Comité de Expertas de CEDAW evalúa a México
Con un reconocimiento al reciente proceso electoral donde se logró la integración paritaria del Senado y la Cámara de Diputados, este viernes una representación del Estado mexicano afirmó que se está trabajando para investigar y juzgar los casos de feminicidio y los casos de desaparición; garantizar la protección de mujeres periodistas y defensoras de Derechos Humanos y garantizar derechos como el acceso a la salud sexual y reproductiva, al empleo y a la educación.
Durante la evaluación del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que se realizó este 6 de julio en la sede de Naciones en Ginebra, Suiza, la comitiva mexicana encabezada por el embajador Miguel Ruiz Cabañas, aseguró que existen retos para lograr la igualdad de género y por tanto consideró que este tema debe ser un eje rector en el Próximo Plan Nacional de Desarrollo.
Al presentar las acciones y programas implementados para cumplir con la CEDAW, alrededor de 54 funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mencionaron que hace falta trabajo para ejecutar el presupuesto de igualdad, aumentar la participación económica de las mexicanas, fortalecer los institutos de las mujeres, implementar acciones integrales que atiendan todos los tipos y modalidades de la violencia y la reparación del daño a víctimas directas e indirectas.
En una sesión que duró cinco horas, las expertas del Comité CEDAW cuestionaron al Estado mexicano y presentaron algunas preocupaciones en materia de violencia y discriminación, aborto, feminicidio, desapariciones, violencia contra mujeres que participan en política o ejercen cargos públicos, contra las que defienden los Derechos Humanos y las que ejercen el periodismo.
Tras el discurso del embajador Ruiz Cabañas, la evaluación del 9º Informe Periódico del Estado mexicano ante el Comité CEDAW comenzó con las preguntas de la experta Patricia Schulz que pidió que el gobierno mexicano explicara con qué medidas garantizaría derechos de las mujeres en todo el territorio a fin de que no haya diferencias por la entidad donde residen.
En opinión de la experta -como lo señala el Estado- hay deficiencias en la aplicación de las leyes, planes, programas e indicadores, así que preguntó cómo impulsar y mejorar estas leyes y estar a la altura de violencia sexual, la violencia contra defensoras, periodistas y la violencia de género a través de los medios de comunicación.
En este tema, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diva Hadamira Gastélum, afirmó que quisieran ir más rápido pero que los esfuerzos son muy interesantes y dijo que la nueva integración de las Cámaras habla de la obligación del Estado para acelerar el paso.
Mientras que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, consideró que se está trabajando a favor de defensoras y periodistas y destacó que el Mecanismo de Protección para esta población tiene una nueva metodología con perspectiva de género para analizar los casos, misma que está prácticamente concluida; y cuenta con presupuesto suficiente.
En la sesión de preguntas sobre políticas de igualdad hubo repuestas vagas y amplias, como el momento en el que el embajador comenzó a explicar de manera histórica el auge de las drogas en México y el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos; sin embargo, la experta del Comité CEDAW, Gladys Acosta Vargas, señaló que si bien el crimen es un problema hay que considerar los otros problemas. “Este Comité está para ayudar no para poner trabas”, dijo al no recibir respuestas a sus preguntas.
La experta Magalys Arocha Domínguez, cuestionó al Estado sobre las altas tasas de embarazo infantil en niñas entre 10-14 años, la falta de acceso al aborto en casos de violación sexual y sobre la reciente reforma a la Ley General de Salud que reconoce la objeción de conciencia, concepto que podría usarse para negar el derecho al aborto legal. Esta reforma está en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Si bien en unos temas hubo respuesta ante la disertación sobre programas sociales, la presidenta del Comité, Dalia Leinarte, tuvo que llamar la atención para que los funcionarios se ciñeran a responder los cuestionamientos.
Dos temas en los que coincidieron las funcionarias de México y las expertas de CEDAW fueron la necesidad de tener transparencia judicial y que se publiquen las sentencias relacionadas con el análisis de los derechos de las mujeres y hacer frente a la violencia política contra las mujeres que ejercen cargos públicos o que participan e procesos electorales.
En el primer punto, la ministra Margarita Luna Ramos afirmó que hay transparencia de los órganos judiciales federales pero que hace falta que esta responsabilidad se traslade a los órganos locales, por lo que pidió una recomendación en ese sentido, y sobre el aborto dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado por la despenalización. Agregó: “me parece muy oportuno que salga una recomendación en el sentido de armonizar”.
Por su parte la senadora priista Diva Gastélum aseguró que el gran enemigo de la paridad en candidaturas es la violencia política. “No sirve la paridad si no está blindada”, dijo, a la vez que reconoció que hace falta tipificar este delito. En otro momento habló sobre el aborto y la necesidad de las mujeres de “parir en paz” por lo que llamó a las expertas a hacer una recomendación en esta materia “díganme ustedes a dónde”, pidió.
Estos temas fueron analizados un día antes, el jueves 5 de julio, con representantes de alrededor de 47 organizaciones civiles de México que presentaron informes alternos al documento oficial. En una sesión a puerta cerrada, las mujeres pudieron dar cuenta de las carencias para eliminar la discriminación. En total la sociedad civil presentó 37 informes sobre 8 temáticas de los Derechos Humanos de las mujeres.
Dos temas en los que las organizaciones presentaron diferencias es en el tema del matrimonio a edades tempranas, el cual es considerado por algunas organizaciones como un derecho, mientras que para otras es una forma de violencia y niega posibilidades a niñas y adolescentes de tener un proyecto de vida.
El otro tema fue lo que algunas organizaciones consideran “trabajo sexual”, ya que mientras para unas es una forma de violencia y explotación comercial del cuerpo de las mujeres, otras lo consideran un “trabajo que debe tener derechos”.
Sin embargo, ambas temáticas no se discutieron aunque las organizaciones presentaron informes públicos con argumentos y cifras. La experta Aruna Devi Narain preguntó qué se hace para evitar el matrimonio infantil. En el caso del “trabajo sexual” la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Marcela Eternod, dijo que el Estado tiene un enorme desafío para distinguir la explotación sexual y garantizar los derechos de las y los trabajadores sexuales.
En este contexto y al finalizar la evaluación, las agrupaciones mexicanas tuvieron una reunión con la delegación oficial donde reafirmaron que el próximo gobierno deberá poner especial énfasis en garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de acceso a la justicia, a la educación, a la salud sexual y reproductiva, el derecho de acceso a la información y a libertad de expresión y a un trabajo digno, e incluir a las mujeres indígenas, migrantes, con discapacidad y de la comunidad lésbico, bisexual, transexual, transgénero e intersexual.
El próximo 20 de julio concluirá la sesión de las Expertas del Comité, quienes emitirán las recomendaciones a los Estados evaluados.
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | Ginebra, Sui.-
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