Justicia transicional

Miguel Concha

Va lenta la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a todos los presos políticos y de conciencia del país. Cada día que pasa es un día más de prisión injusta para alrededor de 100 personas, presas por motivos políticos que todavía esperan la justicia, y con ello la libertad. Qué más quisiéramos que de un plumazo salieran todos y se rencontraran con una vida trunca por la injusticia.

Sin embargo, la realidad es un poco más compleja, y la voluntad política presidencial no es tan grande como pensamos. ¿Qué opciones tenemos que seguir impulsando para lograr la libertad de todos los luchadores sociales presos injustamente?

Hay por lo menos cinco posibilidades. Trataremos de ir una por una, de la más noble, hasta la más restrictiva.

La primera opción, la más completa y más rápida, es que se promulgue la Ley de Amnistía General. Sus beneficios no nada más son los de liberar a todos los presos por motivos políticos, también incluiría el cese de la persecución que obliga a muchos defensores de derechos humanos a seguir huyendo del largo brazo de la injusticia y permitiría, además, que en muchos casos, como el de los hermanos Cerezo –que cumplen precisamente 10 años de haber obtenido la libertad–, se limpie su fabricado expediente criminal.

La amnistía también es el único reconocimiento explícito del Estado mexicano de que existen personas, injustamente, presas por disentir con el modelo económico neoliberal, incluso si alguno de estos luchadores sociales hubiera cometido algún delito, como el de ataques a las vías de comunicación o motín, se le liberaría, al reconocer que fue obligado a cometer dichos delitos ante la cerrazón del Estado para resolver de fondo las problemáticas sociales que dieron origen al ejercicio del derecho humanoa la protesta.

Esta salida no es además un perdón a delitos, cometidos o no, sino que es la libertad arrancada por años de lucha de familiares y organizaciones sociales. Es un mecanismo que urge al Presidente mismo a presentar una iniciativa de ley para que la mayoría de los legisladores de Morena la apruebe. Necesitamos mayor voluntad política que haga realidad esta opción de libertad para esa gente en prisión.

Una segunda opción de excarcelación, mucho más limitada, es la que se ha empleado en los 16 primeros casos de presos que recién han obtenido su libertad, y consiste en el desistimiento de la acción penal por desvanecimiento de pruebas.

Esta opción es la envoltura jurídica de la voluntad política presidencial de liberar a los presos por motivos políticos. Sus desventajas son, debemos señalarlas, que se limita a los actualmente presos; no incluye a los perseguidos y tampoco reconoce las injusticias que se cometieron contra aquellos que tienen que vivir con el pesado estigma de tener antecedentes penales. Lo cual por supuesto no les facilita la vida, ni la laboral ni la social.

Una tercera opción es la reposición del proceso, y en ese nuevo comienzo aplicar el desistimiento de la acción penal, como fue el caso de los seis presos defensores del agua de San Pedro Tlanixco, estado de México, que posibilitó la libertad inmediata de tres de ellos, y posiblemente permitirá la libertad de los tres restantes.

Si bien se trata de una decisión política presidencial que toma forma jurídica, no quiere decir que la lucha de familiares, organizaciones de derechos humanos y sociales no haya sido fundamental. Al contrario, es la fórmula que le da celeridad a los casos. Sin embargo no es general, y por tanto los demás presos tienen que esperar su turno en la fila de la incertidumbre de la tan anhelada libertad.

Una cuarta opción, más restrictiva, pero que también permite la libertad, es una revisión del expediente jurídico de tal manera que dé lugar a identificar los vicios del mismo proceso jurídico penal. Lo cual, como en la opción anterior, llevaría a la reposición del proceso y a la libertad y a que los presos salgan libres, por tecnicismos jurídicos.

Es decir, debido al reconocimiento de que no se respetó el derecho humano al debido proceso. Aunque, como en el caso de Florence Cassez Crépin, la opinión pública mantenga la idea de que sí fueron culpables del delito de secuestro, y que la mala actuación del Estado permitió su libertad. Lo que es lo más importante.

Una quinta opción es el indulto, fórmula que casi ningún preso por motivos políticos quiere, ya que significa un perdón presidencial de delitos que no cometieron, pero que, sin embargo, se convierte en una opción política para casos como el del profesor Alberto Patishtán, que ante el costo político generado por las organizaciones de derechos humanos, sociales y parte de la sociedad civil, obligaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto a otorgar este perdón no solicitado.

Las últimas cuatro opciones también pueden beneficiar a los que están siendo perseguidos por motivos políticos y que por azares del destino pudieron escapar y viven huyendo. Aunque ahí la cifra y lo nombres son un asunto que debe partir de los perseguidos mismos o de sus familiares. Y de ponerlos a la vista para saber quiénes son y cómo pueden ser liberados de esas cadenas invisibles que no les permiten vivir libres del todo.