Juicio político, si diputados incumplen mandato: OSC
El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que da seguimiento en Veracruz al decreto de la Alerta de Violencia de Género (AVG) reconoció la decisión del Juez Federal que ordenó al congreso estatal despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y extendió a los legisladores su apoyo técnico-jurídico para cumplir la sentencia antes de que termine el mes.
En un comunicado las expertas en género que conforman el GIM, María Lilia Viveros Ramírez, Mayela García Ramírez y Rosa Hilda Rojas Pérez, mostraron su disposición de guiar al congreso veracruzano en la reforma a los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para permitir la interrupción del embarazo de forma voluntaria durante el primer trimestre de gestación, incluir la causal de riesgo a la salud y derogar el plazo de 90 días que tienen las víctimas de violación para acceder a un aborto, en cumplimiento con la sentencia que emitió el 3 de julio de 2018 el Juzgado Decimoctavo de Distrito del poder Judicial Federal al resolver un amparo a favor de organizaciones civiles de mujeres.
Las académicas también expusieron que no han tenido respuesta a las reiteradas solicitudes de reunión que han hecho a la presidenta de la LXIV Legislatura y al presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso local para discutir los temas relacionados con el cumplimiento de la AVG por Agravio Comparado (leyes que restringen los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres) pero aseveraron que “siguen dispuestas a colaborar con el congreso para brindar argumentos que permitan avanzar a la reforma –del aborto-”.
Las integrantes del GIM –antes Grupo de Trabajo- son las encargadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de verificar que Veracruz cumpla la AVG por Agravio Comparado, y tienen el antecedente de redactar una propuesta sobre la modificación al Código Penal para despenalizar el aborto que presentaron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que éste la enviara al congreso (hecho que no sucedió).
Este exhorto de las académicas de garantizar el derecho de las veracruzanas a decidir sobre su maternidad se suma al que hicieron tres organismos de Naciones Unidas al congreso de Veracruz. Sin embargo, oficialmente los legisladores no se han pronunciadorespecto al amparo (número 1191) que ganaron el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y otras colectivas feministas, únicamente el congreso publicó ayer a través de su cuenta de Twitter que actuarán “con total apego a la legalidad”.
EL ESCENARIO
De acuerdo con una de las impulsoras del amparo, la abogada del OCNF Patricia Bedolla Zamora, por ahora no tienen notificación de que el congreso veracruzano haya interpuesto un recurso de revisión a la sentencia del Juez de Distrito pero destacó que si los legisladores siguen omitiendo despenalizar el aborto antes del 31 de julio (fecha límite que dictó el Juez) iniciarán un juicio político en su contra.
Bedolla Zamora explicó a Cimacnoticias los panoramas que enfrenta la reforma del aborto en Veracruz: en principio, que el congreso estatal acepte su omisión de garantizar los Derechos Humanos de las veracruzanas por rechazar en septiembre de 2017 la reforma que buscó despenalizar el aborto y continúe a acatar la orden del Juez.
El otro escenario es que el congreso interponga un recurso de revisión a la sentencia, intención que expresó a la prensa el presidente de la Junta de Coordinación, Sergio Hernández Hernández. En este caso, Bedolla Zamora señaló que correspondería a un Tribunal Colegiado atraer la revisión, pero por el periodo de un mes que dictó el Juez para cumplir la sentencia, el órgano colegiado podría resolver en inmediatez.
En caso de que el congreso no interponga la revisión ni haga conocer su postura de la sentencia, continuó también en entrevista a Cimacnoticias la abogada de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), Esmeralda Lexiur Ferreira, el Juez Decimoctavo de Distrito puede solicitar a los legisladores informes sobre las acciones que están tomando para consumar la resolución que dictó.
Esmeralda Lexiur comentó que las organizaciones son conscientes que el congreso puede mantener las resistencias de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas por lo que de continuar en la omisión buscarían llevar a los diputados a un juicio político o denunciarlos por el delito de “desacato judicial” (por incumplimiento de la sentencia).
La abogada Bedolla Zamora precisó que esta acusación sería en contra de los integrantes de las tres comisiones que firmaron en negativo el dictamen del proyecto de reforma para despenalizar el aborto en 2017: las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Comisión para la Igualdad de Género del congreso, entre las sanciones estarían inhabilitados de continuar en cargos públicos.
Aunque es posible que los diputados busquen aplazar el cumplimiento de esta sentencia pues el periodo de la Legislatura está por terminar así como sus funciones, la entidad del congreso tiene la obligación de cumplir la sentencia, recalcó la abogada de Mexfam, por que eventualmente Veracruz tendrá que convertirse en el segundo estado del país en despenalizar el aborto – la primera fue la Ciudad de México-.
Cabe recordar que la despenalización del aborto es un mandato que se deriva de la AVG por Agravio Comparado (la violación a los derechos reproductivos y sexuales de las veracruzanas) que decretó la Secretaría de Gobernación (Segob) el 13 de diciembre de 2017. Justo fue la negativa del Congreso de reformar el Código Penal que llevó a la Segob a tomar esta decisión.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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