Los retos laborales

Arturo Alcalde Justiniani

La nueva composición del Congreso de la Unión brinda la oportunidad de que en todos los ámbitos y temas de la agenda pendiente contemos con mejores leyes. Una de ellas, que es fundamental para el país, es la reforma laboral.

Recordemos que en febrero de 2017 se llevó a cabo una profunda reforma constitucional en esta materia. Atendiendo a su exposición de motivos fue considerada la más importante en los últimos 100 años, porque implica un cambio radical en el sistema de justicia. Por ejemplo, se ordena la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, encargando sus funciones a los poderes judiciales federal y locales, se crean nuevas instituciones para impulsar la conciliación y se establece un paquete de reglas democráticas especialmente orientadas a rescatar la negociación colectiva de las prácticas de simulación y corrupción vigentes para convertirla en un espacio de concertación social y productiva, como opera en los países más desarrollados del mundo. La representación auténtica de los trabajadores en estos procesos podrá superar la actual política de contención salarial y esto generaría un efecto muy positivo en el cambio de modelo económico que la población reclama.

Para dar cumplimiento al mandato constitucional y lograr el éxito de la reforma laboral deberán alcanzarse dos condiciones: la primera, lograr el acuerdo legislativo sobre los cambios en el procedimiento laboral y el papel de los nuevos jueces, creando reglas que puedan cumplirse con prontitud tanto en temas individuales como colectivos para beneficio y seguridad jurídica de patrones y trabajadores; la segunda es llevar a cabo una adecuada transición entre las Juntas de Conciliación y Arbritaje y los nuevos tribunales laborales. De este tránsito se habla poco, sin embargo tiene una gran importancia práctica y presupuestal. El punto de partida es reconocer que esta reforma laboral es un renglón fundamental de la política social que el nuevo gobierno deberá impulsar.

Conforme a la reforma constitucional, las leyes reglamentarias debieron haberse aprobado en el término de un año. También se mandató que los procedimientos, expedientes y documentación debían transferirse a los nuevos tribunales laborales, (estamos hablando de alrededor de 1 millón a nivel nacional). Ningún aspecto se ha cumplido en el plazo ordenado.

Esta transición se ha enfrentado al hecho de que los poderes judiciales carecen de las condiciones para la recepción de tantos asuntos y, por otro lado, en el seno de las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje se ha generado un proceso de precariedad que impide superar un añejo rezago, tema al que los gobiernos le han dado la vuelta, llegando al extremo de impedir el avance de la reforma.

A medida que se entra al detalle de la transición se exhibe un conjunto de dificultades que deberán superarse. Por lo que se refiere a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el panorama es francamente desolador, producto en parte del abandono presupuestal incrementado en los tres sexenios recientes. La política de los gobiernos y sus secretarías de Hacienda se han empeñado en reducir plazas y prácticamente ahogar la impartición de justicia laboral. Estas restricciones ocasionan que los cuellos de botella se incrementen y los plazos para concluir un juicio se amplíen. Las pilas de expedientes crecen día con día, los procedimientos suelen durar hasta cinco años, y al llegar a la dictaminación suelen agregarse otros cinco años, sin contar con el tiempo para ejecutar el juicio.

Durante 17 años se ha mantenido por parte de las autoridades hacendarias un criminal congelamiento salarial. Hay por ejemplo juntas con 30 mil expedientes con un solo actuario que gana alrededor de 8 mil pesos mensuales. Se trata de un funcionario clave en el procedimiento, al cual se le ha privado de apoyos básicos para realizar su labor. El abandono gubernamental a los tribunales laborales es parte de una política de segregación, frente al lugar que se otorga a otras ramas del derecho.

Esta condición precaria no es exclusiva de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las dificultades se agravan por la política de las entidades públicas empleadoras, entre ellas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que genera la mayoría de los juicios y obstaculiza su solución. En los juicios de seguridad social, que ascienden a un cuarto de millón, también existe una gran lentitud, provocando un daño incalculable a los beneficiarios y a la propia autoridad laboral. En el ámbito burocrático existe la misma política de cerrar los ojos ante la realidad y dejar que los daños se acumulen, basta señalar que hay delegaciones de Ciudad de México que tienen adeudos laborales en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje mayores que la totalidad de su presupuesto anual. Y mientras tanto, los salarios caídos suben y la justicia no llega.

Más allá de reformas legales que son obligatorias, urge voltear los ojos al drama que hoy vive la justicia laboral en nuestro país.