgo de que se repitan experiencias como las de la Estela de Luz o la Línea 12 del Metro, “donde la ineficiencia y la discrecionalidad en la contratación y ejecución de los contratos derivaron en malos resultados”.
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