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Peritos argentinos en el basurero de Cocula. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La “versión histórica” de la
desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue
desmoronándose.
El domingo 6 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos descartó
científicamente que los jóvenes hayan sido asesinados y calcinados en el
basurero de Cocula, como lo proclamó Jesús Murillo Karam cuando era
procurador general.
El jueves 17 tocó el turno al Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) de manifestar sus reservas sobre el anuncio que hizo la
víspera la procuradora general de la República, Arely Gómez, de que la
Universidad de Innsbruck, Austria, había identificado entre las cenizas
enviadas para su análisis a Jhosivani Guerrero de la Cruz, restos que se
sumarían a los de Alexander Mora Venancio, detectados en diciembre del
año pasado.
Esa noche, el EAAF fijó su posición en un comunicado. Si bien
reconoció “la alta calidad científica” del laboratorio de Innsbruck,
reforzó sus dudas expuestas en febrero de este año sobre la manera en
que fueron utilizados los restos para identificar a Mora Venancio y
Guerrero de la Cruz, mismos que presuntamente estaban en una bolsa de
nylon y fueron rescatados por buzos de la Secretaría de Marina del fondo
del Río San Juan, en Cocula.
Los forenses argentinos, reconocidos por su labor en la
identificación de víctimas de la dictadura militar en Argentina, así
como en Bosnia, Angola y Kosovo, entre otros países en conflicto,
retomaron en su análisis la conclusión del GIEI acerca de la
imposibilidad de que el destino final de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa fuera la incineración en el basurero.
El EAAF reveló que el resultado de las pruebas del “método
experimental de Secuencia Masiva Paralela” realizado por los expertos de
Innsbruck para identificar a Guerrero de la Cruz les fue presentado “un
par de horas antes del anuncio público” de Arely Gómez.
Para los forenses argentinos “la coincidencia genética mitocondrial
de la muestra ósea 16-29102014 y la madre de Jhosivani Guerrero de la
Cruz no es considerada por el EAAF como resultado identificatorio
definitivo”.
Su explicación para considerar “una posibilidad” y no una certeza el
resultado expuesto por la procuradora es que los sitios “de recuperación
de restos son inciertos y problemáticos”.
Estiman que la identificación genética mitocondrial de Guerrero de la
Cruz seria valiosa si se tratara de un “caso cerrado”, en que el número
de víctimas por identificar estuviera perfectamente delimitado en
tiempo y espacio; “por ejemplo, un accidente de un avión con un listado
claro de pasajeros, que serían los únicos a encontrar en el sitio de
recuperación de restos”.
Uno de los problemas en el caso de los 43 desaparecidos es que “el
EAAF –que ya estaba en el país a petición de los familiares de las
víctimas– no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de la
PGR mencionaron haber recuperado el 29 de octubre de 2014 una de estas
bolsas del río San Juan”. Tampoco “participó en el hallazgo del
fragmento de hueso que la PGR indicó haber recuperado dentro de dicha
bolsa, fragmento del cual obtuvo una identificación positiva con los
familiares del joven Alexander Mora Venancio por vía de ADN nuclear”.
A lo anterior se suma que “el EAAF fue convocado por la PGR cuando ya
se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se
encontraba junto con otras sobre un área de limpieza”, pieza que “se
distinguía por su tamaño mayor al resto y especialmente por estar muy
poco alterada técnicamente”.
El grupo de forenses argentinos reconoce que participó en la limpieza
y análisis de las muestras de esa bolsa, pero indicó que hasta ahora la
PGR no les ha entregado una copia de la “cadena de custodia de la bolsa
de restos que, según indica la PGR, les fue entregada por buzos de la
Marina”, pese a que la han solicitado en diversas ocasiones.
Otro punto que provoca reservas del EAAF es la “presencia de restos
humanos en el basurero de Cocula no correspondientes a los normalistas”,
como ya lo habían advertido en su comunicado del 7 de febrero pasado.
Se refirieron entonces a la localización de una prótesis dental que no
pertenecía a ninguno de los estudiantes desaparecidos.
“Por lo tanto –explicó el equipo esta vez– estamos ante un caso
abierto y no cerrado. Además, se suma a este contexto el hecho de que
existen cerca de 300 denuncias de desapariciones ocurridas en los
últimos cuatro a cinco años en Iguala. Entonces el valor del resultado
obtenido sobre la muestra que podría pertenecer a Jhosivani Guerrero de
la Cruz disminuye significativamente y sólo puede ser considerada como
una posibilidad.”
Los argentinos retomaron la conclusión del GIEI de que los jóvenes no
pudieron ser asesinados y quemados en el basurero de Cocula, basada en
un peritaje en incendios y dinámica de fuego. “Por el momento no existen
elementos científicos suficientes para vincular los restos hallados en
el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en el río
San Juan”, sostuvieron.
Tras enfatizar que se trata de un caso abierto, “en donde restos de
víctimas de distintos episodios de desaparición pueden encontrarse en
los mismos lugares de depositación”, aclararon que “existen además
serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas”.
Así, “la coincidencia genética mitocondrial de la muestra ósea
16-29102014 y la madre de Jhosivani Guerrero de la Cruz no es
considerada por el EAAF como resultado identificatorio definitivo”.
El cuestionamiento de los forenses sobre el resultado exhibido por
Arely Gómez estuvo acompañado de un reproche por el trato desdeñoso
hacia los padres de los desaparecidos, pues les presentaron el reporte
de Innsbruck minutos antes de que la procuradora lo difundiera ante los
medios.
Tras señalar que tuvieron que explicar el informe del laboratorio a
esas familias, consideraron que la urgencia de la PGR por hacer pública
la información implica el “riesgo de acabar con el derecho de las
víctimas a conocer los hechos sobre sus familiares desaparecidos con el
debido tiempo y asistencia necesaria”.
Por esa razón el EAAF solicitó a la PGR que “respete los compromisos
asumidos en cuanto al trato de los familiares; ninguna familia debería
enterarse de este modo de noticias tan delicadas sobre el posible
destino de su familiar desaparecido”.
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