2/28/2019

México se hunde al nivel de Irán y Togo por corrupción y falta de Estado de derecho: Índice global


México está dentro de los 10 países con más corrupción, en el lugar 117 de 216 del Índice de Estado de Derecho 2019 de la organización World Justice Project. Luego de analizar tres formas de corrupción: el soborno, la influencia de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos, México obtuvo 0.29 de calificación.

México se posicionó en el lugar 26 de 30, junto con Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela, ocupó los últimos lugares. Está por debajo de Belice, Ecuador, República Dominicana y Guatemala.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo/EFE).–México está reprobado en materia de Estado de Derecho. El Índice de Estado de Derecho 2019 de la organización World Justice Project (WJP) lo posiciona en el lugar 99 de 126 países y le da una calificación de 0.45, en un rango donde 1 es el mayor puntaje. El país se coloca a la par de naciones como Sierra Leona, Togo, Kenya, Irán y Mali.
Los rubros en los que México está peor evaluado son Ausencia de Corrupción, Orden y Seguridad, y Justicia Penal. En el estudio, el nivel de Estado de derecho de cada país lo determina la percepción de sus ciudadanos a través de 120 mil encuestas a ciudadanos y ciudadanas y 3 mil 800 personas expertas.
“Esto refleja que no ha habido cambios importantes, que no hay mejoras muy grandes”, dijo Jorge Morales, investigador de WJP y coautor del estudio, a la agencia EFE.
México se situó en el puesto 99 de 126 países evaluados (1 es la mejor posición), lo que representó una caída de dos puestos que Morales
A nivel Latinoamérica, México ocupó los últimos lugares, al posicionarse en el sitio 26 de 30, junto con Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela. Está por debajo de Belice, Ecuador, República Dominicana y Guatemala.
LA METODOLOGÍA
Este año, México obtuvo la misma calificación que en el estudio anterior, pero cayó dos lugares, del 97 al 99. Morales dijo que la caída podría atribuirse a que “dos países mejoraron relativamente”.
“En México fuimos a encuestar a las tres principales ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (entre 2017 y 2018), a una muestra aleatoria de mil personas de población general, y el número de expertos es un poco menor a 50 en todo el país”, indicó Morales.
De acuerdo con el WJP, que opera como organización desde 2009, un estado de derecho efectivo “reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades, y protege a las personas de las injusticias, grandes y pequeñas”
Leslie Solís, también coautora de la investigación, explicó a EFE que para obtener el índice se realizan encuestas a la población general con preguntas sobre percepción de corrupción, sensación de seguridad, acceso a la Justicia y otros aspectos.
En cuanto a los expertos, refirió que son especialistas en derecho penal, laboral y civil, así como en salud pública.
“A ellos les hacemos preguntas más específicas. Por ejemplo, sobre cumplimiento regulatorio, una persona común no tendría porqué saber cosas tan detalladas; entonces complementamos nuestra información con esos análisis” de expertos, indicó.
Solís señaló que cuando se compara a México con países similares tanto por región como por nivel de ingreso, esta nación “tiene muchos retos”.
Precisó que de los 30 países de la región América Latina y el Caribe incluidos en el Índice, México está en la posición 26 de 30, y en el puesto 35 de los 38 países de ingreso medio alto. “Esto indica que en México hay muchas áreas de oportunidad, o muchos espacios para mejorar”, expuso.
“Sí hay muchas debilidades hoy, pero las vemos como oportunidades para mejorar si se utiliza esta información para guiar las políticas públicas, y para tomar decisiones con base en evidencias”, sostuvo.
CORRUPCIÓN
México está dentro de los 10 países con más corrupción , en el lugar 117 de 216. Luego de analizar tres formas de corrupción: el soborno, la influencia de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos, el WJP también reprobó a México en este rubro, le dio 0.29 de calificación.
El país se ubicó solo por encima de Guinea, Afghanistan, Kenya, Cameroon, Madagascar, Bolivia, Uganda, Cambodia y, en el último lugar, la República Democrática del Congo, esta última con 0.18 de calificación.
Para este rubro, la organización se basa en el actuar de funcionarios públicos en el poder Ejecutivo, el poder Judicial, los militares, la policía y la legislatura.
JUSTICIA PENAL
En el rubro de Justicia Penal, México también resultó mal evaluado, pues reprobó los siete parámetros a calificar y quedó en la posición 115, con un puntaje de 0.29.
En el rubro de “investigaciones efectivas” alcanzó un 0.22; en “no discriminación”,  un 0.26 y sobre la percepción de “no corrupción” en la impartición de justicia fue calificado con 0.29.+
Sobre la percepción de Orden y Seguridad, el país reprobó con 0.44 y 0.25 en los rubros de ausencia del delito y reparaciones violentas, respectivamente.
En cambio, los mexicano percibieron que no se viven conflicto civiles, por lo que la nación obtuvo el rango más alto del Índice.
INGRESOS
La organización WJP también mide el estado de derecho de acuerdo con el ingreso de los países, en ese rubro, México está en el lugar 35 de 38 del grupo de naciones de “ingreso medio alto”.

Restricciones en los poderes del gobiernoEl factor 1 mide la medida en que los gobernantes están sujetos a la ley. Contiene los medios, tanto constitucionales como
Institucional, por el cual los poderes del gobierno y sus funcionarios y agentes son limitados y responsables ante la ley.

MEJOR EVALUACIÓN
De acuerdo a la opinión de las personas sondeadas, el factor Gobierno Abierto es donde el país tiene una mejor evaluación se tiene, En la categoría “leyes publicadas y datos gubernamentales” se obtuvo un 0.67.
En cuanto a “derecho a la información” se logró un 0.62, mientras que  en participación civil y mecanismos de denuncia un 0.55 y 0.59, respectivamente.
En dicho factor se mide  el fomento a la participación ciudadana en la deliberación de políticas públicas. Además de evaluar si las leyes básicas y la información sobre derechos legales se publican.

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