Normalistas de Ayotzinapa marchan a Chilpancingo. Fotos: Germán Canseco
Jenaro Villamil
MÉXICO,
D.F., (apro).- Después de cinco horas de un duro debate entre el
oficialismo y la oposición sobre la “crisis de Estado” en torno de los
sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, el
Senado de la República aprobó por 93 votos a favor y ninguno en contra
un posicionamiento de ocho puntos para respaldar las peticiones de los
padres de familia de los normalistas desaparecidos.
Mientras en
tribuna los legisladores del PRI y del Partido Verde contraatacaban a
las críticas de senadores del PRD y el PT, los integrantes de la Junta
de Coordinación Política redactaron un documento de ocho puntos que se
aprobó una vez terminada la reunión del presidente Enrique Peña Nieto
con los familiares de los normalistas, sobrevivientes y abogados de
Ayotzinapa.
Los puntos aprobados incluyen el “reconocimiento de
la legitimidad de la búsqueda de justicia y de que el caso Iguala esté
abierto; la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) y la aceptación plena de su informe y sus
recomendaciones; reencausar la investigación en una unidad
especializada, y el relanzamiento y concentración de la búsqueda, a
partir del uso inmediato de tecnología”.
Asimismo, la “atención
digna e inmediata a los heridos y familiares de ejecutados y trato digno
a las víctimas; respeto a la Normal Rural Isidro Burgos y la no
criminalización de los normalitas; mecanismos de comunicación
permanente, digna y con respeto a sus derechos, y acciones para proteger
y hacer valer los derechos humanos y combatir cualquier forma de
impunidad”.
Luego de dar lectura a los ocho puntos, el presidente
de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, sometió a votación del pleno
el acuerdo de los coordinadores. El senador panista Javier Corral pidió
que se aclarara en el documento que se trata de un lenguaje que
corresponde al “equilibrio que los coordinadores hacen de las
peticiones”. Layda Sansores, senadora del PT, también dijo que le
preocupaba la redacción.
Sin embargo, los ocho puntos fueron
finalmente votados a favor por senadores de todos los partidos, aunque
horas antes legisladores del Partido Verde acusaron a la dirigencia
nacional del PRD, a Andrés Manuel López Obrador y hasta al senador
Armando Ríos Pitter de ser responsables de los sucesos de Iguala, hace
un año.
Provocador, Pablo Escobar, del Verde, subió a la tribuna
para insistir que los responsables de la violencia en Iguala y la
desaparición de los normalistas son los gobiernos municipal y estatal
que estaban a cargo del PRD.
En esa primera parte del debate,
Armando Ríos Pitter, senador guerrerense del PRD, acusó al Verde de
hacerle el trabajo sucio al PRI y recordó que, en todo caso, también
habría que responsabilizar al presidente municipal de Cocula, que es del
revolucionario Institucional.
“¡Qué bueno que José Luis Abarca
esté en la cárcel!”, exclamó Ríos Pitter, pero sentenció que los sucesos
en Iguala constituyen una “crisis de Estado” y el máximo jefe del
Estado es el presidente de la República.
La tesis de que se trata
de una “crisis de Estado” y que la responsabilidad máxima es del primer
mandatario la defendieron en tribuna los senadores Dolores Padierna y
Angélica Peña, del PRD, y Manuel Bartlet, del PT, entre otros.
Por su parte, los priistas subieron a defender la “disponibilidad” de
Peña Nieto para reunirse con los familiares de los normalistas y hasta
presumieron que los resultados del informe de expertos del GIEI formaron
parte de una orden presidencial.
Omar Fayad reiteró la
“solidaridad con los familiares” y condenó el “pleito entre partidos”,
al tiempo que otros de sus correligionarios atizaron las acusaciones
para minimizar la responsabilidad del gobierno federal.
Graciela
Ortiz, también del PRI, sentenció: “Merecemos la verdad, no la
manipulación política de los hechos”. A su vez, Manuel Cavazos Lerma
enumeró ocho elogios al gobierno de Peña Nieto para recordar que fue un
compromiso suyo la investigación del GIEI.
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