José Antonio Rojas Nieto
A la brevedad, el nuevo gobierno debe atender los puntos delicados del sector eléctrico: retomar las propuestas esenciales presentadas a la nación y establecer una renovada estrategia de mediano y largo plazos para atender los requerimientos de electricidad. Ahí, retomar una tradición nacional abandonada burocráticamente. El suministro de electricidad es un servicio público, no sólo –visión miope– un espacio más de obtención de ganancias y rentas.
Prestar un servicio público obliga –como en ningún caso– a una actuación técnica, económica y financiera rigurosa y escrupulosa. Sin consulta, los partidos del Pacto por México lo echaron por la borda. ¡Que se reabra la discusión frente a la nación! No para echar todo atrás, sí para discernir con astucia y prudencia esa nueva estrategia de impulso a nuestro sector eléctrico. ¡Con tantos problemas y tan urgido de renovada visión! Y en ese contexto, plantear las modificaciones normativas, legales, organizativas e institucionales que le den nuevo brío, como nuevo brío deben darle el grupo de personas –capaces, experimentadas, escrupulosas y honestas– que asuman la responsabilidad de conducir este renovado esfuerzo social.
La población demanda energía eléctrica de calidad, limpia y al menor precio. Se exige trascender la impronta autoritaria de este sexenio y animar a trabajadores, técnicos, administradores, nuevos directivos, académicos y organizaciones de la sociedad –incluyendo consumidores– a impulsar su transformación para cumplir los compromisos con la población y los internacionales de energías limpias y abatimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Y no olvidemos un asunto de máxima importancia y urgencia: iniciar la revisión de los acuerdos de las compañías eléctricas con las comunidades para explotar en sus tierras la riqueza hidráulica, geotérmica, eólica y solar, en general, la riqueza natural. Ésta pertenece originariamente a la nación, aún reza el debilitado artículo 27 de la Constitución. Lo respaldan los también debilitados 25 y 28 constitucionales. ¡Las comunidades deben ser escuchadas y atendidas! Asimismo, atender las urgencias que se desprenden de informes técnicos y financieros de la Comisión Federal de Electricidad, del Centro Nacional de Control de Energía, de la debilitada Secretaría de Energía y la controvertida Comisión Reguladora de Energía.
El nuevo gobierno no puede ni debe correr el riesgo de que haya apagones. Hoy mismo hay que consultar a los técnicos sobre la mayor o menor necesidad de impulsar un programa de emergencia que permita superar riesgos. Ya no sólo de alertas, emergencias y disturbios en el suministro, ocasionados –a decir oficial– por congestionamiento de transmisión, pérdidas de generación, indisponibilidad de gas natural, obsolescencia y falta de infraestructura de distribución, sino también los derivados de la evolución de costos y tarifas y de posibles quiebres financieros por el desbalance crónico egreso-ingresos, en el que el subsidio y la forma de financiarlo juegan un papel fundamental. Son puntos que deben ser objeto de análisis inmediato por quienes vayan a asumir la responsabilidad de conducir a los organismos y empresas del sector, y por los nuevos responsables de la hacienda pública. Unos y otros deben comprender a la brevedad la dinámica reciente y las perspectivas del sector eléctrico. ¡Por el bien de la población que demanda un cambio! Sin duda.
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