(apro).- La raíz de la palabra huachicoleros se deriva del término huacho, que es el surco realizado en la tierra, de gran profundidad, para ordeñar los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante décadas se trató de una actividad criminal menor, realizada por bandas sin la capacidad delictiva y corruptora como la actual.
Curiosamente, el crecimiento exponencial de esta actividad se registró en los últimos tres sexenios (Fox-Calderón-Peña Nieto), hasta llegar a representar un quebranto a las arcas públicas nacionales entre 15 mil y 20 mil millones de pesos anuales, según informó este martes el titular de Hacienda, José Antonio Meade.
Lo realmente grave es que desde 2003 el gobierno de Vicente Fox creó una “coordinación” institucional para frenar el robo ilegal de combustible. En casi 14 años han desfilado por esa coordinación interinstitucional seis secretarios de Hacienda, ocho secretarios de Energía, seis directores generales de Pemex, tres secretarios de la Defensa, tres titulares de la Marina y ocho procuradores generales de la República, y el robo de combustible se incrementó en 10 mil por ciento, según los informes de Pemex.
La gravedad del fenómeno ha ocupado la atención mediática a raíz del enfrentamiento ocurrido la semana pasada en la comunidad de Palmarito, Puebla, entre efectivos militares y pobladores acusados de robar combustible en los ductos de Pemex.
El enfrentamiento dejó un saldo trágico de al menos diez personas muertas, seis de ellas civiles y cuatro soldados, 11 heridos, 14 detenidos y una situación de tensión política y social. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que abrió una indagatoria por los delitos de posesión, portación de armas de fuego y los que resulten, al mismo tiempo que anunció que trabajará de manera “coordinada” con las autoridades estatales. Una vez más, se prometió la “coordinación”.
El propio presidente Enrique Peña Nieto anunció el pasado viernes 5 una nueva estrategia que en realidad se parece mucho a la que Fox instauró hace 14 años. Condenó los ataques registrados en Puebla y defendió a “los familiares y compañeros soldados del Ejército mexicano” que perdieron la vida.
Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto han mencionado en su estrategia contra los huachicoleros a quienes están más allá del llamado Triángulo Rojo de Puebla y se siguen concentrando en la narrativa de culpabilizar a los pobladores que dependen de los criminales.
Ninguna coordinación o investigación se ha realizado para dar con los huachicoleros de “cuello blanco”: altos funcionarios de Pemex, integrantes del sindicato dirigido por Carlos Romero Deschamps y autoridades de al menos seis entidades donde se concentra más del 90% del robo a ductos: Puebla, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas.
Tampoco se ha investigado a profundidad si este enorme trasiego ilegal de combustible es una forma de financiar ilegalmente campañas electorales. Los priistas han acusado de eso al exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, aspirante presidencial del PAN, en cuyo mandato se disparó la actividad delictiva.
Sin embargo, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ya que el crecimiento más alarmante se ha registrado durante la administración federal del propio Peña Nieto, en paralelo con un mayor desmantelamiento de la vigilancia en los ductos de Pemex.
Desde 2016 se reportó una disminución de 624 kilómetros diarios en la vigilancia de ductos e instalaciones petroleras en el país, bajo el pretexto del recorte presupuestal de 100 mil millones de pesos que aplicó el gobierno federal a Pemex.
El reporte financiero de Pemex indicó que en 2016, en coordinación con la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa y otras autoridades gubernamentales, patrullaron un total de 10.4 millones de kilómetros para inspeccionar las instalaciones y derechos de vía de la empresa. Es decir, un promedio de 28 mil 693 kilómetros diarios que resultó menor a los 29 mil 317 kilómetros diarios patrullados durante 2015.
Tan sólo el año pasado la PGR abrió 2 mil 960 carpetas de investigación sobre el robo ilegal de hidrocarburos. Guanajuato y Puebla son las dos entidades que concentran casi la mitad de estas investigaciones: mil 322 carpetas en el caso de Guanajuato y 367 en el caso de Puebla, seguidos por Veracruz, con 235 casos; Hidalgo, con 198; Tamaulipas, con 139, y Querétaro, con 138.
¿Cuál fue el resultado de estas indagatorias? ¿Por qué no se tomaron las medidas pertinentes en casos, sobre todo, donde el robo de combustibles se vincula con otros casos de crimen organizado?
En efecto, es preocupante el vínculo entre políticos de Puebla y el robo de ductos, pero la “coordinación” no ha mencionado nada de este punto. Desde el 18 de abril pasado, la PGR, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Ejército intervinieron tres gasolineras del alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, militante del Partido Social de Integración (PSI). Este partido fue creado durante la administración del gobernador panista Rafael Moreno Valle.
Según la propia información periodística, dos días después del operativo contra las tres gasolineras se encontraron al menos 60 bidones de combustible robado en un predio cercano a la alcaldía de Palmar de Bravo.
Los avisos de que hay una dimensión mucho mayor a la de las simples bandas locales del Triángulo Rojo de Puebla en el robo de combustible han sido muchos y persistentes, sobre todo desde 2015, cuando Pemex calculó que se robaron 800 mil barriles, tan sólo en el último trimestre, en el Poliducto que une Minatitlán, Veracruz, con la Ciudad de México y que pasa por el estado que gobernó Moreno Valle.