LA VOZ DE LA COALICIÓN
Las organizaciones que integramos la Coalición por la Salud de las
Mujeres, hacemos un llamado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, a garantizar el principio de laicidad en todo el país y
proteger los Derechos Humanos de las mujeres y con ellos, su salud, su
libertad y su vida, apegándose a las obligaciones que le impone el
artículo primero constitucional.
El Estado Laico reconocido en la carta magna, obliga al Estado mexicano a garantizar que toda normativa y política pública esté exenta de imposiciones ideológicas basadas en cualquier fe o creencia religiosa. Este principio histórico, junto con el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, a la no discriminación y a la autodeterminación sexual y reproductiva, son básicas para el ejercicio de los Derechos Humanos.
En los últimos años, la jerarquía católica principalmente, ha invadido en reiteradas ocasiones el terreno del diseño de políticas públicas oponiéndose a contenidos escolares que incorporan elementos de la Educación Integral en Sexualidad, a la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes en las normas técnicas de atención a esta población y pretendiendo subordinar derechos constitucionales como la autodeterminación reproductiva o la atención a víctimas, a la decisión de terceros. Además, ha presentado o apoyado iniciativas de ley basadas en valores religiosos, ajenos a la realidad social y sin sustento científico, contrariando con ello los artículos 24 y 130 constitucionales que establecen los principios fundamentales que rigen la laicidad en asuntos de Estado.
Un lamentable ejemplo de ello es la situación en el estado de Veracruz, donde el gobernador Javier Duarte de Ochoa, junto con otros funcionarios públicos como el alcalde, Ramón Poo Gil y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Octavia Ortega, ha participado en actos políticos acompañado por el Arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios y otros líderes religiosos, violando repetidamente la separación del Estado y la Iglesia.
El pasado 23 de agosto, el gobernador Duarte promulgó la reforma al artículo cuarto constitucional que "protege la vida desde el momento de la concepción", para su inmediata entrada en vigor en territorio veracruzano. Tal medida fue seguida inmediatamente por declaraciones de un restringido grupo del gremio médico, que pretenden amenazar a mujeres y profesionales de la salud con la negación de servicios de aborto legal y de emergencia médica para víctimas de violencia sexual. Pareciera simbólico que este evento se llevara a cabo en el Colegio católico Rougier, lugar donde sucedió el acto de violencia sexual tumultuaria contra una menor, el 2 de enero de 2015 a manos de hijos de hombres vinculados a las élites locales.
Nos preocupa que desde el inicio de la actual gestión, las condiciones de discriminación, violencia y violación a los Derechos Humanos, se han incrementado alarmantemente en Veracruz, afectando principalmente a las mujeres. Muestra de ello es que se han reportado 10 mil casos de violación sexual contra veracruzanas en los últimos 5 años; en los primeros meses de 2016, 74 mujeres y niñas veracruzanas han desaparecido y se cometen 8 casos de feminicidio mensuales, en promedio. Aunado a ello, el abasto de métodos anticonceptivos, la prevención de embarazos en adolescentes y la prevención de VIH/Sida, son asignaturas pendientes en la entidad.
Veracruz es uno de los estados que presentan irregularidades en el ejercicio del presupuesto público destinado a la provisión de servicios en salud sexual y reproductiva, generando una precarización de la red sanitaria y poniendo en riesgo a las niñas y mujeres que requieren de estos servicios.
Las condiciones de corrupción e impunidad, colocan a Veracruz como el tercer estado con la deuda bancaria más grande del país y el más peligroso para ejercer la libertad de expresión.
La injerencia de grupos conservadores y religiosos han mantenido un ataque constante a los Derechos Humanos de las mujeres y a la población LGBTI, con discursos de odio que alientan la discriminación y que devienen en una violación a los Derechos Humanos, al no garantizar el acceso adecuado y efectivo a servicios especializados de salud sexual y salud reproductiva, a información, orientación y educación integral en sexualidad y a la prevención y atención de todas las formas de violencia.
En este contexto, nos pronunciamos por:
El respeto y fortalecimiento del Estado Laico garantizado en el marco jurídico mexicano y que debe observarse en las políticas públicas y las prácticas institucionales de todos las instituciones, desde los centros escolares hasta las unidades de salud.
El fortalecimiento de la educación laica y la garantía de la incorporación de la Educación Integral en Sexualidad en las currícula de todos los niveles educativos.
La aplicación efectiva de la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres Criterios para la Prevención y Atención”.
El pleno respeto a la interrupción voluntaria del embarazo y al aborto en aquellos casos que contempla la ley como es el de violación sexual.
Garantizar el respeto a la no discriminación por identidad y expresión de género, orientación sexual y características sexuales, a la integración de familias en libertad y el reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el país.
La Coalición por la Salud de las Mujeres es una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, integrada por: Asociación Mexicana de Partería, Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, Comunicación e Información de la Mujer A.C; Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad, Fundación Mexicana para la Planeación de la Familia, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Ipas México, K’inal Antzetik Distrito Federal, Observatorio de Mortalidad Materna en México y Salud Integral para la Mujer.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: La Coalición por la Salud de las Mujeres
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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