Activistas pedirán que grupo de expertas visite México
En junio pasado el Estado mexicano debió presentar un informe sobre el
cumplimiento de las recomendaciones que en 2012, le hiciera el Comité de
Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), sin embargo una vez más se
retrasó con este proceso, por lo que Naciones Unidas evaluará a nuestro
país hasta el 2018.
Cabe recordar que desde hace una década, México retrasa la presentación de estos reportes que se entregan cada 4 años. El séptimo informe se debió presentar en 2002, pero se hizo hasta 2006; por lo que en 2010 se entregaron dos, el séptimo y el octavo informe.
A propósito de esta revisión, Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, aseguró a Cimacnoticias que antes de esperar a que pase el tiempo el gobierno debe trabajar para cumplir las recomendaciones de 2012.
En cada informe oficial, las organizaciones civiles envían a Naciones Unidas información paralela a la que proporciona el Estado, en diferentes temáticas, pero destaca la situación de violencia de género y el alarmante incremento en casos de feminicidio, por lo que el tema se ha vuelto recurrente en CEDAW, quien en 2012 generó una serie de recomendaciones al Estado mexicano en la materia.
Entre ellas destacan prevenir el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos; y revisar la estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada, implementada de 2006 a 2012.
Además lo exhortó a abordar urgentemente los obstáculos que limitaban (en ese entonces) la activación de la Alerta de Violencia Género (AVG), un mecanismo de emergencia para enfrentar y erradicar esta violencia, que para ese entonces, no se había activado en ningún estado.
Frente a estas problemáticas y con miras a la rendición de cuentas que en 2018 deberá hacer México ante la CEDAW, feministas y académicas aseguraron que el Estado debe tomar acciones inmediatas.
Gloria Ramírez enfatizó que debido a que ahora se cuenta con información suficiente de que el feminicidio se ha extendido en todo el país, existe la posibilidad de que la sociedad civil pida que, con base en el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la CEDAW, un grupo de expertas visite México para profundizar la investigación.
Y esto no sería la primera vez; ya en octubre de 2003, las relatoras especiales del Comité CEDAW, María Yolanda Ferrer Gómez y María Regina Tavares da Silva, visitaron el país para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
LA INEFICACIA DE LA AVG
Pese a que la AVG ya se implementó en algunas entidades federativas de las 21 que la solicitaron, para las activistas que documentan los homicidios dolosos de mujeres, esta herramienta no está funcionando para prevenir y atender el feminicidio.
Como ejemplo, citaron el caso de Chiapas, donde el número de mujeres asesinadas se incrementa. Martha Figueroa Mier, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de esta entidad, dijo que en 2012 registraron 97 muertes violentas de mujeres y en 2013 la cifra ascendió a 103, por lo que en noviembre de 2012 las agrupaciones civiles chiapanecas decidieron hacer un llamado de emergencia a través de una “alerta autónoma” mediante la cual sistematizaron y documentaron casos.
Desde entonces las asociaciones piden investigar con perspectiva de género la muerte violenta de cualquier mujer, sancionar a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades o que obstruyeron la justicia, y garantizar la reparación del daño a las víctimas y sus familias.
Y es que la experiencia de la AVG en otros estados demostró que el mecanismo se comenzó a utilizar “como una amenaza, se politizó, se volvió un mecanismo muy perverso pero yo creo que las alertas sí funcionan”, aseguró Figueroa Mier.
Este uso político de la alerta lo han comprobado las organizaciones integradas en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una red que agrupa a agrupaciones enfocadas en la documentación y acompañamiento de casos de violencia de género.
Patricia Bedolla, activista del Estado de México, dice que en esa entidad existe un contexto de impunidad y es que si bien fue el primer estado donde se decretó la AVG en realidad todavía no se ven resultados alentadores.
En 2010 el OCNF junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron la activación de la AVG ante los 922 casos de homicidios dolosos contra mujeres que se registraron de enero de 2005 a enero de 2010, y aunque el proceso judicial para conseguirlo fue largo, en 2015 lograron que se decretara.
Con todo y esto, de enero a junio de 2015 se contabilizaron 2 mil 895 desapariciones de mujeres, según Patricia Bedolla.
Lo mismo sucede en otras entidades como Guerrero donde Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, aseguró que sólo en 2015 hubo 164 casos de feminicidio en ocho municipios del estado, lo que llevó a solicitar la Alerta en junio de 2016.
Por su parte, Lucero Circe López, directora de Humanas sin Violencia en Michoacán, donde se solicitó la Alerta en 2014 por la violencia y los crímenes de mujeres en un contexto de crimen organizado y surgimiento de autodefensas, advierte que este mecanismo atiende lo emergente pero no modifica lo estructural.
Esta herramienta, dice, pone en evidencia que “se prefiere administrar la violencia en vez de darle una solución”. Ante la incipiente implementación de la AVG, las activistas aseguran que el Comité de la CEDAW debería preguntar al gobierno mexicano por qué las Alertas no están funcionando y qué se está haciendo para eliminar la violencia feminicida.
Como si fuera poco con los asesinatos de mujeres, la trata de personas, la criminalización de defensoras y periodistas, la violación de los derechos de las mujeres presas acusadas de homicidio cuando en realidad tuvieron un aborto espontáneo, ahora las organizaciones civiles están documentando una nueva forma de agresión.
Se trata de la violencia política contra las mujeres que deciden participar en política, ya sea como candidatas o funcionarias electas, casos que comenzaron a ser públicos después de la reforma político-electoral que en 2014 elevó a rango constitucional la paridad de género, y que también será materia de análisis por parte de las organizaciones, en el próximo informe ante la CEDAW.
CimacFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Cristina Acuña Roeder
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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